Diario La Quinta, Valparaíso
por Roberto Córdova
Derivada del mapudungun, la palabra Funa hace referencia a lo que se pudre. Qué término más apropiado en una sociedad degradada como la chilena. Las FF.AA. degradadas, el parlamento degradado, las iglesias degradadas, los medios de comunicación degradados, los partidos políticos degradados, la presidencia de la República degradada, los empresarios pufff…
Y en medio de toda esta podredumbre, el Poder Judicial, el gran impune del juicio de la historia reciente; el que se arrodilló ante el crimen organizado de la dictadura cívico-militar; el que lamió botas y dejó a la intemperie a los que clamaban por un poco, solo por un poco de justicia. ¿Quién juzgará a los supremos de la justicia, a esa tropa de cobardes (salvo honradísimas excepciones) que desamparó a miles de compatriotas? Sin lugar a dudas, el Poder Judicial es el candidato número uno a ser funado.
Este Poder Judicial que después de 30 años de “democracia” sigue beneficiando a los criminales de lesa humanidad, sigue pagando favores a los criminales de la dictadura, a los poderes económicos y a los que nos gobiernan. Está casi naturalizado que los delincuentes de cuello y corbata no van a la cárcel. No, la cárcel sigue siendo el castigo para los patipelados.
Hace 20 años, un conjunto de organizaciones vinculadas al trabajo de Derechos Humanos que perseguía justicia ante los crímenes del régimen encabezado por Pinochet, y dado que está llegó poco y mal, decidieron conformar un movimiento que compensara esa falta de justicia por parte del órgano del Estado encargada de administrarla y aplicarla. La Comisión Funa ha denunciado y expuesto sistemáticamente a los asesinos que no fueron tocados por los jueces rastreros. Su lema: Si no hay justicia, hay Funa.
Fue esta Comisión la que popularizó el concepto y un método organizado de compensación frente a la injusticia nuestra de cada día. No obstante, ha habido múltiples acciones de Funa contra personajes de la vida pública como expresión de condena social a sus actos. Hechos espontáneos, no premeditados ni organizados. Como la reacción de unas bañistas ante el “dueño” del lago Ranco, quienes grabaron y funaron virtualmente al guatón Pérez.
Y ahora una profesora, en el contexto de un paro prolongado del magisterio, donde la ministra Cubillos, fiel al perfil de su líder Pinochet y obsecuente a los intereses neoliberales, ha demostrado displicencia en su trato con el gremio, al punto del desprecio ante las demandas de decenas de miles de profesores movilizados.
La profesora Irene Tapia, ante la impotencia de no ser escuchados como gremio, y a propósito del hecho fortuito de encontrarse a la ministra saliendo del cementerio (campo santo, como le gusta decir a los siúticos), tomó su celular y procedió a funarla. Con respeto, eso sí.
Esta Funa no pasó inadvertida para la clase política, que transversalmente salió a condenar el acto de la profesora de matemáticas. Qué la derecha gobernante salga a defender a una de las suyas, es obvio. Lo que resta decir frente a esa defensa corporativa es su falta de calidad moral para exigir respeto a una persona que viene saliendo del cementerio; ese lugar sagrado donde estos mismos personajes que reclaman respeto con el recogimiento de la ministra, guardaron sistemático silencio cuando su dictadura reprimió, una y otra vez, a los cortejos fúnebres de las personas que su régimen asesinaba. Y bueno, la hipocresía es su impronta.
Lo que si extraña, es la crítica del diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social del Frente Amplio, a la Funa legítima y respetuosa de la profesora. Quizá el diputado desconoce la historia de atropellos ordenados a las fuerzas policiales en los “campos santos” por los líderes de la ministra. O quizá a Winter le preocupa hoy más la forma y el comportamiento políticamente correcto, que la justicia compensada por el pueblo a través de la Funa. Igual sorprende el que, a pesar de conocer dicha historia, el alcalde comunista Jadue señale que no debemos ser irrespetuosos como lo ha sido la derecha históricamente, empatando con Winter respecto de las formas y lugares donde el pueblo debe manifestar su indignación ante la injusticia. En fin, la institucionalidad obliga.
