El Primer Secretario del Comité Central, General de Ejército Raúl Castro Ruz, presentó informe a las y los delegados al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el Palacio de Convenciones de la Habana.
Reproducimos su importante intervención sobre la política exterior de la Revolución cubana:
Abordaré a continuación temas de la política exterior
El escenario internacional que enfrentamos hoy es marcadamente distinto al de abril de 2016, cuando celebramos el VII Congreso. Estos cinco años se han caracterizado por un incremento inaudito de la agresividad del gobierno estadounidense.
Históricamente el hegemonismo imperialista de los Estados Unidos ha planteado una amenaza para el destino y la supervivencia de la nación cubana. No es un fenómeno nuevo. Ha acompañado a los cubanos desde los orígenes de la Patria cuando surgieron los primeros anhelos de soberanía e independencia en nuestro pueblo.
Era ya un reto para los héroes que emprendieron la contienda contra el colonialismo español en el siglo XIX. Lo enfrentamos las generaciones de cubanos que continuamos la lucha en el siglo XX y lo encara el pueblo que en nuestros días defiende, en estrecha unidad, la libertad y la justicia alcanzadas.
Se materializó con particular crudeza durante la ocupación militar de nuestro país entre 1898 y 1902, y la posterior imposición de la Enmienda Platt como apéndice de la Constitución.
Se consolidó con el Tratado de Relaciones de 1934, un tema que he observado en conversaciones que he tenido con diferentes ciudadanos que se domina poco, que el vecino del norte impuso al gobierno nacional de turno bajo la presencia amenazante de unidades navales de la marina estadounidense en la bahía de La Habana. Se sustituyó así, en aparente e hipócrita gesto amigable, a la Enmienda Platt, cuyas disposiciones más lacerantes permanecieron en el nuevo instrumento, junto con los compromisos políticos y económicos que consolidaron la subordinación y dependencia de Cuba a los Estados Unidos hasta enero de 1959.
Es un desafío íntimamente asociado a la concepción imperialista del Destino Manifiesto, a la brutal Doctrina Monroe y a las visiones del Panamericanismo con que han pretendido subyugar a nuestra región desde los tiempos de Simón Bolívar.
En los últimos cuatro años, al inmenso y desigual poderío estadounidense y a la escalada de la agresión contra Cuba, se sumó la impunidad. El gobierno estadounidense pareció convencido de que disfrutaba de libertad para actuar a su antojo y del derecho a imponer al mundo su voluntad con el simple respaldo del uso de la fuerza y pretendió poner en crisis política, legal y moral a los pilares sobre los que descansaron las relaciones internacionales durante décadas.
La comunidad internacional pareció incapaz de frenar los atropellos y los abusos más flagrantes de parte de la principal potencia económica, militar y tecnológica, cuya actuación irresponsable ha sido la mayor amenaza a la paz, la estabilidad, el equilibrio ecológico y la supervivencia de la vida en la Tierra.
Ese contexto explica en parte el efecto particularmente nocivo del bloqueo económico con el que Estados Unidos agrede a nuestro país. También lo exponen las condiciones de una economía internacional cada vez más interconectada, interdependiente y crecientemente sujeta al dictado de los centros financieros de poder que se controlan desde Washington.
A pesar del rechazo reiterado y abrumador de la comunidad internacional, el bloqueo perjudica las relaciones económicas de Cuba con prácticamente todas las naciones del planeta, con independencia de la posición política de un país o de su relación con nosotros.
En muchos casos, los gobiernos no tienen siquiera la capacidad de hacer cumplir sus prerrogativas soberanas sobre la actuación de entidades nacionales que radican en sus propios territorios, pues con frecuencia estas se subordinan dócilmente a Washington, como si viviéramos en un mundo subyugado por el poder unipolar de los Estados Unidos.
