Lucía Ortega
Ideas de Izquierda, 27-9-2020
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“Todos estamos todos en el mismo barco, entonces cuando a nivel individual algo puede tener sentido, cuando lo miramos a nivel colectivo termina siendo peor para todos” (Martín Guzmán en la presentación del Presupuesto 2021 en Diputados).
En los últimos 20 años hubo solo tres en los cuales el saldo de comercio exterior fue negativo: 2015, 2017 y 2018. El saldo neto entre exportaciones e importaciones acumuló U$S 156.850 millones entre ambas décadas, casi la mitad de un PBI. El pasado 15 de septiembre, cuando el Banco Central anunciaba nuevas restricciones para la compra de dólares la cantidad de reservas netas estaban tocando un piso insostenible de U$S 8.000 millones. ¿Adónde fueron, y quiénes controlan, los dólares “genuinos” que entran por el comercio exterior?
Para el equipo económico de Guzmán y para el Gobierno de Alberto Fernández, la cuestión no es solo cómo resolver el actual rojo en las reservas que presiona sobre el tipo de cambio. La necesidad de dólares constituye la encerrona económica principal de los próximos años que salta a luz nuevamente en la única hoja de ruta por ahora visible, que es el proyecto de Presupuesto 2021. Por cada punto de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), se espera que las importaciones se multipliquen por tres. Ese es uno de los motivos por los cuales Guzmán sostuvo “entendemos que hay que impulsar a la economía, pero entendiendo que hay múltiples restricciones de financiamiento”.
Se da así la paradoja de que “crecer” no es en sí mismo bueno. Estando en el fondo de una de la crisis más profundas de la economía argentina, si no es la más aguda de su historia, no toda recuperación es “deseable” en los parámetros oficiales, sino solo aquella que permita ir arrojando un excedente de divisas suficiente y transformando el déficit fiscal en superávit. Pero aun cuando se logran períodos de excedentes comerciales existen otras múltiples vías por las cuales salen dólares del circuito económico. Esta limitación ya estaba inscripta desde el pasado 4 de agosto, momento en que el Ministerio de Economía anunció haber alcanzado un acuerdo de reestructuración con los acreedores de deuda. E incluso antes, cuando definió validar toda la deuda externa al iniciar su mandato, inclusive la obtenida por Macri con el Fondo Monetario Internacional.
El filtro, los coladores y los “peces gordos”
“Goteo”, “filtración”, fueron las palabras que resonaban en las entrevistas a economistas y especialistas varios en los medios periodísticos, aquél 16 de septiembre, luego de que en la noche anterior Miguel Pesce, presidente del Banco Central, y Martín Guzmán, anunciaran el endurecimiento del “cepo” al dólar. El diagnóstico común de los analistas es que había una “sangría” de reservas en los últimos meses debido al “goteo” persistente que implicaba la masiva concurrencia de ahorristas a comprar sus permitidos 200 dólares mensuales. En los últimos tres meses la autoridad monetaria vendió más de U$S 3.000 millones de dólares en el mercado cambiario.
Pero más que una contención, la impresión es que las nuevas medidas equivalen a tapar con el dedo la grieta de un embalse. Más temprano que tarde, varios analistas pronostican el desenlace de una nueva devaluación del tipo de cambio oficial, agitada por distintos intereses económicos. Entre ellos, el puñado de empresas que se dedican a la agro-exportación, que también hacen lo suyo al especular con U$S 3.000 millones de exportaciones de granos sin liquidar en lo que va del año. Una devaluación volvería a golpear los bolsillos de las ya castigadas familias trabajadoras.
Pero es un error (casi diríamos, una canallada) responsabilizar de la falta de dólares al ejército de 5 millones de pequeños ahorristas en su carrera desenfrenada de los últimos meses por defender sus ahorros. La compra de dólares en este contexto no se produce como una “inversión” cualquiera ante la ausencia de “mejores opciones”. Comprar dólares para atesoramiento constituyó en gran parte un acto en defensa propia por los sectores medios que tienen posibilidad de hacerlo. Esta incluyó estrategias diversas: desde aquella persona que no le interesaba tener dólares sino compensar su caída de ingresos en pesos en el marco de la crisis mediante la obtención de un diferencial entre la compra de dólares por canales legales y la venta en el mercado paralelo, hasta quienes buscaban protegerse de la devaluación, no solo la “administrada” (desde enero el tipo de cambio oficial acumuló un alza de 24,4 % mediante pequeñas subas diarias, por encima de la inflación acumulada de 18,9 %) sino una cada vez más probable salida devaluatoria a este cuello de botella.
