Ajuste en medio de la pandemia
El presidente entró en su último año de mandato con una crisis económica agravada por la política ortodoxa. Dejará como herencia recortes de salarios y eliminación de empresas estatales.
Juan Manuel Boccacci
Página/12, 9-6-2020
El presidente Lenín Moreno entró en su último año de mandato en medio de una profunda crisis económica a la que se sumó la llegada del coronavirus. “Nuestra economía es frágil y se debate entre la vida y la muerte y no podemos ponerla en mayor riesgo», sostuvo el mandatario. De esa manera justificó un recorte de más de 4 mil millones de dólares en el presupuesto. El mismo implicó la reducción de la jornada laboral y salarios para miles de trabajadores. Además, facilitó los despidos en el sector privado con indemnizaciones ridículas. En paralelo, y como para dejar en claro sus prioridades, el gobierno siguió pagando millones de deuda externa. “Se estima que van más de 1.300 millones de dólares pagados a organismos internacionales, en algunos casos en maniobras que fueron vedadas a la opinión pública”, sostuvo en diálogo con PáginaI12 el economista Andrés Arauz, ex presidente del Banco Central de Ecuador. Ante este panorama el lunes pasado volvieron las movilización en todo el país convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El pueblo puede esperar
El diagnóstico de Moreno es que su país está enfrentando la peor crisis económica de la historia. Por eso debe recortarse el gasto público. En los programas de noticias del establishment se habla de “un estado excesivo” que es necesario achicar. La crisis del coronavirus le vino como anillo al dedo para emprender el ajuste. A mediados de mayo anunció que reduciría la masa salarial del Estado en 980 millones de dólares. Por otro lado eliminaría siete empresas públicas, entre ellas la aerolínea de bandera TAME. Además defendió la aprobación en la Asamblea Nacional de la Ley de Apoyo Humanitario. Moreno dijo que permite establecer acuerdos entre empleador y empleado a fin de mantener puesto de trabajo y evitar que las empresas quiebren. Sin embargo, en lo que va de la pandemia ya se perdieron más de 150 mil empleos.
Ante este hecho las organizaciones sindicales decidieron romper las medidas de aislamiento y salieron a las calles el lunes pasado. Sin muchas vueltas, lo que reclamaron al gobierno es que vete la Ley Humanitaria. “Establece medidas regresivas que violan derechos constitucionales de los trabajadores. Por eso hemos salido a decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con esas reformas”, sostuvo Richard Gomez, presidente de la CUT, al noticiero de la cadena Ecuavisa. Ante la pregunta de si este momento histórico de crisis no justificaban los recortes Gomez pidió diferenciar a las grandes empresas del resto. “Hay grupos que hasta hace unos meses sacaron del país cientos de millones de dólares y ahora despiden compañeros con cinco, diez y hasta quince años de antigüedad. Les han pagado indemnizaciones absurdas. Lo que hay ahí es viveza criolla”, indicó el líder sindical. Privados y gobierno siguen vaciando las arcas del Estado, algo que para una economía dolarizada como la de Ecuador, que no puede emitir moneda, es casi una herida de muerte.
Honrarás tus deudas
Pese que a en el país había consenso político para evitar el pago de la deuda la administración Moreno siguió desembolsando. Lejos de cortarle el chorro a los organismos internacionales el presidente dijo que son sus aliados. Y sostuvo que el endeudamiento va a ser el salvavidas para encarar la crisis del país. El ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, había anunciado pagos por casi 800 millones de dólares en concepto de deuda. Sin embargo una investigación del Observatorio de la Dolarización descubrió desembolsos por casi mil millones que el gobierno no había dado a conocer. “A partir de las estadísticas que publica el Banco Central pudimos ver que se pagó 865 millones de dólares de capital, 71 millones de dólares en intereses y comisiones, por concepto de deuda externa, a Goldman Sachs, Credit Suisse e ICBC Standard Plc”, informó Arauz. La maniobra formó parte de una apuesta financiera muy riesgosa hecha por Martínez. Y le salió mal. “Préstamos que originalmente eran por 48 y 54 meses terminaron siendo por 19 y 17 meses. Mientras que el gobierno se atrasó con servidores públicos, provincias, proveedores del Estado, seguridad social, a quien sí pagó de manera puntual, e incluso adelantada, fue a los bancos de Wall Street, con los que perdió la apuesta especulativa”, sostuvo el economista.
La comunidad educativa fue la primera en salir a las calles durante la pandemia. El gobierno había propiciado recortes que alcanzaban los 100 millones de dólares para las universidades. Pese a que la Corte Constitucional resolvió que el gobierno debía dar marcha atrás con la medida, Moreno sostuvo el ajuste. “Debo lamentar la actitud de quienes niegan su aporte solidario al país. (…) Ante el déficit fiscal tendrán el 10 por ciento menos que el año pasado”, sostuvo el presidente. También pidió a las regiones que aún no normalizaron sus actividades que lo hagan. El gobierno puso en funcionamiento un sistema de semáforos para salir de la cuarentena por el coronavrius. Las autoridades reclamaron que todo el país entre cómo mímino en el color amarillo. Ecuador tiene el mayor índice de contagio por millón de habitantes en América Latina. Hasta el momento 43.378 personas contrajeron allí la enfermedad y 3.642 murieron.
A los reclamos de los universitarios se les sumaron los estatales de todo el país y ahora las entidades obreras. El recuerdo del estallido social de octubre del año pasado está latente en el gobierno. Tal vez por eso el 29 de mayo el ministerio de Defensa sacó el Acuerdo 179. Este regula el uso de la “fuerza letal” en “disturbios internos” para las Fuerzas Armadas. El Defensor del Pueblo de Ecuador Freddy Carrión pidió que se derogue la Resolución. “Primero porque de acuerdo a nuestra Constitución las FFAA no tienen facultad para controlar el orden interno. Eso es competencia de la policía. En segundo lugar, la protesta social no puede ser tomada como amenaza al orden interno, y por lo tanto facultar a las FFAA para que usen fuerza letal. Estamos hablando de armas de fuego que afectarían el derecho a la integridad y a la vida», sostuvo en diálogo con este diario el Defensor. Para el letrado no es casualidad que ante las medidas de fuerzas acordadas por los trabajadores el gobierno emita este tipo de resolución. «En este contexto de manifestaciones se debe garantizar el Derecho a la protesta social. Inclusive en nuestro país el Derecho a la resistencia figura como un Derecho Humano”, explicó Carrión. Ante la negativa del ministro de Defensa de dar un paso atrás con la normativa, el letrado presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Ecuador.