Es un fenómeno que se expresa con especial impacto en el sector financiero, cuando la banca nacional de varios países privilegia las disposiciones de la administración estadounidense sobre las decisiones políticas de sus propios gobiernos. Estas realidades se reafirman a medida que se ha extendido la globalización neoliberal.
Ese bloqueo, que nuestro pueblo ha enfrentado durante más de 60 años con esfuerzo, sacrificio y creatividad, hubiera sido capaz de devastar la economía y la estabilidad social de cualquier país, aun aquellos que son más ricos y poderosos que Cuba. Es la guerra económica más abarcadora, desigual y prolongada que se haya desatado jamás contra nación alguna.
Solo en las condiciones del sistema socialista, basado en la justicia social, la unidad del pueblo en torno al Partido y el empeño mancomunado y solidario de defender al país, puede una nación subdesarrollada y relativamente pequeña como la nuestra, con escasas riquezas naturales, evitar el colapso e incluso avanzar en su desarrollo.
La política contra Cuba desatada por el anterior gobierno de los Estados Unidos se reforzó, precisamente, en las duras condiciones de la pandemia de la COVID-19. Se puso de manifiesto, de modo ostensible, la despiadada naturaleza del imperialismo.
A veces no se comprenden lo suficiente o no se valoran con detenimiento los datos objetivos sobre el daño que Estados Unidos ha causado a la economía cubana y el impacto objetivo de las más de 240 medidas coercitivas adoptadas desde 2017. Debe entenderse que no se trata de simples acciones de incremento del bloqueo, sino de nuevos métodos, algunos sin precedentes, que llevaron la magnitud de la guerra económica a un escalón cualitativamente más agresivo, que se refleja en las carencias materiales que acompañan la vida cotidiana de cada cubano.
A esto se suma la descarada campaña financiada desde Washington para promover la mentira de que el bloqueo no es real, que no daña verdaderamente a la economía cubana, que no es un problema significativo para nuestro desarrollo y nuestra estabilidad económica. Es una falsedad que se difunde por vía de los poderosos medios de información al servicio del imperialismo y de las redes digitales diseñadas para influir en el pensamiento de muchos, incluso de algunos de nuestros compatriotas.
Entre las primeras acciones para reforzar el cerco económico contra Cuba estuvo la de designar en noviembre de 2017 una relación de entidades empresariales cubanas a las que se sometería a restricciones adicionales a las ya sufridas por el bloqueo. Esa lista, que se actualizó varias veces, abarca hoy 231 unidades, muchas de ellas con responsabilidad en la red de comercio minorista del país, el sistema de abastecimiento de las necesidades más importantes para la economía y la población, todas las instalaciones hoteleras del país y varias instituciones del sector financiero.
El gobierno de los Estados Unidos justifica esa acción con el pretexto de estar restringiendo la actividad de empresas pertenecientes al sector de la defensa y la seguridad, a las cuales acusa de sostener la represión a los derechos humanos en Cuba y la intervención cubana en Venezuela.
Nuestro pueblo conoce bien que esta persecución ilegítima se dirige contra entidades exitosas cuya función social es totalmente económica y comercial, como sucede en cualquier parte del mundo, y que aseguran un aporte significativo a la economía nacional.
También conoce con clara certeza y por experiencia histórica que el objetivo de esta medida es extender el cerco económico para sabotear al sistema empresarial, obstaculizar el proceso de actualización de la economía, quebrar la gestión del Estado e imponer la informalidad, la atomización de la actividad económica y el caos, con la declarada meta de estrangular al país y provocar un estallido social.
En la extraordinaria tarea de enfrentar la pandemia de la COVID-19, hemos tenido que dedicar cuantiosos recursos a garantizar con urgencia el equipamiento y los materiales necesarios para nuestros hospitales y centros asistenciales. El costo hubiera sido menos oneroso si Cuba no tuviera que acudir a mercados lejanos y muchas veces indirectos para adquirir tecnologías sujetas a las prohibiciones del bloqueo.
