Militares a las calles
Estado de excepción en Rio de Janeiro
La decisión del presidente Michel Temer de entregar la seguridad de la “ciudad maravillosa” a las fuerzas armadas, además de tener un objetivo político electoral, instaló aún más el miedo entre los habitantes de las favelas cariocas, ya criminalizados por el Estado desde hace años.
Agnese Marra, desde Río de Janeiro
Brecha, 23-2-2018
No lleve un paraguas largo, por si se confunde con un arma y le disparan. Avise a los amigos sobre los lugares a los que se dirija y la hora de llegada a casa. Si lleva un objeto caro tenga encima el recibo de compra para que no piensen que lo ha robado. Si paran el coche, pida permiso al militar para abrir la guantera y mostrar la documentación, en caso contrario podría pensar que va a sacar un arma. No salir a altas horas de la noche. Y si es mujer, homosexual o transexual, no ir solo, siempre acompañado.
Consejos. Advertencias. Eso es lo que está más presente en las redes sociales de los habitantes de las favelas de Rio de Janeiro desde que el pasado viernes el presidente Michel Temer anunció que la seguridad de la ciudad maravillosa pasaría a manos de los militares. Los consejos se escuchan en el video Intervención militar en Rio de Janeiro, si eres negro…, que publicaron el pasado fin de semana tres jóvenes negros para que los cariocas de su mismo color de piel eviten ser detenidos o asesinados ahora que las fuerzas militares están a cargo de la ciudad.
Este martes, y por primera vez en muchos meses, el Congreso y el Ejecutivo han actuado no sólo en consonancia sino con el apoyo mayoritario de los diputados y senadores al debilitado gobierno de Michel Temer. Sorprende que fuera precisamente una medida excepcional, que no se veía desde la dictadura militar, la que haya unido a ambos poderes, que con los ojos cerrados han delegado en el Ejército el control absoluto de la seguridad en un estado.
Para muchos esta medida obedece más a intereses electorales y políticos que a una verdadera preocupación por la seguridad del décimo estado más violento del país. El sociólogo Ignacio Cano, de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro y coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia, no tiene dudas sobre esta teoría: “Contamos con un Ejecutivo ahogado por los escándalos de corrupción que se aprovecha de una sociedad que está asustada y que en estos momentos aceptaría ejércitos de cualquier parte del mundo con tal de sentirse segura”, dice a Brecha.
A pesar de que Rio de Janeiro esté lejos de ser el estado más violento de Brasil, la seguridad es la principal preocupación de los cariocas y del resto de los brasileños. Así lo demuestra la última encuesta del instituto Data Folha, según la cual al menos el 75 por ciento de la población coloca a la inseguridad y la violencia como los principales problemas del país. El propio ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo esta semana que la medida de Temer “es un salvavidas para mejorar su apoyo”, que oscila apenas entre el 3 y el 10 por ciento.
La respuesta ha ido en consonancia con los miedos de la población, ya que, según un estudio de la empresa Idea Big Data, el mismo 75 por ciento reconoció apoyar la intervención militar, aunque un 80 por ciento admitió que la medida no sería la solución al problema. Para Ignacio Cano, más allá de la solución o no del problema, la intervención militar en Rio de Janeiro sobre todo “genera una serie de riesgos tanto para la población como para los militares. Estamos ante un escenario truculento en el que un gobierno corrupto una vez más apuesta por atropellar los derechos constitucionales”.
Carta blanca a los militares
Las fuerzas armadas fueron las primeras en manifestar su preocupación por la responsabilidad que se les ordenó asumir. Esta semana el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Bôas, pidió “garantías jurídicas” para que sus subordinados no fueran juzgados por la justicia ordinaria, sino sólo por el foro militar (véase recuadro): “Primero nos llaman para combatir a los traficantes, pero si luego uno de mis hombres mata en defensa propia lo incriminan judicialmente”. Además Villas Bôas llegó a comparar la situación actual que deben enfrentar sus soldados con la dictadura militar: “Después no queremos que haya una Comisión de la Verdad y que nos acusen de cosas que no hemos hecho”, dijo en una entrevista en la televisión Globo.
