Chile – Los mil días de la Unidad Popular – Una Breve Historia

Miguel Silva

Los mil días de la Unidad Popular – Una Breve Historia

Salvador Allende llegó al poder como representante de una coalición de seis partidos políticos:  la Unidad Popular (UP).  Era su sexta aparición como candidato. Los principales componentes de la UP eran el Partido Socialista, del cual Allende era militante, y el Partido Comunista de Chile. Ambas organizaciones podían con justicia reclamar la condición de dirección política de la clase trabajadora chilena; la hegemonía de esos partidos era el producto de una historia de luchas, iniciada con las heroicas huelgas de los trabajadores de las minas de salitre en las primeras décadas del siglo veinte.

El Partido Comunista Chileno fue fundado en 1920 por Luis Emilio Recabarren, uno de los dos más importantes organizadores revolucionarios de América Latina. El Partido Socialista, creado en los inicios de los años 1930, también reclamaba credenciales revolucionarias: de hecho, todavía en 1970, su carta de principios proclamaba su compromiso con el derrumbe armado del Estado capitalista. Pero ambos partidos habían demostrado una firme opción en favor de alianzas electorales. Sin embargo, sus raíces en la clase trabajadora eran profundas, y fue eso lo que proporcionó el 36% de los votos, conquistados por Allende en la elección de 1970.

La victoria de la Unidad Popular frecuentemente ha sido atribuida a las divisiones al interior de los poderosos. Ciertamente las organizaciones burguesas habían caído en disputas internas y en el fraccionalismo después de la «Revolución en Libertad»: el programa de desarrollo y reforma controlada prometido por el gobierno demócrata-cristiano de Eduardo Frei (1964-1970). Sin embargo, una explicación basada en los problemas de la burguesía, ignora el papel activo de la clase trabajadora.

A este respecto, la incapacidad del gobierno de Frei para realizar las reformas prometidas había puesto en marcha un movimiento de los trabajadores crecientemente combativo. La reforma agraria, cuya intención era crear una clase estable de pequeños agricultores, buscaba aliviar las tensiones rurales y la resistencia inflexible de la oligarquía de propietarios rurales, una clase que Frei no estaba preparado para confrontar, ni deseaba hacerlo. En 1967, por ejemplo, la revocación por el gobierno de la prohibición de sindicatos rurales, coincidió con el pasaje de la legislación de reforma agraria por el parlamento, pero el resultado no fue aliviar las tensiones, sino totalmente lo opuesto. Aquellos que tuvieron esperanza de beneficiarse con la reforma de tierras, y que por ese motivo habían votado a la democracia cristiana, se sentían engañados y por el otro lado, los campesinos sin tierra comenzaron una oleada de tomas de tierras.

 

Frei había prometido crecimiento industrial, y esa promesa atraía a los desempleados rurales a la ciudad. Multitudes de inmigrantes rurales se habían establecido anteriormente en las comunas populares, tomándose y habitando sitios vacíos, comenzando a organizarse y a luchar por su derecho a viviendas y servicios básicos. Esas organizaciones ocuparían un lugar importante en los eventos de 1971-1973. Tanto los campesinos sin tierra como los inmigrantes sin techo, se situaban por fuera de las organizaciones tradicionales de la clase trabajadora y su dirección política. Estaban por lo tanto abiertos a la influencia política de un tercer sector radicalizado de aquel momento, el movimiento estudiantil. En 1968-1969 se había desarrollado en Chile un gran movimiento por la reforma educativa. Pero otras corrientes fluyeron hacia ese movimiento; una generación de jóvenes revolucionarios había sido influida por la Revolución Cubana de 1959 y el romanticismo revolucionario simbolizado por el Che Guevara. En Chile esa corriente encontró expresión en la formación durante 1965, del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

El fracaso de los experimentos reformistas de Frei produjo un segundo grupo de jóvenes reformadores radicalizados, esta vez organizados en el MAPU —el Movimiento de Acción Popular Unificada— parte de la izquierda cristiana. Su principal esfuerzo había sido dirigido a la organización del programa de reforma de tierras. Cuando el gobierno de Frei pareció abandonar su compromiso con ese programa, el MAPU adhirió a la UP.

 

En 1968 la central sindical, la CUT, había llamado a una huelga nacional de protesta contra los planes antihuelguísticos del gobierno de Frei. Los hechos ocurridos durante la huelga aumentaron la combatividad de la clase trabajadora. Y en 1968-1969, los trabajadores habían sufrido un aumento de precios de cerca del 50%, desempleo creciente y respuestas cada vez más represivas por parte del gobierno. Las huelgas habían aumentado en número, pasando de 1.939 huelgas que movilizaron a unos 230.725 trabajadores en 1969, a 5.995 huelgas que movilizaron a unos 316.280 trabajadores en 1970.

 

Ese era en tanto el clima en 1970, cuando Allende ganó la elección presidencial. El programa político de la UP intentaba conciliar los intereses conflictivos de las fuerzas sociales que sustentaban la coalición. En cualquier caso, Allende propuso realizar solamente aquellas reformas que pudiesen ser realizadas en base a la legislación existente, y que pudiesen efectivizarse con la aprobación de un Congreso dominado por la derecha, colocando severos límites sobre lo que era posible hacer en realidad y efectivamente permitió que la derecha determinase los ritmos del cambio. Dadas esas perspectivas, Allende no haría nada que le llevara a perder a los electores de clase media —los «sectores medios»—, que podrían brindar una mayoría parlamentaria. Paradójicamente, parecía que él podía ganar esos votos, solamente en la medida en que el gobierno mostrase claramente su capacidad para controlar la actividad de la clase trabajadora y por ende garantizar el apoyo de aquellos sectores.

 

En el plano económico, la UP pretendió completar el programa incompleto de Frei, de crecimiento y modernización a través de un aumento del consumo y del nivel general de los salarios, reactivando de ese modo buena parte de la capacidad industrial ociosa de Chile. En la agricultura, Allende se encargó de llevar adelante la Ley de Reforma Agraria de 1967, sin cambiarla mayormente, incluso sin eliminar las generosas indemnizaciones a los propietarios, y dando garantías para que éstos pudieran mantener para uso propio las 200 hectáreas más ricas, y lo mejor de su maquinaria agrícola.

El pilar central del plan económico de la UP era la nacionalización sin indemnización de las minas de cobre, de propiedad norteamericana. Las compañías norteamericanas no habían invertido nada en varios años, y la nacionalización por parte del gobierno de Allende le permitía controlar la principal industria de exportación de Chile. Por otro lado, y al mismo tiempo que el programa de la UP abrazaba la nacionalización de los intereses industriales y financieros claves del país, dejaba a la mayoría de las empresas en manos privadas. La UP esperaba pasar al sector estatal apenas 150 de las 3.500 empresas industriales, representando estas últimas el 40% de la producción total.

 

Aunque la UP se comprometió a controlar «bien» el proceso de reforma social, no era suficiente para calmar las sospechas de los poderosos. El asesinato de General Schneider poco antes de las elecciones fue una amenaza directa a Allende y Nixon ya tenía planes bien avanzados para la «destrucción» de una economía controlada por la UP.

Para obtener el permiso de los partidos de derecha para asumir la Presidencia, Allende aceptó un «Estatuto de Garantías». Ese documento prometía que su gobierno respetaría al Estado y sus estructuras, y dejaría intactos todos aquellos instrumentos que la burguesía había desarrollado para defender sus intereses de clase: el sistema educativo, la Iglesia, los medios de comunicación y las fuerzas armadas. El Estatuto fue mantenido prácticamente en secreto, y nunca fue presentado a los seguidores de la UP. En realidad, el Estatuto era una promesa de no realizar ninguna transformación fundamental de la sociedad chilena.

Así mismo, la estrategia de la UP presumía una colaboración entre el capital privado y el Estado para alcanzar el crecimiento económico. La meta a largo plazo, era una economía mixta de tres sectores: estatal, privado y mixto.

