Más Colombia
La relación con EE.UU. juega un papel decisivo en la economía colombiana desde hace al menos cien años. Uno de sus capítulos más recientes es el TLC con la potencia del norte que, lejos de impulsar la economía de Colombia, la ha sometido a una relación asimétrica que contabiliza grandes pérdidas. ¿Cambiará esta situación en el nuevo contexto político? Compartimos un análisis de Enrique Daza, director de CEDETRABAJO.
Por Enrique Daza
Hace por lo menos cien años que la relación de Colombia con Estados Unidos juega un papel decisivo en la economía colombiana. Desde el I took Panamá de noviembre de 1903 han pasado muchas décadas, signadas en buena parte por una relación estrecha y con muy pocas desavenencias entre los dos gobiernos en todos los terrenos. La relación ha incluido acuerdos militares tales como la participación colombiana en la guerra de Corea, su vinculación al Tratado Interamericano de Asistencia recíproca (TIAR), el intento de establecer aquí simultáneamente ocho bases militares estadounidenses y el hecho de poner a disposición de ese país importantes instalaciones militares. El ritmo, profundidad y características de la lucha contra los cultivos ilícitos y toda una estrategia de desarrollo fueron plasmados en el Plan Colombia que, redactado en inglés, incluye la apertura económica y el Tratado de Libre Comercio como unos de sus componentes principales. Hay, además, acuerdos culturales y educativos. En suma, los gobiernos colombianos han compartido la visión estratégica de Estados Unidos en el mundo y se enorgullecen de ser su principal aliado en Suramérica y de apoyar y participar en la OTAN.
Desde 1998, cuando comenzó a negociarse el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la liberalización comercial y la adopción de normas que no pudieron acordarse en la OMC por desacuerdos entre los países desarrollados ha sido el eje de las relaciones económicas entre los dos países. Ante el inminente fracaso del acuerdo, con el cual el gobierno colombiano coincidía plenamente, Colombia fue el primer país de la región andina que propuso suscribir un TLC bilateral con Estados Unidos. Se suscribió con el pretexto de que, al expirar el Atpdea y con él unas cuantas preferencias unilaterales y discrecionales con las que Estados Unidos compensaba los esfuerzos colombianos en la lucha contra el tráfico de drogas, era necesario que se volvieran permanentes y de mayor alcance. Colombia, a cambio, tendría que dar rápido acceso a su mercado a los productos de Estados Unidos, muchos subsidiados allá.
En la negociación, que culminó en 2006, el país no logró conservar ningún mecanismo de protección a la producción nacional. El Tratado de Libre Comercio entró en vigencia en 2012, por la exigencia del partido Demócrata de que se incluyeran exigencias en materia laboral, ambiental y de derechos humanos, las cuales, en el fondo, buscaban proteger sectores de la economía estadounidense ante la eventual competencia desleal proveniente del dumping laboral o ambiental.
El TLC no implicó un desmonte de la política industrial, ya desmontada durante los primeros años de la apertura, pero sí lo hizo irreversible con el tratado internacional. Durante todos estos años Colombia se ha desindustrializado y ha perdido la capacidad de alimentar a su propia población con productos nativos.
Las diferencias en la chequera de los dos países impiden que Colombia subsidie su agro para colocarlo en condiciones de competir con los productos importados, ya no en el campo internacional sino en el mercado interno. No solo en los subsidios, sino también en el costo país, hay diferencias grandísimas que no pueden subsanarse sino con cuantiosas inversiones en infraestructura y tecnología.
Quienes afirman que da lo mismo tener o no tener TLC y que basta con promover la competitividad olvidan que se aceptaron condiciones desiguales y que llevamos tres décadas de rezago, que solo podrán resolverse con un esfuerzo extraordinario para el cual el país tiene las manos atadas. El TLC le impide al Estado promover una política activa, dar preferencias a los productores nacionales y restablecer la capacidad de investigación, acopio, crédito subsidiado y demás que se necesitan para nivelar la cancha.
Los TLC tienen ganadores y perdedores. Ganadores, Estados Unidos y la Unión Europea. Perdedores, los nuestros. Es incluso posible que entre ellos pueda haber diálogo, especialmente con “nuestros amigos estadounidenses”. Pero si la parte colombiana no tiene una clara y firme posición acerca de sus intereses, el tema difícilmente entrará en la agenda, como efectivamente está sucediendo hasta el momento. Surge entonces la pregunta inevitable. ¿Dónde quedan las afirmaciones hechas por el candidato Petro? “Renegociaremos los Tratados de Libre Comercio y mejoraremos la posición de Colombia en el comercio internacional y en las cadenas mundiales de valor” y “Revisaremos los Tratados de Libre Comercio, la política de derechos de propiedad intelectual y las condiciones hacia la inversión extranjera en Colombia para proteger la producción nacional y mejorar la competitividad en los mercados internacionales” (Programa de Gobierno Gustavo Petro y Francia Márquez).
Valdría la pena atender los llamados hechos hace apenas unos meses por el actual ministro de Industria y Comercio: “En el mediano plazo, para recuperar la capacidad de implementar políticas públicas que conduzcan a un modelo de desarrollo sostenible de incorporación de progreso técnico, desarrollo de la capacidad humana y generación de empleo la renegociación de los tratados bilaterales (…) no es hora de replantear y renegociar tan draconianos Acuerdos, incluyendo los reales intereses de los países en desarrollo?”. Y “Si definimos un nuevo camino no hay ninguna limitante, los acuerdos se renegocian o se denuncian. Los únicos que no ‘se devuelven son los ríos’” (Una breve reflexión disruptiva (2, 3, 5). Germán Umaña Mendoza. Marzo 2, 9 y 24 de 2022. Ver Enlace 1, enlace 2 y enlace 3).
Nota original publicada en Más Colombia.