Ignacio Cano subraya la contradicción en que incurre el general: “Si los militares ahora son quienes se encargan de la seguridad pública también deberán ser juzgados por la justicia pública. Si no lo quieren así es porque no confían en la justicia brasileña o porque son conscientes de que pueden suceder muchos homicidios que se considerarían fuera de la ley y quieren estar protegidos”, le dijo a Brecha.
De momento la ley está de parte de las fuerzas armadas, ya que en noviembre del año pasado se aprobó una normativa que exime a los soldados de responder ante la justicia ordinaria por los asesinatos cometidos durante operaciones como las que se llevan a cabo en Rio de Janeiro. “Esa fue una primera señal de alarma que denunciamos desde la universidad: que la política se estaba militarizando, lo que tendría consecuencias nefastas para la población, y es exactamente lo que tenemos ahora”, afirma Cano.
El Ejecutivo también se ha puesto de parte de los militares a la hora de facilitar al máximo su trabajo. Una de las medidas más polémicas que quiere implementar el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, es ofrecerles a las fuerzas armadas la posibilidad de librar órdenes de búsqueda y detención colectivas. Esta medida significaría que estas órdenes no estarían destinadas a una dirección específica sino que se podrían usar para entrar en la casa de cualquier habitante. “En la realidad urbanística de Rio de Janeiro muchas veces se hace la búsqueda en una casa pero el bandido se traslada a otra que está cerca, por eso son más útiles los mandatos colectivos”, se justificó Jungmann.
Diversos juristas, como el abogado criminalista João Francisco Neto, han calificado esta decisión de “inconstitucional” y de “grave violación a los derechos humanos”. Por ahora no se sabe si se llevará a cabo, ya que ha sido una de las propuestas que han generado mayor revuelo tanto en el Ministerio Público como en la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, que comparó lo que sucede en favelas como la Rocinha con “la guerra al terror” de Estados Unidos contra los terroristas islámicos, ha demostrado que apuesta por la mano dura: “Tomaremos todas las medidas excepcionales necesarias para ganar esta guerra”, declaró al Correo Braziliense.
Terror en las favelas
El millón y medio de habitantes que viven en las más de 800 favelas de Rio de Janeiro son los que tienen el miedo en el cuerpo. Experiencias pasadas con las fuerzas armadas avalan sus temores. Renata Trajano tiene las paredes de su casa llenas de agujeros de bala. Vive desde hace veinte años en el Complejo del Alemán y no consigue recordar el número de veces que la Policía Militar o el propio Ejército han invadido su hogar, una casa de ladrillo y cemento en lo alto del morro, con una terraza desde la que se ve el Parque Olímpico –ese espacio deportivo que apenas tuvo un mes y medio de gloria– y se pueden observar los recovecos del Complejo del Alemán, una de las favelas más violentas de Rio de Janeiro. “Mi terraza es uno de los puntos de conflicto. Siempre llegan aquí, tiran los muebles, nos intimidan, nos tratan mal y nos quedamos sin poder salir de casa hasta que ellos terminan de pegar tiros”, dice a Brecha, entre cansada y resignada.
Trajano, que forma parte del colectivo Papo Reto, un grupo que a través de las redes sociales y los teléfonos móviles informa sobre los abusos policiales y ofrece un parte diario de los tiroteos en la favela, fue una de las primeras en publicar otra lista de consejos: “Por favor, en tiempo de intervención, no se olviden de salir de casa siempre con su cédula de identidad en regla, el documento de trabajo, y el comprobante de residencia para entregarlo de inmediato a los militares”.
Favelas como el Complejo del Alemán o el Complejo de la Maré ya saben lo que es vivir con el Ejército en la puerta de sus casas. Desde 2007 el Alemán ha convivido con las fuerzas armadas hasta en ocho ocasiones. Pero a diferencia de ahora, antes las intervenciones eran por períodos cortos y respondían a operaciones concretas contra el tráfico. El de la Maré llegó a convivir con los hombres de verde durante parte de 2014 y todo 2015, una etapa en la que el número de civiles muertos se disparó. También hay personas como Víctor Santiago, que evitó la muerte pero quedó en silla de ruedas por una bala en la espalda que le disparó el Ejército cuando hacían un control rutinario. “Estamos aterrorizados. Mi hijo ha vuelto a tener ataques de pánico. Él sabe mejor que nadie lo que significa que entren los militares”, dice Irone Santiago, la madre coraje de Víctor.