 

Rumores de descontento

Durante su primer año de gobierno, Allende y la UP ganaron aún más apoyo. No obstante, tensiones no resueltas existían por debajo de la superficie. Puesto que su victoria electoral había sido la respuesta a un nivel creciente de luchas, ella también cobijaba la idea de que era posible obtener conquistas a través de la lucha. Muchos sectores de trabajadores y campesinos no veían la razón por la que la llegada de Allende al palacio presidencial llevase a una desmovilización. Las organizaciones de campesinos sin tierra, por ejemplo, confiadas en el compromiso de la UP con la reforma agraria, intensificaron sus tomas de terreno Como respuesta a esta situación, en mayo de 1971, Allende llamó a parar las tomas, y a esperar el proceso legal. El también convocó a la dirección del MIR, que gozaba de influencia sobre las organizaciones de campesinos y pobladores, y los reprendió por actuar fuera del marco legal.

Las organizaciones de los trabajadores, por su parte, estaban de acuerdo. Eso fue porque por un lado, los partidos de la UP controlaban los sindicatos, y por otro, los miembros de los sindicatos habían sido los principales beneficiados de los aumentos salariales y de los nuevos empleos resultantes de la reactivación económica. En el primer año, los salarios de los trabajadores manuales subieron cerca de un 38%, y los de los trabajadores no manuales, cerca de un 120%. El desempleo cayó por debajo del 10% y la economía creció cerca de un 8%.

 

La relativa tranquilidad de los primeros meses, era la calma que antecedería a la tormenta. La burguesía estaba solamente cicatrizando sus heridas, esperando el momento adecuado para un contraataque. Los industriales chilenos no habían dejado pasar en vano 1971, puesto que ellos exportaban todo lo que les permitía su capital, y no reinvertían nada. Incluso, en muchos casos, los subsidios gubernamentales eran los únicos fondos que entraban en las fábricas. El creciente estándar de vida de los trabajadores acarreó un aumento dramático en las demandas de consumo, y la resultante escasez de productos se vio exacerbada por el sistemático almacenamiento de bienes por parte de la clase media. Luego, el ambiente de escasez e inseguridad proporcionó a la burguesía las circunstancias para lanzar su primer desafío a Allende.

 

El momento fue escogido cuidadosamente. En noviembre de 1971, Fidel Castro visitó Chile. En el segundo día de su visita él fue saludado por una manifestación, la «marcha de las ollas vacías». Organizada por los partidos de derecha, centenares de mujeres de clase media salieron a las calles mostrando ollas vacías, para simbolizar la escasez. Claro que muchas de ellas llevaban consigo a sus empleadas, probablemente para que las ayudaran a cargar las ollas, que pocas de estas señoras habían usado alguna vez.

Sin embargo, detrás de estas protestas por la escasez de bienes, había otros propósitos de mayor alcance: movilizar a la clase media, alertar a la burguesía a escala internacional sobre las batallas que vendrían, y expresar el escepticismo burgués en cuanto a la capacidad de la UP para contener a la clase trabajadora.

Esto último tenía fundamento, puesto que a pesar de los llamados de la UP y de sus ataques poco velados contra huelguistas y tomas poco «disciplinados», Allende no había sido capaz de controlar internamente al movimiento obrero. Entre enero y diciembre de 1971, el número de huelgas llegó a 1.758 y hubo 1.278 tomas de tierra.

Los partidos burgueses respondieron con ataques al gobierno, buscando la caída del Ministro del Interior, José Toha, y bloqueando las medidas de nacionalización en el Parlamento. Fuera del Parlamento, ellos se quejaban de las «ocupaciones ilegales [que no lo eran] resultado del trabajo de la ultraizquierda; las cuales eran también las acciones espontáneas de grupos de campesinos, trabajadores y mineros».

 

Divisiones en la coalición

Al comenzar el segundo año de gobierno de la UP, la ofensiva de la derecha y la respuesta de los trabajadores a ella, provocó un nuevo debate. Puesto que la reacción de Allende a estos acontecimientos fue la de atenuar los temores burgueses, eso creó tensiones en las relaciones entre la UP y quienes la apoyaban, y provocó cuestionamientos profundos sobre el llamado «camino chileno al socialismo». Dos estrategias muy diferentes coexistían dentro de la UP, y estas exigieron una resolución. ¿Debería la UP apostar por los trabajadores en su lucha para defender su nivel de vida e impedir que la burguesía minase sus triunfos del año anterior, o no? Y si se respondía afirmativamente: ¿qué estrategia política implicaría tal apoyo?

 

Esta fue la cuestión central que discutieron los representantes políticos de las organizaciones de la UP cuando se reunieron en conferencia en El Arrayán en febrero de 1972, y nuevamente en la conferencia de Lo Curro en junio del mismo año. El debate sobre la estrategia futura de la UP estuvo centrado en la cuestión de «Consolidar o Avanzar».

El ala conservadora de la UP (El Partido Comunista y la derecha del Partido Socialista bajo la dirección de Allende) planteaba la necesidad de detener el proceso de reformas y consolidar lo que se había ganado. Sostenían que el gobierno no debería ir adelante en la expansión del sector estatal sino reafirmar su disposición a negociar con la burguesía, demostrando en la práctica que podía controlar a la clase trabajadora y concretando así un apoyo electoral más amplio antes de seguir avanzando. Esta maniobra se intenta con el objetivo de que los poderosos respetaran los avances  ya adquiridos puesto que los hechos estaban demostrado que lo opuesto era verdadero.

El ala radicalizada abogaba por acelerar el ritmo de las reformas, profundizar el proceso de nacionalización y ponerse al frente de las luchas. La clase trabajadora, argumentaban ellos, había mostrado estar pronta para llevar la lucha adelante: ¿sus dirigentes políticos se atreverían ponerse al frente de la clase? Estos  argumentos sostuvieron el MAPU, la izquierda cristiana y la izquierda del Partido Socialista, con el apoyo del MIR, aunque esa organización no estuviera presente en las discusiones. A la izquierda le urgía la necesidad de extender el sector público, reafirmar el compromiso original de la UP de nacionalizar las 90 mayores firmas —por decisión gubernamental, ese número había sido reducido a 43—, y se enfrascó activamente en una lucha ideológica para ganar nuevos apoyos.

Pero no hay que olvidar que, durante todo el debate, ninguna de las organizaciones proponía actuar por fuera de la UP. La discusión siempre se daba entorno a qué debería hacer la UP, a partir de su posición como Gobierno dentro del Estado.

 

Leyendo las discusiones y debates que ocurrían en las conferencias de la UP, se constata un creciente estado de irrealidad. Los buenos y conmovedores discursos ignoraban el hecho de que la futura dirección del proceso político chileno estaba siendo determinada fuera del Congreso y bien lejos del Palacio de la Moneda. En enero, antes de la conferencia en El Arrayán, Allende ya se había rendido a las exigencias de que José Toha fuese destituido por haber insultado a las Fuerzas Armadas, y había aceptado su renuncia. Y en marzo, Kennecott —una compañía norteamericana de cobre, cuya filial chilena había sido nacionalizada— llamó a un boicot mundial al cobre chileno y el senador demócrata-cristiano Hamilton presentó al Congreso la primera de una serie de mociones destinadas a paralizar cualquier nacionalización en el futuro.

 

El día 12 de mayo, el futuro comienza a develarse en un incidente ocurrido en Concepción. Una organización estudiantil de derecha anunció su intención de marchar sobre la ciudad. Una contramanifestación fue convocada por un importante número de organizaciones de izquierda, incluido el MIR. El Alcalde comunista decretó la prohibición general de cualquier manifestación, y llamó a la policía antidisturbios para reprimir las mismas. La violencia ocurrida dejó un militante del MIR muerto. La respuesta del gobierno fue la de condenar toda violencia, fuera de derecha o de izquierda.

También en mayo, un congreso nacional de los trabajadores textiles, rechazó la simple participación de los trabajadores, y en vez de eso, exigió el control de la industria por parte de los propios trabajadores. La respuesta a eso se dio en junio con el anuncio de un nuevo gabinete de la UP que notablemente no incluía a Pedro Vuskovic, un independiente de izquierda cuya identificación pública con una política de avanzar las nacionalizaciones lo habían vuelto blanco favorito de la derecha.

 

En el mismo mes, el ala conservadora consiguió asegurarse una victoria en la conferencia de la UP sobre estrategia en Lo Curro. Al mismo tiempo, el Gobierno retomó sus conversaciones con los demócrata-cristianos (ellas habían sido temporalmente suspendidas un mes antes) y reafirmó su compromiso en perseguir la paz social y el cumplimiento de la ley. La realidad de esta decisión fue dramáticamente revelada en Melipilla durante el mes de junio de 1972.

