por Saúl Escobar Toledo. México
Hace unos días, CONEVAL (www.conveval.org.mx) publicó un interesante estudio titulado “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México” (mayo 2020) que, en síntesis, advierte que los efectos de la pandemia tendrán un inevitable impacto en la economía, el comercio, el bienestar y las condiciones de vida de la población. Ello se debe principalmente a que “los efectos del desempleo afectarán de manera desproporcionada a los pobres y a los estratos más vulnerables” pues el 70 por ciento del ICTPC (Ingreso Corriente Total per Cápita) de los hogares depende de los ingresos laborales.
El problema es que la mayor parte de las ocupaciones son muy precarias. De esta manera, la parálisis productiva (por la reclusión hogareña) puede llevar no sólo a grandes caídas del PIB sino también a altos niveles de desocupación: pueden desaparecer hasta casi dos millones de empleos formales e informales que difícilmente se recuperarán, lo que a su vez provocarán un aumento de la pobreza. Los mexicanos en esta condición aumentarían de 61 a 71 millones. Por su parte, la cantidad de extremadamente pobres aumentaría de 21 a 31 millones de personas. Cifras que pueden cambiar de acuerdo con el comportamiento del ritmo económico.
Ante estos escenarios, CONEVAL afirma que es necesario diseñar una estrategia para afrontar los efectos que esta emergencia que incluya medidas de mediano y largo plazo, imprescindibles para construir un sistema de protección social que sea capaz de enfrentar eventos críticos como el que ahora padecemos.
El organismo evaluador considera que las previsiones originales del gobierno deban cambiar radicalmente. El crecimiento del PIB previsto antes de la pandemia para 2020; el fortalecimiento del mercado interno como consecuencia del aumento de las transferencias de los programas sociales; los ingresos de las remesas, así como una menor inflación y el aumento del gasto en inversión en infraestructura y sectores estratégicos, son expectativas que tendrán que ser reconsideradas ante la crisis sanitaria y la inminente desaceleración de la economía.
Por lo tanto, afirma, se requieren nuevas medidas, no contempladas antes de la pandemia, como una pensión universal mínima de retiro e invalidez financiada con impuestos generales. Igualmente, un seguro de desempleo contributivo y una renta básica ciudadana (de cobertura universal) o un piso mínimo solidario (que llegue al menos al 30% de la población más vulnerable).
Asimismo, aconseja subsidiar parcial o totalmente las cuotas obrero-patronales de la seguridad social a cargo de los empleadores durante los meses de distanciamiento social, e incentivar el empleo temporal mediante programas de gobierno
En el caso de los trabajadores informales recomienda aprovechar el programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, ampliando su cobertura de un millón a dos millones de créditos.
Para apoyar a los hogares propone también subsidios temporales por lo menos durante los meses que dure la emergencia al pago de la energía eléctrica y de los sistemas de agua. Otorgar despensas a las familias de los menores que son beneficiados con la provisión de alimentos en las escuelas, en tanto las clases se encuentran suspendidas. Y cupones para la adquisición de alimentos durante la contingencia sanitaria, como mecanismo para mejorar la seguridad alimentaria de los hogares
Finalmente, el CONEVAL considera que se deben reforzar los programas existentes anunciados el 23 de abril por el gobierno federal con un nuevo enfoque basado en la pobreza urbana. El costo de este reforzamiento oscilaría entre 294 mil millones de pesos (MMP) y 198 MMP. Es decir, entre 1.21 y 0.82% del PIB. Para financiar estos programas (y eventualmente otros de mayo alcance) considera que es “necesario un estímulo fiscal de un monto suficiente para apoyar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos”. Y propone una reforma fiscal, la reasignación de recursos que no son prioritarios, y el uso de partidas excepcionales.
En síntesis, CONEVAL centra su atención en los daños al empleo urbano (formal e informal, asalariado y por cuenta propia) y sus efectos en el nivel de vida de las familias. Y sostiene que hay que hacer todo lo que se pueda hacer para defenderlos. Hay desde luego otros rubros que deben ampliarse sobre todo en materia de salud y educación, pero lo central, en estos momentos, es defender los trabajos existentes.
El gobierno por su parte, como se ha visto, ha mantenido su programa original pese a la contingencia. No sólo eso. Además, decidió un ajuste al gasto gubernamental. Lo anterior fue ratificado por el presidente en un documento llamado “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”. Llama la atención que en dicho escrito no se hable de los empleos destruidos por la crisis y se limite a señalar que la creación de nuevas plazas de trabajo dependerá de la industria de la construcción y del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá sin tomar en cuenta otras propuestas y programas, por ejemplo, los que elaboró CONEVAL y otras que se han aplicado en diversos países.
Esta desatención no concuerda con la experiencia histórica y lo que se ha aprendido desde la crisis de 1929. Como se sabe, el crack dio lugar a un nuevo pensamiento económico encarnado principalmente en la obra de John M. Keynes. Según uno de sus principales biógrafos, Robert Skidelsky:
“En la década de 1930, la Administración de Obras Públicas del presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, financió con recursos públicos la construcción de aeropuertos, carreteras, presas, puentes, escuelas y hospitales. Además, proporcionó directamente empleos a los trabajadores desplazados por las empresas. Fue Keynes, agrega Skidelsky, quien sentó los fundamentos teóricos para una presencia pública cada vez mayor en las economías de mercado. Argumentó que, en una recesión económica, si el gobierno contrata directamente personas para trabajar, el efecto multiplicador de estos ingresos fomentará también la actividad en el sector privado, y que una política permanente por parte del gobierno para financiar y proteger los empleos atenuaría en gran medida las fluctuaciones del ciclo económico. De esta manera, la política fiscal debería ajustarse a estos objetivos y no al revés, como sucedía anteriormente, cuando se pensaba que el equilibrio debería mantenerse a toda costa.
Skidelsky insiste en que el papel del estado para crear y fomentar el empleo no ha sido nunca solamente un problema económico sino principalmente político pues involucra un debate sobre el tamaño del estado, su papel económico y los recursos que se requieren. Y concluye:
“Naturalmente, los ricos y poderosos generalmente han preferido un estado limitado que los deja libres para hacer lo que quieran con el dinero y el poder que controlan. Los pobres y excluidos, por el contrario, han recurrido al estado para protegerlos contra la inseguridad del mercado y las depredaciones de los ricos. Keynes estaba de su lado. Tenía razón al decir que el capitalismo no regulado no garantizaba el pleno empleo ni una distribución equitativa de la riqueza y los ingresos».
El saber acumulado desde 1929 pareciera darle la razón a CONEVAL. No sólo se tiene que gastar más (por encima de lo programado y del superávit primario) sino que se requiere proteger, principalmente, el empleo urbano. La diferencia entre una larga y profunda recesión y la posibilidad de suavizar esta curva (como se está haciendo con la epidémica) radica en esta fórmula. Salvar las ocupaciones existentes y fomentar la creación de otras permitirá mejorar la oferta y la demanda. Dejar que se pierdan llevará a un círculo dramático: mayor pobreza y menor crecimiento económico. Una lección que, en estos momentos de emergencia, respalda el FMI, el Banco Mundial, la UNCTAD-ONU, la CEPAL y todos (o casi) los economistas de diversos centros de estudio.
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