Las empresas transnacionales del sector farmacéutico son objeto de frecuentes críticas por los abusos de su poder de mercado e incluso corrupción. Y es que los medicamentos no son una industria como las demás, sino que sus “leyes de mercado” tienen modalidades particulares.
Primero, por el hecho que tienen un mercado cautivo (personas que padecen enfermedades o preocupadas por su salud), que es una clientela vulnerable, cuyas decisiones de compra dependen no tanto de sus gustos, ni en muchos casos de su real poder de compra, sino de quienes les recetan los medicamentos (generalmente los médicos) o de la urgencia de curar o aliviar alguna dolencia a cualquier costo. Se trata también de un área donde la calidad del producto puede ser de vida o muerte. Esto último, y la protección de patentes, son factores que disminuyen la competencia.
Este cuadro le da a la industria farmacéutica un poder desmedido para fijar los precios de comercialización, no tanto en proporción al costo real de producción, cuanto que en función de lo que el precio de mercado puede alcanzar. Los fenomenales ingresos de estas empresas transnacionales atestiguan de esta realidad; las tres mayores empresas mundiales: Novartis, Roche y Pfizer, suman en total un ingreso anual de 129 mil millones de dólares; el PIB de muchos países no se acerca ni de lejos a esta cifra.
Como ejemplo flagrante del sobre-precio basta recordar el caso de Sofosbuvir, desarrollado para tratar la hepatitis C (una enfermedad que antes no tenía cura), que afecta a más de 170 millones de personas en el mundo y puede causar la muerte. Hace 5 años, Gilead Sciences de EEUU compró la empresa Pharmasset por 11.000 millones de dólares, junto con la patente del Sofosbuvir, medicamento cuyo precio de venta multiplicó por 100. Un tratamiento diario durante 12 semanas llegó a costar hasta US$84 mil dólares [1]. Con la venta de este producto, en un año la empresa recuperó toda su inversión. Si bien ha bajado en algo el precio, el medicamento sigue siendo inaccesible a muchos enfermos de hepatitis C.
Cabe decir que, si los sectores empobrecidos no pueden pagar los precios elevados, tampoco es de preocupación para la industria: los pobres son vistos como un mercado para vender los medicamentos más comunes y baratos. Ello sin hablar de las “enfermedades olvidadas”, aquellas que afectan principalmente a sectores pobres del Sur y para las cuales las farmacéuticas no se empeñan en investigar medicamentos para contrarrestarlos, porque no se lo ve como una opción rentable; es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas, de la cual se estima que apenas el 1% de personas afectadas tienen acceso a la medicación.
Ante este panorama de indefensión de la población frente al poder de la industria farmacéutica, le corresponde al sector público una alta responsabilidad para aplicar las necesarias medidas y regulaciones de control y equilibrio del poder de mercado, para garantizar el derecho humano a la salud, particularmente para los sectores más empobrecidos. Un signo alentador en este sentido fue la resolución, este año, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reafirma que el acceso universal a medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una condición para gozar del derecho a la salud.
El acuerdo reitera el llamado a los Estados a que continúen colaborando para desvincular el costo de la nueva investigación y desarrollo, de los precios de los medicamentos, vacunas y diagnósticos, en el caso de enfermedades que afectan principalmente a los países en desarrollo y las enfermedades tropicales olvidadas. En otro acuerdo, se reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de los Estados en materia de salud pública, mediante, entre otras medidas, la aplicación efectiva de las flexibilidades reconocidas para países en desarrollo bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual), para reducir el costo de las medicinas, por ejemplo, con el establecimiento de licencias obligatorias para producir medicamentos genéricos.
En la práctica, sin embargo, los países muchas veces son presionados a renunciar a estos derechos, particularmente si han firmado acuerdos comerciales. Tales acuerdos suelen incluir provisiones “TRIPS plus”, como una prolongación del plazo de las patentes y el sistema de disputas inversionistas-Estados que amenaza el uso de licencias obligatorias y otras flexibilidades de TRIPS. El Acuerdo Transpacífico (TPP), en caso de ser ratificado, alargaría, por ejemplo, los patentes para las nuevas drogas biológicas (resultantes de la biotecnología), que de por sí suelen ser mucho más caras, y prevé además que, a corto plazo, los países en desarrollo signatarios deben adoptar las mismas reglas de patentes que se aplican en los países desarrollados.
Respuestas regionales
En América Latina se está buscando diversas respuestas a estos retos. Por ejemplo, en 2010, el Ministerio de Salud de Perú lanzó un Observatorio de Productos Farmacéuticos (http://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/), donde los consumidores pueden ubicar dónde comprar las medicinas más convenientes para sus tratamientos y a menores precios. La medida ha contribuido a rebajar los precios.