Allí, varias de las haciendas estaban por expropiarse en base a la Ley de Reforma Agraria, pero un juez local, Olate, había colocado reiteradamente obstáculos legales en el camino de la redistribución de la tierra, colaborando consistentemente con los propietarios locales. El día 22 de junio, una manifestación terminó con 22 dirigentes de la organización de los trabajadores rurales presos y una serie de manifestaciones de protesta ocurrieron enseguida. El día 30 todas las carreteras de acceso a Cerrillos fueron bloqueadas. El día 12 de julio una manifestación de masas marchó hacia el centro el Santiago, exigiendo la liberación de los dirigentes, y exigió la dimisión inmediata del juez Olate. El gobierno se negó a intervenir.

 

Los incidentes en Melipilla tenían un significado mucho más profundo de lo que a primera vista podía verse. En el curso de la protesta, los trabajadores del área industrial vecina de Cerrillos se sumaron a sus compañeros rurales en lucha. Cerrillos era centro de una serie de disputas industriales no resueltas: al final de junio, las fábricas textiles Perlak y Polycrom, la fábrica de aluminio Las Américas y la avícola de Cerrillos, estaban todas en huelga.

Los huelguistas se juntaban con sus hermanos y hermanas de Melipilla. Los manifestantes, al mismo tiempo que expresaban su apoyo a Allende, afirmaban que el Congreso y otras instituciones estatales, eran el principal obstáculo para realizar el programa de la UP.

La acción mancomunada de los trabajadores agrícolas e industriales abrió nuevas y diferentes posibilidades. De la lucha unida nació una nueva forma de organización, forjada en el curso de las huelgas de Cerrillos, y que se autodenominaba «Cordón Industrial». El Cordón de Cerrillos publicó una declaración a comienzos de julio; sus demandas de control de la producción por los trabajadores y de substitución del Parlamento por una Asamblea de Trabajadores, fueron mucho más alentadoras que cualquier de las cosas discutidas abiertamente por los partidos de izquierda. Sin embargo, su potencial como una base alternativa de organización social y política no pasó por la cabeza de nadie. Por otro lado, el Partido Comunista y el ala derecha del Partido Socialista sostenían que se debería coordinar la lucha a través de la dirección sindical oficial, la CUT, porque el acuerdo de Lo Curro estableció que no habrían futuras incursiones contra el capital privado ni más desafíos al Estado, y por lo tanto ordenaron a sus miembros de no acercarse a los cordones.

Paradójicamente, el creciente apoyo popular a la UP, que se reflejó tanto en los resultados de la elección suplementaria en Coquimbo durante julio, y en las elecciones para el ejecutivo de la CUT, expresaba la visión de los trabajadores de seguir adelante. El ala derecha de la UP entre tanto, la interpretaba de modo diferente, como si representase una aprobación a la estrategia de alianza entre las clases.

 

Fue justamente el debate de Lo Curro y el control, y a veces la represión, de las actividades de trabajadores, y pobladores, lo que dominó la Asamblea Popular realizada en Concepción a finales del mes de julio, cuando delegados de organizaciones sindicales, populares y estudiantiles, así como también a organizaciones de izquierda se reunieron para discutir la coyuntura política. El único ausente fue el Partido Comunista, que describió a la Asamblea de Concepción de un modo que quedaría marcado en el tiempo, como «una maniobra reaccionaria e imperialista, que usaba a elementos de ultraizquierda como escudos». El propio Allende en un comunicado del 31 de julio, desarrolló la misma idea: «Por segunda vez en tres meses, Concepción fue lugar para una acción divisionista cuyo efecto es minar la hegemonía de la Unidad Popular sobre el movimiento. No hay mínima duda de que es un proceso que sirve a los enemigos de la causa revolucionaria».

 

En el mismo discurso él definió su posición: que crear un poder dual en Chile era un acto de «marcada irresponsabilidad», porque el gobierno de Chile representaba los intereses de la clase trabajadora como un todo. Ningún revolucionario sensato, concluía, puede «desconocer el sistema institucional que gobierna nuestra sociedad, y que está bajo el gobierno de la Unidad Popular. Cualquiera que sugiera otra cosa, deberá ser considerado un contrarrevolucionario».

 

A pesar de los intentos para detener el proceso, la lucha de clases estaba rápidamente escapándose del control de Allende y de la UP. La burguesía veía sus vacilaciones como un punto a su favor y organizó abiertamente una campaña de oposición política y de sabotaje económico. A finales de julio el padre Hasbún, comenzó a lanzar a través del Canal 9, un llamado a la acción militar contra Allende.

Ya había cierta confianza en los círculos de poder de la clase dominante cuando en septiembre los comerciantes de Chile lanzaron una huelga de protesta contra el control de precios y la falta de productos. Esa confianza fue mayor cuando el 11 de octubre, los propietarios de camiones anunciaron el comienzo de una huelga por tiempo indefinido.

Iban a tener una gran sorpresa: no por la reacción de Allende y sus aliados que siguieron negándose  a que ya existiera una lucha fundamental por el poder, sino que con la clase trabajadora que tomó el control directo sobre la lucha y generó un conjunto de nuevas formas de organización que ofrecían una visión distinta sobre la forma en que la lucha por el poder por parte de de los trabajadores debía ser conducida y podía ser ganada.

 

La insurrección de los poderosos

La huelga de los propietarios de camiones había sido bien planeada. Si bien ella contaba con la aprobación del conjunto de la burguesía, la organización neofascista Patria y Libertad era la que estaba más directamente involucrada en su organización concreta, con apoyo directo de los EE.UU.

La huelga no era ni inesperada porque la huelga de los comerciantes en septiembre y la bien organizada resistencia de la derecha en el Congreso a cualquier iniciativa de la UP, ya habían dado claras señales de que estaban por dar un salto. Si todavía quedase alguna duda, un mitin de la derecha el día 10 de octubre, en Santiago, fue notable por su ambiente frenético y por las repetidas llamadas de todos los oradores a favor de una movilización de masas contra el gobierno. Uno de esos oradores era Vogel, un demócrata-cristiano, Vicepresidente de la CUT.

Se esperaba que el impacto de la huelga fuese inmediato; que la ausencia de transporte carretero podía interrumpir todos los abastecimientos de alimentos, artículos importantes, materias primas y especialmente la distribución de alimentos para la clase trabajadora. Es más, la huelga no ocurría aislada; los comerciantes expresaron su apoyo a la huelga cerrando sus negocios, los industriales intentaron parar sus máquinas, incluso mediante el sabotaje. Las organizaciones de profesionales médicos, abogados, dentistas y otras, votaron por la adhesión a la huelga y suspendieron toda actividad, aumentando la atmósfera de pánico. Esa era la estrategia de la derecha; usar su poder económico, un poder que aún estaba completamente intacto, para crear escasez y caos económico. Se suponía que el pánico obligaría a Allende a renunciar o, «mejor aún», posibilitaría dejarlo en el poder para imponer las necesarias medidas de austeridad, separándolo así de las bases de la UP para finalmente provocarle una estruendosa derrota en las elecciones al Congreso de marzo de 1973.

 

Esa estrategia se frustró gracias al accionar de la clase trabajadora. Para los trabajadores la situación era muy clara; el problema inmediato era mantener el sistema de transporte, mantener las fábricas abiertas y asegurarse el abastecimiento de alimentos y lo imprescindible. Grupos de trabajadores salieron a las calles a primera hora de la mañana y cada forma de transporte disponible era requisada y conducida por voluntarios. En las fábricas los comités de vigilancia fueron adiestrados para protegerse de los sabotajes y la producción fue mantenida. En los barrios populares, se formaban  largas y pacientes filas delante de los almacenes y supermercados, los propietarios eran convencidos para abrirlos o, en caso contrario, los establecimientos eran abiertos y mantenidos por las propias personas del local, que montaban guardia permanente.

La línea general de la UP era la de pedir disciplina, calma y obediencia a la central  sindicato y a las organizaciones políticas, sin embargo ni la CUT, ni la UP impartieron instrucciones específicas, y la acción inicial de llamado a la movilización de masas en respuesta a la huelga fue retirada dos días después.