No tardan en escucharse explicaciones como la “falta de confianza” que se autogenera por la existencia misma de un cepo, o una cuestión de “expectativas” que termina desencadenando una “profecía auto-cumplida” (lenguaje compartido entre las teorías económicas dominantes para explicar fenómenos sociales a partir de comportamientos psicológicos individuales). En Argentina hay lecciones aprehendidas en la historia y las y los “ciudadanos de pie” disponen de una termómetro de la situación que les permite identificar los momentos críticos, aún si la misma se realiza “en casa” y sin necesidad de tener “conocimientos económicos”. De igual forma, debe agregarse el hecho de que algunos segmentos de la economía se encuentran ya dolarizados, como por ejemplo las propiedades, o distintas tarifas de servicios públicos que en más de una ocasión se han ajustado al compás del tipo de cambio y “compensado” a las empresas con la plata de los consumidores.
Sin embargo, poco se dice de los “peces gordos” que acceden a los dólares a precio oficial, sin “impuesto país” ni “cepo” (es decir, sin una restricción cuantitativa). Entre ellas encontramos a las grandes empresas importadoras, para quienes no solo no existe un mecanismo de restricción de divisas para importaciones consideradas no prioritarias, sino que se han hecho de dólares “baratos” sobrefacturando transacciones o declarando operaciones que luego no se concretaron. Según informó el periodista Alejandro Bercovich, del cruce de datos entre la Aduana y el Banco Central, solo entre abril y mayo de este año, las importaciones fueron de U$S 5.800 millones, pero los importadores obtuvieron divisas por U$S 7.500 millones. Tampoco se han impuesto restricciones para las grandes empresas que compran para atesoramiento y del cual el Banco Central cuenta con registros, además de las nuevas medidas que permitirán que tengan acceso hasta al 40 % de las divisas que necesitan para cancelar deudas en moneda extranjera a las empresas que tengan vencimientos por más de 1 millón de dólares.
Reestructurar la deuda: algo más que una obstinación
El dólar, o mejor dicho, la escasez de dólares, es un problema de larga data en nuestro país que ha sido debatido comúnmente bajo el rótulo de “restricción externa”. Esta refiere al estrangulamiento externo crónico de la Argentina producto de su estructura capitalista dependiente. La salida que ofrecieron los sectores dominantes a estas crisis recurrentes ha sido invariantemente distintas devaluaciones del tipo de cambio y ajustes sobre el pueblo trabajador. Martín Schorr, Alejandro Gaggero y Andrés Wainer, retratan en su libro “Restricción eterna” la forma en que durante el kirchnerismo se mantuvo una estructura de poder concentrada de empresas extranjeras y grupos nacionales con capacidad de incidir en los vaivenes de la economía y del flujo de divisas y que se apropian de una porción creciente del ingreso nacional. Si bien muchas de estas son exportadoras, también son fuertes demandantes de divisas debido a sus elevados coeficientes de importación, para el pago de intereses devengados de deuda privada externa, para la remisión de ganancias y la fuga de capitales, entre otras.
Demás está decir que con el gobierno de Macri esta base estructural se mantuvo. El capital imperialista domina el 78 % del Valor Bruto de la Producción (VBP) entre las 500 grandes empresas del país. La fuga de capitales ascendió a un ritmo récord de U$S 86.000 millones en cuatro años.
En la actualidad se conjugan dos situaciones: de una parte, estos problemas estructurales vinculados con el atraso del aparato productivo local, especialmente el industrial, la concentración y extranjerización de la economía y la dependencia con el capital financiero internacional. Todo ello ocasiona sangrías permanentes a partir de déficits sectoriales de comercio exterior, remisión de ganancias por las multinacionales a sus casas matrices, la fuga de capitales y los abultados pagos de servicios de deuda que realizaron los distintos gobiernos y que desde la dictadura hasta acá representaron unos U$S 600.000 millones.
De otra parte, aparece la precipitación de la crisis a partir del año 2018, luego de varios años de una economía que se mantenía tendencialmente estancada en el marco del sostenimiento de varios de los principales resortes noventistas como las privatizaciones de los servicios públicos, las leyes de flexibilización laboral, la extranjerización y la primarización de la economía. La gestión de los desequilibrios acumulados por parte de la CEOcracia fue derivando a su vez en una crisis de deuda que condujo directamente al Fondo. Desde ya, ambas situaciones son más bien distintas velocidades del mismo problema, cuyo desenlace ha sido desarrollado por Esteban Mercatante en el libro Salir del Fondo.
