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Las opiniones están divididas entre quienes consideran que esta medida aliviará la situación económica agudizada por el coronavirus y entre quienes creen que es una «amenaza» para la recuperación del país suramericano.
Un gremio de aseguradoras estadounidenses ha pedido al gobierno de Joe Biden que interceda para evitar la aprobación en el Congreso chileno del proyecto que permitirá un cuarto retiro del 10 % de los recursos manejados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), del sector privado, para que las familias puedan solventar la crisis provocada por el coronavirus.
Recientemente, el American Council of Life Insurers (ACLI), que agrupa a compañías como Metlife (con una participación cercana al 15 % en pólizas de rentas vitalicias), Principal (9 %) y Ohio (3 %), emitió dos declaraciones donde expresa su preocupación por «el futuro financiero» de los chilenos. Una de ellas está dirigida al Congreso, mientras que la otra fue remitida al propio presidente de EE.UU., Joe Biden, y al G20.
Sin embargo, no solo las aseguradoras estadounidenses han expresado su resistencia a la medida. Desde el Gobierno y diversos sectores, que agrupan tanto al oficialismo como a la oposición, han alertado sobre el impacto que tendría la medida en la economía, en las finanzas y en el incremento de los precios de productos de consumo. Además, aseguran que su promoción desde el Parlamento tiene fines electorales, ante las venideras elecciones generales de noviembre.
Por su parte, la oposición defiende su postura y considera que esa iniciativa es la única manera de sortear la crisis por la pandemia, ante la falta de ayudas del Estado a los sectores más golpeados y endeudados. Del mismo modo, señala que el férreo rechazo que ha generado el tema demuestra que es el sistema bancario y el empresarial quienes defienden enconadamente sus intereses, en detrimento de los ciudadanos.
¿Qué pide la ACLI?
Brad Smith, jefe de la oficina internacional del ACLI, que se opone al proyecto de retiro de fondos previsionales, dijo en declaraciones para T13 que esta iniciativa legislativa «socavará aún más a los chilenos» y en especial «a las mujeres, que están tratando de asegurar el futuro financiero de sus familias». Por ello, instó a los congresistas a «oponerse a esta medida y tomar acciones para fortalecer la seguridad de jubilación de los consumidores».
Por su parte, la Asociación de AFP de Chile publicó en un estudio que «con cuatro retiros los afiliados pierden gran parte de su pensión» y que las mujeres de 45 años con bajos ingresos podrían quedarse sin más del 77 % de su pensión.
Uno de los señalamientos que ha tenido más peso entre quienes repudian la medida lo hizo el presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, quien aseveró que los retiros anteriores han generado el incremento de las tasas de interés y el aumento de la inflación, por lo que considera que un cuarto sería «la mayor amenaza» para la recuperación económica en el contexto de la pandemia.
El proyecto debería ser aprobado la próxima semana por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, para luego ser revisado por la Cámara Baja. De obtener el visto bueno, 10 millones de personas podrían acceder a fondos de sus cuentas individuales y en total se retirarían 16.888 millones de dólares. La mitad de los afiliados activos quedaría sin saldo.
Biden y las pensiones
ACLI ha usado todos los mecanismos para expresar su oposición. La semana pasada la presidenta de esa institución, Susan Neely, le envió una carta a la secretaria de Hacienda de EE.UU., Janet Yellen, donde le pedía tomar medidas para evitar que se aprobara. Además, pidió que el tema fuera tratado por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y el G20.
En el texto, Neely dijo que confiaba en «que la atención internacional pudiera frenar aún más la falta de fondos y apoyar la supervisión prudencial para proteger a los consumidores y la estabilidad financiera». Asimismo, aseveró que espera que el G20 pueda «abordar este riesgo emergente» e intervenir ante el «deterioro del Estado de derecho y la estabilidad de las inversiones de largo plazo en Chile», recoge Today in 24.
En la carta también afirmó que los retiros violan los compromisos asumidos por Chile ante organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que su petición es respaldada por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda del país suramericano.
De igual forma, le pide al Gobierno de EE.UU. que apoye «la seguridad del modelo de sistema de pensiones de capitalización chileno contra el subfinanciamiento y la expropiación».
«No les queda otra alternativa»
Consultado por RT, el periodista Guillermo Saavedra dijo que de estas discrepancias por el cuarto retiro de las pensiones vitalicias dependerá el resultado en las próximas elecciones.
«Indudablemente que las aseguradoras se dan cuenta y saben que no les queda otra alternativa». Para el analista debe haber un cambio en el sistema pensional para que haya una distribución más equitativa.
«La juventud chilena no quiere vivir más en la miseria. Quiere acceder de manera gratuita a la educación, a las universidades, tener un trabajo para vivir, no tener dos trabajos para subsistir».
La tensión se ha ido incrementando de manera que esta semana también se pronunció la agencia de calificación JP Morgan, que manifestó que «el Congreso sigue coqueteando con la gestación de la tormenta financiera perfecta en el país«.
El jefe del conglomerado financiero en el Cono Sur, Diego Pereira, dijo que este proyecto es un «riesgo» que podría desestabilizar los mercados y que tendría un impacto «escaso» en el crecimiento, según El Financiero.
Al respecto, el diputado socialista Marcos Ilabaca aseguró que la oposición de JP Morgan es muestra de que las «AFP son el sostén financiero» de Chile y que con los ahorros de los chilenos «se enriquecen los bancos e instituciones financieras«, recoge Diario Financiero.
«El sistema AFP fracasó y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para demostrarlo y cambiarlo», agregó.
En 2020, el Congreso chileno aprobó una reforma constitucional que llevó a la ciudadanía a retirar parte de sus depósitos destinados a sus futuras jubilaciones. La modificación habilitó a los afiliados del sistema de pensiones a poseer hasta el 10 % del monto acumulado en sus cuentas.
La medida se materializó en tres oportunidades entre 2020 y 2021, con gran demanda de los aportantes.