La persecución financiera, por otro lado, adquirió las características de una verdadera cacería contra las transacciones cubanas, lo que perjudica nuestras capacidades de pago para los productos y servicios que importamos, y para el cobro de los que exportamos, con el consecuente encarecimiento del comercio exterior en su conjunto.
Para castigar a Cuba y a los cubanos que viven dentro y fuera del país, Estados Unidos limitó primero y cortó después prácticamente toda posibilidad de remesar dinero a Cuba.
Estas realidades están presentes en el desabastecimiento de productos imprescindibles en el consumo de la población. Son causa, además, de muchas de las dificultades de la industria nacional para contar a tiempo, con la calidad y las normas requeridas, con los insumos necesarios para la producción. Ello abarca tanto bienes de consumo como las medicinas y los productos de la industria alimentaria.
El reforzamiento del bloqueo complica el cumplimiento de los compromisos financieros internacionales, a pesar de la firme determinación de honrarlos y del esfuerzo que acometemos para realizar pagos que, aunque modestos, conllevan un gran sacrificio.
Se implementaron, de manera creciente, medidas para restringir los viajes a Cuba, tanto por vía aérea como marítima, lo que significó un golpe brutal a una parte considerable del sector no estatal de la economía dedicado a los servicios.
El daño que estas medidas causan al nivel de vida de la población no es fortuito ni fruto de efectos colaterales, es consecuencia de un propósito deliberado de castigar, en su conjunto, al pueblo cubano.
Una de las acciones más significativas, por su grado de crueldad, por lo inadmisible de cara al Derecho Internacional y por la impunidad con que Estados Unidos la acomete, es el empeño, desde abril de 2019, de privar a Cuba de los suministros de combustibles. Para lograrlo aplican medidas propias de la guerra no convencional, a fin de impedir que lleguen al territorio nacional estos suministros.
Es una de las acciones que mejor ilustra la nueva dimensión que adquirió la guerra económica contra Cuba. Para encararla, hemos transitado por periodos de mucha tensión y si el costo no ha sido demoledor, como esperaba Estados Unidos, es por la fortaleza de la sociedad que hemos construido y defendido y la capacidad de resistencia de nuestro pueblo heroico.
Otro de los actos que mejor describe la naturaleza del imperialismo y la escalada de su agresión contra la nación es la inmoral campaña desatada contra la cooperación médica internacional que presta Cuba.
Nuestra trayectoria en este frente no tiene equiparación en el mundo. Es un esfuerzo consustancial a los principios morales sobre los que se edifica la sociedad cubana. Descansa en la noción de que compartimos lo que tenemos, no lo que nos sobra. El éxito de haber formado con perseverancia y dedicación una capacidad significativa de recursos humanos y de disponer de un sistema de salud pública robusto, efectivo y sostenible nos brinda esa oportunidad de compartir con otros.
Es un empeño solidario que se mantendrá a pesar de las campañas. Ha salvado vidas, enfrentado enfermedades, aliviado sufrimientos y mejorado las condiciones de salud y bienestar de millones de personas en el mundo, casi siempre de las poblaciones más vulnerables o desfavorecidas, en las zonas más remotas, en ocasiones, en condiciones de extrema dificultad e incluso de peligro. Comprende importantes y meritorias labores de asistencia a países que han sufrido desastres naturales.
El ataque estadounidense va dirigido a desprestigiar una labor tan noble y reconocida y a privar a Cuba de los ingresos justos, honestos y legítimos que con su esfuerzo aseguran miles de profesionales formados técnica y éticamente en el país.
El acceso a la salud es un derecho humano universal y el gobierno de los Estados Unidos comete un crimen cuando para agredirnos, se dedica a sabotear la única fuente de servicios médicos a la que tienen acceso millones de personas en el mundo.
Además de todo lo anterior, en abril de 2019, y con el objetivo de amedrentar a los inversionistas extranjeros, compañías y empresarios que apuestan a una relación económica y comercial con Cuba, Estados Unidos decidió, por primera vez, permitir que al amparo del Título III de la infame Ley Helms-Burton se admitan en tribunales de ese país las demandas que presenten presuntos reclamantes de propiedades que fueron justa y legítimamente nacionalizadas en los primeros años de la Revolución.
