SPUTNIK
Sebastián Ochoa, desde Bolivia
La escandalosa captura del exministro de facto Arturo Murillo en Estados Unidos generó en Bolivia un sinfín de acusaciones y desconocimientos entre políticos que apoyaron el golpe de 2019. El Órgano Judicial sigue investigando los delitos cometidos por el Gobierno de Jeanine Áñez.
El arresto en Estados Unidos de Arturo Murillo, exministro de Gobierno de la presidencia de Jeanine Áñez (2019-2020), provocó un temblor en la política interior boliviana, que amenaza con tumbar a varias fichas, protagonistas del golpe de Estado del 2019. Mientras los líderes de la oposición se despegan de los exfuncionarios de Áñez presos —ella encarcelada también—, se observa una avanzada judicial sobre algunos opositores que ganaron en las elecciones subnacionales de abril pasado.
Con la caída de Murillo, «se derrumbó la imagen política del Gobierno de la señora Áñez. Seguido a ello, este hecho de corrupción desportilla a todo el bloque de oposición política al MAS», dijo a Sputnik el politólogo Marcelo Arequipa.
El gobierno de facto de Áñez gozaba de cierto apoyo en la población, el mismo sector que aún asegura que Evo Morales (2006-2019) cometió fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019. Bajo esa sospecha —que no pudo constatarse judicialmente— se avaló el derrocamiento del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), también la matanza de 37 personas en varias masacres, como las de Sacaba (Cochabamba) y de Senkata (La Paz).
La caída en desgracia de Murillo causó, en un primer momento, una avalancha de negadores: nadie lo conocía, nadie lo había recomendado para el cargo, todos los integrantes del gabinete de Áñez aseguraron que siempre lo habían criticado, aunque por lo bajo.
Luego de esta primera reacción, continuó una segunda ola de desconocimientos y críticas, esta vez entre los mismos políticos que habían participado o apoyado al gobierno golpista.
Casi todos se desentendieron de Áñez, quien también está implicada en el caso Gases —llamado así por la compra fraudulenta de gases lacrimógenos en EEUU a cargo de Murillo—: la expresidenta firmó la salida de 5,6 millones de dólares del Banco Central para la transacción.
Esta investigación «encuadra al señor Murillo como uno de los personajes más peligrosos y funestos de la historia política reciente de este país», agregó Arequipa.
En definitiva, «este hecho termina siendo una victoria moral del masismo sobre el antimasismo», dijo el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid.
Desde que volvió al poder, el MAS anhela realizar un juicio por responsabilidades contra Áñez y sus colaboradores por los crímenes que habrían cometido durante su mandato inconstitucional. Para ello necesitaría los votos de dos tercios del Parlamento, pero actualmente el MAS solamente tiene el 50% de asambleístas.
Sin embargo, tal daño generó el caso Murillo en la oposición que incluso Carlos Mesa, líder del mayor partido opositor (Comunidad Ciudadana), dijo que sus asambleístas viabilizarán los juicios por responsabilidades contra Áñez y su gente solamente si están «adecuadamente fundamentados, sin dejar de lado la exigencia de que se garantice el debido proceso y que se realicen respetando la independencia y transparencia en la administración de Justicia».
La caída del Nº 2 de Áñez
Murillo fue detenido en Florida, EEUU, acusado de lavado de dinero y de participar en sobornos para la compra de material represivo para la Policía boliviana. Si bien esta causa se desarrolla en el país del norte, en Bolivia se iniciaron investigaciones por el mismo hecho.Fueron llamados quienes integraron el gabinete de Áñez. Ella misma declaró por siete horas, hasta que se descompensó.
En EEUU hay cinco personas involucradas en este caso, entre ellas Murillo. En Bolivia hasta ahora son cuatro los detenidos: dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa, así como el excuñado de Murillo, Daniel Aliss, y su exedecán, el capitán Daniel Bellot.Sobre la detención de Murillo, la socióloga Rocío Estremadoiro dijo a Sputnik que «así debería caer todo corrupto de cualquier Gobierno. Pero lamentablemente eso está supeditado a quienes manejen coyunturalmente el poder».
Por ello, evaluó que el MAS «está haciendo un uso politiquero de lo que ha pasado a Murillo», que se enmarca «en esta permanente pugna de poder que desde 2019 se da entre el masismo y la fragmentada oposición partidaria».
«Ya con Áñez vimos cómo los malos manejos en gestión pública se ventilaban solamente cuando le convenía al Gobierno de ese entonces, por ello se persiguió a algunos exfuncionarios y exautoridades del MAS», dijo Estremadoiro, quien posee una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, de España.
Para la socióloga, «es igual en el actual Gobierno. Solamente se ventilan los casos de corrupción cuando se trata de dañar al rival político».
Y repuso: «Si cuando estás en el poder persigues a tus opositores, pero tú como gobernante eres prácticamente impune —así hayas cometido delitos semejantes o parecidos a los del opositor político— entonces la lucha contra la corrupción se desvirtúa».
‘Pititas’ reciclados
El apresamiento de Murillo propició la caída del aparato discursivo que sostuvo al Gobierno de Áñez y que dio argumentos a algunos opositores para legitimarse en las elecciones subnacionales de abril pasado, cuando varios políticos pititas accedieron a cargos de poder, como alcaldías y gobernaciones.
Uno de ellos es el exministro de Obras Públicas de Áñez, Iván Arias, devenido alcalde de La Paz. Fue citado a declarar como testigo del caso «Gases». A la salida del juzgado, sermoneó ante la prensa: «Uno de los aspectos que más ha afectado a la credibilidad de la democracia es la corrupción. En estas circunstancias, el peso de la ley debe sancionar a cualquiera que sea encontrado culpable».
