Por Carlos Ernesto Sánchez
LE MONDE DIPLOMATIQUE EDICIÓN CHILENA 30 de noviembre de 2019
El día 30 de noviembre de 1978 fueron encontrados 15 cuerpos asesinados y enterrados clandestinamente por Carabineros de Chile, pertenecientes tenencia de Isla Maipo, a cargo en ese entonces del Teniente Lautaro Castro Mendoza.
Un anciano campesino buscando a su hijo, que había sido detenido, llega hasta la mina abandonada de Lonquén, donde descubre varios restos de seres humanos. Se acerca a la Vicaría de la Solidaridad y denuncia ante el Sacerdote Cristian Precht lo descubierto. El Vicario Episcopal organiza a un grupo de hombres buenos, correctos y creíbles y concurren hasta el lugar, hallando 15 cuerpos de hombres de 17 a 51 años.
La sociedad se conmovió y muchos fuimos en peregrinación hasta el lugar convocados por el horrible crimen cometido por Carabineros de Chile, quienes ante la justicia mienten tratando de tergiversar la verdad de lo ocurrido. El 2 de julio de 1979, el Fiscal Militar dictó encargatoria de reo en contra del Capitán Lautaro Castro Mendoza, y a los carabineros, Juan J. Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto R. Torres González, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda y Justo Romo Peralta, todos en calidad de autores del delito de la muerte de quince detenidos el 7 de octubre de 1973. Sin embargo, el 16 de agosto en virtud del Decreto Ley de Amnistía de 1978, se sobreseyó definitivamente en favor de los reos. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979 Como este crimen hay otros en los cuales Carabineros ha sido ejecutor y en la mayoría de ellos sus acciones han quedado en total impunidad.
Desde tiempos de la dictadura, Carabineros no ha tenido un comportamiento cercano a la gente. Las conductas que hoy reprochamos a los uniformados de verde, es solo una pincelada de otras acciones donde han cometido los más feroces crímenes y falta a los Derechos Humanos.
Una vez terminada la investigación, los familiares de las quince víctimas pidieron que se les entregaran los cuerpos para sepultarlos. Sin embargo, aunque el Fiscal Militar Gonzalo Salazar ordenó entregar los restos de las víctimas a sus familias, los restos fueron sacados esa noche del Instituto Médico Legal en forma subrepticia y fueron enterrados en una fosa común con el fin de evitar cualquier tipo de demostración contra un régimen que en repetidas ocasiones había declarado que los detenidos-desaparecidos eran un invento de la izquierda. De hecho, seis meses antes del hallazgo de Lonquén, el ministro del Interior, el civil Sergio Fernández, dijo, en respuesta a las presiones por parte de familiares de detenidos-desaparecidos, «es muy factible que la gran mayoría de los presuntos desaparecidos haya pasado a la clandestinidad o haya caído en enfrentamientos bajo las identidades falsas que portaban, impidiendo su individualización.» Lonquén, sin embargo, comprobó que al contrario de lo que decían las altas cúpulas del régimen, los detenidos desaparecidos no solamente tenían nombre y apellido, pero en este caso habían muerto bajo circunstancias extrañas y sus cuerpos habían sido ocultados.
Las víctimas Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Álvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro no solo fueron asesinados, sus cuerpos fueron secuestrados desde el Instituto Médico Legal y enterrados clandestinamente.
Así actuó la dictadura cívico militar y carabineros de Chile, los mismos a los que hoy Piñera defiende a ultranza.
