Por Hugo Tuyá
Desde el ámbito académico se han establecido categorías analíticas para, en base a determinadas características históricas, políticas, económicas y sociales, situar puntos de referencia para generar una nomenclatura discernible que nos ubique en la situación particular de países con debilidades estructurales crónicas. Si nos paramos geográficamente en la América hispánica, desde México hasta Argentina de norte a sur, los analistas han señalado que naciones como Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, y algún otro que por diferentes circunstancias han demostrado cierto vaivén en cuanto a su estabilidad política, pueden entrar dentro de la categoría de Estado Fallido. Estudios realizados y llegados a la historia reciente, permiten demostrar, por diversos parámetros multidisciplinarios de análisis, que dichos territorios no han podido superar el concepto geopolítico de enclave colonial que los ubica en la historia de los siglos XX y XXI como naciones dependientes, sin proceso de cambios profundos, es decir, sin haber logrado implementar algún proceso de industrialización que supere la fase “oligárquica” de primarización sostenida que soberanice su posición estratégica en el sistema americano, estableciendo una autonomía legítima que a su vez permita generar polìticas propias para la toma de decisiones en temas fundamentales.
Si bien Uruguay escapa a la definición primordial de fallas no resueltas, debido particularmente a los avances sociales, jurídicos, y culturales del batllismo primigenio, es un hecho que se suma al estrado de los países sudamericanos exportadores netos de materia prima a pesar de algún intento histórico -batllismo y neobatllismo- de incorporar valor agregado a su producción primaria por el mecanismo de sustitución de importaciones y por la puesta en práctica de empresas estatales industriales.
Hace pocos días el presidente del F.A. Fernando Pereira, hizo referencia al estado de situación económico-social del Uruguay y habló de “modelo fallido” cuando la coyuntura destaca un récord absoluto en materia de exportaciones desde el agro y la ganadería -en Montevideo.com se pueden apreciar las gráficas- y un “viento de cola” cinematográfico en cuanto a precios internacionales, en contraposición a las ollas populares, la rebaja general de ingresos, la suba sistemática de los combustibles y la inflación consecuente, la suba constante de los componentes de la canasta familiar, baja calidad en los empleos, etc. Un verdadero “oxímoron” de resultados económicos cuando dentro de un proceso de crecimiento sectorial histórico se produce una pérdida sostenida de calidad de vida, rebajándose paulatinamente el delicado equilibrio social que sobrevino a partir de la pandemia. El territorio parece dividido, y lo es taxativamente, entre los beneficiarios-exportadores de la demanda mundial de commodities y el pueblo llano trabajador en todas sus variantes, y lo ha sido desde la entrada del nuevo gobierno que no tuvo necesidad de establecer pautas sanitarias con el “campo”, que continuó en sus tareas sin observar ninguna consecuencia por el Covid ni la necesidad de medidas confinatorias que impidieran el trabajo diario. Nadie dentro de la coalición gobernante, y esto debe recordarse, puso el grito en el cielo por la desigualdad creciente hasta el mojón del referéndum que mostró el verdadero rostro de la situación y puso en alerta “amarilla” a varios de los adláteres multicolores. Más allá de “gritos de tero” de Manini Ríos y de algún subordinado colorado que pedían y piden cambios en determinadas áreas conflictivas, el río sigue su curso y la responsabilidad/causalidad de los hechos del presente tiene el foco inefablemente en la administración frenteamplista: si hacemos referencia al concepto de “posverdad”, estaría representado en la renovación del convenio con Katoen Natie que parece surgir de ilegalidades y fallas cometidas por el anterior directorio de la ANP(sic). Sin embargo, con un poco de memoria es posible recordar gobiernos anteriores a 2005 donde la misma política económica no solamente fracasó en términos de beneficios sociales y distribución del ingreso, sino que llevó al país a una crisis sin salida, perdiéndose en cuestión de pocos años lo poco acumulado a partir de la vuelta democrática.