No se trata de una ley nueva, es un engendro que data de 1996, que codifica en ley el bloqueo y establece como obligación del gobierno estadounidense agredir a Cuba económicamente, a escala internacional y de modo abarcador. Dispone además y como mandato legal la promoción de la subversión política para destruir el orden constitucional cubano, con el respaldo cada año de un financiamiento oficial y millonario del presupuesto federal.
Llega al colmo de diseñar el programa de intervención política en nuestro país y el establecimiento de un tutelaje que sometería a la nación cubana a la condición de territorio subyugado y subordinado a la soberanía de Estados Unidos bajo un interventor nombrado por este.
Se trata de un instrumento político y jurídico despreciable, concebido con gran oportunismo en los momentos más duros del Periodo Especial y cuando albergaban en Washington la confianza de que la Revolución no sería capaz de sostenerse ni de ser fieles al compromiso de mantener en alto las banderas del socialismo y salvaguardar la causa que defendieron nuestros mártires.
Por eso decimos que es una Ley que nuestro pueblo debe bien y que no puede darse el lujo de olvidar, aun si algún día fuera derogada.
Cuando, en diciembre de 2014, decidimos conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos, encabezado entonces por el presidente Barack Obama, avanzar hacia un mejor entendimiento entre nuestros respectivos países, expresé ante la Asamblea Nacional del Poder Popular: “[…] se ha dado un paso importante, pero queda por resolver lo esencial, que es el cese del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, recrudecido en los últimos años, en particular en el ámbito de las transacciones financieras, con la aplicación de enormes e ilegítimas multas contra bancos de diversos países”.
La agresiva conducta desatada por la anterior administración norteamericana reafirma con claras evidencias que cualquier perspectiva de verdadera evolución positiva en la relación entre ambos países, para que sea sostenible, tendría que estar asociada a la eliminación del bloqueo económico y al andamiaje legislativo que lo sustenta.
No nos ilusionamos de que se trata de algo fácil y sencillo, por el contrario, se requerirá de la voluntad política sensata y respetuosa de quien gobierne en los Estados Unidos. Cuba ha sostenido y sostiene que no identificamos al pueblo estadounidense como enemigo, que las diferencias políticas e ideológicas no son impedimento para una relación respetuosa y civilizada con nuestro vecino.
Hemos manifestado incluso que podemos desarrollar una relación de cooperación en muchos asuntos, de beneficio para ambos países y para la región.
Nunca olvidaremos el contenido del Artículo 16, inciso a) de la Constitución, que reafirma que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción.
Ratifico desde este Congreso del Partido la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos, sin que se pretenda que para lograrlo Cuba renuncie a los principios de la Revolución y el Socialismo, realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia, ceda en la defensa de sus ideales y el ejercicio de su política exterior, comprometida con las causas justas, la defensa de la autodeterminación de los pueblos y el histórico apoyo a países hermanos.
Al propio tiempo, tenemos el deber de permanecer alertas, de asumir con responsabilidad las enseñanzas de la historia y de proteger a nuestro país, y el derecho soberano a existir por el que se han sacrificado tantas generaciones de cubanos.
Debemos hacerlo sin descuidar la defensa y con un esfuerzo constante y comprometido, dirigido a edificar las bases económicas que nos permitan enfrentar con éxito una guerra económica incesante y asimétrica, de una potencia dispuesta a aprovechar su magnitud e influencia económica para agredir a nuestra Patria.
Compañeras y compañeros:
Hace hoy exactamente cinco años, advertimos que la región de América Latina y el Caribe se encontraba bajo los efectos de una fuerte y articulada contraofensiva promovida por el imperialismo y las oligarquías regionales contra los gobiernos revolucionarios y progresistas que habían llegado al poder como resultado de la resistencia y la lucha de los pueblos contra los nefastos efectos de los modelos neoliberales.
