Ola feminista
Enfrentadas al patriarcado
Un presunto caso de acoso sexual en la Universidad de Chile bastó para que estudiantes chilenas de todo el país alzaran barricadas contra una sociedad de raíces profundamente patriarcales y autoritarias, construyendo una suerte de mayo del 68 feminista.
Horacio Brum, desde Santiago de Chile
Brecha, 1-6-2018
“Pink Lady usará Facebook e Instagram para conquistar a las mujeres chilenas (…) se enfocará en el público femenino y se vinculará con conceptos como coquetería y glamour.” Esta noticia de una campaña de venta de manzanas se publicó en El Mercurio, el diario más importante de Chile, mientras más de una docena de facultades universitarias de todo el país se encuentran tomadas por las estudiantes en lo que los medios han bautizado como “la ola feminista”, al tiempo que el gobierno trata de sacar todos los trucos de la manga para contenerla.
Todo comenzó hace un mes, cuando las estudiantes de derecho de la Universidad de Chile ocuparon su facultad para exigir la conclusión de un sumario, muy demorado, a Carlos Carmona, un catedrático de nota y ex presidente del Tribunal Constitucional, quien habría hecho caricias bastante más que paternales a una estudiante ayudante. En una asamblea estudiantil de la Facultad de Derecho, unos 600 participantes votaron el 27 de abril pasado a favor de esta medida de protesta que no sólo denunciaba el caso particular de la compañera denunciante, sino “una institucionalidad completamente rebasada que ya hace tiempo ha demostrado ser incapaz de dar soluciones reales a los problemas que enfrentamos las mujeres en nuestros espacios”, según un comunicado que emitió esa asamblea.
La movilización se extendió con rapidez a otras universidades y colegios secundarios, se prolongó en el tiempo (para hoy está prevista una jornada nacional de protesta feminista con convocatorias en varios puntos del país), amplió su horizonte de reivindicaciones y puso en la agenda pública todos los temas relacionados con el abuso y la discriminación contra las mujeres. El 16 de mayo una marcha por el centro de Santiago tuvo decenas de miles de asistentes, incluidos muchos hombres jóvenes.
Una encuesta realizada por la empresa Cadem puede indicar cuánto deberá golpear la ola feminista en Chile para derribar los acantilados del conservadurismo: el 69 por ciento de los entrevistados apoyó las reivindicaciones de las mujeres, pero el 71 por ciento manifestó su disgusto porque algunas de ellas habían marchado el 16 de mayo con los senos al aire.
Por otra parte, continúa el debate por los intentos de las actuales autoridades de salud del nuevo gobierno de Piñera de permitir que reciban fondos del Estado las instituciones asistenciales privadas que se niegan a cumplir la ley de terminación del embarazo, promulgada durante la última presidencia de Michelle Bachelet. Debido a la influencia parlamentaria de los sectores conservadores, dicha ley creó la figura de la “objeción de conciencia institucional”, pero el gobierno de Bachelet había dispuesto que se cancelaran los convenios con el Ministerio de Salud de aquellos establecimientos de salud que se negaran a realizar abortos. En una campaña iniciada por la Universidad Católica, que maneja una de las clínicas más grandes del país, la objeción de conciencia institucional se convirtió en una herramienta eficaz de boicot a la ley, porque existen muchas instituciones sanitarias bajo la influencia de la Iglesia. Además, las poco discretas presiones de ésta, reforzadas durante la visita del papa Francisco, hicieron que decenas de médicos del sistema público se declararan objetores, al punto que en algunas ciudades no hay profesionales disponibles para los procedimientos de aborto. El rector de la Universidad Católica, quien había mandado izar la bandera universitaria a media asta el día de la aprobación de la ley de terminación del embarazo, incluso presentó un recurso de protección contra ella.
Radiografía de una desigualdad
Las cifras del Registro Civil indican que el porcentaje de hijos no matrimoniales llega al 73 por ciento, y aunque 85 por ciento de ellos son reconocidos por ambos padres, la mayoría vive en hogares monoparentales encabezados por mujeres. Casi la tercera parte de esos hogares pertenece al sector más pobre de la población. Una encuesta realizada por el gobierno anterior reveló que los hombres perciben el 62,3 por ciento de los ingresos del hogar, mientras que las mujeres sólo ganan el 37,7 por ciento, sin que los años de educación reduzcan esa brecha. En Chile las mujeres conforman casi la mitad de la masa laboral, pero, en iguales condiciones de función, experiencia y edad, pueden ganar entre 25 y 30 por ciento menos que los hombres. La discriminación se revela en muchos otros datos: las mujeres jóvenes (en “edad fértil”, según las empresas de salud privadas) pagan seguros de salud hasta 200 por ciento más caros que los hombres, por los supuestos costos de dar a luz; de las 61 universidades nacionales, públicas y privadas, solamente tres tienen rectoras, y aunque casi el 54 por ciento del alumnado es femenino, las profesoras no llegan al 44 por ciento; pese a la ley de cupos, que se aprobó el año pasado, en el parlamento hay 47 legisladoras en un total de 205 escaños, y según dijo recientemente a la prensa Maya Fernández, nieta de Salvador Allende y presidenta de los diputados, fue necesario un acuerdo político especial para garantizar que ese puesto corresponda a una mujer durante el período de gobierno en curso.