 

Entretanto, los problemas provocados por la huelga exigían una solución inmediata. Era poco sorprendente que las respuestas más severas y decisivas viniesen de sectores de trabajadores que ya habían desarrollado acciones en conjunto. Las fábricas que se habían organizado en los primeros cordones fueron capaces de organizarse más rápidamente y tomar la iniciativa de organizar a otras. Elecmetal del Cordón de Vicuña Mackenna y la fábrica Perlak, parte del Cordón de Cerrillos-Maipú, tuvieron un fuerte papel de liderazgo. Sus demandas eran radicales y claramente definidas, evocando el programa avanzado en junio: acción inmediata contra los patrones, incluyendo nacionalización inmediata. Al mismo tiempo, otras acciones desarrolladas por los capitalistas exigieron y encontraron una rápida y creativa respuesta. En la fábrica de vidrio Cristalerías Chile, por ejemplo, la gerencia congeló la cuenta bancaria de la compañía. Los trabajadores respondieron desarrollando un sistema de distribución directa. Como un trabajador explicó: «ahora nosotros vendemos directamente para las cooperativas y pequeños negocios, y ellos nos pagan con dinero, así nosotros podemos pagar los salarios sin tener que usar los bancos.»

En la fábrica de cemento El Melón, una huelga que recién había comenzado fue inmediatamente suspendida y los trabajadores volvieron a su trabajo. En la fábrica textil Perlak, para compensar la falta de leche del campo, los trabajadores organizaron una sopa altamente nutritiva para sus hijos. Los trabajadores de Polycromn llevaron los tejidos para las áreas obreras y los vendían directamente. Materias primas y productos fabricados comenzaron a canjearse entre las fábricas, pero también entre obreros y campesinos.

Cuando la asociación de médicos anunció su apoyo a la huelga el día 17 de octubre, un comité de los trabajadores de un hospital fue formado para mantener al mismo funcionando. Un dirigente sindical explicaba: «A pesar de la huelga ordenada directamente por la derecha, las 600 mil personas por las cuales este hospital es responsable, verán que nosotros podemos ofrecer servicios mejores y más eficientes, trabajando junto a los comités de salud locales, que incluyen a personas de los distritos obreros».

 

La reunión del sindicato de periodistas en aquél mismo día fue dedicada a una denuncia sobre el papel de la prensa burguesa y a convocar nuevas acciones contra los medios de comunicación en manos de la derecha. El periodista Jaime Muñoz criticó el Estatuto de Garantías aprobado por Allende en 1970, que prometía respetar la propiedad existente sobre los medios de comunicación masivos. El antagonismo entre el papel de los medios de comunicación en manos de la derecha, y la respuesta de los trabajadores de dos periódicos, La Mañana de Talca y Sur de Concepción, que habían ocupado y tomado las respectivas oficinas porque sus periódicos estaban constantemente atacando el movimiento obrero, era claro. «El único Estatuto de Garantías que nosotros reconocemos», argumentó, «es el que nos demos los trabajadores».

Había existido un acuerdo tácito entre las organizaciones de izquierda para no hablar del Estatuto. Los acontecimientos de octubre y la entrega de los dos periódicos expropiados se tornaron una cuestión clave en el debate de la izquierda.

 

Había una razón adicional para el rápido crecimiento de las organizaciones autónomas, denominadas de «autodefensa». Si bien la mayoría de la burguesía se contentaba con usar su poder económico, la extrema derecha, dirigida por Patria y Libertad, organizaba sus propios grupos terroristas para trabar batalla en las calles. Esas bandas, formadas por jóvenes de las familias más ricas, lanzaron una serie de ataques físicos directos. El día 12 de octubre dirigentes de los partidos socialista y comunista de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, fueron atacados. El día 13 la línea ferroviaria para Arica, 3.200 Kms. al norte, fue bloqueada. El mismo día, individuos en sus vehículos fueron atacados en las grandes ciudades de Valparaíso, Concepción y Viña del Mar. El padrón de asaltos directos continuó en los días venideros.

 

En las fábricas los trabajadores resistían las tentativas de sabotaje de los patrones y tomaban el control directo de la producción. En la fábrica textil Sumar de Santiago, por ejemplo, los propietarios intentaron sacar parte de la maquinaria, pero fueron parados por los trabajadores y expulsados de la fábrica. Para los comités obreros no podía haber cualquier negociación: al final de cuentas, el propio gobierno había hecho de la mantención de la producción una prioridad absoluta. Una joven mujer obrera de 22 años, en Fabrilana, colocó la cuestión en términos muy claros:

«Yo pienso que el compañero Allende ha sido muy suave. El dice que es porque quiere evitar la violencia, pero yo pienso que debemos responder con más fuerza, atemorizarlos a muerte. Están intentando voltear lo que conquistamos».

Los trabajadores de Alusa, una fábrica de embalajes, repetían a coro:

«La administración hizo un llamado a los trabajadores administrativos y ellos pararon el trabajo. Pero nosotros no podíamos permitirnos ser parte de esas maniobras. Los patrones no pueden venir a decirnos lo que debemos hacer… Así que abrimos los depósitos, sacamos las materias primas y simplemente continuamos produciendo: la producción aquí no paró en ningún momento. Y no vamos a parar ahora ni nunca. Nosotros vemos a la gente trabajando con verdadera alegría. Yo pienso que en pocos días nos hemos dado cuenta que lo que estamos defendiendo, es algo mucho mayor que un plato de comida».

 

Nadie estaba inmune a la posibilidad de un ataque. Los trabajadores de la cadena de zapaterías Bata, por ejemplo, formaron comités de autodefensa en cada una de las 113 sucursales:

«Nosotros formamos comités de autodefensa en cada local para repeler los ataques. Ya tuvimos que enfrentar algunos ataques, particularmente en locales de barrios de clase media y alta. Pero nosotros no cerramos ni por un día siquiera. Estamos contra esta huelga, y cuando llegue el momento decisivo no vamos a ceder ante nadie. ¡Basta!».

Un trabajador de la fábrica de concreto Ready-Mix, resumió la experiencia:

«Tenemos que agradecer a los fascistas, por mostrarnos que no se puede hacer una revolución jugando. Cuando aparece un problema, nosotros los trabajadores tenemos que estar en la primera línea. Hemos aprendido más en éstos pocos días que en los dos años anteriores».

 

Semejantes conclusiones fueron sacadas en otros lugares, particularmente en los barrios obreros donde luchas anteriores por el transporte y la vivienda, entre otras cosas, habían gestado organizaciones que cumplían un papel pleno y vital en las luchas obreras de octubre.

Las JAP, comités de distribución formados originalmente por el gobierno, se transformaron en núcleos de un conjunto de organizaciones locales y comunitarias —comités barriales, grupos de madres, organizaciones de sin techo— asumiendo la tarea de resistencia en las comunidades. Lo más importante de todo, fue que octubre dio a esas organizaciones comunitarias un contacto directo con los trabajadores, dándole realidad a su accionar en conjunto. El Cordón se transformó, como había prometido transformarse, en un centro organizador para una serie de luchas.

Es cierto que si los trabajadores no hubiesen combatido inmediatamente a la burguesía, esta hubiera tenido éxito en su campaña, la economía hubiera sido paralizada, y Allende hubiera sido obligado a ceder a las demandas de los patrones presentadas en el «Pliego de Chile», el cual contenía una lista de sus reivindicaciones. Sin embargo, los trabajadores confiscaron el transporte y mantuvieron la economía en funcionamiento. Los ataques físicos de Patria y Libertad se enfrentaban con la resistencia organizada de los trabajadores.

 

Salvador Allende y sus compañeros de dirección política de la UP, parecían no haberse dado cuenta de que en octubre una frontera histórica había sido cruzada y que la burguesía hacía mucho tiempo había perdido el interés en colaborar. En cierto sentido, el gobierno de Allende se transformó en espectador, dentro de la arena de la lucha de clases, intentado en vano reimponerse sobre los acontecimientos a partir del punto privilegiado del Estado.