Cuando la coalición del Frente de Todos asumía el Poder Ejecutivo hacia diciembre de 2019 planteaba que era compatible resolver la crisis de la deuda mediante un acuerdo con los acreedores externos y no continuar con el ajuste. Pero lo primero que llevó a cabo fue un gesto hacia los bonistas, el FMI y los bancos con un paradójico ajuste sobre los jubilados embanderado en la retórica de la “solidaridad”.
La pandemia mundial fue un “shock” externo que vino a golpear sobre una economía en terapia intensiva. De alguna forma, en el plano del relato le permitió al Gobierno de Fernández ensuciar el diagnóstico de todos los problemas actuales y resumirlo como una trágica combinación entre herencia macrista y estragos por el Covid-19. Una media verdad, que oculta importantes responsabilidades propias. Si cuando Alberto Fernández asumió su mandato la “Emergencia” declarada que dio paso a la “Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva” era no poder hacer frente a los vencimientos de deuda con los dólares disponibles y el cierre del crédito internacional, la “Emergencia” que primó una vez desembarcado el coronavirus al país y establecidas las medidas de aislamiento social, continuó siendo la “necesidad” de reestructurar la deuda. El objetivo central que se propuso Guzmán en un comienzo no se vio modificado ni un centímetro: legitimar y reestructurar la deuda pública con los acreedores privados y el organismo para volver a incorporar al país a un nuevo ciclo de endeudamiento y garantizar los flujos de pagos.
Toda la orientación económica de Guzmán estuvo dirigida en pos de ese objetivo, y de allí es que cada medida se desprenda directa y coherentemente: la suspensión de la movilidad previsional que implicó un recorte de 8 puntos a los jubilados y una consolidación de la pérdida de 20 puntos de poder adquisitivo con Macri, la continuidad de los pagos de deuda hasta el límite de lo posible significando una erogación de al menos U$S 4.500 millones, la concesión de U$S 17.000 millones adicionales a los bonistas externos entre una oferta de canje y otra, la asignación de una partida extraordinaria por COVID-19 que implica 2,7 puntos del PBI, por debajo del esfuerzo fiscal que han hecho otros países de la región como Chile, Brasil o Paraguay, según la CEPAL, la inimputabilidad a los bancos que aún en pandemia continuaron haciendo negocios con las Leliq (es decir, prestándole al Banco Central) y tuvieron ganancias totales a razón de 27 millones de pesos por hora.
Las razones de que la economía llegue a diciembre con una caída libre (12,1 % según el proyecto de Presupuesto 2021), una pobreza que afectará a una de cada dos personas, y un estrangulamiento del dólar, no deben buscarse en falsos dilemas como “10 % más de pobres o 100 mil muertos” (versión aggionarnada del dilema “Economía vs Salud” que condensa el programa económico de las patronales de descargar la crisis económica en el pueblo trabajador), sino que son una consecuencia de esta orientación ininterrumpida. Se pretenden recrear ilusiones de que se puede renegociar con el FMI sin cargar con las consecuencias de un ajuste o sin llevar adelante medidas que reformulen distintos aspectos de la relación entre el capital y el trabajo en forma regresiva (reformas laborales, previsionales o tributarias). Aún se desconocen los términos de la negociación por la reestructuración del préstamo stand by contraído por el gobierno de Macri, pero el FMI está lejos de asumir sus responsabilidades en la catástrofe generada, y menos aún, puede esperarse que el cambio de rostro de Christine Lagarde por Kristalina Georgieva no conlleve mayores exigencias.
En este marco, otro capítulo constituye el reciente envío, luego de seis meses de postergación del tratamiento en el Congreso, del impuesto a las grandes fortunas. El Frente de Izquierda presentó su proyecto en abril para dar una respuesta inmediata a la emergencia sanitaria, económica y social a través de un impuesto que grave a los más ricos y a quienes más han venido ganando, como los bancos, los terratenientes, estableciendo claramente el destino de los fondos para las necesidades sociales más acuciantes y disponiendo de un mecanismo de control de las y los trabajadores para no dejar el uso de los recursos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, para que entre por una ventanilla y salga por la otra. El envío del proyecto oficial ocurrió inmediatamente después de haber cerrado el capítulo con los bonistas externos, tal como había pedido Guzmán para negociar. Un proyecto que no sólo llegó tarde, es insuficiente y deja sin afectar a los miserables de siempre, sino que se da en paralelo, como planteó Nicolás del Caño, con la presentación de un presupuesto de ajuste mientras se juntan los dólares para pagar la deuda.
