Por Héctor Vega
Previsiones recientes del Banco Central para 2020 fijan la caída del PIB en 7,5%. Previsiones de diversas fuentes fijan la baja del empleo y de la inversión en cifras inéditas de 15%. En un escenario macro de grandes y medianas empresas con pasivos que superan ampliamente los activos, el rol del Estado es preponderante para salvar la estructura productiva en quiebra. En esas circunstancias no queda otra opción que la estatización temporal de las grandes y medianas empresas en quiebra mediante un aporte estatal suficiente que permita la continuidad operacional de las empresas durante la pandemia y su posterior recuperación. Dichos aportes del estado se traducirán en el traspaso de la propiedad de la empresa al Estado, en términos que implique el control en la administración en conjunto con los propietarios que hubiere a la fecha del aporte del estado. La valorización de la empresa, que se haga a la fecha del ingreso del Estado, determinará la participación de los actuales propietarios y del Estado. El aporte del Estado se hará mediante un aumento de capital de la empresa fallida. El Estado en todo caso deberá tener el control de la empresa mediante la propiedad de al menos un 51% de participación en el capital de las empresas.
Al criterio de la quiebra se consideran otros de importancia central a saber, el carácter estratégico de las empresas en cuestión y miles de trabajadores cesantes. Las grandes y medianas empresas representan el 4% del total es decir, poco más de 56 mil unidades productivas entre grandes (14172) y medianas (42000) con un 92% de las ventas. El presupuesto público financiará mediante programas especiales a las, micro y pequeñas empresas esto es, 875000 unidades, que representan el 8% de las ventas totales, pero más del 85% del empleo.
Por disposición constitucional, el Banco Central no puede adquirir documentos emitidos por empresas (Art. 109 de la CPE). El financiamiento de esta acción del estado (aportes de capital a empresas rescatables) será mediante la emisión de bonos por la Tesorería General de la República, bonos equivalentes al valor de las empresas en vías de estatización, que serán cotizados en Bolsa por el mercado secundario. De esta manera el Estado se constituirá garante de los títulos de deuda así emitidos. Los bonos se emitirán en una moneda de cuenta autorizada por el Banco Central; tendrán un plazo de 10 años y serán reajustables.
El Estado formulará un plan de rescate, cuyas metas en el conjunto de la economía real, velarán por mantener y desarrollar el encadenamiento con las grandes y medianas empresas. Las ganancias operacionales y pago a proveedores, se ajustarán a las metas definidas en los diferentes sectores económicos a saber, servicios, agricultura, industria, infraestructura productiva y social.
El Estado tendrá el control de la administración de dichas empresas a la que se incorporarán los antiguos dueños bajo condiciones determinadas en el proceso de estatización. Con su participación se organizarán las llamadas “mesas de mercado” desde donde se llegará a acuerdos relativos al suministro de insumos, su precio, tiempos de ejecución y entrega final de la producción (Ver mi artículo “Frente al fracaso del gobierno otros hombres y mujeres deben tomar el relevo” en https://hectorvegatapia.com En el artículo se explica el funcionamiento de las mesas de mercado). Logrado el objetivo de recuperar las empresas quebradas por la pandemia, o al término de los 10 años se evaluará el proceso de privatización (buy back) en el mercado local, teniendo preferencia los antiguos propietarios.
Santiago, julio 19, 2020
