ESCRITO POR FELIPE PORTALES
EL CLARÍN DE CHILE, 02 Mayo 2018
La desaparición de la revista Punto Final que logró en su término el gobierno de la Concertación- Nueva Mayoría parece asombrosa; pero si revisamos el historial de los gobiernos concertacionistas en la materia constituye, lamentablemente, un episodio más de una larga lista; y la culminación de una política seguida por muchos años.
Lo primero, que tampoco aparece visible, es que Punto Final luchó por años contra la discriminación total del avisaje estatal de que fue víctima; y que ya había sido la principal causa de la desaparición -en los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos- de numerosos medios escritos afines a la centro-izquierda: La Epoca, Fortín Mapocho, Análisis, Apsi, Hoy, Rocinante y Plan B; entre otros.
En efecto, Punto Final, luego de insistentes e inútiles gestiones para revertir la discriminación del avisaje estatal bajo los gobiernos de Lagos y Bachelet, recurrió en 2009 a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia: “Ambas entidades rechazaron nuestra denuncia pero reconocieron que el sistema de reparto de la publicidad fiscal no garantiza los derechos humanos y democráticos más elementales” (Punto Final; N° 894; 9-3-2018). Posteriormente la Camara de Diputados “confirmó que el Estado discrimina su publicidad a favor del duopolio El Mercurio-Copesa y planteó la necesidad de una ley que regule la distribución equitativa de la publicidad estatal para favorecer el pluralismo” (Ibid.).
Punto Final recurrió posteriormente a la Corte Suprema, la que el 22 de abril de 2010 -si bien rechazó su recurso- admitió “la legitimidad de la demanda, cuya solución -dijo- requiere de una ley que favorezca una mayor diversidad informativa. Desde luego ni los gobiernos ni los legisladores se han dignado impulsar una ley de esta naturaleza” (Ibid.). Posteriormente -el 21 de octubre de 2010- la revista efectuó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invocando el artículo 13° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH que señala: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos” (Ibid.). Desgraciadamente, el sistema interamericano de protección de derechos humanos aun no se ha pronunciado al respecto. ¡Y ni siquiera esta demanda -que incorporaba un factor de bochorno internacional- aminoró el encarnizamiento del gobierno de Bachelet en contra de la revista, por lo menos para efectos de generar una imagen pública como “respetuoso” del derecho a la libertad de información y expresión!
Es importante recordar que con ocasión de la quiebra de la revista Rocinante en 2005 -que también fue gravemente afectada por la discriminación en el avisaje estatal- su Comité Editorial le envió una carta al entonces presidente Lagos, en que le planteó que “nos parece preocupante que (…) los tres gobiernos de la Concertación se hayan omitido de plantear políticas públicas ante el duopolio de la prensa escrita y la creciente concentración de la propiedad de parte de grandes consorcios que también controlan la radio y el cable. Esta situación resulta particularmente grave si asumimos que el Estado chileno, a través de sus empresas, concentra una cantidad de recursos en materia de inversión publicitaria que refuerza este déficit de pluralismo al invertir casi exclusivamente dichos recursos en los grandes consorcios y monopolios de la comunicación” (N° 84; Octubre de 2005). Esta carta fue suscrita -entre otros- por José Balmes, Sofía Correa, Diamela Eltit, Manuel Antonio Garretón, Martín Hopenhayn, Sonia Montecino, Tomás Moulian, Bernardo Subercaseaux, José Miguel Varas y Faride Zerán.
Y no sólo se utilizó la discriminación del avisaje estatal para destruir los medios escritos de centro-iz-quierda. También, en 1990, el gobierno de Aylwin presionó al gobierno holandés para que no hiciese efectiva una ayuda final de 500 mil dólares ofrecida a las revistas Análisis, Apsi y Hoy. De este modo, de acuerdo a lo que en reiteradas oportunidades ha denunciado Juan Pablo Cárdenas (director de Análisis), a pocos días de haberle comunicado su oferta (y a los demás directores de las revistas) lo llamó el embajador de Holanda “para decirme que está en condiciones de girarnos el cheque de esta ayuda, pero me dice que debía resolver el problema que le planteaba el gobierno chileno en el sentído de sostener que cualquier ayuda a los medios de comunicación de este país sería visto como una injerencia indebida en los asuntos internos de Chile, un país democrático (…) Entonces, los tres directores fuimos a hablar con Enrique Correa, en ese entonces ministro secretario general de Gobierno.
El dijo que se trataba de un mal entendido y que se resolvía con una llamada telefónica de él mismo. Pero esa llamada nunca la realizó, nadie la realizó desde el gobierno y el embajador se aburrió de esperar hasta que nos notificó que ellos tenían interés de apoyar a los medios, pero también tenían interés de tener buenas relaciones con el gobierno” (Boletín Libertad de Expresión; N° 9, Marzo 2008; Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile).
Además, respecto de Análisis se efectuó una operación específica del mismo gobierno de Aylwin para obtener su cierre, lo que ha denunciado también Juan Pablo Cárdenas: “En ese tiempo el gobierno inició el proceso de apoderarse de Análisis, que culminó con el engaño a varios de los directores de la revista, a quienes se le compraron sus acciones y eso le dio la posibilidad al subsecretario del Interior, Belisario Velasco, de nombrar nuevas autoridades en la revista, las que luego determinaron su cierre.
Esto está debidamente acreditado por los registros de transacciones notariales que se hicieron con las personas que vendieron sus acciones; proceso que se hizo en el entendido que los nuevos accionistas iban a consolidar la revista y no a cerrarla” (Ibid.). Todo esto ha llevado a Cárdenas a concluir que “yo siempre he planteado que hubo una política de los gobiernos de la Concertación de exterminio a los medios de comunicación contrarios a la dictadura” (Ibid.).
Todo lo anterior, que puede aparecer políticamente absurdo, adquiere plena comprensión a la luz de los crudos reconocimientos efectuados públicamente por el principal ministro de Aylwin, Edgardo Boeninger, respecto de la línea política seguida por los gobiernos de la Concertación desde 1990. En efecto, en 1997 en su libro Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad (Editorial Andrés Bello), Boeninger señaló que a fines de los 80 el liderazgo de la Concertación experimentó una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369); y que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (pp. 369-70).
El problema era que como los periodistas que habían estado en la vanguardia de las denuncias contra la dictadura no experimentaron dicha convergencia con la derecha; todo hacía esperar que, a la larga, cuando aquella derechización del liderazgo concertacionista se hiciese cada vez más patente para los primeros, los medios centro-izquierdistas que dirigían se convertirían en los reales medios de comunicación opositores de los gobiernos concertacionistas liberales. Por tanto, resulta plenamente comprensible y hasta muy lógico que para que la mencionada convergencia no fuese revelada y conocida plenamente por las bases concertacionistas, se intentara destruir esos medios; evidentemente también de modo lo más solapado posible. Y es lo que finalmente lograron.
