Trabajo esclavo, desalojos y máscaras por R$ 0,10
La pandemia agrava la explotación de los migrantes bolivianos en São Paulo
Thais Lazzeri
Repórter Brasil, 1-6-2020
Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
En medio de la crisis del coronavirus, las costureras extranjeras pasaron dos meses «confinadas» en un taller de costura, trabajando 14 horas al día y ganando menos del salario mínimo. Además de las violaciones laborales, los bolivianos son víctimas de la violencia doméstica y las familias temen ser desalojadas.
«Aquí ya es Brasil», anunció el coyote después de cruzar ilegalmente la frontera entre dos bolivianos de 19 y 22 años, junto con Carlos (nombre ficticio), de 55 años, conocido por llevar a jóvenes a trabajar en talleres de costura en la mayor metrópoli de Brasil. Fue la mañana del 22 de marzo. En ese momento, la frontera en Bolivia estaba cerrada debido a la pandemia de coronavirus. Las víctimas fatales del covid-19 aquí fueron 11 – en comparación con las casi 30.000 muertes a principios de junio.
Ni siquiera una pandemia fue capaz de detener el tráfico de personas y el trabajo esclavo en Brasil», se lamenta el auditor Magno Pimenta.
Dos días antes, las jóvenes dejaron a su madre y hermanas con la promesa de un hogar, comida, trabajo y un salario mensual de 1.000 bolivianos (unos 780 R$ – aproximadamente 180 dólares) en el taller de costura de Carlos en São Paulo. Pero parte del arreglo ya no se cumplió en esos primeros días: tuvieron que asumir los costos del viaje – parte en autobús y parte en taxi – y durmieron con hambre, sin cenar. En Brasil, intentaron desistir cuando se les llamó «ilegales» y se les prohibió embarcarse a São Paulo por falta de documentación. Volver no era una opción, dijo Carlos, que prometió ocuparse de ello. Entró en la comisaría de la Policía Federal en Corumbá, Mato Grosso do Sul, en la frontera con Puerto Quarijo, Bolivia, y pagó «una taza de café» de 50 reales para continuar su viaje.
No había duda de que ese viaje de tres días, que comenzó con intimidaciones, el cruce ilegal de la frontera y terminó con el pago de una coima a un funcionario de la PF (Policía Federal), traería un futuro desastroso. Dos meses más tarde, las dos fueron rescatadas en condiciones análogas al trabajo esclavo en el taller de Carlos en el centro de São Paulo. La acción, el 20 de mayo, reunió a inspectores del trabajo del Ministerio de Economía, funcionarios de la Policía Federal, del Ministerio Público del Trabajo y del Ministerio Público Federal. El equipo también incriminó a Carlos por tráfico de personas, según un informe de inspección obtenido por Repórter Brasil.
“Presa” en el taller
El mismo día que llegaron al taller, recibieron las primeras instrucciones para coser los bolsillos, los puños y las mangas. Generoso, dijo uno de ellos, Carlos les permitió dejar de trabajar ese día media hora antes del final del día, a las 10 pm.
La rutina era inalterable. Las hermanas trabajaban de 7 a 10 de la mañana, con breves descansos para comer. Los sábados, de 7 a 12. El único pago que recibieron fue de 380 R$ – otros 120 R$ les entregó Carlos la primera semana a las jóvenes en la casa-taller. Los domingos, limpiaban el pasillo y el baño y podían hacer dos comidas. Para acceder a Internet, pagaron R$ 50.
Además de la jornada laboral de 14 horas, la precaria alimentación ofrecida por Carlos y el pago irregular, en los casi dos meses que las bolivianas estuvieron en el taller de costura, salir no era una opción. Durante la semana, la esposa de Carlos dijo que las jóvenes eran «muy lentas» y que salir a la hora del almuerzo interferiría con sus ganancias. Los jefes dijeron que necesitaban «coser más y mejor porque fueron traídas para hacerlo», entre gritos y maldiciones, según las declaraciones dadas a los auditores, a las que Repórter Brasil tuvo acceso. La puerta del taller estaba cerrada con llave los domingos.
«Ni siquiera una pandemia fue capaz de detener el tráfico de personas y el trabajo esclavo en Brasil», se lamenta Magno Pimenta, un inspector de trabajo que siguió la acción. «Nos dimos cuenta de que los propietarios de los talleres utilizaron la crisis del coronavirus para evitar que las jóvenes salieran de la casa-taller. La coerción es común, y ahora la pandemia sirve de excusa para el confinamiento de los trabajadores», añade.
La casa-taller fue contratada por la empresa Topo do Mar, ubicada en Brás, región central de la ciudad. Los dueños del taller pagaron R$0.50 por los pantalones cortos, un cuarto del valor por el que fueron contratados. Topo do Mar era responsable de los asuntos laborales y pagaba las indemnizaciones y compensaciones debidas a las trabajadoras. La tienda pagará el regreso de las hermanas a Bolivia. Repórter Brasil contactó a Topo do Mar por teléfono, pero el dueño dijo que no estaba interesado en dar una entrevista.