Una de las medidas más efectivas es la compra pública agregada, que significa que el Estado negocia en masa la compra de los medicamentos que más necesitan los servicios públicos de salud, lo que le permite un mayor poder de negociación con las empresas productoras. Por ejemplo, este año el gobierno ecuatoriano compró 326 medicamentos, de los más usados para el tratamiento de las principales causas de muerte, mediante una subasta inversa (o sea, donde son los vendedores que pujan, y gana la oferta de menor precio), lo que le permitió un ahorro de unos 320 millones de dólares, (y eso, comparado con el precio más bajo de venta en la región de cada medicamento; entonces representa un ahorro mucho mayor en relación a lo que antes pagaba). Todo el proceso es de acceso público: https://subastademedicamentos.compraspublicas.gob.ec/[2]
Antes de lanzar la subasta, Ecuador realizó un estudio de los precios de todos los medicamentos más esenciales en la región, y encontró que una misma empresa farmacéutica vende el mismo medicamento en diferentes países con variaciones de precios de hasta 300% o incluso 600%, en algunos casos. El estudio le permitió fijar el precio referencial de la subasta, ya que normalmente las farmacéuticas no sueltan este tipo de información.
Sin duda esta ventaja aumentaría si varios países compran en conjunto, lo que se hace posible en el marco de los acuerdos de integración regional. Los países de Centroamérica ya cuentan con un mecanismo común para la compra de unas 64 medicinas básicas; y ahora los países de Suramérica (o varios de ellos) están considerando la posibilidad de hacer lo propio, para lo cual Ecuador ha puesto a disposición de Unasur su base de datos de precios en la región.
Por su parte, el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), entidad de Unasur, está impulsando una serie de medidas para estos propósitos. Además de impulsar una compra pública agregada entre los países interesados y de ampliar la base de datos de precios (la cual se hará público), se está elaborando un mapeo de las capacidades productivas de medicamentos en la región, en particular en el sector público, con la idea de que un país productor podría abastecer a toda Suramérica con un medicamento específico, a menor costo. Hay iniciativas también que apuntan a desarrollar nuevos medicamentos para las enfermedades particulares de la región, en particular las “olvidadas”.
Otras respuestas que se están trabajando regionalmente incluyen: desarrollar vademécums fármaco-terapéuticos en el sistema de salud pública (históricamente han sido elaborados por las empresas) con información más completa y objetiva para orientar a los médicos; adoptar legislaciones adecuadas para fijar techos a los precios de medicamentos, evitando el mal uso de las patentes; homologar los sistemas de registro sanitario y de control de calidad, que no tienen por qué ser distintos en cada país. En el caso de medicamentos “biosimilares” (un equivalente de genéricos, para los medicamentos biológicos), por ser más complejos, hay la exigencia adicional de asegurar que tengan la misma calidad, lo que requiere invertir en investigación previa, que se podría hacer conjuntamente.
Amenazas
No obstante, se sigue enfrentando diversos problemas. Uno de ellos es la “judicialización de la salud” como le explicó a ALAI, en una entrevista, la nueva directora ejecutiva de ISAGS, Carina Vance. Los ministros de salud de la región han identificado que es una de las principales amenazas a los sistemas de salud, tanto para el uso racional de medicamentos, como para la sostenibilidad de los sistemas, afirmó. Por ejemplo, hay juicios planteados por grupos de enfermos que han obligado al Estado a cubrir el costo de medicamentos patentados, que no están en el cuadro nacional de medicamentos, ni necesariamente son mejores, siendo además que el sistema judicial no está capacitado técnicamente para juzgarlo. Colombia, en 2003, tuvo que gastar más de mil millones de dólares por casos judicializados. En varias oportunidades se ha descubierto que los bufets de abogados u ONGs que auspician a estos grupos de pacientes reciben financiamiento de las empresas farmacéuticas transnacionales, lo que constituye un claro conflicto de interés.
A la par de estas prácticas, los niveles de corrupción van penetrando a diversos estamentos de la sociedad. Es el caso de los premios e incentivos económicos que las farmacéuticas entregan a ciertos médicos para que receten sus medicamentos de marca, o a las farmacias que más venden sus productos.
También hay cortes nacionales que han bloqueado, por ejemplo, el uso de medicamentos “biosimilares”, por demanda de las empresas. O hay empresas farmacéuticas que deciden unilateralmente retirar un medicamento y remplazarlo por otro más caro, como lo denunció recientemente en Ecuador una fundación que trabaja con personas hemofílicas.
En suma, la concentración del poder de mercado de las transnacionales farmacéuticas representa una amenaza directa al derecho a la salud. La única manera de enfrentar efectivamente este poder es con políticas públicas, que tendrán mayor fuerza si son concertadas regional e internacionalmente. Todos los gobiernos, con independencia de su color político, son afectados. En tal sentido es preocupante la tendencia en algunos países hacia la reprivatización de los servicios públicos, que reduciría este margen de maniobra; y más aún, dado el carácter del sector farmacéutico, podría prestarse para afianzar el cuadro de corrupción. Asimismo, sería inadmisible que se siga entregando mayores prerrogativas a estas empresas a nombre del libre comercio o de atraer la inversión extranjera.
[1] Martin Khor, Access to medicines and the right to health and life, www.alainet.org/es/node/168961
[2] Ver también: Sally Burch, El poder de las farmacéuticas y el derecho a los medicamentos, www.alainet.org/es/articulo/179977
Artículo publicado en la edición 517 (septiembre 2016) de la revista América Latina en Movimiento de ALAI, titulada “El poder transnacional y los nuevos TLCs”.
Reproducido de El Viejo Topo
