por Pedro Albornoz
La crisis de las Isapres y el sector privado de la salud evidencia el fracaso de la mercantilización en el ámbito de la seguridad social. Tras el fallo de la Corte Suprema de noviembre pasado se ha estimado que las Isapres deben devolver, por cobros excesivos, excedentes equivalentes a 1.400 millones de dólares a sus afiliados.
También se ha establecido que las Isapres deben aproximadamente $550 mil millones a clínicas y otros $250 mil millones a profesionales médicos. Además, un reciente informe elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile estimó que las Isapres tendrían potenciales pérdidas futuras de 1.930 millones de dolares, en un horizonte de seis años; debido a los menores ingresos que obtendrían por bajar permanentemente el precio de planes de salud.
Todo lo anterior evidencia la inviabilidad financiera de las aseguradoras privadas de salud, independientemente de la salida que se plantee a esta crisis coyuntural.
En este contexto, es necesario implementar políticas que fortalezcan el Sistema Público de Salud, de manera de responder a las demandas sanitarias de la población.
Es necesario avanzar hacia un Seguro Universal Público de Salud, donde en una etapa de transición los usuarios puedan contratar voluntariamente seguros privados que funcionen solo como seguros complementarios; de manera que cubran prestaciones no consideradas por ahora en FONASA.
Este Seguro único de Salud debería mancomunar las cotizaciones y las transferiría a cada seguro según riesgo y edad del paciente. Es decir, si el paciente es más costoso para el sistema de salud que lo que aporta como cotización (porque por ejemplo, tiene más edad y enfermedades), el seguro recibiría un adicional, que proviene de pacientes más sanos y de mayores ingresos.
Todo lo anterior debe ser parte de un programa integral de fortalecimiento del sistema sanitario, aumentando el gasto efectivo en salud pública a nivel de los países de la OCDE, donde se gasta en promedio un 9.5 % del PIB. En Chile se gasta un 8% del PIB, pero de ello sólo la mitad es un gasto efectivo en el sistema público; lo demás se transfiere al sector privado a través de la compra millonaria de múltiples prestaciones de salud. Esta política neoliberal de décadas ha llevado a la crisis actual de la Salud Pública, fortaleciendo por otra parte, el negocio privado de clinicas, laboratorios y farmacias.
También será fundamental avanzar en la desmunicipalización de la salud primaria, que contribuye a la enorme desigualdad en la atención de salud; pues permite que comunas más ricas pueden destinar hasta 10 veces más gasto en salud por persona, que las comunas más pobres.
La actual crisis del sistema privado de salud afecta al sistema sanitario en su conjunto y plantea la urgencia de fortalecer el sistema nacional de servicios de salud pública; aumentando el número de camas, de prestaciones y especialistas. Esta sería la repuesta de fondo para garantizar de verdad el derecho a una salud digna y de calidad para la población; dejando atrás los problemas crónicos de las listas de espera y la segregación en la atención.