Esa contraofensiva se fortaleció cuando la conducción de la política exterior de los Estados Unidos cayó en manos de personajes siniestros, vinculados a episodios injerencistas e intervencionistas en nuestra región, y asociados a elementos de la ultraderecha cubano-americana, varios de ellos de conocida trayectoria terrorista y corrupta.
Nunca disimularon su compromiso con la vigencia de la Doctrina Monroe. Mezclaron el fanatismo antisocialista con la desesperación por conseguir objetivos a corto plazo. Acudieron a métodos de guerra no convencional y operaciones desestabilizadoras que resultaron sumamente peligrosas para toda la región.
Demostraron el desprecio hacia nuestros pueblos e instituciones. Desconocieron los derechos soberanos de todas las naciones del hemisferio y amenazaron peligrosamente la paz y seguridad regionales. Varios gobiernos de la región pretendieron ignorar la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en La Habana por los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, en enero de 2014.
Ese instrumento político trascendental descansa sobre principios imprescindibles para la plena independencia, el real disfrute de los derechos soberanos y para las aspiraciones de unidad e integración de nuestra región.
Entre ellos están el respeto de los principios y normas del Derecho Internacional, y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas; la solución pacífica de controversias; la obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos; el compromiso de los países de la región de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o sus niveles de desarrollo; de practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos; y el compromiso de respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones.
La utilización frecuente de la mentira para justificar acciones se combinó con crueles medidas coercitivas unilaterales y constantes amenazas, con altos costos para los pueblos de Nuestra América. El gobierno norteamericano decidió lanzar a partir de fines de 2018 una ofensiva de agresión específica contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, con el propósito ostensible de alcanzar en el corto plazo el derrocamiento de los gobiernos de los tres países.
Si bien fracasó en su empeño, la pretensión nos recuerda con crudeza que las ambiciones de dominación del imperialismo en la región no son amenazas de un lejano y oscuro pasado ya superado, sino un peligro vigente dentro de los círculos de poder político en los Estados Unidos.
Como parte de esa ofensiva, se promovió el rescate de la desprestigiada OEA como instrumento de dominio neocolonial y de agresión, y también de su brazo armado, el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca, el TIAR, siempre al servicio de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. De igual modo, se trató de sabotear a la CELAC y se destruyó UNASUR.
Por si hubiera dudas, debemos reconocer que el neoliberalismo volvió a demostrar la incapacidad para responder a los problemas sociales de la región. Su papel en el desmantelamiento de las estructuras de justicia social y el ataque doctrinario contra cualquier noción de justicia social, dejó a la mayoría de los países impotentes e indefensos ante el flagelo de la COVID-19. Su legado ha sido el incremento de las desigualdades, la profundización de la polarización social y el agravamiento de la crisis de estancamiento e inestabilidad que sufren muchas de las sociedades en Nuestra América.
Como consecuencia, se observó el agotamiento acelerado de los gobiernos promotores de políticas neoliberales, manifestaciones de inestabilidad social, la irrupción de protestas populares y la movilización de la juventud, junto a la activación de la izquierda y de las fuerzas progresistas, como lo demuestra el Foro de Sao Paulo, espacio de concertación política de las fuerzas políticas de izquierda y los movimientos sociales.
También se observó cómo esas fuerzas progresistas fueron sometidas a procesos judiciales políticamente motivados y a campañas de desprestigio y difamación con el respaldo de los medios masivos corporativos, para debilitarlos y con ello evitar su participación en los gobiernos o su acceso a estos.
Los cubanos reiteramos nuestra solidaridad con Venezuela, con la unión cívico-militar de su heroico pueblo, y con su único y legítimo presidente, el compañero Nicolás Maduro Moros.
Reiteramos la solidaridad con Nicaragua sandinista, con su pueblo y con el presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra.
