La reacción de Pablo Iglesias y de Irene Montero ante las críticas de muchos militantes de Podemos y de activistas de la izquierda ha sido realmente negativa. Han intentado acallar la discusión apelando a una campaña de acoso y derribo por parte de la derecha y sus medios de comunicación, colocando a la militancia de Podemos ante una consulta que tiene todas las características de un plebiscito: “O nosotros o el caos”.
El plebiscito se ha camuflado como un ejercicio de democracia: “Cuando se cuestiona la credibilidad de un líder político, uno no se puede esconder y hay que dar la cara. Deben ser los inscritos y las inscritas los que decidan si debemos seguir siendo secretario general y portavoz parlamentaria y si seguimos siendo diputados. Y hemos decidido preguntarles”, señaló Pablo Iglesias. Pero la parte más importante de esta discusión, lo que realmente ha generado tanto malestar y ha proporcionado tanta munición a la derecha política y mediática, no está contemplada en la pregunta.
La cuestión es concreta. Los dirigentes de una formación que nació para acabar con los privilegios de la casta política y económica, que utilizaba una crítica demoledora al sistema y sus prácticas corruptas, que apelaba a la igualdad y la defensa de los derechos sociales frente a las privatizaciones y las puertas giratorias… esos dirigentes hoy, con su decisión de vivir en los mismos espacios de la casta, en unas condiciones materiales ajenas a las de millones de trabajadores, jóvenes, desempleados y gente corriente que constituyen la base social y electoral de Podemos, ¿están actuando de manera coherente con la política que dicen defender?
Pablo Iglesias e Irene Montero han mostrado su indignación por el asedio al que les someten los paparazzi, por los insultos de la prensa reaccionaria o las manifestaciones de fascistas a las puertas de su nueva casa. Obviamente, rechazar estos ataques es una obligación de cualquier militante de izquierdas. Pero Pablo Iglesias e Irene Montero deberían entender que lo suyo no es algo extraordinario. Su sufrimiento, puestos a poner un listón, es incomparablemente más llevadero que el que soportan decenas de miles de familias desahuciadas, muchas de ellas monoparentales de mujeres con hijos a su cargo y que jamás tendrán la posibilidad de acceder a la compra de un chalet en la sierra norte de Madrid. No es comparable al de los jóvenes que sobreviven con salarios miserables y son explotados duramente, o se ven empujados al agujero del desempleo crónico sin más expectativa que la de emigrar. Por supuesto que vivir el acoso de los fascistas es algo deleznable, pero en este país hay dirigentes independentistas presos por sus ideas, militantes de izquierdas en Catalunya que sufren agresiones físicas de bandas fascistas amparadas por la justicia, tuiteros que son juzgados por sus mensajes, y raperos que son encarcelados por canciones que dicen la verdad.
Karl Marx señaló hace mucho tiempo que el “ser social determina la conciencia”, es decir, que las condiciones de existencia de las personas moldean su manera de considerar el mundo, la sociedad y la política. Pablo Iglesias e Irene Montero han defendido que su comportamiento respeta el código ético de Podemos y que, al fin y al cabo, con su dinero hacen lo que quieren. Muchos han argumentado que en una España donde la corrupción, el robo y la mentira son la norma en la política, lo que han hecho Iglesias y Montero representa un ejemplo de transparencia y honestidad. Pero ellos y nosotros sabemos que ésta es una manera de huir del aspecto central de la polémica.
¿Vivir en una zona residencial en las mismas condiciones que los sectores más privilegiados de la sociedad no es señal de nada? ¿Ayuda a la lucha por la liberación de los oprimidos? Siguiendo el razonamiento de Pablo Iglesias, Irene Montero y de todos los que han aplaudido su comportamiento, cabe preguntar: ¿Y si todos los miembros del Consejo Ciudadano imitan su ejemplo? ¿Qué ocurriría si los dirigentes de Podemos en todos los niveles, diputados y concejales incluidos, adquieren casas de lujo en sus ciudades y localidades? ¿Pero no ha sido ese el signo visible de la degeneración política de la socialdemocracia española?
