El proyecto GNL Talcahuano, a pesar de contar con la aprobación para su construcción en la Bahía de Concepción, aún debe enfrentar la resolución de la Corte Suprema y del Tribunal Ambiental luego que organizaciones de la comuna presentaran cuatro recursos que buscan la revocación de la autorización de la instalación del gasoducto.
Por Leonardo Carrera Zambrano
En marzo pasado debieron de haber empezado los trabajos de construcción del criticado proyecto GNL Talcahuano, con el objetivo de iniciar sus operaciones en 2022. Sin embargo, la bahía de Concepción y muy especialmente el humedal Rocuant que iban a ser afectados por la instalación del gasoducto no han presentado intervenciones de los titulares.
Esto debido a que la Coordinadora Chorera presentó cuatro recursos para revocar la autorización que dio el Tribunal Ambiental con sede en Valdivia por las irregularidades del proyecto, apelando a la falta de consulta indígena en las comunas de Talcahuano, Penco y Tomé, escasa rigurosidad en el Estudio de Impacto Ambiental, y poca consideración de las subsanaciones ciudadanas.
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Acorde Francisco Astorga, abogado de ONG Defensa Ambiental en representación de la agrupación socioambiental, dos recursos presentados por la coordinadora por falta de consulta indígena en Penco y Tomé fueron enviados a la Corte Suprema tras haber sido desestimados por el Tribunal Ambiental, argumentando estar fuera de plazo de su presentación, mientras que otros dos recursos por la ausencia de consideraciones suficientes de subsanaciones ciudadanas y falta de consulta indígena en Talcahuano siguen sin recibir una pronunciación a más de un año de ser presentados.
Declaración de organizaciones Thno.
En conversación con RESUMEN, representantes de la Coordinadora Chorera, declararon estar expectantes a la resolución tanto de la Corte Suprema, como del Tribunal Ambiental de Valdivia para poder continuar con las acciones en defensa de la bahía penquista.
Por el momento, se han dedicado a la difusión de información y activar a la población para contribuir en la comprensión de la necesidad de detener el proyecto.
La exigencia no solo es defendida por organizaciones medioambientales, sino también por asociaciones indígenas y sindicatos. Asimismo, la Municipalidad de Talcahuano, desde donde habrían manifestado su rechazo a la instalación del gasoducto, no ha tomado acciones concretas y no financia ninguna clase de campaña o política mediática, por lo que las agrupaciones han emplazado al municipio a reafirmar su posición frente al proyecto.
A pesar que no reciben aportes económicos por parte de una fundación o colectivos locales, los y las representantes de la coordinadora se las arreglan para financiar, incluso desde sus propios bolsillos, la repartición de volantes y difundir información, con el objetivo de generar conciencia en la comunidad y alejar a los inversores que financian GNL Talcahuano.