La Plataforma Chile Mejor Sin TLC se dirige a las organizaciones sociales, de derechos humanos y a la opinión pública para denunciar la persecución y hostigamiento en contra de uno de nuestros miembros, Esteban Silva Cuadra, así como la inadmisible incapacidad de los organismos policiales y del poder judicial para garantizar la debida protección y poner fin a lo que es claramente una persecución ilegal.
Esteban Silva Cuadra, es presidente de la Fundación Constituyente XXI y uno de nuestros representantes ante Unidad Social. Sus actividades como dirigente social son públicas, ampliamente conocidas, de larga data y absolutamente legales. Como muchos de nosotros, Esteban ha sido activo participante de las muchas formas de movilización que se han producido desde el estallido social del 18 de octubre, y ha aportado permanentemente al debate por una Asamblea Constituyente efectivamente soberana y sin amarres.
Desde hace tres meses Esteban ha sido blanco de múltiples formas de hostigamiento, desde campañas de difamación por redes sociales, amenazas de muerte por teléfono y redes sociales, vigilancia de su casa por personas en vehículos sin distintivos y, finalmente, el día 18 de diciembre ingresan a su casa -rompiendo puertas y cerraduras- individuos desconocidos cuando la casa se encontraba sola. En esta última ocasión, los individuos revisaron la casa entera, desordenaron y botaron al suelo o sobre las camas diversos bienes y elementos, y finalmente se llevaron un computador y un celular. En el proceso, encontraron varias cosas de valor, pero no se las llevaron y las dejaron a la vista para que fuese claro que no habían pasado desapercibidas y que el motivo del ingreso no fue el robo.
Nuestro compañero denunció inmediatamente el hecho ante la Comisaría de Carabineros más cercana. De manera insólita, ni Carabineros ni ninguna otra autoridad competente hasta este momento ha acudido a su domicilio a investigar los hechos, a pesar de que Esteban reiteró la denuncia tres horas más tarde.
Con anterioridad a la invasión de su domicilio, Esteban había interpuesto una denuncia criminal ante el Poder Judicial, junto al Abogado Carlos Margotta, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de quienes resulten responsables de los actos de hostigamiento, y la propia justicia dictaminó que habían elementos suficientes para aprobar el procedimiento y determinó que siguiera adelante la denuncia, que debe ser investigada por la Fiscalía Centro Norte de Santiago. Esta vez, la nota insólita la puso el Fiscal de Ñuñoa Pérez Galleguillos, quien archivó la causa por ingreso al domicilio de Esteban sin dar más explicaciones que la supuesta falta de antecedentes. Ello sin haber ordenado investigación alguna y a pesar que al momento de interponer la demanda se entregaron numerosos antecedentes, como las patentes de los autos que han vigilado la casa de Esteban, fotos de los vehículos, copia de los diversos mensajes con amenazas, etc.
Lo ocurrido a nuestro compañero Esteban Silva no es un hecho aislado, hostigamientos y espionajes similares han sufrido muchos dirigentes sociales en estos meses. Las violaciones a los derechos humanos y a garantías democráticas básicas nos han devuelto a los peores tiempos de la dictadura de Pinochet. El Instituto Nacional de Derechos Humanos publicó un catastro que contabilizó 9.245 personas detenidas durante el estallido social, entre el 17 de octubre del año pasado y el 3 de febrero. Los datos fueron recogidos de manera directa por observadores en las comisarías. La cantidad de personas que han perdido sus ojos por impacto de balines ha convertido a Chile en un ejemplo mundial de brutalidad policial. Hay denuncias documentadas de torturas, detención de niños y niñas y seguimos esperando justicia para más de 30 personas asesinadas. A eso se suma el proceder de gran número de jueces que han determinado medidas de extrema dureza contra manifestantes, mientras carabineros que han participado en abusos y crímenes documentados ni siquiera reciben una reprimenda. No es extraño entonces que Carabineros haya abandonado totalmente su función de proteger a la ciudadanía y haya pasado a ser el brazo armado del ejecutivo y de una elite que quiere criminalizar y perseguir a aquellos que piensan y quieren un país diferente y más justo. No podemos dejar de expresar nuestro fundado temor que un próximo paso de la represión sea cumplir con las amenazas de muerte, palizas o desaparición.
Como parte del pueblo organizado, exigimos el cese de todo tipo de vigilancia, seguimiento o amedrentamiento contra nuestro compañero Esteban Silva y cualquier otro u otra ciudadano. Exigimos asimismo la liberación plena de cientos de dirigentes y manifestantes que hoy se encuentran formalizados. Demandamos una reforma profunda de Carabineros y otras fuerzas policiales, que garantice su papel protector y castigue la represión política.
Queremos un Chile donde las garantías democráticas efectivamente se cumplan, lo que no ha ocurrido desde el golpe militar de 1973. Por lo mismo, somos parte del pueblo movilizado que exige una Asamblea Constituyente original, soberana, plurinacional, paritaria. Cuando las instituciones están en crisis, como ocurre hoy en Chile, el poder constituyente vuelve a su origen y éste es el Pueblo.
Plataforma Chile Mejor sin TLC
Febrero 2020