Carlos, que atrajo a las dos chicas bolivianas, responderá criminalmente. «Nos llamó la atención la naturalidad con la que el seductor lo contó todo, porque esto nunca sucede. Pero en ese caso, el testimonio de las víctimas chocó con el del jefe. Ser tan natural indica que es algo que se hace rutinariamente», analiza el auditor fiscal.
Las jóvenes están actualmente refugiadas en un lugar seguro en Brasil, según los auditores fiscales, porque su destino es incierto. En Brasil, están esperando para saber cómo y si podrán regresar a Bolivia debido a la pandemia y al cierre de la frontera.
La Policía Federal de Mato Grosso do Sul no respondió varias veces, por correo electrónico y por teléfono, sobre el supuesto pago de una coima a un funcionario.
Multa diaria de R$ 100 por no pagar el alquiler
Si la situación de los migrantes bolivianos siempre ha sido de mucho trabajo y pocos derechos, durante la pandemia sólo empeoró. Especialmente en el sector textil, según Carla Aguiar, trabajadora social del Centro de Apoyo y Pastoral del Migrante. «El impacto financiero entre los migrantes son mayores porque dependen de trabajos que sólo provienen de terceros. Así que si uno se detiene, todo se detiene. Es un efecto de cascada».
La situación todavía más precaria ha generado otro problema: el desalojo de inmigrantes. Muchos casos llegan al Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía (CDHIC), según Raquel Jevarauskas, la trabajadora social de la institución. «Como muchos no tienen documentación brasileña, hacen un contrato de alquiler directo con el propietario. Algunos quieren cobrar R$100 de multa por día por pago atrasado», dice Jevarauskas, señalando la dificultad de renovar los documentos adeudados al comienzo de la pandemia o de regularizar la situación en Brasil, ya que la Policía Federal, responsable del procedimiento, suspendió temporalmente el servicio para evitar la contaminación por el covid-19.
No poder renegociar el alquiler es uno de los muchos problemas a los que se enfrentaron Julio y su esposa, ambos bolivianos, durante la pandemia. El valor de las piezas de costura se desplomó después de la pandemia. Antes se les subcontrataba para coser mil camisas al mes, recibiendo 7 reales por pieza. Pudieron mantener la alta producción con días exhaustivos y contando con las horas de guardería y de escuela de los niños.
Pero la crisis del coronavirus cambió el escenario. Mientras que la producción se redujo a un máximo de 100 camisas por mes, el gasto en alimentos y las facturas de electricidad y agua aumentaron. Además de no obtener un descuento en el alquiler, tampoco tuvieron acceso a la ayuda de emergencia de 600 reales concedida por el gobierno. «Lamentablemente, nos vimos muy afectados. Y las cuentan no esperan. Queremos trabajar, pero tenemos poco servicio. ¿Cómo podremos pagar todo?»
Lamentablemente, por cierto, es la palabra que Julius repite exhaustivamente para explicar el cambio impuesto por el coronavirus. Para no dejar que sus hijos pasen hambre, dice, él y su esposa han acordado trabajar más para ganar menos. Ahora, además de las camisas, cosen máscaras a R$0,10 o R$0,20 la unidad – que luego se venden a R$10. Los niños mayores, dice, ayudan a cuidar de los más pequeños. El más joven cumplirá 2 años.
“Prefiero trabajar hasta el amanecer que tener a alguien que me golpee la puerta todo el tiempo», dice una boliviana que se separó de su abusador marido poco antes de la pandemia.
La combinación de una mayor demanda de máscaras, crisis y falta de trabajo ha acelerado la precariedad del trabajo entre los “informales” como Julio y su esposa. «Por eso, en esta pandemia es aún más importante recordar los derechos y la salud de los trabajadores», dice Lívia Ferreira, inspectora de trabajo.
“Era mucha tortura»
La boliviana Florinda (nombre ficticio), madre soltera de dos niñas, pasó el mes de marzo y principios de abril cosiendo máscaras «para juntar algo de dinero» después de 20 años en Brasil. Víctima de la violencia doméstica, tuvo el coraje de dejar al padre de sus hijas poco antes de que llegara la pandemia. «Era mucha tortura. Viví así durante siete años», dice, seguido de un largo período de silencio. «Prefiero trabajar hasta el amanecer que tener a alguien que me golpee todo el tiempo.» Depende de las donaciones de canastas de entidades para mantenerse. «Sin esa ayuda no sé lo que sería. No quiero ni imaginarlo».
Además de la precariedad aún más acentuada de los “informales”, la crisis también aumentó el desempleo entre los trabajadores domésticos migrantes y brasileños, que también empezaron a coser máscaras. Según Diana Soliz, directora del Sindicato de Empleados Domésticos de São Paulo, algunos informan de jornadas laborales de hasta 11 horas. «El desempleo llevó a todos al frente de una máquina de coser, a trabajar horas y horas y no recibir casi nada, R$ 0,10 por máscara. Es la esclavitud la que llama, ¿no?».
