El pasado viernes 10 de enero, aproximadamente a las 23 horas, en calle Santa Lucía casi esquina de Huérfanos en la capital de Chile, cinco Civiles No Identificados, atraparon a un joven, lo golpearon y arrastraron hacia un vehículo particular. Luego se perdieron en la noche santiaguina. Los registros audiovisuales y los testimonios de testigos dan cuenta de un violento SECUESTRO.
Temores fundados sobre el destino de este joven calaron esa noche en la opinión pública. ¿Quiénes tiene el poder para actuar así en democracia? ¿Dónde esta la persona secuestrada? ¿Comienza una nueva Lista de detenidos desaparecidos?
Horas después, Nicolas Ríos –la víctima del secuestro- fue ingresado a la 33ª Comisaría de Ñuñoa por efectivos del OS9, Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales de Carabineros de Chile, quienes según la información oficial, procedió en la madrugada a interrogarlo.
Esta modalidad no es nueva. En la persecución a estudiantes de Santiago, llevada adelante por el Alcalde Felipe Alessandri y la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, se denunciaron reiterados secuestros de dirigentes secundario, entre otros el de Ayelen Salgado, vocera de la ACES. Pero la violencia del secuestro acaecido el viernes, conmocionó a la comunidad nacional.
Las autoridades, Ministro de Interior, Subsecretario, Intendente y Altos Mandos de la institución policial, salieron –como de costumbre- a respaldar este ilegal procedimiento. Muy sueltos de cuerpo, afirmaron que está dentro de las facultades legales de los funcionarios. En otras palabras, nos notifican que cualquier persona que habita o transita por el territorio nacional está en riesgo de ser atacada por una patota de individuos sin identificación, que nos pueden golpear a su antojo, subir a vehículos particulares y llevarnos con destino desconocido.
¿CÓMPLICES PASIVOS?
El poder Judicial, a través de la jueza Karen Atala Riffo del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, envió una pésima señal a la ciudadanía. No sólo legitimó lo obrado por los funcionarios del OS9 –a pesar de que las detenciones por personal de civil están específicamente reguladas en leyes y reglamentos QUE NO FUERON RESPETADOS-, sino que se negó a ver el video que registró el secuestro, negó el ingreso de la familia al tribunal y acogió la petición de la Fiscalía, de dejar en prisión preventiva a la víctima, un joven de 20 años sin antecedentes policiales, en base a una foto borrosa de las espaldas de una persona que arroja un artefacto incendiario en el marco de los violentos enfrentamientos de carabineros con manifestantes.
Sobrevivientes de prisión política y torturas conocemos lo suficiente de las maniobras de los aparatos de seguridad como para saber que se llegó al punto límite. Informes de organismos nacionales de derechos humanos como el INDH y la Defensoría de la Niñez, y cinco Informes internacionales (AI/ HRW/ CIDH/ ACNUDH/ Misión de Observación presidida por Rigoberta Menchú) dan cuenta de las graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos esenciales cometidas en los tres últimos meses por funcionarios del Estado en contra de miles de ciudadanos que exijen respeto a su dignidad y justicia social.
Sabemos que no podemos esperar nada de un Gobierno irrelevante, que con un escuálido 6% de apoyo, sólo maniobra para mantenerse en el poder, aun a costa de la sangre y los ojos de sus compatriotas. Pero el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, el Senado de la República no pueden seguir siendo CÓMPLICES PASIVOS de violaciones flagrantes a la ley y los derechos humanos. Altos niveles de RECHAZO ciudadano hablan claramente de una crisis terminal de legitimidad del Gobierno y del conjunto de las instituciones del Estado de Chile.
Los Informes de organismos nacionales e internacionales de DD.HH. no han tenido ningún efecto real en las políticas gubernamentales. Carabineros sigue abusando, torturando, mutilando, atropellando personas. Y siguiendo el Manual de Contra Insurgencia, no vacila en atacar brutalmente a periodistas, comunicadores y Equipos de Salud, que solo cubren las manifestaciones. Pero el país sabe en qué manos está la seguridad pública; Un 83% de la ciudadanía (Encuesta CEP) ya no confía de esta policía militarizada.
En este contexto se ha solicitado a la CIDH medidas cautelares de protección para más de 250 dirigentes en riesgo, pero no se ven indicios de modificar conductas criminales contra la población civil. Si en Chile, las instituciones que tienen que velar por el respeto a las leyes, incumplen gravemente su mandato institucional por acción u omisión; si no se respeta el Estado de derecho, si nos pueden gasear, apalear, violar, mutilar, atropellar y secuestrar impunemente… estamos OTRA VEZ a merced de torturadores y asesinos.
Las organizaciones del Comando Unitario de Ex PP y Familiares, junto a organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, llamamos a exigir que se respete el Estado de Derecho, que funcionarios policiales se apeguen a protocolos y reglamentos, que el parlamento revise y restrinja las atribuciones policiales que permiten este tipo de actos; que el Poder Judicial no avale una vez mas el Terrorismo de Estado, y sancione como corresponde a quienes le causan grave daño a Chile y gente. Es indignante que más de 2 mil ciudadanos permanezcan recluidos en base al “parte policial” y agentes del Estado violadores y torturadores queden rápidamente en libertad.
Si las actuales autoridades no son capaces de garantizar el respeto a los derechos humanos de la población y el cumplimiento de las leyes, deben por el bien de Chile RESIGNAR SUS CARGOS y llamar a elecciones generales. Para salir de la crisis actual, no sirve la represión… se requiere ¡MAS DEMOCRACIA!
Chile, enero 2020.
Comando Unitario de Ex PP y Familiares
Comisión Ética Contra la Tortura
Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos de Gotemburgo – Suecia
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía
EXIL – Chile
Fundación por la Memoria – San Antonio
Periodico Digital Werken Rojo
Fundación Constituyente XXI