Eso reflejaba, en parte, la llegada a una nueva conciencia política de actores hasta entonces excluidos de los sindicatos y otras organizaciones, trabajadores menos integrados en la disciplina partidaria y sindical. Muchas de las pequeñas fábricas permanecían fuera del ámbito de influencia de la CUT, porque por ejemplo tenían menos de 25 trabajadores. Lo que los cordones representaban era una alianza ente los trabajadores organizados y no organizados, la población de los barrios pobres y los trabajadores agrícolas. Su carácter político era menos definido; la CUT afirmaba que los cordones eran simplemente sus organizaciones de base con otro nombre, sin embargo la dificultad de la CUT para imponer cualquier tipo de disciplina sobre los cordones, sumado a sus frecuentes ataques a los dirigentes de estos cordones, mostraba que la relación CUT-cordones no era la que la CUT afirmaba.

 

Con una huelga del transporte aéreo iniciada el día 31 de octubre y con la negativa de los transportistas a poner fin a su acción, al día siguiente Allende decidió convocar a varios generales a su gabinete. Al mismo tiempo decretó un Estado de Emergencia Nacional, depositando efectivamente el gobierno de Chile en manos de los militares, durante el período que durara la emergencia.

Una vez que los camioneros volvieron a su trabajo y las fuerzas armadas entraron al gobierno, quedó claro que la principal tarea del ejército iba a ser controlar el retorno de los trabajadores a las fábricas. Carlos Prats, el Comandante del Ejército determinó su posición con un estudiado tono neutro:

«En cuanto existe un Estado propiamente constituido, las fuerzas armadas están obligadas a respetarlo… Obviamente las fuerzas armadas son un instrumento legítimo que está a disposición del Presidente, para ser usado contra cualquiera que amenace el orden público».

 

La naturaleza de la amenaza se volvería más clara todavía, cuando comenzara el Estado de Emergencia. El rígido toque de queda fue empleado para controlar el movimiento de los trabajadores y los amplios poderes concedidos a los militares fueron invocados para devolver los dos periódicos ocupados en Talca y Concepción a sus propietarios originales. Los dirigentes de los comités de autodefensa de Bata fueron encarcelados por más de un mes. El día 13 de noviembre el Ministro de Economía anunció que las 28 fábricas ocupadas por los trabajadores, serían devueltas a sus propietarios. Tal vez el sistema de distribución haya sido el sector que más se distanció del control estatal, y es por esa razón que fue el área sometida a control militar más directo. El General de la Fuerza Aérea, Bachelet, fue encargado del DIRINCO, agencia estatal de distribución.

El nuevo gabinete incluía dos generales y tres ministros de la UP: dos del Partido Comunista (Millas en el Ministerio de Obras, y Figueroa, dirigente de la CUT, como Ministro de Trabajo) y uno del MAPU (Flores, en el Ministerio de Economía).

 

Un gobierno con generales

El gabinete de los ministros de la UP y de los generales no controlaba la situación, la que seguía confusa dado que no era fácil desmantelar la confianza y organización de los trabajadores.

Un grupo de trabajadores de Arica,  el día 24 de noviembre, aún se negaban a trabajar con los funcionarios que habían apoyado la huelga patronal. Cuando Figueroa intentó convencer a los trabajadores de que aceptaran la orden, ellos reocuparon la fábrica y se negaron a salir. Al final la policía fue movilizada para despejarlos. La misma experiencia se repitió en otros lugares, con los trabajadores negándose a entregar lo que habían conquistado en octubre, afirmando que tales concesiones simplemente destruirían todo lo que se había obtenido, entregando en bandeja la victoria a la burguesía.

 

Las acciones espontáneas y desorganizadas de resistencia de los trabajadores, entretanto, no fueron objeto de alguna iniciativa de coordinación o desarrollo. Al contrario, el MAPU, por ejemplo, describió al nuevo gabinete como el «gobierno y el pueblo actuando como uno solo», al mismo tiempo que se hacía un llamado a profundizar el «poder popular». Y el Partido Comunista y el gobierno alzaron una sola voz en alabanza de la labor patriótica de las fuerzas armadas, describiendo al nuevo gabinete como un indicio de que, consiguiendo el apoyo del ejército, se apartaría a la burguesía: «…la presencia de las fuerzas armadas junto a los dirigentes de la CUT, fortalece al gobierno y finalmente le permitirá sentenciar a muerte la huelga que los trabajadores ya rechazaron tan vigorosamente».

 

Solamente una organización, la menor de todas —la Izquierda Cristiana— llegó a dar algunos pasos en esa dirección, negándose a entrar en el gabinete y afirmando que: «…los avances en conciencia de los trabajadores no parecen haber llegado a sus líderes políticos. La base es mucho más rica de lo que lo es su dirección. La CUT y los cordones son mucho más efectivos en sus respectivos niveles, que la UP a nivel político… si el poder social (de apoyo a la UP) fuese organizado de un modo coordinado en las fábricas y en lo regional en órganos de autodefensa, la situación avanzaría y no podría ser contenida».

 

Con todo, la propia clase trabajadora estaba exigiendo otro análisis de la situación. El día 13 de noviembre, 100 delegados de los cordones de Santiago se reunieron en la fábrica Cristalerías Chile para coordinar la resistencia a la devolución de las fábricas a sus antiguos propietarios. Esa iniciativa no encontró eco dentro de la izquierda. Como el Presidente del Cordón de O’Higgins afirmó: «La maquinaria de izquierda simplemente nos ignora… por eso los cordones tienen que cumplir la función de ayudar a conocerse mejor unos a otros, a entender las luchas particulares y a alcanzar conciencia de nuestro poder».

 

Los eventos de octubre de 1972 trajeron muchos nuevos grupos de trabajadores a la lucha, muchos de ellos sin experiencias anteriores de organización. También ellos pusieron sobre el tapete nuevas formas de organización independientes. La experiencia de los cordones se tornó el tema central de los debates políticos, cuando el año 1972 llegaba a su fin.

La primera oportunidad para todas las organizaciones de izquierda de discutir la experiencia de octubre de 1972, vino con un debate público organizado en Santiago por una organización católica denominada «Cristianos por el Socialismo». Miguel Enríquez, Secretario General del MIR, describió el período como «prerrevolucionario» y llamó a la creación de «gérmenes de poder popular». La cuestión principal, argumentaba (con razón) era la de conquistar el «control obrero». Pero en los debates y las discusiones que siguieron, ningún representante del MIR dejó claro cómo esto sería realizado u organizado.

 

Preparativos para la batalla

El debate después de la huelga de los patrones provocó una escisión en el MAPU, entre el ala izquierda que mantuvo el nombre del partido, y el ala pro-Allende que adoptó el nombre MAPUOC (MAPU obrero y campesino) dirigido por Jaime Gazmuri. En enero de 1973, el Ministro de Economía Fernando Flores, del MAPU, desafió la política gubernamental y defendió un congelamiento de precios, el control riguroso de la especulación y el garantizar una canasta básica a un precio mínimo. Sus propuestas tuvieron resonancia inmediata entre la población.

El día 15 de enero, del barrio pobre de Lo Hermida, 300 familias se dirigieron al supermercado local que había cerrado sus puertas (alegando falta de mercaderías) y exigieron su reapertura. Inmediatamente aparecieron mediadores del gobierno que intentaron dispersar la manifestación, sin ningún resultado. A las dos de la mañana el supermercado estaba abierto, y las organizaciones locales se encargaron de distribuir alimentos de acuerdo a las necesidades. Lo mismo ocurrió en Nueva La Habana, otro barrio pobre del Cordón de Barrancas.

 

Fue en ese clima que Orlando Millas, Ministro de Obras y miembro del Partido Comunista, anunció el nuevo plan económico. Este proponía el retorno de 123 fábricas a sus antiguos propietarios, incluyendo las que pertenecían a una de las familias más activas en la oposición al gobierno, la poderosa familia Yarur. Lógicamente, la medida fue anunciada junto con la reapertura de las discusiones con los demócrata-cristianos. De plano, representaba una clara y plena concesión a las reivindicaciones de los poderosos.

 

Los cordones se despertaron y respondieron inmediatamente. Trabajadores del Cordón de Cerrillos-Maipú bloquearon las calles en protesta y dirigieron una manifestación conjunta de todos los cordones de la capital hacia el centro de la ciudad. El Presidente del Cordón, Hernán Ortega, declaró: «No habrá compromiso alguno que ceda ante las presiones». Lo más significativo de todo, fue que en el Cordón Vicuña Mackenna se inició la publicación de un pequeño periódico para los cordones, llamado Tarea Urgente. Su primer número traía una declaración muy significativa:

«A los Trabajadores: Los trabajadores de Cordón Vicuña Mackenna llaman a la clase obrera a movilizarse combativamente en defensa del Área Social [la parte nacionalizada de la economía] y de las empresas requisadas o intervenidas durante el paro patronal de octubre amagadas por un proyecto de ley que no representa la opinión ni el sentir de la mayoría de los trabajadores, los cuales están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en defensa de sus legítimos derechos.

