DIARIO UNIVERSIDAD DE CHILE.
Patricio López | Viernes 18 de enero 2019 8:49 hrs.
La concepción de la migración como un derecho no sería un acto de bondad por parte del Estado de Chile, sino que es su obligación. Recordemos que a propósito del retiro del país del Pacto Mundial de Migraciones, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, había dicho que “la migración no es un Derecho Humano” y que “si fuera un Derecho Humano, entonces estaríamos en un mundo sin fronteras”, declaración que debió ser corregida 48 horas después por el canciller Roberto Ampuero.
Esta rectificación formal, en todo caso, no se ha expresado en lo legislativo. El retiro del Pacto y la tramitación del actual proyecto corresponden al mismo paradigma y el propio presidente Piñera se felicitó porque aquel retiro había ayudado a hacer posible la actual legislación. Fue elocuente: afirmó ayer que, cito textual, “(vamos a) cerrar nuestras puertas y ojalá con machetes a los que vienen a causarnos daño”. A pesar de las distintas posturas que existen sobre este tema, esta declaración parece tan sorprendente que es mejor que cada cual la califique por sí mismo.
En su declaración, es cierto, Piñera se refería a grupos de migrantes que podrían practicar en Chile el contrabando, la delincuencia y el narcotráfico, pero según los datos duros es impropio que se adjudique a un sector de la población, en este caso los migrantes, fenómenos que ya existían en Chile previamente y que son llevados a cabo mayoritariamente por chilenos. Aquí ya hay discriminación. También la hay en las políticas impulsadas durante este año en relación a haitianos y venezolanos, diciendo con ello casi sin disimulo que esos migrantes son más indeseables que otros.
El actual proyecto no ve a la migración como un fenómeno mundial que simplemente hay que dar por sentado, sino como un problema que hay que resolver. Y claro, los seres humanos que migran son los culpables del supuesto problema. Adicionalmente, hay un supuesto compromiso del Gobierno con la defensa de la soberanía nacional, el cual, recordemos, fue reivindicado por el propio canciller Roberto Ampuero, al justificar el retiro del Pacto Mundial para las Migraciones con la afirmación de que “Chile no va a adherir a nada que pueda ser utilizado en su contra en cortes internacionales y que atente contra la soberanía del Estado”. Es curioso invocar aquella declaración hoy, cuando en paralelo el Gobierno hay puesto suma urgencia al TPP-11 que se caracteriza, precisamente, por entregar mayores porciones de la soberanía política nacional a tribunales internacionales.
Alguien debería explicarnos cómo se puede nacionalista frente a las personas y los derechos humanos y al mismo tiempo globalizados respecto a los capitales trasnacionales.
