Fallo de la Justicia
Alto directivo despedido del INDH por contradecir a Micco en el estallido social: “Fue parte de una estrategia para blindar a Piñera”
Lissette Fossa Joaquín Riffo
INTERFERENCIA 09/09/2021
Osvaldo Torres
Osvaldo Torres acaba de ganar un juicio que acredita que fue despedido víctima de «discriminación por opinión» por decir que las violaciones a los DD. HH. fueron «sistemáticas». En entrevista con INTERFERENCIA se refiere a las implicancias del fallo para el INDH, donde fue jefe de estudios.
Este miércoles se hizo público el fallo del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que determinó que el Instituto de Derechos Humanos (INDH) había ejercido un despido discriminatorio en contra de Osvaldo Torres, ex jefe de la Unidad de Estudios del instituto, despedido en marzo del 2020. El tribunal condenó al INDH a pagar poco más de 30 millones de pesos a Torres, además de extender disculpas públicas al afectado en la web oficial del instituto.
El despido de Torres se ejecutó, tras fuertes diferencias entre éste y el director Sergio Micco, en la elaboración del Informe anual de Derechos Humanos del 2019. El punto de debate fue que mientras Torres y funcionarios del INDH acreditaron que en Chile, durante el estallido social, se habían cometido delitos de derechos humanos de manera sistemática, Micco afirmaba que esto no era así, lo que también generó un fuerte debate en el consejo del INDH.
Ante la sentencia del tribunal, desde el Instituto señalaron su intención de apelar al fallo: “Como es de público conocimiento, todos los funcionarios y funcionarias pueden expresar su opinión libremente. El actuar del INDH se ajustó a la ley y ejercerá su derecho a recurrir ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago”, afirmaron.
En la misma jornada, Micco había sido citado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para referirse a una serie de antecedentes formulados por la mesa directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del INDH, actualmente en paro en dicho establecimiento. Sin embargo, el director no asistió a la cita, y fue representado por cuatro funcionarios en su lugar.
INTERFERENCIA conversó con Osvaldo Torres, quien afirma que su despido es parte de un fenómeno más largo de “crisis sin retorno” en el INDH.
“Me gustaría resumir en que esto es un capítulo de un libro que se está escribiendo sobre cómo se ha gestionado una institución que había tenido la capacidad de legitimarse frente a la sociedad chilena y que ha sido, a mi juicio, deliberadamente debilitada para quedar sin ningún peso ni relevancia ante la sociedad”, comentó Torres a este medio.
El fallo que se dio a conocer este miércoles da cuenta de un despido discriminatorio en su contra, ¿esta fue una discriminación política? Y en ese caso, ¿qué determinó que este despido incurriera en una discriminación política? ¿Hubo un hecho puntual?
El fallo que se dio a conocer hoy en juicio laboral señala que se me violó un derecho fundamental de derechos humanos de cualquier trabajador de este país, que es que pueda expresar su opinión ante su jefe, disentir de la opinión de éste y que eso no amerite un despido. Eso ha ocurrido.
Mi opinión no fue que políticamente respondiera o no a la opinión política de mi jefe directo, que era Sergio Micco, sino que era una opinión relacionada a la situación de los derechos humanos que se vivía en Chile en 2019 y los datos que manejaba yo como jefe de la Unidad de Estudios, de situaciones concretas de graves violaciones a los derechos humanos en el país.
“Las graves violaciones que ejercieron agentes del Estado y el carácter sistemático de esas violaciones tenían una clara frecuencia, que evidenciaba que no era una casualidad ni un error de mala aplicación del protocolo, sino que tenía el objetivo de utilizar la violencia sexual y las heridas de trauma ocular como forma de contención de la protesta social”
Entonces no es que hayamos estado discutiendo si a él le gustaba la Democracia Cristiana y a mí me gustaba otro partido. Lo que estábamos discutiendo es sobre la situación de los derechos humanos en Chile y cual era la gravedad de estas y los datos que tenía la Unidad de Estudios para afirmar que en Chile había violaciones masivas a los derechos humanos. Esa fue la discrepancia que tuve con el director, porque era mi responsabilidad profesional señalarle a él lo que decían los datos, y no cual era la opinión política que él o yo podríamos tener de esos datos.
¿Es eso lo que genera la discriminación?
Exacto, es una discriminación por no tener la misma opinión, por disentir de la opinión del jefe. Lo que me gustaría que quede claro a la opinión pública es que este debate no era un debate partidista, era sobre los datos concretos que tenía la Unidad de Estudios que estaba bajo mi responsabilidad.
¿Y en concreto, se difería sobre si las violaciones de derechos humanos ejercidas por agentes del Estado eran sistemáticas o no?
Bueno, según los datos que levantamos desde el 18 de octubre y desde el 19 de octubre bajo control militar, las violaciones sistemáticas quedaban comprobadas.
Las graves violaciones que ejercieron Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, y el carácter sistemático de esas violaciones por parte de carabineros, toda vez que los patrones que se desarrolló la represión a la población que protestaba tenían una clara frecuencia, que evidenciaba que no era una casualidad ni un error de mala aplicación del protocolo que tenía Carabineros, sino que era un objetivo concreto, que era utilizar la violencia sexual y las heridas de trauma ocular como forma de contención de la protesta social.
