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Analizando los conflictos sociales relacionados a proyectos de carácter medioambiental ingresados en las regiones del Biobío y ñuble desde la implementación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una investigación afirma que la entrada de estos marcan una tendencia al aumento de la conflictividad debido, entre otras razones, a las falencias del instrumento de gestión ambiental.
Por Leonardo Carrera Zambrano
En su tesis para optar al título de Ingeniero en Conservación de Recursos Naturales, Pablo Melo Hernández investigó los conflictos sociales provocados por la instalación de proyectos con carga socioambiental en la región de ñuble y Biobío.
Melo afirma que desde la entrada en vigencia del instrumento de evaluación de impacto ambiental no solo no frenó la entrada de proyectos que atenten directa o indirectamente a los ecosistemas y comunidades, sino que además estos aumentaron conforme pasaban los años, que tuvo su punto álgido en 2018 con la entrada de 22 proyectos en conflicto con la sociedad, lo que coincide con la entrada de Sebastián Piñera a la presidencia y, consigo, su agenda económica.
En conversación con RESUMEN, Pablo Melo explica que el aumento de los conflictos socioambientales se deben a la carencia de normas que protejan a la comunidad y el medioambiente, y los actores políticos designados por el Ejecutivo y no por la comunidad que autorizan o rechazan la instalación de estos proyectos, además del propio patrocinio e influencia del ejecutivo a la autorización de planes como el de las hidroeléctricas de Pangue y Ralco.
Acorde a los datos entregados, el sector costero ha sido el más conflictivo a la hora de ser presentados nuevos proyectos con carga socioambiental en los sectores económicos de la «Pesca y Acuicultura», y «Energía y Clima», mientras que en el sector precordillerano y cordillerano ocurre principalmente con proyectos hidroeléctricos, muy especialmente relacionado con la gestión del agua. 
Fotografía: extraída de investigación
Esto refleja un alto índice de vulnerabilidad de los sectores rurales y cordilleranos a la construcción de estos proyectos debido a la falta de acceso a la información y a los recursos administrativos y/o legales por parte del estado.
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Melo apunta principalmente al SEIA como uno de los principales causantes, quien de acuerdo con el ingeniero es un instrumento centralizado y que no ostenta representatividad social, además de ser susceptible a las influencias políticas y de los grupos económicos.
Con ello, propone una fuerte reforma al instrumento de gestión ambiental que garantice efectivamente la representatividad de las comunidades afectadas y así otorgar una «mayor soberanía sobre sus territorios, como también evitar daños ambientales y proteger los derechos humanos, más allá de la mitigación y/o compensación de los impactos de estos».
Lo anterior se relaciona estrechamente con el Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que el gobierno de Sebastián Piñera no ha firmado, y que busca precisamente garantizar la representatividad legal de las comunidades en materia medioambiental, además del acceso temprano y oportuno de información a las personas, incentivando así la participación ciudadana con respecto a los proyectos con carga medioambiental, y protegiendo su entorno y derechos humanos.