Por lo tanto los trabajadores de Cordón Vicuña Mackenna, en Asamblea celebrada el lunes 29 de enero, hemos resuelto lo siguiente:

1. No devolver ninguna empresa requisada o intervenida con motivo del paro nacional de octubre.
2. Rechazo unánime al proyecto denominado «Proyecto Millas», por no expresar el verdadero pensamiento de los trabajadores y contribuir a detener el proceso revolucionario que nos conduzca al socialismo…
3. Planteamos que la respuesta de los trabajadores será no sólo no devolver ninguna empresa sino incorporar muchas más al Área Social».

 

En un tono similar los miembros del Cordón Panamericana-Norte exigían saber:

«¿Hasta dónde las personas de allá arriba van a continuar empeorando aún más las cosas? Esto está empezando a ponernos nerviosos, y avisamos que ninguna empresa será devuelta… de ahora en adelante permaneceremos en estado de alerta permanente para defender nuestro derecho de tomar las decisiones que determinen nuestras vidas».

 

El día 5 de febrero, trabajadores, pobladores y otras organizaciones de barrios pobres y grupos comunitarios, realizaron una manifestación y una asamblea en el Estadio Nacional para demostrar su oposición al Plan Millas. La revista Punto Final redactó un artículo sobre ella en que alertaba con claro juicio histórico: «Un pueblo desarmado es un pueblo conquistado». La lucha de clases estaba entrando en una nueva fase, y ganando una nueva intensidad.

 

Las elecciones para el congreso en marzo se estaban aproximando, y eran consideradas tanto por la derecha como por los partidos de la UP como una prueba crucial para la supervivencia del gobierno. La UP incrementó su electorado nacional al 44%. En el clima existente entonces, esto era un testimonio significativo de la resistencia de la clase trabajadora, y una prueba de que secciones de la pequeña burguesía también habían sido ganadas.

En lo que toca a la derecha, los resultados representaban el fracaso en su intento de destruir el apoyo electoral de la UP. Pasaron a discutir estrategias alternativas para derribar al gobierno de Allende. Las dos opiniones presentadas, la del golpe militar abogada por algunos sectores, fue dejada de lado a favor de una estrategia de «mariscal ruso», defendida entre otros por Aylwin, Presidente de la DC. Esta era una estrategia económica de «tierra arrasada». Objetivamente, desbastar la economía, desnudándola, reteniendo la acumulación de dinero, movilizando concientemente el apoyo internacional, creando un estado de sitio desde dentro y desde fuera.

 

Al final de marzo de 1973 los generales dejaron el gabinete y el Plan Millas fue abandonado. Allende anunció la nacionalización de más de 45 fábricas, pero ese anuncio fue seguido casi inmediatamente, el día 6 de abril, por un ataque virulento contra la izquierda revolucionaria y las organizaciones obreras que no devolvieron las fábricas después de las ocupaciones de octubre. A la luz de este ataque, era difícil ver la incorporación de 45 fábricas al sector estatal, como otra cosa que no fuese un gesto simbólico.

Por más que Allende condenase a aquellos que habían «provocado» a los poderosos, era él quien estaba ciego frente a la intensidad de la lucha de clases. Por lo tanto insistía en mantenerse apegado al programa original de cambios graduales, condenando a las organizaciones obreras y campesinas por arriesgarlo con sus acciones precipitadas. Los sucesos ya lo habían dejado atrás. La burguesía estaba discutiendo abiertamente estrategias extraparlamentarias para derribarlo. Allende y la CUT todavía insistían en que el ritmo de los cambios sería determinado en el parlamento, pero ni la burguesía ni sectores de la clase trabajadora tenían ilusiones al respecto. Los trabajadores estaban organizándose para una lucha ya en curso en las calles, en las fábricas y en el campo. No era una cuestión de si se debería o no permitir el desarrollo de la lucha, era solamente su resultado el que estaba en cuestión.

 

El mayor número de votos para la UP en las elecciones de marzo, era claramente una exigencia para la acción. Pero si la UP no podía dirigirla, entonces ocurriría de cualquier modo, incluso fuera de todo control. La dirección de la UP no podía comprender eso. La dirección de la izquierda estaba discutiendo la crisis, ciertamente, pero su perspectiva estaba limitada a exigir que la UP actuase de una manera diferente. Una solución mucho más radical era la exigida, la del tipo que ya había sido colocada en la agenda histórica por la propia clase trabajadora.

Carlos Altamirano, dirigente de la izquierda de los socialistas, veía el desarrollo de organizaciones independientes en medio de la lucha de clases, como una forma de presión que podía ser utilizada para impulsar su victoria dentro de la dirección del propio partido. Y fue esa perspectiva limitada la que conquistó a los socialistas de izquierda que dirigían los cordones. Así el comité coordinador de los cordones, que podía haberse fácilmente tornado en una forma embrionaria de poder obrero, se transformó al contrario de eso, en una fracción política dentro del Partido Socialista.

 

El desafío de los mineros

Los trabajadores de las minas de cobre han jugado un papel central en la historia del movimiento obrero chileno. Fue, por lo tanto, una cuestión de mucha importancia la huelga iniciada el día 19 de abril de 1973 por los mineros de la mina El Teniente.

La huelga comenzó silenciosamente. El aislamiento físico de los mineros en una región montañosa, significaba que el impacto de la huelga sobre el resto del movimiento no era inmediato. Y la izquierda  estaba poca ansiosa por elevar el nivel del debate público acerca de la huelga, porque la cuestión que desencadenó la huelga era vergonzosa.

Los aumentos del primer año del gobierno de la UP, ya habían sido borrados por la inflación; el poder de compra de los salarios al comenzar el año 1973 era menor que en 1971. Como respuesta, la UP garantizó un aumento salarial general para compensar la inflación. Los mineros, con todo, tuvieron un acuerdo aparte, por el cual les fue garantizado anualmente un aumento salarial acompañado de otros incrementos. El Gobierno se negó a pagar estos aumentos. Y los mineros entraron en huelga, acusando al gobierno de no cumplir el acuerdo firmado conjuntamente, lo que era cierto sin duda alguna. La huelga siguió durante los meses de mayo y junio, aunque algunos mineros volvieron al trabajo por la intensa presión ejercida por el conjunto de las organizaciones de izquierda, inclusive el MIR, que argumentaban que todo había sido provocado por la burguesía y por el imperialismo.

Los mineros eran acusados de economicistas, por la defensa de sus estrechos intereses sectoriales que sobreponían a los intereses de la clase como un todo. De hecho, la izquierda les estaba pidiendo que sacrificaran sus conquistas, en nombre del «bien general». La realidad era que el precio del cobre en el mercado mundial estaba cayendo…. ¿ Debían los mineros aceptar las consecuencias de esa caída, o debían conducirse como cualquier otro grupo de trabajadores organizados, defendiendo sus condiciones de vida?

 

La huelga de los mineros reveló las debilidades, no sólo de la izquierda chilena, sino también —y aún más serias— de los propios cordones. Los sectores tradicionalmente bien organizados de la clase trabajadora, estaban ausentes de la red nacional de cordones. Sus sindicatos eran el núcleo de la UP, y su disciplina el fruto de años de lucha. Una vez que sus dirigentes políticos habían condenado los cordones, muchos de esos sectores fueron convencidos de no participar en ellos. Y la CUT trabajó duro para impedir cualquier contacto directo entre estos trabajadores —mayoritariamente del sector público de la economía— y los sectores organizados en los cordones.

 

En todas partes los eventos ocurrían rápidamente. Al final de abril una manifestación de la CUT llevó a un millón de personas a las calles de la capital. Cuando los manifestantes pasaron delante de la sede del Partido Demócrata Cristiano, un tiro resonó y un trabajador cayó muerto. Una serie de pequeñas luchas locales continuaron. A comienzos de mayo, cincuenta obreros de un aserradero en Entre Lagos ocuparon su lugar de trabajo cuando el patrón anunció que cerraría. Cuando llegó la CUT, propuso la cogestión entre el viejo patrón y los trabajadores se negaron: «Nosotros pensamos que con el apoyo de toda la población de Entre Lagos, podemos derrotar a los que piensan que pueden usar el dinero del gobierno para construir fábricas para los patrones y simplemente dejar a los trabajadores de lado».

