por Héctor Vega
A partir del 5 de septiembre, se abre el período de leyes regulatorias que deberán consagrar en definitiva los principios constitucionales. Si fuere el Rechazo el Pueblo deberá ser consultado para una nueva Convención Constitucional. En el caso del Apruebo estaremos frente a una nueva institucionalidad, que deberá reflejarse en un nuevo Parlamento que refleje las nuevas opciones de la ciudadanía. Será imperativo convocar a nuevas elecciones. Sea uno u otro, Apruebo o Rechazo lo que viene es la batalla por concretar los Principios de la Constitución, aquella que fue aprobada o bien las nuevas tendencias que refleja el Rechazo.
De cualquier manera cabe preguntarse ¿Qué credibilidad puede tener la clase política acerca de sus intenciones?
Recuérdese el pacto de transición a la democracia firmado con la dictadura militar. Recordemos que en 1989, ya al término de la dictadura militar se plebiscitaron las modificaciones a la Constitución de 1980. Conocidos los resultados, la noche del 30 de julio, algunos de la comisión negociadora con los representantes de la dictadura, que propuso los términos del plebiscito, declararon, que “en diciembre, a partir del Parlamento que se elija, va a haber una modificación constitucional importante”.
Entre 1989 y 2021 año en que se inauguró la Convención Constitucional, se realizaron 51 leyes de reforma, una en 1989 y 50 en democracia que en su totalidad, entre artículos permanentes y transitorios, sumaron 257 modificaciones. Sin embargo, ninguna de esas reformas cambió el espíritu de la Constitución de la dictadura. Sólo el 27 de abril de 2015 en el gobierno Bachelet, esto es 25 años después de 1990, se reemplazó el sistema binominal por uno proporcional. Situación que impidió durante 25 años modificar las Leyes Orgánicas Constitucionales que requieren un quórum de 4/7 en un Congreso elegido bajo el sistema electoral binominal. ¿Qué pasó con el resto de las reformas? La respuesta siempre fue la misma: ¡No teníamos los votos! Pero los votos estaban en los dos gobiernos de Bachelet.
Esta legislación así como las reformas a la Constitución, con un quórum de 2/3 o la posibilidad de plebiscito, – letra muerta pese a estar consagrado en el art. 5° de la Constitución de 1980. Todas estas trampas fueron parte del pacto de transición a la democracia de 1989. La misma clase política que hoy proclama su intención de iniciar modificaciones al día siguiente del Rechazo.
¿Podemos confirmar lo que la clase política promete, la misma que en el pasado dijo dictar las leyes que realizarían los principios constitucionales? Promesa que fue incapaz de realizar en estos últimos 33 años.
Más aún, nunca se restableció el rol que tenía el Estado en la Constitución Política de 1925 como promotor fundamental en el desarrollo político, económico, social y cultural, consagrando un Estado Social de Derecho, el que fue perfeccionándose durante su evolución entre 1925 y 1973. Por el contrario, la clase política mantuvo alegremente el principio de la subsidiariedad que ha regido durante 43 años, en virtud del cual el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza.
Prensa Universidad de Chile (Cristián Fuentes), un día antes de los acuerdos del 15 de noviembre de 2019 que dieron origen a la Convención Constitucional, citaba la sentencia del Tribunal Constitucional negando la titularidad de los sindicatos para negociar colectivamente. Textualmente se lee en el fallo, “cabe tener presente que la actual Constitución tiene particularidades. No se trata de una Constitución totalmente neutra. Ninguna lo es. Y, respecto de las materias objeto de examen, ciertamente no lo es” (Yo subrayo HV).
Todas las reformas constitucionales en estos 33 años se realizaron bajo la impronta del ideólogo de la derecha Jaime Guzmán, que en 1987 escribió que los cerrojos establecidos en la constitución de 1980 tenían como objetivo que si los adversarios llegan a gobernar, “se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativa que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.
En conclusión, no hay Constituciones neutras. La apariencia de neutralidad de 1990 en adelante fue fuente de frustraciones de un movimiento social que fue in crescendo hasta la revuelta de octubre 2019. Por eso conviene recordar, revisar los antecedentes de quienes proponen cambios. No basta refugiarse en la votación del nuevo gobierno. La realidad demuestra los acomodos necesarios para gobernar y de qué manera estos se realizan abrazándose al adversario de ayer y enterrando los principios que lo llevaron al poder.
Si se persigue un nuevo modelo de desarrollo con reformas importantes al modelo económico social, un nuevo modelo alejado de la ley del mercado, debemos ver el balance de 30 años del modelo de la dictadura perfeccionado por los gobiernos de la Concertación y la Derecha.
Han sido decenios de carencias en que se privatizó la salud, la educación, la previsión social, el agua, se escatimó la vivienda social…reinó la ley del mercado, se incubaron las desigualdades y se despojó al estado de los recursos naturales cuyo dominio le pertenece de manera absoluta, exclusiva, inalienable e imprescriptible. A ello se agrega la infraestructura en término de concesiones ruteras, puertos, aeropuertos, energía en manos de inversiones foráneas.
Por último. En un país donde reinan los grupos económicos y se profundiza inevitablemente la desigualdad tenemos que saber qué concreción tiene la cuestión inmediata fundamental plasmada en las frases fundacionales del proyecto de Constitución que declaran que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”.
“Se constituye como una república solidaria”
“La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del estado y orientan toda su actividad”.
“La soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones”.
“Ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio”.
“Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible”.
La pregunta es si acaso es posible reconocer esas declaraciones en medio de las más inaceptables desigualdades que caracterizan la sociedad chilena. Estas han pasado a ser parte de la cultura que ha entronizado en la sociedad chilena la Ley del Mercado que ha socavado los principios de solidaridad que alguna vez animaron a los políticos anteriores de la dictadura militar.
Santiago, agosto 3, 2022