“Mi opinión no fue que respondiera o no a la opinión política de mi jefe directo, que era Sergio Micco, sino que estaba relacionada con la situación de los derechos humanos que se vivía en Chile en 2019 y los datos que manejaba yo como jefe de la Unidad de Estudios”
Y en la medida en que eso es un patrón de conducta, es una violación sistemática a los derechos humanos. No fue un día determinado, sino durante un periodo que afecta a un grupo de la población específicamente definido, según los datos que manejaba la Unidad de Estudios.
Con este fallo, ¿se puede decir, entonces, que en el caso del derecho a opinar de un trabajador, el mismo instituto transgrede este derecho?
Esa es parte de la gravedad del fallo. El juez, después de un acucioso estudio, de testimonios, documentos, análisis de sesiones del consejo, estimó de manera detallada que efectivamente hay una violación al derecho fundamental de mi persona, por entregarle los datos que me entregaba el propio trabajo de la unidad de estudios que yo dirigía.
Y en su opinión ¿cree que esto inhabilita a Sergio Micco a trabajar como director del INDH? ¿Que por violar este derecho humano a opinar se desacredita como director del Instituto? Porque en el fallo se detalla que fue él personalmente el que lo despide e incluso le dio la razón de su despido.
Diría que el fallo demuestra que la máxima autoridad del Instituto de Derechos Humanos no puede pretender defender los derechos humanos de la población si no es capaz de respetar los derechos humanos de sus propios funcionarios.
¿Y qué impresión tiene con el tiempo que ha pasado, y con otros despidos posteriores al suyo que han ocurrido en el INDH? A esto se suman casos como el cambio de criterio para informar la cantidad de heridos oculares y los conflictos que ha tenido la dirección del INDH con los sindicatos, entre otros. ¿Ve su despido como parte del proceso de dirección de Micco en el Instituto?
Yo creo que el INDH entró, bajo la dirección de Sergio Micco, en una crisis sin retorno, porque en realidad como lo señala el fallo, él me echa a mí para blanquear el instituto, sacarle la mácula de gente que luchó por los derechos humanos en dictadura, con formación profesional, que permitía elaborar informes anuales que jamás habían sido contradichos, y la opinión de él al señalar en diversas oportunidades que el instituto tenía un sesgo, a partir del carácter de sus funcionarios, y que los derechos humanos no eran solo para la izquierda, sino también para quienes habían apoyado la dictadura, lo que estaba tratando de hacer en códigos de la vieja política era entregar cupos de poder a partidos y corrientes ideológicas que no tenían una expresión profesional dentro del instituto.
“El fallo demuestra que la máxima autoridad del Instituto de Derechos Humanos no puede pretender defender los derechos humanos de la población si no es capaz de respetar los derechos humanos de sus propios funcionarios”.
O sea, el instituto tiene representación de sectores ideológicos conservadores, sectores liberales, o comprometidos con las empresas que vulneran los derechos humanos, hay gente que es designada de distintas maneras por poderes del estado, por tanto, se podía de ser que era plural, o mejor dicho, cuoteado. Pero que haya dicho en diversas oportunidades que los funcionarios tenían un sesgo para proteger y defender los derechos humanos, demostraba el criterio de capturar a una institución para transformarla en parte del cuoteo político que habíamos vivido durante treinta años, restándole autonomía al organismos, como se comprueba en el propio fallo.
El fallo es absolutamente claro que la discrepancia es sobre los datos levantados por profesionales del instituto, me refiero a unidades jurídica, administración, finanzas, de estudios, que salíamos a observación, a hospitales, a procesar las querellas que el mismo instituto hacía, y esos datos evidenciaban una realidad que políticamente era inconveniente para el gobierno y los sectores de derecha del país que no querían reconocer que se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos.
Y el quiebre del organismo, en el sentido de esta discusión en su propio Consejo, se evidencia en este informe de 2019 -que tampoco hay que olvidar que también el fallo recuerda- que contrató a asesores externos ad honorem de gente que trabajaba en el Instituto Libertad y Desarrollo y gente que está ligada a los centros de pensamiento de la derecha para cambiar e intervenir los capítulos que hacían los funcionarios pagados con dinero de todos los chilenos. Esa gente tuvo acceso a información que no debió haber tenido.
Por eso mismo, yo creo que mi situación es un capítulo gravísimo dentro un conjunto de decisiones arbitrarias que siguió tomando este director en contra de la función del INDH de proteger a la población ante las violaciones a sus derechos y posteriormente ocupar el papel de ser la primera contención a la potencial acusación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el gobierno de Piñera.
En ese sentido, ¿usted lo ve como una estrategia para blindar a Piñera?
Es una estrategia para blindar a Piñera de la cual Sergio Micco es un actor relevante y sería bueno recordar que la propia Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados hace pocas semanas atrás llegó a la convicción de que en Chile se habían violado los derechos humanos de manera sistemática, ratificando lo que nosotros habíamos planteado en diciembre de 2019.