Saludamos al presidente Luis Arce, del Estado Plurinacional de Bolivia, nación donde el pueblo protagonizó una victoria popular que constituyó una bofetada a los Estados Unidos y a su instrumento, Organización de Estados Americanos, que habían organizado el golpe de Estado contra el compañero Evo Morales Ayma.
Observamos con esperanza, respeto y solidaridad los procesos políticos que encabezan los presidentes Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, en sus esfuerzos por revertir las consecuencias de la implantación de políticas neoliberales que tanto daño causaron a sus naciones.
Celebramos y apoyamos los intentos de ambos gobiernos por recuperar los procesos de integración genuinamente latinoamericanos.
Reiteramos el invariable apoyo a los esfuerzos de la República Argentina para recuperar la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Ratificamos nuestra solidaridad con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, contra quien se enfilaron procesos legales politizados. Insistimos en que debe reclamarse la restitución de su inocencia, plena libertad y de todos los derechos políticos.
Seguiremos defendiendo los legítimos intereses de las naciones caribeñas y apoyamos su reclamo de recibir compensación por las consecuencias de la esclavitud y el colonialismo. El Caribe siempre podrá contar con Cuba. En especial reafirmamos nuestro compromiso con el hermano pueblo de Haití, por el que la comunidad internacional debería hacer mucho más.
Ratificamos el pleno respaldo a la autodeterminación e independencia de Puerto Rico.
El compromiso de Cuba con la unidad de América Latina y el Caribe es inconmovible, la lealtad en defensa de la soberanía y del derecho a la libre determinación de los pueblos es un principio de la Revolución, y la voluntad de promover la cooperación y la integración regional forma parte de nuestra causa. No cejaremos un instante en la tarea de contribuir a hacer de Nuestra América la patria común de todos sus hijos
Compañeras y compañeros:
En estos cinco años, se consolidaron las excelentes relaciones con los partidos y gobiernos de la República Popular China, la República Socialista de Vietnam, la República Democrática Popular de Lao y la República Popular Democrática de Corea, países socialistas asiáticos a los que nos une una amistad y solidaridad históricas. Son relevantes los proyectos económicos que desarrollamos con China y Vietnam en diversas esferas de nuestra economía, que tributan al Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.
También en estos años se han profundizado las relaciones políticas de alto nivel con la Federación de Rusia, país con el que compartimos amplias coincidencias sobre los más diversos temas de la agenda internacional y que ha mantenido una posición firme de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba.
Hemos avanzado, a pesar de las diferencias políticas existentes, en los vínculos con la Unión Europea, a través de la instrumentación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, sobre la base del respeto mutuo y la reciprocidad. Debe significarse el impulso a las relaciones de cooperación, en sectores como las energías renovables, la agricultura y la cultura.
Mantenemos nuestra colaboración y solidaridad con los países de África, continente al que nos atan fuertes lazos de historia, cultura y hermandad. Miles de colaboradores de la salud y de otros sectores prestan allí sus servicios en más de 30 países. Agradecemos la posición unánime de la Unión Africana en solidaridad con Cuba y en contra del bloqueo durante estos años.
Nuestro apoyo a las causas de los pueblos palestino y saharaui seguirán siendo compromisos invariables.
El escenario descrito y su probable evolución en el futuro exige de todos nosotros asegurar, de modo permanente, la prioridad a la defensa, en total correspondencia con las certeras reflexiones de Fidel contenidas en el Informe Central al Primer Congreso: “Mientras exista el imperialismo, el Partido, el Estado y el pueblo, les prestarán a los servicios de la defensa la máxima atención. La guardia revolucionaria no se descuidará jamás. La historia enseña con demasiada elocuencia que los que olvidan este principio no sobreviven al error”.
Lea el informe completo aquí:
https://www.pcc.cu/noticias/informe-central-al-8vo-congreso-del-partido-comunista-de-cuba-pdf
fuente: www.pcc.cu