Entre sus múltiples significados, la llegada de los militares supone, por ejemplo, que María do Rosario da Silva (36 años) piense dos veces antes de llevar a su hija al colegio en Vila Holanda (Complejo de la Maré), por miedo a encontrarse en medio de un fuego cruzado. Aquellos que tienen la suerte de llegar a la escuela lo primero que tienen que hacer es someterse a una revisión de sus mochilas. Sucedió este miércoles en la favela Kelson’s, en la zona norte de la ciudad, donde los militares pusieron en fila a niños de entre 7 y 12 años que iban mostrando sus pertenencias mientras las fuerzas del orden, cargando fusiles de guerra, las revisaban. La estampa del Ejército revisando a los pequeños fue la foto más comentada de esta semana. “Estamos viviendo un estado de sitio, lo que hacen en los colegios, la gente con miedo a salir de sus casas, más tanques y armamento pesado en territorio civil, es nuestra mayor pesadilla”, dijo Jailson de Souza, director del Observatorio de las Favelas, al diario Folha de São Paulo.
La Federación Municipal de Asociaciones de Residentes de las Favelas del Estado de Rio de Janeiro fue la primera entidad en repudiar la decisión del presidente Temer: “Estamos hartos de que el Estado sólo mande a nuestras casas la fuerza bruta. La favela no es un área hostil sino un espacio lleno de mujeres y hombres trabajadores que luchan cada día por ganarse el pan honestamente”.
La intervención militar y los morros de Rio
Amílcar Salas Oroño *
Es la primera intervención federal de este tipo sobre la seguridad pública de un estado de la unión desde que se consagró la Constitución de 1988 y Brasil recomenzó su trayectoria democrática. La medida –un decreto presidencial que requiere aprobación parlamentaria pero rige desde su promulgación– tiene diversos aspectos a ser considerados, incluso el relacionado con el lugar que ocupa realmente Rio en el propio pacto federativo. Antigua capital de la república y vidriera de la nación ante el mundo, Rio de Janeiro pasa a delegar su potestad securitaria en función de la supervivencia de un bloque político-económico (principalmente paulista), el que estuvo detrás del golpe a Dilma Rousseff. Así, un militar (interventor) se encargará del “caos de la seguridad” en el distrito, llevando a cabo un “ensayo” que puede llegar a generar situaciones violentas, teniendo en cuenta un escenario como el actual, en el que –tanto por la puja distributiva de la lucha de clases como por la impasse en la que se encuentra el Estado de derecho– está claro que el país sostiene cada vez más frágilmente los mínimos criterios aceptables para considerarse democrático.
En los últimos diez años hubo 67 convocatorias parciales a las fuerzas armadas para que ayudaran a “garantizar la ley y el orden” prestando su colaboración a las fuerzas policiales y de seguridad del Estado, en “presencias” territoriales u operaciones específicas en zonas específicas, como el año pasado en la favela de Rocinha. Pero no ha sido Rio de Janeiro la excepción: en otros 17 estados de la unión también se han dado estas “actuaciones”, aunque está claro que es en Rio donde se ha verificado el mayor número de éstas.
Sin embargo, y frente a esta nueva convocatoria, que tiene otra envergadura en tanto ya no es “colaborativa” o “complementaria”, sino precisamente una intervención en la política de seguridad pública en su conjunto, lo curioso es que no se esgrimiera como fundamento la eficacia eventual de los militares para este tipo de tareas, y tan sólo se subrayara la “catastrófica” situación en la que se encuentra Rio en términos de seguridad, lo que no estaría muy en sintonía con los propios datos oficiales: actualmente Rio está en el puesto 12 en términos de homicidios (cada 100 mil habitantes) entre las ciudades brasileñas.
Es que ni en la última incursión en la comunidad de Rocinha, ni en las de los morros de Maré o Salgueiro del año pasado se ha probado la utilidad de los militares en cuestiones de seguridad. Hay algo que sí es cierto: los militares le imprimen una espectacularización al hecho de “subir al morro” que no logran las policías, desconectadas como están entre sí en la mayoría de los casos: el cotidiano trabajo policial es remplazado ahora por el “lenguaje militar”, con toda la truculencia necesaria, el despliegue de alto impacto (mediático) y la espectacularización consecuente.
