Sputnik
Sebastián Ochoa. Desde Bolivia
Con Arturo Murillo tras las rejas, acusado de lavado de dinero, la oposición boliviana se apresuró en desligarse de su controversial figura. Varios de los que integraron el gabinete golpista podrían seguir la misma suerte del exministro de Gobierno de Jeanine Áñez.
La detención en Estados Unidos de Arturo Murillo —ex número dos del Gobierno de facto de Jeanine Áñez— fue celebrada por gran parte de la población boliviana, que padeció su persecución cuando fue ministro de Gobierno, cargo que le permitía manejar a la Policía Nacional. Sus antiguos aliados políticos en el golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019) también apoyaron la determinación de la Justicia estadounidense. El Gobierno de Luis Arce inició los trámites para su extradición al país.
Sputnik consultó a la analista Ilze Monasterio y al investigador social Lorgio Orellana, quienes ofrecieron su mirada sobre el apogeo y caída del ‘hombre fuerte’ del régimen de Áñez.
Vislumbraron la posibilidad de que, a partir de esta detención, quienes apoyaron el golpe de Estado de 2019 —y todavía niegan su existencia— puedan reinterpretar lo sucedido en Bolivia durante los últimos dos años.
Orellana sostiene que «la detención de Murillo tiene una significación política muy grande«, dado su rol en la construcción del Gobierno de facto.
Para la socióloga Monasterio, la detención del exministro «devela cuál fue el verdadero carácter del pasado Gobierno. Pone en jaque el discurso maquillado de que ellos defendían la transparencia y la anticorrupción».
Monasterio recordó que ese discurso «sirvió para neutralizar y reprimir a la sociedad boliviana. Y fue avalado por muchos sectores conservadores. Ahora que sale a flote lo que hizo Murillo, la derecha boliviana se lava las manos«.
Murillo fue detenido en Florida (EEUU) el pasado 26 de mayo junto con otras cuatro personas, por el supuesto lavado de casi 2,4 millones de dólares en bancos estadounidenses. Habrían obtenido esa suma por la compra con sobreprecio de materiales policiales, según el Buró Federal de Investigaciones —FBI, por su sigla en Inglés—. El exministro podría recibir una condena de 20 años.
«Hay dos hitos clave que van a consolidar el Gobierno de Áñez: son las masacres de Senkata [en El Alto, el 19 de noviembre de 2019] y Huayllani [en Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019]. Ahí la figura de Murillo fue central, como la mano dura del régimen», dijo Orellana.
Y recordó que cuando fueron estas masacres, el ministro dijo públicamente que las muertes se produjeron porque los manifestantes iban armados, pero dada su falta de pericia bélica se terminaron disparando entre ellos.
Según el relato de Murillo, «había vándalos y terroristas que venían a asediar a la gente de la ciudad. Entonces la figura de la masacre estaba justificada, en términos de que se estaba protegiendo a la familia boliviana», dijo Orellana.
«Murillo argumentó que los campesinos se habían matado entre ellos y se le creyó. Tuvo una gran acogida esa versión. Incluso en medios de comunicación esa versión fue asumida como verdadera. Durante un periodo se legitimó eso», continuó.
En ese momento, «Murillo se convirtió en el símbolo de esa arremetida ultraderechista«, dijo Orellana.
«Era el que presentaba las esposas [en conferencia de prensa], el que te amenazaba. Era el personaje fuerte del régimen de Áñez, pero al mismo tiempo era un símbolo de ese proceso reaccionario y conservador», afirmó Orellana, quien es investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Su último libro es La caída de Evo Morales, la reacción mestiza y el ascenso de la gente bien al poder.
La verdadera cara del golpismo
Con el exministro del gobierno de facto preso en Estados Unidos, un coro de opositores locales salió a apoyar su detención. Incluso el flamante gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, recurrió a su Twitter para pedir que sea extraditado para responder ante la justicia boliviana.
La lista de tuits es larga: desde la misma Áñez y la excanciller Karen Longaric, hasta Fernando López, quien también está denunciado en Bolivia por la compra con sobreprecio de material antimotines. Se rumorea que está oculto en algún lado de Brasil.
Además, todo el gabinete de Áñez firmó el decreto 4078, que en noviembre de 2019 dio a las Fuerzas Armadas permiso para disparar a la población, sin que por ello deban responder ante la Justicia ordinaria. Este proceso judicial aún no se inició.
También el gobernador Camacho es uno de los acusados de sedición y terrorismo en la denuncia de la exdiputada Lidia Patty, la misma causa por la cual está presa Áñez. Al darles la espalda a Murillo ¿pretenden mejorar su situación procesal?
«El pueblo y la sociedad boliviana conocen y saben que ellos han sido aliados estratégicos de Murillo, y que anteriormente respaldaron todas las acciones que realizaba el exministro», dijo Monasterio, quien es investigadora de la asociación civil Ciudadanía.
«Vemos que rápidamente están escapando del barco. Ya todos salieron a dar su tuitazo al respecto. Ahorita ellos repudian los hechos de corrupción que ya estaban visibilizados de antes y nunca habían dicho nada», agregó.
Desconocer la antigua amistad con Murillo «no sé hasta qué punto les va a ayudar a desligarse de sus casos pendientes que tienen con la justicia boliviana. Pero también están intentando lavar su imagen como oposición», advirtió Monasterio.
«Ante la derrota electoral de octubre pasado, la oposición ya estaba obsoleta. Con esto [el caso Murillo] es el acabose, se derrumba todo lo que representaban. Si ellos quieren seguir en pie, tienen que replantearse esta estrategia y desmarcarse de todo lo que Murillo representa», sentenció.
El fin del discurso moralizante
Para Orellana, la caída del exministro golpista «contribuye a desmitificar el argumento ideológico de este movimiento ultraconservador. Gran parte de esos argumentos se movieron en torno a una ideología moralizante, contra la corrupción de Evo Morales«.
Consideró que de aquí en adelante, la oposición enfrentará «un proceso de mayor fragmentación. Son distintos actores que actuaron coordinadamente y juntos durante los primeros meses de Áñez. Claramente, Camacho y López cogobernaron este país. Pienso que lo de Murillo es la punta del iceberg. Es decir: si uno hurgara más, saldrían muchas más cosas».
Orellana evaluó que el Gobierno de Arce se podría beneficiar políticamente del temor de sus opositores a ser procesados o encarcelados.Según él, «el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha utilizado mucho la extorsión para control político. Ahora se ve en Cochabamba con Manfred Reyes Villa, se vio en el pasado también con Rubén Costas [gobernador de Santa Cruz entre 2006 y 2021]».
«El MAS utiliza estos elementos para controlar políticamente a su oposición», comentó. Y evaluó que Arce «los tiene controlados, porque existen procesos que penden sobre sus cabezas».
El investigador manifestó que aún no entiende por qué Estados Unidos soltó la mano de Murillo, «si fue una pieza muy importante para los norteamericanos. Tenemos el caso de Panamá: Manuel Noriega (1983-1989) claramente les fue muy útil un tiempo. Pero cuando se les tornó peligroso, agarraron su expediente y lo metieron a la cárcel. Con Luis Arce Gómez (ministro del Interior entre 1980 y 1981) hicieron lo propio en Bolivia».
Y relató: «Durante un tiempo les son útiles. Después les sacan el expediente y los meten a la cárcel. Habrá que ver qué explica este giro en la política del Gobierno norteamericano. Porque, claro, estas personas fueron piezas útiles en noviembre de 2019. ¿Por qué les quitan protección?».