Es crucial la memoria para quien ha vivido experiencias de tipo “coalición” como la que encabezó Jorge Batlle en contubernio con el PN hacia el año 2000 y que seguramente será recordada por mucho tiempo como una de las peores administraciones finiseculares. En aquel tiempo se hablaba de bajar el gasto del Estado, de desmonopolizar los combustibles, y de que cada trabajador se conviertiera en empresario (sic), palabras del presidente Batlle en consonancia con la falta del Consejo de Salarios por entonces. También de aliviar el costo de las empresas para permitir mayores inversiones productivas, internas o externas, por lo tanto, los salarios y el peso del Estado entraban en el embudo discursivo como una carga pesada debido a los costos que debían enfrentar las empresas sumado al protagonismo de los sindicatos movilizados por legítimos derechos constitucionales. Se disparó a los además a los cuatro vientos, el anuncio de la inversión de 100 millones de dólares para la atención de los asentamientos…algo que el viento huracanado de la crisis se llevó a algún rincón de las promesas…Si bien todos conocemos el final terrible de la película, parece un buen ejercicio de memoria para no volver a repetir los desaguisados que costaron entre otras cosas, la emigración de miles de compatriotas por todo el orbe.
Cuando el secretario de Presidencia, Alvaro Delgado, al salir de una reunión de gabinete habla de “apretar el acelerador” nadie sabía a ciencia cierta el significado de la metáfora linguística. Pero al momento, y con una Rendición de Cuentas sobre la mesa, se pueden tejer algunas conjeturas si se observa la serie de “ideas” que han desbordado la grilla mediática y particularmente los cambios “sui generis” de parte de ANTEL con la entrega “paga” de la trasmisión de datos sobretodo a los tres canales privados, incluyendo dos más del Interior, cierta situación clonada de aquella de la década del ´90 al ser los mismos beneficiados por la concesión de la tv para abonados. ¿Casualidad?
La excusa que manifiesta el Ejecutivo de cumplir con la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley de medios decretada por la SCJ hace unos años, más allá del contenido de la norma que impide la formación de monopolios en las telecomunicaciones con el agregado de telefonía y datos, puede declararse no vinculante por una sola razón: según el semanario BRECHA el mismo elenco de la Corte lo declaró constitucional cuando DIRECT TV presentó una demanda contra el mismo artículo tiempo antes de que los canales que detentan la tv por cable presentaran la suya. ¿No serìa oportuno y ètico llamar a un nuevo tribunal para desactivar la contradicción jurídica…? Mediante este pase de mano, desde ya el gobierno puede contar con el sustento mediàtico y propagandìstico de los tres canales pioneros de la tv, para 2024, además de aportes monetarios: ninguna medida de estas características se hace en vano si no es con devoluciòn a futuro. Está en discusión la propia existencia jurídica de la Ley de Medios que consta de 200 artículos y que instala recaudos claves para la comunicación audiovisual.
Y si de acelerador hablamos han surgido otras temáticas ríspidas en áreas que tocan las empresas públicas estatales como el caso del proyecto NEPTUNO para la distribución privada de agua potable, la construcción de una isla artificial aùn en fase “propedèutica”, un contrato para la prospección y extracción de petróleo, un nuevo Hospital de Clínicas, y, por si faltaba, la venta de Casa de Galicia al Círculo Católico a partir de un préstamo del Bco. República, cuya noticia surge un día después del remate de la mutualista y que da pasto para sospechar de la implicancia de Cipriani y su función anterior como funcionario del Círculo. ¿No pudo ASSE hacerse cargo del edificio y mantener el staff médico y administrativo y así evitar el marasmo de la actividad y la atención a los socios…? Obviamente que la presiòn sobre el acelerador, una vez que UPM y el ferrocarril central transitan su ùltima fase, se dirige hacia algunos objetivos y megaproyectos que cubran medianamente las expectativas de un paìs que “avanza” y logre consensos en la opiniòn pública, que habilite una nueva gobernanza de la multicolor. Esa es, por lo menos, una interpretaciòn del discurso del actual presidente en su campaña electoral a la que muchos uruguayos dieron fe. Por cierto, que para cumplir con el programa de desregulación/privatización, que es la interpretación más cercana a la metáfora del acelerador, es necesario pasar por alto las consultas técnicas a la Udelar, las jurídicas, y a la oposición cuando entran en juego intereses nacionales. La Rendición de cuentas que ha comenzado a desmenuzarse con un plazo màximo estipulado segùn la normativa institucional no trae novedades que puedan mover los desvalorizados presupuestos de la Udelar o de los insumos financieros para ciencia y tecnologìa que el doctor Radi habìa establecido como mìnimos para evitar la desbandada de cientìficos y la inercia de la investigaciòn local.
