Entre el Silencio y la Confesión
Por Gustavo Gorriti
En Brasil, a inicios de la próxima semana, Jorge Barata tomará una decisión que podrá llevar a que algunas notorias personalidades pasen por lo que él ya ha vivido: transitar del poder y el éxito a la ignominiosa revelación, la infamia.
Ello ocurrirá en una diligencia sobre corrupciones peruanas, pero se realizará bajo leyes brasileñas, dirigida por un fiscal [procurador, se dice allá] brasileño, probablemente Orlando Martello.
Eso quiere decir que Barata hablará sobre Perú pero sometido a las leyes y acuerdos vigentes de Brasil, el principal de los cuales para este caso es el de delación premiada.
El acuerdo significa que Barata no puede mentir y no puede omitir. Si lo hace, arriesga perder todos o parte de los considerables beneficios que trae la delación premiada. Puede significar la cárcel durante largos años.
Barata ya ha declarado sobre Perú, a fines de 2016. Y ha omitido información importante. Dejó de contar muchas cosas y otras las contó incompletas. Su justificación es, según entiendo, que no relató una serie de pagos para campañas electorales porque en el Perú eso no era delito (aunque sí mencionó la contribución del PT a Ollanta Humala). Y quizá pueda decir que se olvidó de otras cosas muy serias porque los fiscales brasileños que lo interrogaron no conocían el Perú y estaban apurados. Así que, ahora que responderá a fiscales peruanos tendrá la oportunidad de completar lo que no dijo y evitar las consecuencias de no haber cumplido con el acuerdo de delación premiada.
“Odebrecht no tiene nada que perder y más bien algo que ganar con revelaciones exhaustivas. Confesar a fondo aclarará el cuadro, distribuirá responsabilidades, ampliará el espectro, la notoriedad y el peso de los corruptos».
Pero el camino de la confesión exhaustiva y plena no es ni será fácil para Barata.
Primero, por razones y emociones personales. Las delaciones corporativas tuvieron un impacto fuerte, familiar y social en Barata. El cómodo y próspero mundo del cuasi virrey brasileño en Perú se desbarató. Brasileños que habían echado raíces en el Perú han debido salir del país con sus familias casi intempestivamente, para empezar a vivir la vida del delator premiado en Brasil, buena parte de ellos despedidos de la compañía que, para muchos, había sido la única empleadora que pensaban tener en su vida. Los amigos desaparecieron y si antes eran buscados y adulados ahora son evitados a toda costa. Así, el rencor familiar y el de antiguos subordinados es inevitable.
De otro lado, y esto es más importante, el proceso y la mecánica misma de las confesiones está mal organizada por las autoridades peruanas.
Barata, el ejecutivo de más alto rango que tuvo Odebrecht en el Perú, es investigado por dos aparatos fiscales especializados: el de lavado de activos y el anticorrupción. El primero está liderado por el fiscal superior Rafael Vela; y el segundo está dirigido teóricamente por el fiscal superior anticorrupción César Zanabria. En realidad el fiscal provincial Hamilton Castro actúa por su cuenta.
Existe una hostilidad sin disimulo entre Rafael Vela y Hamilton Castro. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha intentado lograr un grado funcional de cooperación entre los dos, pero no ha sido capaz hasta hoy de ordenar, de comandar una acción coherente entre ambas fiscalías.
Vela ha conseguido construir una relación fluida, de confianza, con las fiscalías anticorrupción brasileñas y buscado manejar las investigaciones con parámetros parecidos a los que se usaron en Brasil, para aprovechar a fondo el testimonio de los delatores. Sin embargo, su capacidad de conseguir la información necesaria podría estar seriamente limitada.
¿Por qué? Porque el mandato de los fiscales provinciales peruanos que harán los interrogatorios en Brasil: Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez, se centra en investigar pagos ocultos o ilícitos en campañas electorales y no en inquirir sobre los grandes casos de corrupción por los que Odebrecht es investigado en el Perú. Esos los maneja, con secreto, prosa y calma, Hamilton Castro, que no viajará a Brasil ni (de acuerdo con la información que tengo) mandará preguntas. Ello hubiera significado suscribir con la procuraduría brasileña los términos del acuerdo de inmunidad respecto de los delitos confesados.
De manera que la que hubiese sido la gran oportunidad de obtener la más importante confesión sobre corruptos y corruptores que se haya realizado hasta ahora, se podrá convertir, gracias a la barroca disfuncionalidad de la fiscalía peruana, en una oportunidad perdida a medias o casi del todo.
No es difícil ser disfuncional, de paso, cuando la Fiscalía de la Nación (y especialmente su titular, Pablo Sánchez) está rodeado por poderes cuyos titulares o jefes son investigados en el caso Lava Jato. El Congreso, cuya jefa real es Keiko Fujimori, intentó destituirlo en cuanto la empezó a investigar, mientras iniciaba una ofensiva simultánea en el Consejo Nacional de la Magistratura, con la intervención de Héctor Becerril. El presidente de la República, PPK, está también involucrado en el caso. Y dentro de la Fiscalía, la influencia de grupos vinculados con el APRA es activa y notoria en tratar de proteger a Alan García. Pablo Sánchez intenta hacer las cosas bien pero sin enfrentar y sin imponer disciplina interna. Tan fácil como hacer tortillas con huevos enteros.
Aunque pudiera haber una solución.
Durante la diligencia, el procurador brasileño que la dirige podrá preguntar lo que crea conveniente. Y Barata estará obligado a contestar. Si ello se da, es probable que las respuestas sobre casos y personas en los que no haya acuerdo entre las fiscalías peruana y brasileña no sean entregadas oficialmente al Perú hasta que se produzca dicho acuerdo, pero ya habrán sido reveladas y tendrán efecto legal en Brasil como parte de la delación premiada de Barata.
Y hay algo más.
La empresa Odebrecht probablemente intentará persuadir a Barata de contar todo. Los hechos, las pruebas, los testigos. La cutra en alta resolución y con subtítulos.
¿Por qué? A Odebrecht le conviene que salga ahora todo a la luz y que otras compañías confiesen también. Hasta ahora fue la única compañía que confesó y las autoridades peruanas la castigaron a fondo (y a sus proveedores y subcontratistas) por haber hablado, con el DU 003.
Pero las investigaciones que empezaron a comprometer a algunos de los consorciados con Odebrecht, y los primeros pasos en inquirir sobre el club de la construcción, alertaron hasta a los más tontos respecto del efecto brutal sobre la economía que tendría extender la acción punitiva contra Odebrecht a todo el sector.
Es difícil imaginar una manera más torpe y contraproducente de enfrentar la corrupción corporativa que a través del DU 003. Solo se lo comprende si el objetivo real era encapsular el caso Lava Jato en Odebrecht y evitar otras delaciones.
El hecho es que luego de sufrir en el Perú el embate de una represión irracional e indiscriminada, Odebrecht no tiene nada que perder y más bien algo que ganar con revelaciones exhaustivas. Confesar a fondo aclarará el cuadro, distribuirá responsabilidades, ampliará el espectro y la notoriedad de corruptos. Y si el el DU 003 es reemplazado por el DL propuesto por el Ejecutivo, la posibilidad de disminuir sanciones a cambio de confesiones, ayudará a Odebrecht a cumplir con su larga cadena de compromisos.
Si Barata no habla, se acrecentará la sospecha. Odebrecht necesita que Barata hable y ese quizá sea el estímulo más importante para despertar la elocuencia de su atribulado exsuperintendente en el Perú.
Publicado el jueves 22 de febrero, 2018
Revista Caretas del Perú.
