Artículo de Sergio Arancibia publicado en las páginas digitales de EL MOSTRADOR el día 18 de agosto de 2022.
EL PESO DE LA INFORMALIDAD
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en el trimestre abril-junio del presente año la tasa de informalidad en el país alcanzó al 27.1 % de la población ocupada. Esa tasa de informalidad se corresponde con un total de 2.395.930 personas. Con respecto al mismo período del año anterior, estos aumentaron en un 10.0%, lo que equivale a 208.130 nuevos trabajadores que pasaron a desempeñarse en el campo de la informalidad.
La informalidad es una categoría distinta a la desocupación. En el período ya mencionado los desocupados alcanzaron a 748.910 personas, que son las que no están trabajando o han trabajado menos de una hora a la semana. La informalidad, en cambio, es una categoría laboral que forma parte de los ocupados.
Los desocupados más los informales suman aproximadamente 3.100.000 personas que están en una situación altamente precaria en el mercado del trabajo. Si se considera que los trabajadores formalizados suman 6.447.350, se puede decir que por cada trabajador desocupado o en el sistema informal hay escasamente 2.1 en el sistema formal.
El elemento definitorio de la informalidad es que no cotizan, no están inscritos, ni reciben beneficio alguno del sistema de seguridad social. En esta categoría se incluyen los familiares no remunerados, una parte importante de los trabajadores por cuenta propia y también aquellos que, aun teniendo un empleador, no reciben cotización alguna en el sistema de seguridad social.
De la cantidad ya mencionada – 2 millones 395 mil personas en situación de informalidad existentes en el primer trimestre – aproximadamente la mitad, 1.110.990 personas, eran trabajadores por cuenta propia y 666.510 eran asalariados en empresas privadas, pero sin cotización social. Las empresas del sector público, directamente o través de sus contratistas, suman 128.900 informales más.
Según los datos del INE para el año 2021, el ingreso medio mensual de todos los trabajadores ocupados en el país fue de 681.000 pesos. Pero el ingreso medio mensual de los trabajadores por cuenta propia fue de 385.100 pesos, lo cual muestra que esa categoría laboral, en promedio, está bastante por debajo del ingreso promedio nacional de los trabajadores ocupados. Y dentro de los trabajadores por cuenta propia, además, aquellos que trabajan 44 horas a la semana, o más, tienen un ingreso medio de 541.000 pesos, siempre por debajo del promedio nacional.
Desde enero a junio del año 2022 el ingreso real de los trabajadores ocupados, en promedio nacional, ha disminuido en un 2.2 %, básicamente por el incremento de los precios habido durante el presente año.
Pero el IPC para el rubro alimentos ha sido sustantivamente más alto que para los otros bienes de consumo. Y como los sectores de bajos ingresos -entre los cuales se cuentan la inmensa mayoría de los desocupados y la inmensa mayoría de los informales – destinan un mayor porcentaje de sus ingresos al consumo de alimentos, que el resto de la población, es dable suponer que el deterioro del ingreso real a lo largo de este año ha sido superior que para estos sectores sociales.
Además, como la población informal es por definición la que está fuera del sistema previsional, estos sectores no pudieron gozar de los retiros de las AFP que tuvieron lugar en el transcurso del año recién pasado. Si a todo ello se agrega que la situación económica que se visualiza en el horizonte cercano no parece presentarse muy positiva, entonces la situación de más de 3 millones de compatriotas se presenta como delicada, por segundo año consecutivo.
Todo lo anterior se basa en las cifras y datos de corto plazo, que pueden variar un poco, para mejor o para peor, de un año en otro. Pero a largo plazo, es muy difícil que esos sectores de informales y desocupados puedan pensar en tener una vejez tranquila y digna, ni en que sus hijos puedan ir a la universidad, o en que ante una emergencia de salud podrán contar con asistencia oportuna y de buena calidad. La negación de esos derechos sociales es un problema estructural, que es, a su vez, la consecuencia de un Estado subsidiario y de un modelo económico rentista, concentrador de los ingresos y carente de perspectiva estratégica.