Llama la atención lo que menciona respecto del cuoteo político. Este modelo de Instituto que existe y es bastante peculiar, al implicar cierta autonomía pero en realidad en los hechos depende mucho del director de turno y del consejo, el que está cuoteado. ¿Tiene sentido un Instituto de Derechos Humanos con esa estructura, en especial después de lo ocurrido tras el estallido social?
Creo que es parte de las lecciones que tienen que sacar en limpio las y los constituyentes. O sea, este fallo te muestra que Sergio Micco está inhabilitado para representar la defensa de los derechos humanos y menos asesorar a la propia Convención respecto a este tema. No sólo porque violenta los derechos humanos de los trabajadores al interior del instituto, sino que porque forma parte de una estrategia política de contención de la denuncia respecto a la sistematicidad de las violaciones a los DD.HH.
“Creo que le hace mal al instituto que los presidentes de la república nombren consejeros, ya que estos responden a la corriente política de turno. Además, me parece que el Congreso no cumplió adecuadamente su rol, porque nombró a consejeros que no tenían ninguna trayectoria en derechos humanos y por lo tanto lo que van a hacer a las reuniones es defender los intereses políticos de sus corrientes”
Quizás lo más explícito de esto es que en la famosa entrevista de Sergio Micco el 3 de noviembre de 2019, cuando se sucedían los episodios de violaciones a los derechos humanos, y el director dice que Piñera es un demócrata porque votó por el “No” y que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos tienen que ser probadas por aquellos que están denunciados, cuando el rol del instituto bajo su dirección debió haber sido que las unidades de estudio comprueben si hay o no estas violaciones sistemáticas, y de haber sido, eran intolerables. Eso debió haber hecho una dirección del INDH que es coherente con el mandato que le da la ley.
Pero no lo hizo así y paulatinamente el instituto, bajo la dirección de Micco, mantuvo una actitud condescendiente con la autoridad. Y eso demuestra que claramente hay un problema con la autonomía. Creo que le hace mal al instituto que los presidentes de la república nombren consejeros, ya que estos responden a la corriente política de turno. Además, me parece que el Congreso no cumplió adecuadamente su rol, porque nombró a consejeros que no tenían ninguna trayectoria en derechos humanos y por lo tanto lo que van a hacer a las reuniones es defender los intereses políticos de sus corrientes, a diferencia de la defensora de la niñez que es electa bajo una discusión sobre una presentación de candidaturas y posteriormente no tiene ninguna responsabilidad de responder a las fuerzas políticas que la han designado.
Entonces, la Convención tiene sobre sí la necesidad de crear una institucionalidad autónoma de derechos humanos de un nuevo tipo para el Chile que estamos viviendo y para el país que viene, y ahí Sergio Micco no tiene ningún papel que cumplir para el futuro.
Por último, ¿está satisfecho con el fallo y qué le parece la posibilidad de que el INDH apele a la sentencia?
Entiendo que el instituto está obligado a apelar porque están involucrados recursos públicos, pero habrá que ver cuál es el fundamento de la apelación. En realidad no es una apelación sino un recurso de nulidad. Ahora, me sorprende la consistencia del fallo y en especial la acuciosidad del juez. Se nota que se tomó su tiempo para analizar los documentos que presentaron ambas partes, revisó los testimonios y revisó las actas del INDH del período que fueron solicitadas, y por lo tanto recapitula en sus 62 páginas una versión apegada al derecho que es tremendamente importante para la protección de los trabajadores respecto al derecho a opinar y discutir ante sus jefes.
“Creo que mi situación es un capítulo gravísimo dentro un conjunto de decisiones arbitrarias que siguió tomando este director en contra de la función del INDH de proteger a la población ante las violaciones a sus derechos y posteriormente ocupar el papel de ser la primera contención a la potencial acusación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el gobierno de Piñera”.
Si te das cuenta, además ahí hay críticas fundadas respecto a cómo maniobra para orientar a la institución cuando transforma a los jefes que son seleccionados por Alta Dirección Pública que debemos responder ante un órgano colectivo que es el consejo y son transformadas en cargos de confianza personal del director de turno, por lo tanto nadie podría contradecirlo. Creo que esa es una muy buena noticia para las jefaturas regionales y jefes de unidades del instituto, porque el juez incluso llega a decir que, aunque hubiesen sido cargos de confianza -cosa que no lo son, señala, no hay ningún derecho a despedir a una persona por disentir y tener una opinión contraria. Entonces a mí me parece de una contundencia cuyos fundamentos están a la orden del día en la discusión de la sociedad chilena.
Me gustaría resumir en que esto es un capítulo de un libro que se está escribiendo sobre cómo se ha gestionado una institución que había tenido la capacidad de legitimarse frente a la sociedad chilena y que ha sido, a mi juicio, deliberadamente debilitada para quedar sin ningún peso ni relevancia ante la sociedad como un organismo que pueda proteger los derechos humanos de las y los ciudadanos. Y en eso las asociaciones de funcionarios han sido super claros en plantearlo.
