Los rescatados del módulo ocho
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Hace 23 días, siete hombres alojados en el módulo más temido del peor afamado centro penitenciario, fueron diagnosticados de malnutrición por privación de alimentos. Su desgracia fue, a la vez, su golpe de suerte y la llave para escapar del módulo 8. Aún viven allí unos 670 presos.
Paula Barquet
El País, 24-6-2017
Víctor, Walter, Cristian, Nicolás, Gustavo y Luis se salvaron del módulo 8 del Comcar (Unidad de Reclusión N° 4). Estaban malnutridos, no comían hace semanas o incluso meses. No salían de la celda desde abril. No hacían otra cosa que convivir en un espacio de unos ocho metros cuadrados con otros 10 reclusos igual de hambrientos, desahuciados, sucios, desabrigados y deprimidos. Estaban desesperados en silencio. Fueron rescatados de ese ostracismo porque alguien los vio. Lo suyo fue un golpe de suerte.
El 31 de mayo, una médica que atiende una vez por semana diagnosticó el «adelgazamiento» de cuatro de ellos, que en un caso llegaba a ser «extremo». En la historia clínica escribió: «Refiere privación de alimento». La información llegó a oídos del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, que activó una serie de acciones para revertir la situación rápidamente. Se movió en el Parlamento y en la Justicia, donde radicó un recurso de amparo en convenio con la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de Udelar. En declaraciones a El País dijo que eran los mismos compañeros de celda los que se apropiaban de la comida de los demás.
En 24 horas, los seis fueron reubicados en el benévolo módulo 4. A un séptimo recluso, llamado Luis, se le encontraron varias heridas, traumatismo de cráneo, fractura de antebrazo izquierdo y quemaduras, además de síntomas de malnutrición. Su historia habla incluso de «tortura». A él lo derivaron a una cárcel de San José pero, según un informe de ASSE al que accedió El País, el miércoles pasado el recluso aún estaba en el módulo 8.
El diagnóstico médico logró, como por arte de magia, que de repente todos los ojos se posaran sobre estos presos. Desde ASSE se dispuso que hubiera un control médico semanal sobre cada uno. El equipo de la subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, los entrevistó para preguntarles cuáles eran sus necesidades particulares. Hubo dos que pidieron colchones; el resto solicitó frazadas, ropa de abrigo y calzado. A todos se les entregó un «kit» con championes, ojotas, toallas, pantalón deportivo y pantalón de jean, buzo polar, camisetas, ropa interior, jabón de tocador, jabón en barra y desodorante.
El jueves, durante una audiencia en el marco del recurso de amparo que presentó Petit, Juanche le dijo al juez Alejandro Martínez que entre esos siete reclusos se detectó que algunos eran analfabetos y se los ingresó al programa de alfabetización que el Codicen tiene para los privados de libertad. Anunció que se va a evaluar su participación en torneos de fútbol y básquetbol y, cuando se recuperen —porque aún están muy débiles—, se los invitará a jugar al rugby por el plan Pelota al medio.
Veintitrés días después de aquel diagnóstico que hiciera la doctora Marta Arellano, los presos aumentaron entre dos y ocho kilos cada uno. Ya no tienen la piel escamosa ni el pelo seco y opaco que se ve en los desnutridos. «Hay una franca mejoría de todos ellos. Son otras personas. Ya no tienen ese adelgazamiento, son más felices, no están asustados», declaró la doctora Arellano en el juzgado. Se les hizo una batería de exámenes para determinar el impacto de la falta de nutrientes en sus organismos, de los cuales aún no están todos los resultados disponibles.
«Están en un proceso de mejoría paulatina, aumentando su índice de masa corporal, con menos miedo, más capaces de mirar a los ojos a las personas que tienen adelante, con un poco menos de enojo y sonrientes», agregó su colega, la doctora Alma Fernández. Aún persisten algunos «síntomas claramente postraumáticos» como «pesadillas y flashbacks» por el «trato inhumano» al que estuvieron sometidos, señaló Fernández, pero «mejoró el acceso a la comida, el abrigo y la posibilidad de ver el sol». Han visto psicólogo, y dos tienen solicitado el pase a psiquiatra. Para Fernández, el hecho de que hayan aumentado de peso tan rápido confirma que su malnutrición era por privación de alimentos, y no por otra cosa.
Consultada por el juez, Juanche reconoció que el motivo del cambio respecto a estos presos fue la denuncia del comisionado. La subdirectora también declaró que el INR dispuso una investigación administrativa porque, haciendo averiguaciones, se percibió que algunos casos habían sido detectados por funcionarios del módulo 8 tiempo atrás. La investigación permitirá saber si efectivamente hubo quienes callaron sobre la privación de comida de algunos internos, e intentará determinar por qué lo hicieron.