Existe una lógica inapelable en la decisión de Pablo Iglesias e Irene Montero. Y tiene que ver con la evolución política que han impuesto a Podemos en los últimos tiempos. Cuando Pablo Iglesias se alzó con el triunfo frente a Íñigo Errejón en Vista Alegre II, escribíamos lo siguiente: “Pablo Iglesias y sus colaboradores más cercanos tienen una gran responsabilidad. Deben escuchar el mandato de las bases de Podemos. La unidad no se puede construir a costa de abandonar los principios y dar la espalda a millones de personas que están sufriendo dramáticamente los efectos de una crisis devastadora. La unidad se tiene que hacer con los que luchan, con los que sufren, con los que pueden hacer posible el cambio real. Y eso pasa por llamar inmediatamente a la movilización, a preparar ya una huelga general contra el tarifazo eléctrico, contra la rebaja de las pensiones, contra los recortes en sanidad, contra la LOMCE, el 3+2 y la Ley Mordaza, por una vivienda digna por ley, y por las libertades democráticas, incluido el derecho a decidir. No basta con guiños a la izquierda de vez en cuando. No basta con reflexiones que luego no tienen ninguna consecuencia práctica. La única manera de ligarse sólidamente a las masas, la verdadera fuerza de Podemos como izquierda transformadora, sólo se puede desarrollar defendiendo una alternativa socialista frente a la crisis capitalista e implicándose directamente en las luchas cotidianas del movimiento obrero y juvenil”. 1
Lamentablemente en los 15 meses transcurridos desde aquel triunfo, Pablo Iglesias ha dado la espalda a ese mandato. Renunciando a que Podemos encabezase la lucha por la liberación nacional y social de Catalunya, ha manteniendo una posición equidistante entre los que atizando el nacionalismo españolista niegan el derecho a decidir al pueblo catalán —el aparato del Estado y el régimen del 78— y los que sufren los palos y la violencia policial. Limitando su acción política a las instituciones, se ha sumido en la charca del cretinismo parlamentario suspirando por una alianza con el PSOE de Pedro Sánchez, a pesar de que éste siempre ha contestado con el desprecio más sonoro. Renunciando a impulsar la movilización social, a las señas de identidad que hicieron de Podemos una amenaza para el sistema, abandonado las propuestas políticas más avanzadas (desde la nacionalización de grandes empresas, a la remunicipalización de los servicios públicos privatizados), la práctica que ha impuesto se asemeja cada día más a la de la socialdemocracia tradicional.
Estar atrapado de por vida a un crédito hipotecario, y pagar por él el equivalente a lo que millones de familias ingresan mensualmente; o tener que dedicar miles de euros para mantener un ritmo de vida con servicio doméstico y jardineros, no sólo es la consecuencia de una deriva política: constituye todo un símbolo de renuncia a pertenecer a una clase social, a vivir sus circunstancias, a padecer sus problemas y sentir como ella. Hace mucho tiempo que el movimiento revolucionario inscribió en su bandera: ¡diputado obrero, sueldo obrero! Una medida de control político que encierra una gran verdad práctica.
Las ideas y la moral no pueden separase nunca del punto de vista de clase que las sostiene. La burguesía impone a la sociedad sus objetivos y la acostumbra a considerar como inmorales la política y los medios que los contradicen. La pequeña burguesía se adapta a la moral de la clase dominante y en ella recae la tarea de trasmitir los prejuicios y los lugares comunes firmemente establecidos. Por eso es importante insistir en que la moral de los que luchamos contra el sistema está compuesta de todo aquello que hace avanzar la conciencia de clase, que fortalece la organización de los oprimidos y nos hace más fuertes en la batalla contra el capital y sus mayordomos. La decisión de los dos máximos dirigentes de Podemos es una muestra de indiferencia ante el sufrimiento de millones, proporciona argumentos a nuestros adversarios, y como opción individual lleva implícita la huella de una profunda desmoralización. Un acto personal de gran trascendencia política, que vuelve a poner en valor esa estrofa tan querida: Ni en dioses, reyes ni tribunos está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor.
NOTA
1. Pablo Iglesias logra un contundente triunfo en Vistalegre II ¡Es la hora de volver a la movilización en las calles! http://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/estado-espanol/general/10492-pablo-iglesias-logra-un-contundente-triunfo-en-vistalegre-ii-es-la-hora-de-volver-a-la-movilizacion-en-las-calles
¡Qué estupidez! Creer que los dirigentes políticos y sociales que luchan por nuestros derechos tendrían que, necesariamente, en su condición de tales, tener que vivir en una casucha, o en una mediagua, o una vivienda social de 50 metros cuadrados.
Lo que importa en los dirigentes nuestros es de que sus bienes provengan de su propio peculio y no producto de coimas, cohechos y cualquier acto o hecho de corrupción. Los que critican son cavernarios o bien unos resentidos sociales de aquellos que tanto mal le ha hecho al mundo de la izquierda.