Superar las restricciones
El Presupuesto 2021 deja expuestas varias de las contradicciones que pretenden resolverse con un fino equilibrio en la puja al interior de las fracciones del capital. Entre otros interrogantes, ¿cuánto tiempo más se podrá sostener este tipo de cambio solo con mayores restricciones a la demanda de dólares? ¿Qué pasará con la inflación cuando se termine la suspensión de tarifas, alquileres y comiencen a sentirse los efectos de la fuerte emisión monetaria? El ministro Guzmán adimitó en su presentación ante Diputados que sus proyecciones inflacionarias, “pueden fallar”. Asimismo, ¿cuál será el motor que impulse el “sendero de crecimiento” que promete el ministro?
Mientras la retórica oficial es la de “empezar por los de abajo”, ¿de cuánto será el ajuste a los jubilados con la nueva movilidad previsional? ¿Qué pasará con el “ejército” de millones de informales que perdieron sus empleos y dejarán de percibir el Ingreso Familiar de Emergencia? Pero especialmente, la incógnita sobre los ritmos de la pandemia se resolvió de un plumazo eliminando los $ 734.239,2 millones del Fondo Covid-19, cuando es probable que por lo menos se extenderá todo el primer trimestre del 2021. ¿Y si los ritmos de eliminación del virus son más lentos, aún con vacuna?
A la par, el Presupuesto es un sinceramiento de que para el Gobierno a la clase trabajadora solo queda una lenta agonía y una crisis que vino para quedarse por varios años. De acuerdo al proyecto oficial, la recuperación será lenta. El PBI crecerá (en el mejor de los casos) 5,5 % en 2021, 4,5 % en 2022 y 3,5% en 2023, es decir, recién en tres años se volverá a tener el nivel del catastrófico 2019, o lo que es lo mismo, a volver a los niveles del año 2012. Una verdadera década perdida. Pero además, no hay ninguna garantía de que las pocas mejoras del crecimiento lleguen a los de más abajo con la urgencia que tienen: ¿por qué en los presupuestos no se plasma ninguna estimación de cuánto se reducirá año a año la pobreza, el empleo en negro, el déficit habitacional?
Pero volviendo al inicio, la contradicción principal que se le aparece al Gobierno es la necesidad de acaparar dólares. Como señalaba recientemente Pablo Anino “el Presupuesto prevé saldos positivos del comercio exterior: la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa acumularían un saldo favorable total de U$S 60 mil millones entre 2020 y 2023. ¿Cómo se explica tanto saldo positivo y tanto límite al crecimiento por escasez de divisas? El reloj de arena ya fue dado vuelta: corre el tiempo para acumular reservas hasta el momento en que empiecen los pagos más fuertes de deuda desde 2024/2025 en adelante”. De manera que las causalidades se invierten: el saldo de dólares deja de ser el resultado del crecimiento económico que arrastra a una mayor necesidad de importaciones (que crecen por problemas estructurales irresueltos), y pasa a convertirse en el supuesto de partida que “restringe” el crecimiento. Dicho en otras palabras, la clave es el “compromiso” de juntar dólares para afrontar pagos de deuda venideros. Después nos preguntamos dónde están esos dólares que nos faltan.
El “alivio” que pregonó Guzmán que vendría de la mano de la renegociación de la deuda, sin siquiera investigarla, podrá convertirse nuevamente en una tormenta a la vista. La sensación de que en este barco “en el que estamos todos” (pero donde la mayoría rema y unos pocos toman champagne) está yendo a la deriva es meramente una apariencia. Mientras el gobierno se limita a administrar la decadencia, el timón lo siguen imponiendo las “restricciones” de clase: si la apropiación del excedente en la Argentina se sigue realizando a favor de los especuladores de la deuda, las multinacionales y el gran empresariado local para fugar sus ganancias, no habrá superávit comercial que alcance para solucionar los permanentes faltantes de dólares y crisis externas. Por ello, una superación de las “restricciones” que condenan al atraso y la dependencia –y a millones a la miseria–, solo puede lograrse invirtiendo las prioridades a favor de las grandes mayorías. Esto debe comenzar por concentrar los resortes principales de la economía, administrando las divisas generadas por las exportaciones en función de las necesidades sociales mediante un monopolio estatal del comercio exterior, nacionalizando los bancos en una banca única estatal para evitar la especulación y la fuga de capitales y el desconocimiento soberano de la deuda externa, ilegal e ilegítima.
* Economista de la UBA (Universidad de Buenos Aires). Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.