Además de las estadísticas de agresiones sexuales (la jefatura de Delitos contra la Familia, de la Policía de Investigaciones, informó en abril que se denuncia un delito sexual cada 17 minutos, y que ha habido un aumento importante en 2017), las cifras de los hechos de violencia también muestran un panorama dramático de la situación de las mujeres chilenas. Según el Ministerio de Salud, hay en promedio 65 casos al día de agresiones a mujeres, y son frecuentes las noticias de hombres que matan a sus parejas por celos, tratan de quemar la casa con ellas y sus hijos dentro, las apalean o las torturan. Uno de los casos más horribles que alcanzaron notoriedad en los últimos años fue el de Nabila Rifo, de 28 años, a quien en 2016 su ex concubino le destruyó los ojos con una piedra y la dejó ciega. De acuerdo con lo informado a Brecha por la Corporación Humanas, dedicada a proteger los derechos de las mujeres desde una posición feminista, más de 100 mil mujeres denuncian anualmente sufrir violencia doméstica, pero pueden ser más, porque muchas tardan años en reconocer que están en una situación de violencia, ya sea porque mantienen una relación patológica con el agresor o, lo más frecuente, porque las circunstancias económicas y familiares crean obstáculos para la separación. Por otra parte, si bien existe una extensa estructura del gobierno y las organizaciones no gubernamentales para la protección de las mujeres maltratadas, es poco lo que se logra respecto del comportamiento de los hombres agresores: apenas uno de cada diez que aceptan someterse a un programa de reeducación lo termina, los otros nueve desertan.
Costumbres, tradiciones y leyes
Chile es una sociedad con profundas raíces autoritarias y patriarcales, en cuya habla diaria las mujeres son “niñas” o “chiquillas”; no es raro que en el trabajo los hombres traten a las colegas de “m’hijita”, y la hipocresía y el disimulo envuelven a las relaciones sexuales y de pareja. Los “cafés con piernas”, unos locales a media luz que abundan en el centro de Santiago, son un invento nacional en el que jóvenes muy ligeramente vestidas sirven bebidas a oficinistas y otros ociosos, y donde ocasionalmente se practica la prostitución.
El adulterio fue despenalizado sólo en 1994, y la ley anterior castigaba a la mujer pero no al hombre, excepto si éste cometía la infidelidad “con escándalo público”. Hasta fines del siglo XX el marido era dueño y señor de los bienes del matrimonio. Después de varias reformas legales, el cónyuge masculino continúa siendo el administrador de la sociedad conyugal, a pesar de que en 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó el fin de ese régimen.
La Iglesia ha tenido un papel históricamente favorable a mantener la subordinación de las mujeres, con más peso que en muchos otros países de la región, y la influencia en algunos medios y universidades de importancia nacional de grupos como el Opus Dei, el movimiento Schoenstatt o los Legionarios de Cristo contribuye a mantener las imágenes tradicionales de los roles femeninos y familiares. Esos sectores conservadores, a los que en los últimos años se han unido los evangélicos, obstaculizan permanentemente las campañas y programas de educación sexual, así como la creación de leyes favorables a la equidad de género. La ola de denuncias de abusos sexuales cometidos por eclesiásticos (véase análisis de Felipe Portales) parece estar debilitando la confianza en la Iglesia como institución, pero existe una religiosidad social que aún justifica muchos estereotipos de la familia y la mujer.
No es de extrañar que las jóvenes chilenas alcen hoy sus barricadas, en una suerte de revolución feminista. Ésta preocupa al gobierno, como lo demuestra el conjunto de medidas en pro de la equidad de género anunciadas hace una semana por el presidente, Sebastián Piñera. Unas medidas que ya están siendo criticadas porque, entre otras cosas, no apuntan a rebajar los costos de la salud privada para las mujeres –sino a subir los de los hombres–, y no incluyen el problema de la objeción de conciencia institucional como instrumento de boicot a la ley del aborto.