Agregó que «en el caso de los gases lacrimógenos, el gabinete firmó un decreto. Tras cumplir todas las formalidades, se aprobó que se compren gases lacrimógenos. No se aprobó un decreto para que un exministro se corrompa», dijo en referencia a Murillo.
Como presidente del Comité Pro Santa Cruz, el empresario cruceño Luis Fernando Camacho lideró varias movilizaciones contra Morales en los días previos a su derrocamiento. Incluso le había llevado a La Paz una carta para su renuncia. Actualmente es gobernador de Santa Cruz de la Sierra (este), el departamento más grande del país.
Camacho habría designado a dos ministros del primer gabinete de Áñez: Jerjes Justiniano como ministro de Gobierno y Luis Fernando López como ministro de Defensa. Este último también está involucrado en el caso Gases, pero estaría escondido en Brasil.
Camacho, rápido de reflejos, sacó un tuit apenas supo lo de Murillo: «En su momento fuimos claros: el pueblo luchó contra el fraude, pero después los viejos políticos se apropiaron del poder y traicionaron nuestra lucha».
Días atrás, José Luis Camacho, padre del gobernador cruceño, viajó a Estados Unidos. Está incluido en la denuncia por el golpe de Estado de 2019, formulada por la exdiputada Lidia Patty. Por esta misma causa se encuentra tras las rejas Áñez.También quienes fueron sus ministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán.José Luis Camacho fue involucrado en esta denuncia por su propio hijo, quien apareció en un video asegurando que su papá «había arreglado» con militares para que apoyaran el golpe.
El actual río revuelto fue aprovechado para avanzar en el enjuiciamiento de otro opositor al MAS: Manfred Reyes Villa, quien estuvo 10 años exiliado en Estados Unidos luego de que fuera derrotado por Morales en las elecciones presidenciales de 2009.
Regresó a Bolivia luego del derrocamiento de Morales, a pesar de que sobre él pendían denuncias, procesos y condenas por sus gestiones como alcalde y prefecto de Cochabamba. No obstante, en las elecciones de abril pasado fue elegido alcalde de esta ciudad.
A principios de junio, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa aprobó tres informes para iniciar juicios de responsabilidades por los hechos de 2007 recordados como Enero Negro, cuando tres personas fueron asesinadas en peleas entre civiles y fue incendiada la Prefectura cochabambina. Uno de los acusados es Reyes Villa, en ese momento prefecto de Cochabamba —actualmente este cargo corresponde al de Gobernador—.
Para Arequipa, «creo que las investigaciones van a continuar. Me da la impresión de que van a seguir apareciendo en las siguientes semanas casos parecidos probablemente al de Murillo».
Huida desbandada
Ante la actual avanzada judicial, cada opositor escapa por su lado. «La oposición partidaria tradicional al partido hegemónico, que es el MAS, siempre ha sido fragmentada, nunca ha podido unificar un proyecto político», dijo Estremadoiro.
La socióloga describió a la oposición como poseedora «precariamente de una ideología conservadora que rescata algunos aspectos del falangismo. Por otra parte, está constituida por el llamado ‘neoliberalismo tradicional’. Pero creo que la oposición no representa una ideología clara por su misma fragmentación. Los une simplemente la oposición al MAS«.
Entre detenciones y acusaciones, sigue vigente en Bolivia el antiguo debate de si lo que ocurrió el 10 de noviembre de 2019 fue golpe de Estado o no.
«Creo que esta discusión de golpe versus fraude es maniquea y simplista. Así se desvía el análisis de un proceso que fue mucho más complejo que lo ocurrido en 2019″, advirtió Estremadoiro.
Y agregó: «Simplificar las cosas a ‘golpe’ o ‘fraude’ nos lleva a una dicotomía que nos hace perder de vista el proceso».
El 21 de febrero de 2016 se hizo un referéndum para que la población decidiera si viabilizaba una cuarta postulación presidencial para Morales, en 2019. Aunque esta posibilidad fue rechazada en las urnas, el entonces presidente recurrió al Tribunal Constitucional, que finalmente habilitó la nueva reelección.
«La hegemonía del MAS empezó a decaer luego del famoso 21 de febrero [de 2016]. Esa pérdida de hegemonía finalmente se condensa en lo que ocurrió en 2019. Efectivamente, esa expresión de malestar de cierto sector de la población hizo que se precipite el Gobierno de Morales», afirmó Estremadoiro.
«Obviamente, ahí pescaron en río revuelto los partidos tradicionales opositores, que finalmente tomaron la vanguardia ideológica de ese proceso», continuó.
De este modo, el proceso que encaramó a Áñez «tiene pues ribetes ideológicos falangistas, ultraconservadores; plantea discusiones sumamente anacrónicas, como la vuelta de la Biblia al Palacio de Gobierno, como si viviéramos en plena Edad Media».
El falangismo, surgido en España en la década del 30, fue un movimiento de extrema derecha que prendió con fuerza en los países de América Latina. En Bolivia tuvo su partido en la Falange Socialista Boliviana (FSB), que enaltecía el nacionalismo y el catolicismo, más que nada.
«Ni Camacho ni Áñez ni Murillo deben saber lo que es el falangismo. No creo que tengan mucha lectura de la historia política del país. Pero en términos ideológicos expresan eso, aunque no sepan qué es», comentó Estremadoiro.
