por Alejandro Valenzuela//
La figura de Evo Morales, el primer indígena en acceder a la presidencia de la república de un país latinoamericano, resulta señera para la definición del llamado “Socialismo del Siglo XXI”. Junto con Mujica, conforman la máxima expresión de esta corriente y en general gozan de buena prensa, los medios de comunicación no dejan de propalar sus costumbres y especialmente sus declaraciones, en las que aparecen reivindicando la sobriedad, la modestia y la identidad latinoamericana.
Pero los marxistas debemos comprender y actuar con el criterio de realidad que emana de la lucha de clases, debemos ver lo que las cosas son, no lo que dicen que son. De esta forma resulta necesario puntualizar que el gobierno de Evo Morales, desde hace más de una década y más allá de sus rabietas contra la Coca Cola y el McDonald, ha centrado su política económica en garantizar la inversión extranjera, creando fondos multimillonarios que afiancen sus intereses en el país.
En politica internacional, por lo mismo, Morales ha seguido hasta el extremo el tradicional antichilenismo de la oligarquía boliviana, desarrollando el discurso facilista de que el atraso y miserias altiplánicas se deberían a la impuesta mediterraneidad, poniendo a Chile y no a las potencias imperialistas -con las que tiene excelentes relaciones- como responsable de los problemas nacionales de Bolivia. A pesar de que usurpe el discurso latinoamericanista y bolivariano, Evo Morales sigue la vieja política imperialista de crear frentes internos en América Latina (en este caso Bolivia/Chile), el romano “dividir para reinar”.
De la misma forma, en la arena nacional, ha desarrollado un accionar sistemático de combate a los movimientos sociales (obreros, indígenas) como ha quedado de manifiesto el pasado 24 de octubre. Con el argumento de evitar que grupos de personas se atribuyan la representación del pueblo, las marchas de protesta serán penalizadas entre dos y cuatro años de prisión, según el artículo 294 del Código Penal, aprobado en la Cámara de Diputados. La oposición advierte sobre el riesgo de persecución a quienes discrepen con el MAS. El oficialismo dice que la sanción se aplicará a manifestantes que vayan contra un gobierno democráticamente elegido y que generen inseguridad.
Pero una forma nítida de comprender la conducta política de Evo Morales y su partido, el MAS, en su relación con la actividad de las masas, lo constituye su vergonzosa defensa del trabajo infantil en Bolivia, amparándose en que el mismo expresaría inveteradas costumbres ancestrales.
Veamos la realidad: han pasado poco más de tres años desde la promulgación de la Ley 548 del Código Niño, Niña y Adolescente (17/07/2014), que ha puesto a Bolivia en el ojo de las críticas al convertirse en el primer Estado en el mundo en permitir que los niños trabajen a partir de los 10 años.
El nuevo Código en su artículo 129 “ Fija como edad mínima para trabajar los 14 años de edad”, sin embargo autoriza de manera excepcional “la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de diez (10) a catorce (14) años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de doce (12) a catorce (14) años […]”. Además, el artículo 136 que prohíbe las actividades laborales y trabajos considerados como peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad, entre ellos la pesca en ríos y lagos, el trabajo en actividades agrícolas, la cría de ganado mayor y la albañilería, son permitidos cuando se desarrollan en el ámbito familiar o social comunitario ya que tendrían una naturaleza formativa y cumplirían la función de socialización y aprendizaje.
La controversia que ha desatado la nueva ley se debe a que Bolivia incumple los convenios internacionales, además que vulnera los derechos a la salud, a la educación, a la recreación y al desarrollo pleno e integral de los niños. La Constitución Política del Estado en su artículo 13, parágrafo IV señala que “los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”. Además, los artículos 60 y 61 establecen la necesidad de velar por el interés superior de la niña, niño y adolescente, así como la prohibición del trabajo forzado y la explotación infantil.
La promulgación de esta ley, claramente estaría violando normas internacionales ratificadas por el gobierno boliviano, entre ellas: el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo, el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Es importante mencionar que al ratificar una ley o convenio internacional, los países asumen el compromiso de adecuar la legislación nacional y desarrollar las acciones oportunas de acuerdo a las disposiciones contenidas en dicho convenio, y debido a su carácter vinculante, es obligatorio para los países que lo firman o ratifican y es de estricto cumplimiento en el territorio nacional.