En enero de 1973, Constitución estaba viviendo los mismos conflictos que las demás ciudades chilenas acerca del abastecimiento, la devolución de las fábricas y la falta de viviendas adecuadas. Su respuesta, sin embargo, fue atípica. El día 21 de febrero el pueblo de la ciudad se reunió en una «Asamblea del Pueblo», para identificar los problemas que los sin techo, campesinos y trabajadores compartían. Dos meses después se reunió nuevamente y decidió exigir la renuncia del Gobernador regional, que se había resistido a todas sus tentativas para encontrar soluciones para los problemas e ignoró todas sus reivindicaciones.

 

Lo que siguió fue asombroso; toda la población de la ciudad, cercana a las 25.000 personas, simplemente asumió el control. Fueron levantadas barricadas en las principales carreteras, establecieron comités de salud y vigilancia para organizar la atención médica y mantener el orden. La reivindicación era simple: que el Gobernador fuese destituido y sustituido por un cuerpo dirigente electo, formado por una comisión conjunta de trabajadores establecida en la primera asamblea. Durante los dos días de ocupación, la asamblea de masas permaneció en sesión permanente. Los comercios fueron mantenidos abiertos y los bares cerrados. Al final del día 11, el gobierno cedió a la principal reivindicación.

 

La campaña en Constitución tenía un objetivo limitado, pero lo que fue significativo fue la forma radical tomada por el movimiento, la confianza y la organización que ello indicaba.

 

El vacío entre la UP y las masas fue claramente ilustrado a comienzos de junio, cuando la UP se reunió por primera vez como una única organización y realizó su primer Congreso en el Teatro Municipal de Santiago. Ninguno de los líderes partidarios se hizo presente, y las discusiones y las resoluciones tomadas demostraban un elevadísimo nivel de abstracción.

El Congreso de la UP fue superado por los acontecimientos. Mucho más importante fueron los congresos de trabajadores en cada rama industrial, que tuvieron inicio a finales de mayo, para discutir las posibilidades de que se formasen organizaciones conjuntas de trabajadores de varias ramas. Los primeros tres congresos abarcaron los ramas textil, pesca y madera.

Y el día 19 de mayo, en Maipú, campesinos que venían llevando adelante una larga lucha por tierras que pertenecían a la familia Pérez-Zujovic, un político de derecha que fuera asesinado, llamaron a trabajadores de Cerrillos en su apoyo. La policía fue enviada a dispersar la manifestación conjunta. Una lucha similar ocurrió en Ñuble al final del mes, consiguiéndose mayores concesiones del gobierno.

 

El poder popular  y el inicio del fin

El día 29 de junio de 1973, el regimiento de tanques de Santiago, bajo el comando del Coronel Roberto Souper, tomó las calles de la ciudad y anunció la toma del poder. Las noticias llegaron a la fábrica Easton, parte del Cordón Vicuña Mackenna a las 9:00 hs. de la mañana.

 

«A las 9:15 tocamos el pito de la empresa, hicimos una reunión general. Se tomó el acuerdo de quedarse todos cuidando la industria y salir sólo las brigadas de choque a juntarse con las brigadas de otras empresas.»

Un «comando conjunto» fue formado en el Cordón Cerrillos y cuatro comunicados fueron publicados durante el día a intervalos de 2 horas. El primer comunicado establecía las tareas inmediatas:

1. Tomar todas las industrias.
2. Organizar brigadas de once compañeros, donde uno es el jefe. Los jefes de estas brigadas junto con los miembros de la directiva sindical, serán quienes dirigirán la industria.
3. Centralizar al interior de la industria los vehículos y materiales que sirvan para la defensa de la industria, de la clase obrera y del Gobierno.
4. Cada hora las industrias tocarán las sirenas como señal que su situación es normal. En caso de que la situación sea anormal, se tocará la sirena en forma permanente, como señal de que se necesita ayuda, y así recibirán auxilio…
5. Sintonizar constantemente Radio Corporación, aunque exista Cadena Nacional.
6. Ubicar un vigía en el lugar con más visibilidad de la industria.
7. Estar en permanente comunicación con las fábricas de los lados a través de compañeros que actuarán como mensajeros.
8. El Comando funcionará en… Si no se puede llegar hasta… habrá compañeros en la Dirección del Cordón en…
9. Organizar asambleas e informar a todos los compañeros de estas instrucciones en cada industria.»

 

La experiencia se repetía por todo el país; se formaron nuevos cordones y comandos a pocas horas de «la tentativa de golpe de Souper». Souper era en realidad, un disidente, abiertamente asociado con Patria y Libertad, y mirado con sospechas por el alto mando de las fuerzas armadas (ésta no era su primera tentativa de golpe).

La tentativa de Souper no era más que propaganda armada; círculos de la derecha ya venían discutiendo desde hace tiempo la posibilidad de un golpe militar y los líderes militares discreparon solamente en cuanto al mejor momento de realizar el golpe. En las fuerzas armadas la reacción masiva contra el golpe de Souper desencadenó una discusión urgente sobre la necesidad de una intervención militar en vez de una solución «política» negociada. En cierto sentido, el propio Allende fue responsable por la confianza y autoestima de los militares. ¿No había llamado repetidamente a los militares para resolver los conflictos sociales? ¿No había acordado aumentos salariales masivos para los militares, cuando se pedía a la clase trabajadora que soportara sacrificios?

 

Una vez más, el día 29 de junio, Salvador Allende demostró su fe y su dependencia para con las fuerzas armadas. Mientras los cordones organizaban la resistencia de la clase trabajadora, su Presidente discutía con el comandante en jefe de las fuerzas armadas. La UP, en una palabra, estaba indefensa e impotente frente a la movilización de la burguesía. El gobierno sostenía que, de la crisis podría salir un nuevo y progresista mando en las fuerzas militares. Sin embargo, los generales sabían que el ejército profesional existe como última línea de defensa del Estado burgués. Allende no.

 

En los días que siguieron, el MIR, el MAPU y el Partido Socialista lanzaron ardorosos llamados a los trabajadores para que defendieran al gobierno con armas en la mano. Sin embargo, ni siquiera en ese momento, cuando la clase trabajadora estaba mejor organizada y más segura, cuando organizaciones conjuntas de trabajadores existían por todo el país, cuando los mejores revolucionarios estaban en una inequívoca posición de liderazgo, la izquierda tomó el camino que los llevaría a una alternativa a la  propia UP.

 

Con todo, un cambio cualitativo estaba ocurriendo en las calles y en las fábricas. El ritmo de los acontecimientos se estaba acelerando y todos los días surgían nuevas organizaciones populares. El cordón en Santiago Central agrupó a funcionarios públicos y habitantes de edificios. En Barrancas, una serie de ocupaciones de fábricas se transformó inmediatamente en un Cordón, cuando los comités de cada fábrica formaron un comité coordinador conjunto. Cuando comerciantes intentaron cerrar sus comercios, éstos fueron reabiertos por la población local, que pasó a organizar la distribución directa de bienes. Cuando propietarios de la flota de camiones fueron nuevamente a la huelga para protestar contra un plan del sistema estatal de transporte, los trabajadores requisaron directamente los vehículos. Hospitales fueron tomados por comités de trabajadores.

 

En la fábrica de vestimenta El As, un grupo de trabajadoras, sin historia política alguna, ocuparon la fábrica. Quedaron sorprendidas cuando un dirigente sindical local, que era demócrata-cristiano, se adhirió a la lucha y quedaron encantadas cuando fueron invitadas a adherirse al Cordón O’Higgins. Como dice una de ellas:

«La solución de la CUT de conversar con los patrones y alcanzar un acuerdo con ellos, devolviéndoles las fábricas… (hace un silencio)… Yo nunca fui de meterme en política, nosotras nunca conversamos mucho sobre el proceso (político), pero nosotras estamos metidas en esto ahora y sabemos lo que esto significa, lo que tenemos para decir es que eso es una traición a la clase trabajadora. Tal vez ésta sea un fábrica pequeña… pero en el fondo lo que importa aquí es lo político y no lo económico. Si nosotros los trabajadores queremos el poder, nunca lo conseguiremos devolviendo las fábricas por muy pequeñas que ellas puedan ser».

