DIARIO U. DE CHILE
Karina Palma |Lunes 23 de octubre 2017
Según un estudio de Techo-Chile, los campamentos han aumentado en un 48 por ciento durante los últimos seis años. Desde la organización enfatizaron en la necesidad de avanzar hacia un “banco de suelos públicos” y mayor regulación del Estado en el mercado inmobiliario.
El informe advierte una crítica vulneración al derecho a una vivienda adecuada, que se da por la imposibilidad de pagar los gastos de vivienda y condiciones mínimas de habitabilidad.
Pablo Flores, director de investigación social de Techo, dijo que de los 1.785 hogares encuestados, el 60 por ciento se encuentra en campamentos porque no tienen los recursos suficientes para pagar un arriendo.
En ese sentido, señaló que en el caso de los hogares que pagaban arriendo, en promedio destinaban el 46 por ciento de sus ingresos a este ítem, cifra superior al 21 por ciento recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Dichas familias perciben en promedio 335 mil pesos, de los cuales al menos 150 mil eran destinados a vivienda y 120 mil a alimentación.
De los encuestados, el 56,4 por ciento dijo vivir en una vivienda anteriormente, el 38,2 en una pieza de una vivienda y solo el 4,9 en otro campamento, lo que evidencia que esta es una situación nueva para la mayoría de las familias que hoy vive en campamentos.
Flores indicó que “estos datos hablan de la exclusión habitacional que hoy existe en Chile, no solo para las familias de campamentos, sino para gran parte de la población. Vimos cómo en la encuesta Casen hoy un 20 por ciento de la población arrienda, pero el primer quintil gasta más del 40 por ciento de sus ingresos en vivienda. Esta cifra aumenta para las personas que están en una situación de vulnerabilidad”, sostuvo.
Otro de los datos que arroja el estudio es que se trata de familias jóvenes donde el 54,2 por ciento de los jefes de hogar tiene entre 17 y 40 años de edad. De ellos el 55 por ciento dijo tener educación escolar incompleta.
Falta de regulación del mercado inmobiliario
Para el director de investigación social de Techo-Chile es fundamental que el Estado fortalezca las políticas públicas en materia de vivienda y diversifique las soluciones habitacionales por región. “No es lo mismo la situación de los campamentos en Antofagasta que la de Los Lagos”.
Además, advirtió que el Estado tiene un desafío urgente que es actualizar el catastro de familias que viven en campamentos y enfatizó en la necesidad de avanzar hacia un “banco de suelos públicos”.
“El Estado tiene todas las capacidades para poder regular la política habitacional en términos de las externalidades negativas que genera el mercado del arriendo y el mercado inmobiliario. Hay familias que están siendo desplazadas a vivir en la periferia, porque no tienen el ingreso suficiente para poder vivir dentro de una ciudad con equipamiento público. Entonces, estamos hablando de ciudades que están dadas por la capacidad de pago”, añadió.
Alexander Páez, investigador de Fundación Sol, criticó la falta de regulación que existe para el mercado inmobiliario. A su juicio, esto ocurre porque se trata de uno de los negocios para relevantes de los últimos diez años.
De este modo, explicó que tanto la especulación inmobiliaria como la extensión del crédito hipotecario a hogares de bajos ingresos, “conjuga una situación de vulnerabilidad en el tiempo, sobre el derecho a la vivienda”.
De acuerdo a datos de la OCDE publicados en febrero de este año, Chile es uno de los países que menos gasta en vivienda, alcanzando solo un 0.01 por ciento del PIB. Las cifras indican que en 2014 un 11 por ciento de los hogares vivía en condiciones de hacinamiento y un 69 por ciento de la población más pobre gastaba más del 40 por ciento de sus ingresos en vivienda.
“Estamos viviendo una crisis social producto de los bajos salarios”
El investigador de Fundación Sol dijo que la pobreza que se registra en Chile es consecuencia del bajo valor del trabajo que existe en general, donde la mitad de los trabajadores por concepto de la ocupación principal obtienen ingresos inferiores a los 350 mil pesos líquidos.
“Más allá de los índices de pobreza oficial, lo que estamos viviendo es una crisis social de magnitudes producto de los bajos salarios que se pagan. Cuando uno ve los datos de pobreza y saca los subsidios del Estado y el dato del alquiler imputado que se ocupa para calcular pobreza, nos damos cuenta que la las cifras oficiales pasan de un 11,7 por ciento a un 27 por ciento”, manifestó.
En tanto, según un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo, basado en cifras del Banco Mundial, la pobreza en Chile aumentó de 0,9 por ciento en 2013 a 1,3 por ciento en 2015, es decir, pasó de afectar a 158.685 personas a 235.083.
Esto, porque desde la entidad internacional advierten que una persona está bajo la línea de la pobreza cuando vive con 1,9 dólares diarios (1.260 pesos aproximadamente).