Las acciones y el discurso del gobierno después de la promulgación de la ley son confusos y contradictorios. En octubre de 2014, junto a otros 24 países, Bolivia firma la “Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil”, una alianza entre los países de la región con la finalidad de acelerar el avance hacia el cumplimiento de las metas de eliminación de las peores formas de trabajo infantil hasta 2016 y la completa eliminación del trabajo infantil hasta 2020. Al firmar la iniciativa regional, el gobierno se compromete a trabajar de manera urgente y coordinada ante la persistencia del trabajo infantil incluso en contextos de crecimiento económico en la región. Además, la iniciava pretende hacer sostenibles los avances y logros alcanzados en los últimos 20 años, evitando efectos regresivos que agudicen el problema, entonces ¿Cómo pretende el Gobierno agilizar la erradicación del trabajo infantil, cuando la nueva ley legaliza el trabajo de los niños menores de 14 años?
El doble discurso del gobierno emerge cuando decide rechazar las recomendaciones para abolir el trabajo infantil emitida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante la sesión de aprobación del Examen Periódico Universal (EPU) llevada a cabo en diciembre de 2014, al que se presentó el país. Asimismo, en la sesión realizada en Ginebra (Suiza) en junio de 2015, el país tuvo la oportunidad de justificar y explicar las razones por las que decidió modificar la edad mínima permitida para trabajar. El argumento de la delegación boliviana hizo referencia a “que el trabajo desde edad temprana es una cuestión cultural en Bolivia”, una realidad ante la cual no se puede ir en contra. Esta declaración le ha costado al país la pérdida del apoyo irrestricto del Grupo de América Latina y el Caribe ante las Naciones Unidas (GRULAC) pues la postura boliviana fue considerada “casi una reivindicación del trabajo de los menores”, además de ir “a contramano de las iniciativas a nivel mundial, pero sobre todo a nivel regional sobre la erradicación del trabajo infantil”.
La implementación del Código
Como parte de la implementación del Código Niña, Niño y Adolescente, en el mes de septiembre de 2017 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) inició el proceso de socialización del “Protocolo para el llenado del formulario de registro y/o autorización de ac tividad laboral excepcional (léase trabajo infantil) o trabajo adolescente”4 desde los 10 y 12 años respectivamente, a través de capacitaciones al personal de las diferentes gobernaciones y su extensión a los gobiernos municipales, SEDEGES y Defensorías de la Niñez y Adolescencia5; estas últimas son responsables del control orientado a evitar la explotación infantil.
Hasta noviembre, más de 300 municipios tendrán la responsabilidad de implementar el registro, autorizar el trabajo a niños y niñas entre 10 y 14 años, y realizar el control respectivo.
A contramano, el Gobierno promueve el registro y autorización para el control del trabajo infantil, en lugar de mantener en 14 años la edad permitida para trabajar como era en el Código anterior y de asignar un rol al Estado en la protección social integral de los menores de esa edad. De esta manera, abre la compuerta para perpetuar el trabajo infantil, lo que constituye un retroceso frente a las políticas y acciones realizadas durante la primera década del milenio a favor de su erradicación.
Resulta imprescindible luchar en contra del trabajo infantil creando desde el Estado y la sociedad las condiciones para incidir en los factores estructurales que lo originan; es decir, transformando el contexto económico, social, laboral y político que favorece la distribución desigual de la riqueza y de los ingresos, profundizando la desigualdad social. Mientras no se cambien las condiciones generales del mercado de trabajo para los adultos y no se sancione la demanda de trabajo infantil, miles de niños y niñas seguirán trabajando, muchos bajo condiciones de explotación6.
El trabajo infantil en Bolivia: algunas cifras
En Bolivia, no existe información actualizada sobre la dimensión y las características del trabajo infantil y adolescente; el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el INE en 2012, que es la única información oficial disponible sobre el tema, reportaba que un total de 391.747 niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años participaban en algún tipo de actividad económica, de ellos poco más de la cuarta parte eran niños y niñas entre 7 y 12 años y el resto adolescentes mayores de 12 años.
Los niños y niñas se desempeñaban principalmente como trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares o aprendices no remunerados, u obreros o empleados; y se encontraban insertos en actividades agropecuarias, el comercio, la industria manufacturera y la construcción.
Ponemos estos datos a disposición de nuestros lectores para ayudar a comprender correctamente un fenómeno político tan poderoso en la izquierda como lo es la corriente política de Evo Morales, ayudando a develar su verdadera naturaleza de clase, más allá de la pirotecnia indigenista. Es tarea de los revolucionarios altiplánicos la construcción de un partido revolucionario que asuma las grandes tareas nacionales y sociales que plantea la revolución boliviana: un gobierno obrero-campesino que ponga fin a la explotación en todas sus formas y libere a las naciones oprimidas.
(Esta nota se ha hecho en base a información obtenida del Boletín informativo del Observatorio Boliviano de Empleo y Seguridad Social de octubre de 2017)