Estos son los datos existentes hasta el presente y redobla la apuesta el hecho de que los recortes generales efectuados en los dos años anteriores cubren con creces, y con sobrante, el incremento otorgado en la Rendiciòn de Cuentas por U$S 226 millones. Si bien el discurso oficial habla de “incremento” de recursos y apoyo a la investigación y desarrollo, indica solamente una parte del proceso y deja en la sombra lo “ahorrado” en todas las áreas de la actividad pública durante 2020- 2021, que incluye inversión en salarios, jubilaciones, educación, medicamentos, servicios sociales, vivienda, etc. La realidad indica que el aporte del Estado a los diferentes items. de la Rendición basado en un recorte previo compulsivo NO cubre las necesidades básicas solicitadas por los organismos más importantes, por lo que estamos en un nuevo retroceso del país en materia económica, social, y cultural. Esto nos induce a pensar, aunque sin pruebas, que para el gobierno y sus socios, asì como ha quedado registrado en anteriores administraciones neoliberales, ningunear sectores de la Academia, -tradicionalmente “progresistas”- quitarles protagonismo y legitimidad cientìfico-social a travès de su desfinanciamiento, procura invertir recursos donde le sean màs rentables electoralmente y dar relevancia, en especial, a la estructura privada de la enseñanza, la desregulación de la economía, y al control del déficiti fiscal, obsesión inextinguible que pretende hacer buena letra con los sectores que apoyaron a la multicolor, y especialmente al PN. En cierta forma se apuesta a la continuación del país exportador de bienes primarios deslindándose de la ciencia y la tecnología, pilares claves en el desarrollo productivo de cualquier nación que intente romper las cadenas de la dependencia. En ese sentido el Frente Amplio fue el ùnico partido que, con claras insuficiencias presupuestarias y crìticas, apostò al incremento del presupuesto de la enseñanza en general y al apoyo a la comunidad cientìfica, sin alcanzar las metas prometidas. En consecuencia, la categorizaciòn de “modelo fallido” parece reafirmarse al momento de la ejecuciòn presupuestal en que se plasman los verdaderos intereses de los sectores que hoy rigen los destinos del paìs, por lo tanto, la sentencia de Fernando Pereira no luce como un desatino.
Desde otro ángulo, más ético, será difícil justificar la falta de apoyo financiero para ciencia y tecnología cuando se ha gestionado una pandemia en base al aporte honorario de la comunidad científica, y se han brindado premios y alabanzas al comportamiento profesional de más de una cincuentena de especialistas. Habrá que esperar si el Parlamento modifica algún presupuesto puntual en beneficio de otro. A todo esta pesada atmósfera ya conocida de “privatización” de actividades fundamentales y desdibujamiento del papel del Estado, los socios de la multicolor se encuentran en una paradoja particular y en un limbo político, que no les permite diferenciarse radicalmente como sector, al pagar el precio de una alianza contra natura y a sabiendas que el verdadero poder reside en el PN y el presidente de la República. Poco o nulo interés ha mostrado el Poder Ejecutivo frente a los reclamos de sus socios. Los tiras y aflojes responden exclusivamente al momento en que deben tomarse resoluciones claves que pueden marcar el perfil del sector y perder o ganar votos por babor y estribor. Sin duda que todos los partidos que forman la multicolor han votado en bloque las leyes fundamentales de este gobierno por más que establezcan matices sub representados. Lo que se vota a mano alzada no se puede esconder con discursos manipulados para desligarse del sentido común que maneja la ideología neoliberal en curso, ni tampoco ocultar el vivo deseo de desacreditar todo lo hecho por el F.A., pretendiendo generar una visión distorsionada de una realidad social que acrecienta la desigualdad de la riqueza, de ingresos y de oportunidades laborales, al mismo tiempo que corta amarras entre el Estado y la sociedad.
Si en el gobierno de Lacalle padre se quiso desregular la actividad estatal mediante la “venta” del principal paquete que es ANTEL, hoy por hoy el hijo pródigo busca el mismo resultado manteniendo el “edificio” pero deshilachando el monopolio de la empresa y esperando una prórroga de la multicolor para 2025 con el objetivo de continuar con el desmantelamiento de aquélla y quizás de OSE y UTE. Todo bajo capital privado como santo y seña para cumplir de una vez por todas con una “venganza” histórica: dar por finalizada con la impronta batllista estatista contra la cual batallaron los Herrera desde principios del siglo XX.