No es casualidad que esto suceda bajo el gobierno de Michel Temer.
El “ensayo militar” le sirve también al Partido del Movimiento Democrático Brasileño para reorganizar el escenario electoral de este año, y deja con menos margen a Jair Bolsonaro en su propio distrito, al ocuparle ese espacio en la agenda política.
Ahora bien, este ensayo podría derivar en contextos muy poco auspiciosos para la vida cotidiana brasileña en general, incluso respecto de los objetivos que supuestamente lo justifican. Por un lado, podría consolidar la posición del principal cártel delincuencial del país, el Primer Comando Capital, de base operacional paulista y enfrentado a sus rivales de Rio de Janeiro, como el Comando Vermelho, con los efectos expansivos que un crecimiento de este tipo puede llegar a traer respecto de la proliferación de pautas irregulares y/o corruptas sobre el sistema político e institucional. Por otro lado, un militar al mando de la gobernabilidad ciudadana va a reforzar el clima de baja tolerancia a la diversidad y a la crítica social que se instaló con el impeachment a Dilma Rousseff, cuestión cultural nada aleatoria ni secundaria, pues hace a las posibilidades subjetivas de crecimiento de un proyecto alternativo. Muestra de esto: el emotivo y oxigenador movimiento de Carnaval de Paraíso de Tuiuiti –la escuela de samba más comentada de los últimos años– no pudo realizar su último desfile con su parodia más cruel y celebrada: el mortuorio vampiro estelar subió sin la banda presidencial. La crítica más corrosiva al presidente tuvo que abandonarse.
* Investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Tomado de Rebelión.org. Brecha reproduce fragmentos.
Marketing político
Mario Augusto Jakobskin, desde Rio de Janeiro
Especialistas en materia de seguridad, como el antropólogo, escritor y ex secretario nacional de Seguridad Pública Luis Eduardo Soares, autor del libro Elite de tropa, que dio origen a la película Tropa de elite, consideran que la medida de Michel Temer es puramente de fachada y no tendrá efecto alguno sobre los índices de delincuencia y violencia en Rio de Janeiro. El presidente está buscando atraer parte del electorado del ultraderechista Jair Bolsonaro, dijo. El gobierno está intentando, además, que el foco de la atención pública pase de la reforma de la seguridad social, que no contaría con el mínimo de 308 votos necesarios para ser aprobada, al de la seguridad.
Ha habido intervenciones militares en Rio desde hace al menos 26 años. Ya en 1992, la realización de la Cumbre de la Tierra fue una excusa para que los militares tomaran a su cargo la seguridad en la capital carioca. Lo mismo sucedió durante los Juegos Panamericanos de 2009, el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. En esos casos se trataba, de todas maneras, de acciones puntuales; lo realmente novedoso del decreto de Temer es que la intervención de las fuerzas armadas en las calles apunta a ser duradera. Los jefes militares han expresado su disconformidad con la medida, y uno de ellos, el general Eduardo Villas Bôas, comandante del Ejército, manifestó su temor de que sus tropas puedan llegar a ser sometidas a investigaciones de una futura Comisión de la Verdad en caso de que cometan “excesos”, algo muy posible dado que están preparadas para la guerra y no para tratar con los ciudadanos en las calles. Para aventar esos temores, el Congreso aprobó una disposición por la cual los militares que pudieran ser eventualmente acusados de violaciones a los derechos humanos en este marco serán juzgados por tribunales castrenses.
Por otro lado, no se difundieron datos de ningún tipo sobre el costo económico de la intervención militar y el origen del dinero necesario para concretarla. Y otro hecho que llamó la atención fue la ausencia total, en el plan de Temer, de medidas de índole social para enfrentar la violencia en Rio.
La cuestión de la violencia en esta ciudad moviliza a los políticos desde hace muchos años. El actual ministro jefe de la Secretaría General de la Presidencia, Moreira Franco, prometió a fines de los años ochenta, cuando gobernaba Rio, que resolvería el tema en seis meses. Cuando asumió la gestión había 41 homicidios cada 100 mil habitantes; cuando la dejó, cuatro años después, la cifra había trepado a 62 cada 100 mil.
