Apurando al verdugo
El presidente estadounidense se aproxima al término de su mandato con otra distinción de dudoso encomio: su gobierno reanudó el ajusticiamiento de convictos por crímenes federales y este año ha aplicado la pena de muerte a más reos que todos los estados de la Unión combinados.
Jorge A. Bañales, desde Washington
Brecha, 23-12-2020
En julio, a instancias del Departamento de Justicia, el gobierno federal ejecutó al primer convicto en casi dos décadas. Desde entonces, con inyecciones letales dio muerte a nueve hombres. Tiene programadas otras cuatro ejecuciones antes de que el presidente Donald Trump salga de la Casa Blanca el 20 de enero.
La reanudación de las ejecuciones federales, ordenada por el secretario de Justicia, William Barr, tuvo el propósito, según el funcionario, de «hacer justicia para las víctimas de los crímenes más horrendos». La de Brandon Bernard se llevó a cabo el 10 de diciembre en la prisión de Terre Haute, Indiana, y fue la novena en el ámbito federal desde 2003. Bernard, quien estuvo en el pasillo de la muerte por más de la mitad de su vida, había sido condenado por un homicidio en 1999. Aunque cuando participó en el crimen era menor de edad, fue juzgado como adulto.
En una reunión en la Casa Blanca con gobernadores de estados, Trump señaló en febrero: «Es interesante, tenemos el caso de Singapur, en el que tienen pocos problemas con las drogas, tenemos China, con pocos problemas de drogas». «Los países que tienen pena de muerte para los traficantes de drogas no tienen problemas de drogas. Si uno observa alrededor del mundo, los países con una firme pena de muerte… pena de muerte con un juicio justo pero rápido, tienen muy pocos problemas de drogas. Eso incluye China», insistió.
Justicia severa
Entre los 195 Estados en la lista de las Naciones Unidas, 105 han abolido la pena de muerte –Uruguay, en 1907–; ocho la han abandonado en la práctica desde hace al menos 14 años; 47, aunque la mantienen vigente, no han ejecutado a nadie en más de una década, y hay 35 países que mantienen vigente y aplican la pena capital para delitos graves. La definición de esos delitos graves varía de país en país.
En Estados Unidos, Colorado se convirtió, en 2020, en el vigesimosegundo de los 50 estados que han abolido la pena de muerte, en tanto que Luisiana y Utah, aunque la mantienen en sus leyes, han cumplido diez años sin ejecuciones. En otros tres estados, los gobernadores han impuesto una moratoria y, en total, más de dos tercios del país –34 estados– han abolido la pena capital o no han ejecutado criminales en más de una década. Las ejecuciones en el ámbito estatal están en su nivel más bajo en 37 años.
En contra de la percepción de Trump acerca de su eficacia como castigo y como disuasor de potenciales criminales, las fiscalías, los jueces y los jurados han ido disminuyendo las sentencias de muerte. En 1996, los tribunales dictaron 196 de estas sentencias. Este año, sólo 18. También ha caído drásticamente el número de ejecuciones: de un máximo de 98, en 2000, a 17, en 2020.
La firma Gallup encontró que el apoyo de la opinión pública respecto de la pena de muerte alcanzó, en 1995, un máximo del 80 por ciento de los encuestados, y desde entonces ha caído al 55 por ciento. En el mismo período, el rechazo a ella ha subido del 16 al 43 por ciento. No es sorpresa que la oposición a esta venganza social sea más pronunciada entre los «no blancos»: el 58 por ciento de los encuestados por Gallup la repudian.
Según la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), «el color de piel del acusado y de la víctima desempeña un papel crucial e inaceptable en la decisión acerca de quién recibe la pena de muerte en Estados Unidos. Las personas “de colorˮ han sido el 43 por ciento de los ejecutados desde 1976 (cuando se restauró el recurso) y son el 55 por ciento de quienes ahora esperan en el corredor de la muerte. Las víctimas blancas suman cerca de la mitad de las víctimas de homicidios, pero hay víctimas blancas en el 80 por ciento de los casos por los que se dicta la sentencia capital».
Otra forma de medir el desbalance racial en el uso de la pena de muerte es observar quién es el criminal y quién la víctima: según el Death Penalty Information Center, desde 1976 y hasta setiembre pasado, fueron ejecutados 12 criminales blancos cuyas víctimas fueron negras y 296 criminales negros cuyas víctimas fueron blancas.
