Moción que hoy está en el Senado busca abonar dicho ingreso a las cuentas individuales de los afiliados, dejando sólo como beneficio para las administradoras los costos de cobranza.
Mientras en la agenda pública empezaba a instalarse la demanda por una reforma al sistema de pensiones, proyectándose como una de las banderas de lucha de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, durante la segunda parte de 2016 en la Cámara de Diputados avanzó de forma acelerada y sigilosa una moción que buscaba eliminar el beneficio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en cuanto a los intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas.
La iniciativa patrocinada por la diputada Alejandra Sepúlveda (independiente), junto a los diputados Cristina Girardi (PPD), Denise Pascal (PS), Miguel Ángel Alvarado (PPD), Osvaldo Andrade (PS), Gabriel Boric (ind.), Iván Fuentes (pro DC), Vlado Mirosevic (Liberal), Leopoldo Pérez (RN) y Patricio Vallespín (DC), modifica el Decreto Ley 3.500, que regula el sistema de pensiones, definiendo que los reajustes e intereses, incluidos los recargos, serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta de capitalización individual del afiliado. Se establece que serán de beneficio de la administradora sólo las costas de cobranza.
Según la moción, la norma vigente indica que los reajustes e intereses serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta de capitalización individual del afiliado y que serán de beneficio de la administradora las costas de cobranza y la parte del recargo de los intereses, equivalente a un 20% de los intereses que habría correspondido pagar de aplicarse interés simple sobre la deuda reajustada.
A modo de ejemplo, de acuerdo a una circular de 2016 de la Superintendencia de Pensiones (SP), si una cotización se adeuda desde agosto de 2015 y se paga el 1 de abril de 2016, se aplica un 11,99% de interés penal, y un 6% de recargo de lo cual un 2,27% le corresponde a la AFP.
Asimismo, según un oficio enviado a fines del año pasado por el regulador a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, los ingresos por recargos informados en los estados financieros de las Administradoras ascienden a $26.933 millones en el período que abarca desde inicios de 2001 hasta junio de 2016 (ver gráfico). El mismo documento de la SP precisa que en el primer semestre del año recién pasado los recargos recaudados por las seis administradoras que componen el sistema llegó a $1.948 millones.
Durante el debate los legisladores manifestaron que no es posible seguir manteniendo este beneficio para las AFP, y el 30 de agosto de 2016 la Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 108 votos a favor el texto que fija una nueva regulación en materia de cobranza previsional, siendo despachado al Senado. Desde ese tiempo el proyecto se encuentra congelado en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, a la espera de que el Gobierno y los partidos logren un acuerdo político para una reforma estructural al sistema de pensiones, donde se incluiría la eliminación del beneficio de recargo para las AFP.
El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Patricio Vallespín, afirmó que es positivo que el porcentaje del 20% deje de ser percibido por la AFP y pase directamente a la cuenta del trabajador, no obstante, precisó que es necesario abordar el problema de fondo. “Son muchos los recursos involucrados ahí y son muchos los empleadores que incumplen y le meten la mano al bolsillo a los trabajadores”, señaló.
La visión de la industria
El gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes, y la analista del gremio Erika Fernández, hicieron una presentación a la Cámara de Diputados, donde expusieron la visión de la industria sobre el proyecto.
Estimaron que genera un cambio en las reglas del juego para la AFP que ganó la licitación de afiliados nuevos, ya que su estrategia de bajo costo incluía esos recursos para la gestión de cobranza prejudicial, que por la cercanía de la mora es donde se recupera la mayor proporción de las cotizaciones morosas.
Roberto Fuentes dijo que en el gremio entienden que la motivación de los diputados autores de la moción es favorecer al trabajador, pero remarcó que el tema es complejo y difícil de entender. Sostuvo que respecto del 20% hay una confusión al pensar que es de propiedad del trabajador. “No es así. Este recargo que establece la ley es un castigo al empleador deudor, no es plata del trabajador”, afirmó, acotando luego que, del 20%, aproximadamente dos tercios se depositan nuevamente en la cuenta individual del trabajador y sólo un tercio queda para las AFP para el gasto de cobranza, conforme a la reforma del 4 de diciembre de 1993.