Agujero negro
Hace 23 días que seis de esos siete hombres salieron del módulo más temido del centro penitenciario peor afamado en Uruguay. Por haber tocado fondo, o tal vez por una cuestión de azar, ya no viven en el módulo 8. Pero, ¿qué pasa con los 670 que siguen ahí?
«Los tipos están pasando mal», aseguró a El País un enfermero que trabaja hace años en el Comcar y que pidió mantener su nombre en reserva. En ese módulo las celdas son para dos pero hay entre ocho y 10 personas. Advirtió que la higiene es tan mala, que hace dos meses hubo una epidemia de sarna allí.
«La comida es un agua sucia: una olla con agua donde a veces aparecen pedazos de chancho. Si tenés un perro no le das eso», afirmó. Quienes tienen familiares eventualmente comen lo que les llevan. Pero, en general, los que están en el 8 son «chiquilines que salieron de la calle, que no tienen visitas».
El enfermero calcula que se entregan «tres medias ollas para unas 70 personas». La comida la reparten presos de buena conducta, la ingresan por una ranura («sapo») y ahí, dentro de la celda, es que cada uno se sirve. Como nadie supervisa la distribución, algunos presos hacen gala de su poder en esas instancias.
Hace pocos meses ASSE instaló un contenedor frente al ingreso al módulo 8 y exclusivamente para esos reclusos. Eso mejoró las condiciones de trabajo del personal de salud y también el acceso de los usuarios a la consulta. Cada lunes, durante tres horas aproximadamente, se atiende a unos 25 presos «a demanda». Los miércoles y viernes se ofrece atención en salud mental, a la que asisten en promedio siete personas por semana, según dijo en la audiencia del jueves el coordinador del centro de salud, Fernando Grezes. A raíz de la denuncia de Petit, y a partir de una demanda penal de algunos legisladores, se está empezando a revisar a todos los presos, sector por sector, de todas las cárceles de Montevideo.
Grezes reconoció que el «acceso» al contenedor de parte de los reclusos del 8 «no es fácil», y aunque declinó dar motivos, admitió que ellos manifiestan «dificultades» para que los policías los lleven.
El abogado y docente Juan Ceretta, patrocinante de Petit en este amparo y otros que el comisionado presentará respecto a la situación de varios presos, preguntó a Juanche si además de los traslados se había dispuesto alguna otra medida en el módulo. «Desde que estoy yo —setiembre de 2016—, el módulo 8 ha sido objeto de una serie de medidas, entiendo yo insuficientes por la magnitud de la superpoblación que tiene», contestó la jerarca.
Una de las medidas fue reubicar a 150 de los reclusos que estaban allí. Esto demandó un «proceso de entrevistas de clasificación uno por uno». Juanche admitió que el impacto de la acción es reducido porque cada mes ingresan otros cientos.
La misma impotencia transmitió el director del INR, Gonzalo Larrosa, el jueves en una actividad sobre derechos humanos en las cárceles. Dijo que el módulo 8 tiene la misma población que la cárcel de Punta de Rieles, donde una batería de medidas socioeducativas logró reducir la reincidencia al entorno del 5%. En el 8 del Comcar, «la reincidencia es altísima», dijo, y agregó: «Bajar la reincidencia implica bajar el hacinamiento y solucionar la falta de alimentos por la que todos estamos preocupados. No seamos hipócritas; tenemos que hacer cosas».
El subdirector nacional administrativo del INR, Luis Alberto Gadea, mencionó en la audiencia que en el último año se hicieron inversiones desde el punto de vista edilicio y sanitario, se estableció «un plan de desratización» para eliminar la presencia de roedores y se puso en marcha un programa de limpieza para «erradicar los basurales en la unidad en general».
El funcionario alegó que se hacen «constantes reparaciones para asegurar el agua potable para los reclusos». Dijo también que los artefactos (inodoros, retretes) se arreglan «a demanda» de los presos. Y explicó que si bien «hay luz», sucede que «las instalaciones eléctricas son vandalizadas para crear los famosos motos (calentadores). Eso genera sobrecargas que queman llaves y cableados, que se reponen permanentemente».
Petit, en su último informe anual, afirma que el módulo 8 «se incluye en la categoría trato cruel, inhumano o degradante». Sostiene que es un área de «alto riesgo vital en la convivencia, constituyendo un auténtico agujero negro estatal».