Implacable
La decisión de Trump de apretar el acelerador se atiene a la misma pauta: de las seis ejecuciones programadas o ejecutadas entre el 19 de noviembre y el 15 de enero, cinco se aplican a hombres negros. Y, por si escasean las inyecciones letales, que se han convertido en el método más usado en décadas recientes, en noviembre el gobierno permitió, mediante ordenanza, que los verdugos usen la electrocución, el ahorcamiento, la cámara de gas o el fusilamiento.
La reanudación de las ejecuciones federales durante el verano engranó bien en la campaña de Trump por la reelección, a la que añadió el ingrediente de caudillo recio e implacable, defensor de la patria, la familia y la religión. Como resultado de aquel cálculo electoral, desde julio han ido al patíbulo federal más personas que en los 50 años anteriores combinados. Pero la derrota electoral no afectó el recurso al verdugo: el 19 de noviembre, el Estado mató a Orlando Hall, un hombre negro de 49 años, condenado por el secuestro, violación y homicidio en 1994 de Lisa Rene. El veredicto provino de un jurado cuyos integrantes eran todos blancos. Aun cuando la postura de gobernante justiciero e implacable de nada sirve ya para cambiar el resultado electoral y mientras Trump pondera perdones presidenciales para sus aliados, continúan las ejecuciones federales a ritmo implacable. Un día después de la cita de Brandon Bernard en el patíbulo, le tocó a Alfred Bourgeois, un negro con discapacidad intelectual, condenado por la muerte en 2002 de su hija de 2 años de edad, a pesar de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia según el cual la aplicación de la pena de muerte a personas con deficiencias intelectuales viola la Octava Enmienda de la Constitución.
La próxima en la lista es Lisa Montgomery, la primera mujer que será ejecutada por el gobierno federal en 67 años. En 2004, Montgomery, entonces de 36 años, estranguló a una mujer embarazada, Bobbie Jo Stinnet, de 23, le cortó el vientre y extrajo el feto de 8 meses. Al día siguiente Montgomery fue arrestada y el bebé, que no sufrió lesiones, fue entregado a su padre. Según quienes abogan por la abolición de la pena de muerte, Montgomery sufre de desequilibrio mental extremo después de una vida de abuso sexual, torturas y tráfico sexual.
La nómina de trabajo para los verdugos federales incluye, a continuación, a Corey Johnson, otro negro con discapacidad intelectual cuya ejecución está programada para el 14 de enero. Johnson, de 45 años, fue un traficante de cocaína condenado por su participación en una pandilla de Virginia que mató al menos a 10 personas en 1992. Y el 15 de enero –aniversario del nacimiento del activista de los derechos civiles Martin Luther King, asesinado en 1968– será el turno de Dustin John Higgs, condenado por el homicidio de tres personas en 1996. La sentencia de muerte se aplicará aun cuando otro hombre, Willis Haynes, se declaró culpable de haber matado a esas tres personas.
El movimiento abolicionista señaló por estos días la peculiaridad de que el gobierno de Trump sea el primero en más de 130 años que lleva a cabo ejecuciones en el período entre una elección presidencial y la inauguración de un nuevo gobierno. El detalle es significativo: el presidente electo Joe Biden, quien asumirá el gobierno el 20 de enero, es católico y, al tono de la posición oficial de su Iglesia, se opone a la pena de muerte. Biden ha prometido que la abolirá a nivel del gobierno federal y que dará incentivos a los estados que aún la mantienen en sus códigos para que los fiscales dejen de buscar sentencias capitales.
Los abolicionistas están decididos a hacerle cumplir la promesa. En una carta enviada la semana pasada a Biden y apoyada por más de 40 miembros del Congreso, la representante Ayanna Pressley, de Massachusetts, afirma que «el gobierno actual ha convertido la pena de muerte en una herramienta, con cruel desdén por la vida humana. Con una simple firma usted puede detener todas las ejecuciones federales, prohibir que los fiscales generales de los estados busquen la sentencia capital, desmantelar el corredor de la muerte en Terre Haute y demandar nuevas sentencias para todas las personas ahora sentenciadas a morir».
