Saúl Escobar Toledo, México
El miércoles 1º de noviembre, el gobierno anunció un plan de 61 mil millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y otras zonas devastadas por el huracán Otis, incluyendo Coyuca de Benítez. El presidente señaló que, si son insuficientes, se podrían ampliar. Así que conviene pensar que aún hay espacio para nuevas propuestas. De los 20 puntos anunciados, las transferencias monetarias a la población recaerían, fundamentalmente, en “adelantar” dos meses los programas de bienestar que ya se conocen y están presupuestados.
Para entendernos mejor, conviene señalar que según la SHCP, para el presupuesto 2024, los programas sociales prioritarios son: el de Adultos Mayores (62.7% del total); el de becas para los niños (11.9%); Sembrando Vida (5.3%); la Escuela es Nuestra (3.8%); Pensión para personas con discapacidad (3.8%) Jóvenes Construyendo el Futuro (3.2%); Fertilizantes(2.4%); Producción para el Bienestar (2.2%); Precios de Garantía (1.7%); Adquisición de Leche y Abasto Rural (1%); Programa de Vivienda Social (0.6%); Programas de Mejoramiento Urbano(0.6%); Niñas y Niños (0.4%); Pesca (0.2%); Universidades para el Bienestar (0.2%), con un total de 742 mil millones de pesos.
Como puede observarse, el más importante y el que aporta mayores ingresos a los beneficiarios es el de adultos mayores. Aunque también se anunció incorporar a 10 mil jóvenes más al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, tomando en cuenta que la población de Acapulco que tiene entre 15 y 24 años es de aproximadamente 120 mil jóvenes, la ampliación anunciada no parece muy significativa. Además, poner a trabajar a estos becarios en labores de limpieza y construcción de viviendas no va acorde con las finalidades del programa que se diseñó para capacitar a los jóvenes en oficios y profesiones especializadas. La medida anunciada parece más bien un programa muy limitado de empleo temporal.
Para los empresarios se anunciaron otras medidas, básicamente, exenciones fiscales y créditos a bajo costo con especial atención a los hoteles, las cuales sin duda resultan necesarias para levantar la industria turística del puerto.
Sin embargo, destaca que las medidas anunciadas por el presidente no contemplen apoyos extraordinarios a los agricultores y campesinos, adicionales a los ya señalados (fertilizantes, Sembrando vida, etc.). No hay tampoco una partida extraordinaria para salud y educación (rehabilitación de hospitales y escuelas).
Hay una ausencia también de gran importancia: falta un programa diseñado especialmente para beneficiar directamente a los trabajadores. Hay que partir del hecho de que, en estos momentos, hay un desempleo masivo, cercano al 100% de la población económicamente activa. Por lo anterior, conviene en pensar en un programa especial, el cual puede consistir en un ingreso vital destinado a todas las personas trabajadoras de Acapulco sean formales o informales; por cuenta propia o asalariados; e incluso con ingresos laborales (antes de la catástrofe) o sin ellos (como, sobre todo, es el caso de las mujeres que realizan solamente trabajos no pagados en tareas del hogar). Una medida similar se tomó en Brasil durante varios meses durante la pandemia y tuvo buenos resultados tanto para paliar la pobreza como para reanimar la economía.
La mecánica que se siguió, en aquel país de Sudamérica, en resumen, fue la siguiente: los trabajadores se inscriben voluntariamente en el programa, de preferencia por medio de un teléfono celular (o personalmente en alguna oficina); los datos que se requiere son mínimos y fáciles de llenar con base (en nuestro caso) en la credencial del INE, aunque también se requirió un registro fiscal (para México, la Constancia que otorga el SAT). Ésta, sin embargo, igualmente, sería sencilla de tramitar mediante un programa especial. Las transferencias monetarias se harían por medio del sistema bancario y podrían retirarse mediante un código QR instalado en el mismo teléfono (según datos de la Secretaría de Economía, el 88% de los acapulqueños cuenta con un teléfono celular, aunque, desde luego, tendría que estar reparadas la infraestructura de internet).
Para Acapulco, el apoyo monetario podría consistir en un salario mínimo diario por entre tres y seis meses. El monto total del gasto, para el gobierno, podría llegar, en el extremo, a beneficiar a unos 500 – 600 mil personas (el 75% de la población total, compuesta por los mayores de 18 años, según datos de INEGI) lo que equivaldría a un gasto diario de 120 millones y a 10 mil millones por 90 días o 20 mil millones por 180 días.
Estas cantidades pueden parecer cuantiosas. No obstante, de acuerdo con la palabra del presidente, se cuenta con recursos “ilimitados”, por lo que conviene más bien destacar los beneficios de una medida semejante que en reparar en sus impactos fiscales:
Dado que la ocupación tanto formal como informal en Acapulco tardará en retornar a los niveles previos a la catástrofe, es indispensable garantizar que las familias tengan un ingreso fijo que les impida caer en alguna dimensión de la pobreza o en la pobreza extrema. Sin esta ayuda, los trabajadores tendrían que migrar a otros municipios o estados del país; pasar de la formalidad a la informalidad; y los que ya están en esa situación, aceptar ocupaciones extremadamente insalubres o riesgosas. Ayudarían también a que los cuidados de niños, enfermos, y adultos mayores y el trabajo del hogar se realice de manera más compartida (entre los miembros de la familia) y menos angustiosa para las mujeres (como fue el caso, lamentablemente, para la mayoría de las mujeres mexicanas durante la pandemia).
Los apoyos en especie, que se anunciaron el día 1º de noviembre, en particular las despensas con alimentos, y los paquetes de enseres básicos, serán indispensables. Sin embargo, tardan en llegar y su frecuencia no es siempre oportuna; además, el censo de beneficiados es complicado y no muy exacto. Se sabe y es frecuente que varias familias vivan en un mismo domicilio o que una familia lo haga en varios domicilios. La experiencia del terremoto de 2017 en Oaxaca y Chiapas y otros estados mostró ya las complicaciones de repartir estas ayudas. En cambio, las ayudas monetarias enfocadas a una persona trabajadora ayudan a reanimar el comercio y la producción locales y tienen destinarios claramente definidos que evitan la exclusión involuntaria o la duplicación de beneficios.
Adicionalmente, el registro de beneficiarios permite tener una información mucho más exacta que los censos casa por casa y ofrece a las autoridades datos valiosos para implementa programas fiscales, laborales y de beneficio social.
En realidad, un programa semejante tiene puntos en común con lo que se entiende por un seguro de desempleo. Las catástrofes revelan, casi siempre, las fallas institucionales de un país en un momento dado. En este caso, la ausencia de un Seguro de Desempleo a nivel nacional. Aunque se cuenta ya con la experiencia del seguro de desempleo en la Ciudad de México, los intentos por crear este Seguro a nivel nacional (el más reciente en 2013) se han quedado en la “congeladora” legislativa debido a los desacuerdos acerca de su financiamiento. Por ello, en el corto plazo, resultaría muy complicada y azarosa su aprobación, incluso a nivel del estado de Guerrero.
En cambio, una medida como el Ingreso Vital, especialmente dirigida a los trabajadores del puerto de Acapulco, dictada por el Ejecutivo Federal e incluso sancionada por el Legislativo con el objeto de autorizar una ampliación presupuestal, sería más sencilla de poner en práctica.
Si se estudia con cuidado y con base en la experiencia internacional, seguramente podría concluirse que una medida semejante ayudaría a levantar más rápidamente y en mejores condiciones una nueva economía acapulqueña, basada en el turismo, pero con mejores niveles salariales y menores porcentajes de informalidad. Todos saldrían ganando.
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