El gobierno de Chile, es cosa de escoger: o bien es incompetente rayano en lo criminal, o bien, actúa en beneficio de los negocios privados. En ambos casos la población será la víctima de la crisis sanitaria. Una nota de Felipe Portales.
Al fin los alcaldes sabrán
POLITIKA
Por Felipe Portales
Por fin, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y el Colegio Médico han obtenido que se respete el derecho humano de acceso a la información pública; y en un tema tan crucial como la desagregación de los datos por comuna del efecto de la pandemia actual. El Gobierno, luego de varias semanas, ha dejado finalmente de ocultar un dato tan básico como el número de enfermos y fallecidos por coronavirus de cada una de las comunas del país.
Además de violar este derecho humano fundamental, con dicho ocultamiento se estaba impidiendo una labor de planeación de los alcaldes para contribuir a una eficaz lucha contra la pandemia y, específicamente, el conocimiento necesario de las urgencias que estaban afectando a cada comuna y a sus diversos centros de atención de salud.
Esperemos que junto con lo anterior se permita que los centros de salud municipal -ciertamente que respetando el secreto médico- puedan conocer la identidad y el domicilio de los afectados por el coronavirus para que los centros puedan ayudar también en los requerimientos de aquellos. Como lo ha dicho por televisión el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, se puede perfectamente implementar en esos centros un sistema de apoyo a las personas enfermas sin afectar para nada aquel secreto.
Desgraciadamente se hizo necesaria, para lograr lo anterior, una fuerte presión de las entidades edilicias y médicas al Gobierno, dada la desacertada gestión del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Gestión que no solo se ha expresado en hechos, sino también en declaraciones sumamente desafortunadas y erráticas. De este modo, ya hace meses se convirtió en un hazmerreír (resaltado por Stefan Kramer en el Festival de Viña) cuando dijo que Chile tenía “el mejor sistema de salud del planeta”. Luego, declaró el 4 de marzo, respecto del coronavirus, que “si llegamos a tener 430 mil casos estamos preparados. Si llegamos a tener un millón de casos coronavirus vamos a estar en un grave problema” (“Tele 13 Radio”; 4-3-2020). Posteriormente, el 17 de marzo declaró que “el peor escenario que hemos simulado (…) es que tengamos en el mismo momento –yo no digo que esto vaya a ocurrir- (…) 100 mil enfermos” (“La Tercera”; 17-3-2020).
Por otro lado, sus conflictos con el gremio médico y con el conjunto de los alcaldes han llegado a tal grado que la presidenta del Colegio, Izkia Siches, dijo la semana pasada en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, que “si uno pudiera retroceder y yo fuera Presidenta de la República, no pondría al ministro Mañalich en esta etapa” (“El Universal”; 28-3-2020). A su vez, el presidente de la ACHM (hasta el jueves pasado) y alcalde de Puente Alto, Germán Codina, ha tenido fuertes y permanentes roces con Mañalich, llegando a decir respecto de él que, “o cambia de actitud o el Presidente tiene que colocar a otra persona a cargo de la crisis sanitaria” (“El Mostrador”; 21-3-2020) y que “la soberbia de él no tiene límites” (“La Nación”; 21-3-2020). E incluso, el alcalde de Isla de Pascua, Edmunds Paoa, se expresó de forma indignada en contra del ministro, por la demora en adoptar medidas restrictivas en la Isla y por su negativa a escucharlo (Ver “El Desconcierto; 26-3-2020).
Finalmente, es muy probable que tal ocultamiento no solo se haya producido por el deseo de concentrar el poder (como se dice: “la información es poder”) o simplemente por mala voluntad. Es sabido que el virus llegó a Chile (como a todas partes fuera de China) “por avión”; y naturalmente quienes lo trajeron inocentemente fueron personas de las clases más acomodadas de nuestra población. Y como Santiago es una ciudad muy segregada, seguramente una abrumadora proporción de ellos reside en las comunas del barrio alto. Entonces,
muy probablemente el gobierno quiso evitar que surgiera una impresión de eventual “culpabilidad social” que añadiese en el futuro “combustible” a la protesta social. Y, por otro lado, que haya querido precaverse de que la evolución futura de la pandemia desnude completamente la extrema diferencia de calidad que existe entre los sistemas público y privado de atención de salud, entre Fonasa y las Isapres; lo que naturalmente quedaría en evidencia –en una ciudad tan segregada- con el lugar de residencia de las personas afectadas.
Desgraciadamente, tampoco debiera llamarnos la atención a este respecto la general ausencia en esta lucha de los alcaldes y del Colegio Médico de los líderes y parlamentarios de los partidos de la ex Concertación. No es un misterio para nadie que la Concertación, entre 1990 y 2010 legitimó, consolidó y perfeccionó el modelo económico-social impuesto por la dictadura, incluyendo su inequitativo sistema de salud. Y que –junto con la derecha- invisibilizó los efectos más perniciosos de dicho modelo, como fueron la silenciosa muerte anual de miles de personas que estaban en las listas de espera por Fonasa. Esto fue reconocido en un informe del propio Ministerio de Salud de 2018 dirigido al Congreso, y que no causó ningún escándalo público. En él se constataba que “durante todo 2016 fallecieron 15.600 pacientes de la lista de espera. Además señaló que si bien no era posible establecerlo de manera certera, al menos en 6.700 casos podía haber una relación entre la muerte y haber tenido una atención pendiente” (“El Mercurio”; 17-3-2018).
