En el ámbito del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, por catástrofe y calamidad, producto de la pandemia del COVID-19, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, mediante el decreto supremo Nº 203 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha modificado el Decreto Supremo por el cual se promulgó el antes referido Estado de Emergencia, estableciendo que los Jefes de la Defensa Nacional tendrán todas las facultades “para impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública, para una adecuada implementación de las medidas sanitarias adoptadas”.
Esto significa que las FF.AA podrán actuar autónomamente por sobre las autoridades de la administración, puesto que la modificación retira la expresión “conforme a las instrucciones del Presidente de la República” con la que culminaba el artículo tercero Nº 7 del primitivo decreto supremo. Esto determina que los Jefes de plaza de las Fuerzas Armadas tienen una atribución discrecional para establecerse como jefes superiores de los servicios públicos, empresas del Estado y Municipalidades en la situación de emergencia. Considerando que esta modificación es la única que se realiza, se debe concluir que ese es el propósito específico del gobierno, desligarse de sus atribuciones y delegarlas sin contrapeso en las FF.AA.
Por lo demás, el propio Contralor de la República, al momento de tomar razón de este decreto, lo hace bajo observaciones o alcances. En efecto, don Jorge Bermudez señala que esta delegación de facultades no debe “alterar las funciones y atribuciones que el legislador ha radicado en los órganos de la Administración del Estado, dado que de lo contrario implicaría invadir la reserva legal”, añade que las instrucciones que puedan impartir los jefes de la defensa nacional “es sin perjuicio del control de las autoridades civiles sobre las FF.AA y de la responsabilidad derivada de dicho deber de control”. Las interpretaciones de los Estados de Emergencia deben ser, como toda excepción constitucional, de interpretación restringida, lo que hace esta decisión gubernamental es, por el contrario, lo que en términos coloquiales es un “cheque en blanco”.
Rechazamos esta decisión del gobierno de Sebastián Piñera. La autoridad política no debe resignar sus atribuciones encargando a las FF.AA el control de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia. Esta es una claudicación que no tiene otro propósito que descargar sus responsabilidades en la gestión y administración de la crisis. Un gobierno que desoye a los organismos técnicos que lo asesoran en materia sanitaria, no puede, en medio de una pandemia de orden planetario, delegar la conducción del del Estado en manos de las Fuerzas Armadas, que carecen de las competencias para asumir esta tarea en los términos que se propone.
La militarización del país resulta ajena al estado de derecho cuando se efectúa en una catástrofe que tiene como origen una pandemia, cuando es el Estado, la Administración Central, la que debe asumir el trance histórico. Solicitamos urgentemente restablecer el control estricto del gobierno y la autoridad civil de las tareas encargadas a las fuerzas armadas, y que las decisiones técnicas en los servicios públicos, empresas del Estado y Municipalidades sigan obedeciendo a directrices civiles, propias de un Estado democrático. Que como una garantía para el pueblo en general, la actividad de las militares se encuentre razonablemente regulada.
DIRECTORIO NACIONAL ANEF