«No estarían con vida»
El 16 de junio el abogado Ceretta presentó, en nombre de Petit, un recurso de amparo ante un Juzgado de los Contencioso Administrativo. En el petitorio reclamó que en un plazo de no más de 30 días el Ministerio del Interior «diseñe y efectivice un plan de tratamiento integral» para los siete internos malnutridos. A su vez, dio plazo de 72 horas para realizar una «evaluación integral» de cada uno de ellos y para que reciban atención psicológica, psiquiátrica y de tratamiento de adicciones.
En la demanda, publicada parcialmente por Búsqueda el jueves pasado, Petit realiza un repaso de la historia y las características de cada uno de los reclusos aludidos.
Durante la audiencia, la defensa del Ministerio del Interior planteó que el amparo no corresponde porque «ya existen mecanismos legales específicos». «El juez de la causa penal tiene atribuciones para actuar en casos de vulneración de derechos humanos», alegó la abogada.
«No venimos a negar dificultades», aseguró, pero planteó que la demanda incurría en «generalidades» y que ciertas afirmaciones conducían a creer que había un «abandono de tareas» del ministerio. Según dijo, recientemente se gastaron $ 11 millones en readecuar la instalación eléctrica y en reparar puertas y cañerías. Finalmente, advirtió que parte del reclamo es competencia de ASSE, ya que el Ministerio del Interior no puede disponer la internación psiquiátrica de los presos.
Ayer, durante la audiencia de alegatos, Ceretta planteó: «De la prueba recibida surge inexorablemente la situación de desamparo, desprotección y vulneración de los derechos humanos más fundamentales». Agregó que los reclusos buscaron, sin éxito, otras vías para hacer sus reclamos. «Cuesta comprender cómo se esgrimen defensas formales bajo el argumento de que el comisionado debió agotar otras instancias; de seguirse esos criterios que la administración pretende, los siete reclusos de autos seguramente no estarían con vida», disparó Ceretta.
Este es el segundo recurso de amparo que presenta Petit. El primero, que aún está en trámite, fue para reclamar la inmediata intervención de un preso que teme perder una pierna por una grave infección. La estrategia es usar este mecanismo legal para «evidenciar estas realidades, poner el tema en agenda e inspirar un cambio en el sistema», explicó Ceretta.
La sentencia sobre los malnutridos se dictará el próximo lunes al mediodía.
Las historias de los siete reclusos desnutridos
Víctor tiene 45 años.
Está preso desde hace seis meses por tentativa de hurto. No recuerda su cédula. Dice que es oriundo de Fray Bentos. Se crió con la esposa del padre y no conoce a su madre biológica. No fue a la escuela ni al liceo, no sabe leer ni escribir. Tiene cuatro hijos con los que no tiene relación. Antes de caer preso vivía en la calle. Peso: 52 kg. Talla: 1,68. Índice de Masa Corporal (IMC)= 18,47. (Menor a 20 es bajo peso).
Walter tiene 31 años.
Está preso hace siete meses por tenencia de estupefacientes. Es de Cerrito de la Victoria. Cuando tenía 13 años fallecieron ambos padres por lo que comenzó a vivir en la calle. No tiene referentes. Refiere a privación de alimentos, golpes y amenazas. Peso: 56,6 kg, Talla: 1,79. IMC= 17,76
Nicolás tiene 21 años.
Es de Las Piedras. Está preso hace 10 meses. No sabe leer ni escribir. Es adicto a la pasta base. Peso: 55,1 kg. Talla: 1,81. IMC= 16,85.
Luis tiene 29 años.
Creció en Cerro Norte. No culminó la escuela. Tiene 10 hermanos. Hace tres meses que está preso. Dice haber sufrido abuso sexual que no pudo denunciar porque en su estadía no tuvo contacto con ningún funcionario. Peso: 47,3 kg. Talla: 1,70. IMC= 16,3.
Cristian, de 28 años.
Está preso hace cinco meses. Hace muchos años que tiene consumo problemático. Ya estuvo preso antes. Tiene dificultades en el relacionamiento con los compañeros debido a ciertos problemas de salud mental. Peso: 69 kg. Talla: 1,83. IMC= 20,6.
Gustavo, de 33 años.
Está preso hace cinco años. Ha estado internado en clínicas psiquiátricas. Tiene un coeficiente intelectual disminuido.
Luis tiene 29 años.
Nació en Artigas, donde vivió hasta los 17. Fue internado en el INAU, luego viajó a Montevideo y trabajó durante tres años. En el Comcar sufrió severos maltratos físicos y privación de alimentos.
Reglas Mandela: «alimentación de calidad» y «valor nutritivo»
El jueves pasado, en el Parlamento, se hizo un análisis del cumplimiento de las «Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos», conocidas como «Reglas Mandela» y aprobadas por la ONU en 2015. Una de esas reglas dice así: «Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas».