 

Sin embargo, aunque los cordones ya se habían mostrado más poderosos que el propio Gobierno, no sabían qué hacer con el poder. No se declaraban alternativa al Gobierno. No organizaban un movimiento nacional de cordones, de poder popular, como alternativa al Gobierno.

 

Las condiciones de una crisis revolucionaria estaban dadas. Sectores de las funciones de producción, distribución, defensa de los trabajadores y los servicios sociales estaban en las manos de las organizaciones obreras. La burguesía se movilizaba para el enfrentamiento. En cuanto al «estado parlamentario» existente, era impotente para obrar decisivamente en un momento en el que ya no podía gobernar.

Tres días después del golpe de Souper, Allende declaró nuevamente el Estado de Emergencia. Su declaración no fue ni más ni menos que una invitación al ejército a que resolviese la situación del modo que hallase mejor. El nuevo gabinete anunciado el 4 de julio no incluía ningún representante militar. La afirmación de Allende de que eso era para «no comprometer la neutralidad de las fuerzas armadas», los eximió de todo tipo de control político.

 

El primer acto de los militares, como antes, fue enfocarse en los periódicos y los canales de televisión que simpatizaban con los trabajadores. Un número de Punto Final fue requisado de los puestos de venta y el Canal de televisión estatal fue censurado. Al Canal 13, dirigido por el demagogo de derecha, padre Hasbún, le era permitido continuar sin parar sus llamados para un golpe militar. Un toque de queda fue impuesto, impidiendo efectivamente que los trabajadores coordinasen sus actividades durante la noche. Y fuera de Santiago, los relatos sugerían que los militares ya estaban estableciendo su control.

La fuerza militar fue enormemente reforzada cuando simpatizantes de la UP en la Marina y en la Fuerza Aérea, denunciaron públicamente los preparativos del golpe, que ya estaban desarrollándose en algunas instalaciones militares claves. Sus ruegos a Allende para que obrase fueron respondidos con el agradecimiento presidencial por su lealtad, pero con la afirmación de que, respecto al Estado de Emergencia, él debía dejar al alto mando resolver el problema: él estaba seguro de que eso realizarían. Los militares resolvieron, pero a su manera. Juzgaron a estos marinos y aviadores en una corte marcial, los condenaron a largo tiempo de prisión y los sometieron a torturas.

 

El acto final

El acto final del drama de la UP ocurrió en julio y agosto de 1973. El golpe militar de septiembre que derrocó el gobierno de la UP y ahogó al país en un baño de sangre, fue un golpe de gracia.

Los sectores empresariales de derecha planteaban abiertamente el derrocamiento militar de la UP. La segunda huelga de los patrones, dirigida por los transportistas estaba por iniciarse. El Congreso estaba casi paralizado, bloqueado por un montón de propuestas acusatorias contra Allende y solicitudes de su remoción de la Presidencia. La economía estaba paralizada, las exportaciones de cobre caían en valor, la burguesía dejó de invertir, repuestos y materias primas eran cada vez más difíciles de conseguir y aumentaba la escasez de productos. La burguesía estaba usando todas sus armas económicas. Y el asesinato del capitán Araya, asesor personal de Allende, fue un claro aviso de que estaban verdaderamente preparados para usar sus armas. Sin embargo, el mismo Allende nuevamente dirigió su ataque contra los cordones y la izquierda en general, por llevar al país al borde de una guerra civil.

 

El día 7 de agosto hubo informes acerca de que Punta Arenas, ciudad del extremo sur de Chile, estaba bajo ocupación militar y que un trabajador había resultado muerto. En Cautín y Temuco, las propiedades de las organizaciones campesinas fueron requisadas, y muchos de sus líderes tomados presos  y torturados. La revista Chile Hoy llegó a mostrar fotografías de las marcas de las torturas en su edición del 30 de agosto. En cada caso las operaciones eran posibles porque la nueva Ley de Control de Armas permitía la imposición de la Ley Marcial, aunque eso exigiese explícita anuencia presidencial. La cual siempre fue concedida.

 

En la ciudad de San Antonio, el Estado de Emergencia puso en evidencia a un hombre que se volvería infame como dirigente de seguridad estatal después del golpe, Manuel Contreras. Sin embargo, en San Antonio él encontró resistencia firme por parte de acciones masivas coordinadas. En el Teatro del Pueblo en Osorno, las organizaciones locales se reunieron bajo la dirección del Cordón local y publicaron un programa por el inmediato restablecimiento del control obrero de la ciudad. Ese programa incluía más expropiaciones de fábricas, apoyo a las luchas de los indios Mapuche por la tierra, el compromiso de reorganizar el servicio de salud bajo control de los trabajadores, y una invitación a los soldados rasos a desertar y sumarse a los trabajadores. Aquí la cuestión estaba puesta de forma explícita: era un desafío al Estado burgués.

 

El problema no era sólo una cuestión de armas. En ese momento crítico, la clase trabajadora desarmada no podía atraer a los soldados, haciéndoles romper su disciplina militar o resistir un ataque militar. Era claro que los trabajadores tenían que ser armados, pero la cuestión central era otra. Las armas rompen el equilibrio solamente cuando se las usan en la búsqueda de un claro objetivo político: la conquista del poder y el derrumbe del Estado. Cuando son usados por un movimiento organizado dirigido por revolucionarios que comprenden la naturaleza del momento. Pero ni los partidos ni los cordones se planteaban la ruptura que la situación exigía.

Hacia el final de agosto un clima de desmoralización se había extendido sobre toda el movimiento. Las conmemoraciones del 4 de septiembre, en recuerdo de la victoria electoral de Allende en 1970, fueron apáticas y deprimentes. Como resultado, el golpe militar una semana después fue un desenlace inevitable.

Entretanto, las cosas podrían haber ocurrido de forma diferente. Los trabajadores estaban prontos para luchar y preparados para las consecuencias. Las organizaciones sobre las cuales levantar un nuevo poder obrero ya existían. Pero al fin y al cabo, todas las organizaciones de la izquierda chilena dirigían su política hacia la UP, interpretaban el elevado nivel de lucha de las masas en forma de presión sobre la UP.

 

El golpe

El día 11 de septiembre de 1973, una operación militar combinada, que tuvo inicio temprano en la mañana, derrumbaba el gobierno de Salvador Allende. El golpe fue dirigido por Augusto Pinochet, quien fuera miembro militar del gabinete de Allende en agosto. Hacia las nueve de la mañana, los tanques cercaron el palacio presidencial. Este era el último acto del golpe, una vez que las más combativas organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y barriales ya habían sido desarmadas y destruidas, durante el Estado de Sitio en vigor durante las semanas anteriores.

En realidad el golpe no fue una sorpresa para nadie. El Partido Comunista, por ejemplo, sacó un cartel dos días antes del golpe, con la frase: «No a la violencia de izquierda ni de derecha». Cuando los militares asumieron el control del poder, militantes de varias organizaciones esperaron en vano las instrucciones de sus dirigentes. Con excepción de resistencias esporádicas y aisladas, no hubo una resistencia organizada al golpe. La lucha estaba perdida y el movimiento llevado a la derrota por los que creían en la flexibilidad de las instituciones del Estado capitalista.

Miles fueron sujetos a una incontable violencia, sujetos a torturas aberrantes, maltratados y asesinados. En los siguientes doce días, miles de personas fueron asesinadas. Eran los mejores y más valientes líderes de la clase trabajadora, sistemáticamente asesinados con la sofisticada ayuda de los servicios extranjeros. Y no eran sólo asesinados: eran despedazados para alertar y aterrorizar a la futura generación.

 

A través de su política y su accionar, los que creían en la vía «pacífica», de «reforma», impidieron la organización de la conquista del poder por parte de los trabajadores, porque según ellos eso traería consecuencias negativas. En su ansiedad de salvar a los trabajadores de sí mismos, la Unidad Popular dejó a la clase trabajadora desarmada frente al golpe. Hoy las luchas de los trabajadores chilenos comienzan de nuevo, y sería una terrible ironía del destino si no les fuese permitido aprender de las lecciones de nuestra propia historia…