Por Paula Huenchumil.
Tras las bombas del jueves 25 de julio, el gobierno llamó a aprobar la llamada ley corta antiterrorista que busca dotar a los fiscales de atribuciones extraordinarias para indagar en grupos sospechosos de cometer actos terroristas. Para Villegas, históricamente las leyes antiterroristas se han usado para aplacar a los principales disidentes del Estado. En el caso de Chile, «ha sido aplicada mayoritariamente a personas mapuche».
Tras el envío de dos artefactos explosivos el pasado jueves 25 de julio a la 54º Comisaría de Carabineros de Huechuraba y a la oficina del ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el presidente Sebastián Piñera emplazó al Congreso a aprobar una nueva ley antiterrorista, declaraciones que fueron respaldadas por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.
“Hago un llamado de unidad de enfrentar el terrorismo como una visión de país”, dijo Chadwick. Además reiteró que el gobierno “tiene la decisión de combatir la acción terrorista, una de esas expresiones es que presenta de inmediato querellas criminales por acciones terroristas para efectos de que el gobierno pueda colaborar con la Fiscalía”, en el proceso de investigación, dijo en 24 Horas.
“Lo que me parece oportunista es que se utilice este hecho inmediatamente para poder propiciar una reforma rápida a la ley de conductas terroristas”, dice la académica de la Universidad de Chile, Myrna Villegas.
La doctora en Derecho y postgraduada en criminología por la Universidad de Salamanca, explica que el envío de cartas o encomiendas explosivas está regulada en la ley de control de armas, en el artículo 14 d y, por lo tanto, es un delito común, normativa que fue modifica el año 2015.
“Para que pueda calificarse como terrorista tiene que cumplir ciertas finalidades. Hay que probar que el autor tuviese como finalidad causar temor a la sociedad, de que cualquiera pueda ser víctimas del delito de la misma especie. Hay que mirar bien la legislación antes de acudir a la norma más grave, que es la del terrorismo”, dice Villegas.
Además la abogada explica que el tipo penal de la ley antiterrorista es tan amplio “que va a quedar a criterio del juez si lo aplica o no. Ese es el nivel de inseguridad jurídica que tenemos los ciudadanos, porque depende del juez que te toque”. A la vez, recuerda que la ley de conductas terroristas ha sido aplicada mayoritariamente a mapuche, «yo diría que la mayor cantidad de los casos, independiente cómo hayan terminado».
La Ley Corta.
El miércoles 24 de abril de 2019 ingresó en el Senado un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el “objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas”. En la práctica esto es poder realizar interceptaciones de las comunicaciones, establecer agentes encubiertos, informantes y entregas vigiladas.
El proyecto no contó con la unanimidad de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pero sí recibió la aprobación del presidente de la instancia legislativa, el senador Felipe Harboe y de los senadores Andrés Allamand y Víctor Pérez; mientras que los senadores Francisco Huenchumilla y Alfonso De Urresti, votaron en contra.
“Yo me opongo porque esa ley corta -que es apena una frase- no ayuda en nada en la lucha contra el terrorismo, porque el proyecto grande que modifica la ley antiterrorista está paralizado hace un año. Y eso es porque el Gobierno la tiene abandonada, no le ha dado ninguna urgencia y fue en abril cuando el gobierno salió con esta ley corta que pretende darle más facultades a los fiscales, lo que es muy difícil si no tenemos un acuerdo entorno a una ley que cumpla con los estándares internacionales, y que se ha mostrado totalmente ineficaz los últimos años”, explica el senador Francisco Huenchumilla.
Además, Huenchumilla plantea que ley corta del gobierno pretende darle más atribuciones a los fiscales “en circunstancias en que la ley antiterrorista ha sido aplicada al mundo mapuche, con los resultados que la gente conoce”.
Por su parte, Myrna Villegas dice que “no hay nada más político que una ley antiterrorista. Históricamente han sido instrumentos del Estado para aplacar a sus disidencias, normalmente se transforman en eso. Más allá que uno pueda creer que exista el terrorismo, las leyes antiterroristas se utilizan para aplacar o beneficiar ciertos sectores, que el poder político las utiliza cuando le sirve”, concluye la académica del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile.
26 de julio, 2019
Fuente:https://interferencia.cl/articulos/villegas-oportunista-es-usar-atentado-para-reformar-la-ley-anti-terrorista
