República Dominicana ha sido un referente en las luchas por la libertad y los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Patria de las hermanas Mirabal, de la resistencia contra dos invasiones norteamericanas en el siglo XX, contra golpes de Estado y tiranías que atravesaron su historia. Cuna de grandes comunidades de migrantes de numerosas partes del mundo, cuyo trabajo y sacrificio han contribuido enormemente a la prosperidad del país, a pesar de las inmensas dificultades económicas y de las persistentes condiciones de pobreza y de desigualdad que han marcado el desarrollo de ésta isla del Caribe, cuyo territorio comparten dos naciones separadas por algo más profundo que una frontera de 380 kilómetros de extensión. Las élites de República Dominicana y de Haití han intentando, muchas veces con éxito, que ambos países vivieran enfrentados y parecieran estar unidos sólo por el odio mutuo que éstas pretendían instalar en sus sociedades.
Hace casi cinco años, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano oficializó una política de limpieza racial que venía aplicándose desde hacía años. La decisión le arrebató la nacionalidad, la ciudadanía y los derechos fundamentales a decenas de miles de dominicanos y dominicanas que contaban con documentos de nacimiento e identidad legales. Así, convirtió a miles y miles de dominicanos y dominicanas en extranjeros o apátridas en su propio suelo. La sentencia afectó, especialmente, a miles de hijas e hijos de haitianos nacidos en el país, confiscándoles la posibilidad de estudiar, trabajar, registrar sus propios hijos o casarse legalmente. Los exterminó jurídicamente.
La ley 169-14, aprobada en 2014, fruto de un pacto impulsado por el gobierno nacional logró reparar en parte, y sujeto a múltiples tergiversaciones e informaciones manipuladas, el atropello cometido con la sentencia 168-13. Desde 2015, grupos que hacen del ultranacionalismo y del racismo antihaitiano su bandera política, han querido boicotear esa ley. El lunes 26 de marzo de 2018 han vuelto a la carga presentando un nuevo recurso de inconstitucionalidad para destruir lo poco que se ha conseguido en favor de las víctimas de esta brutal violación a los derechos humanos. La ley 169-14 que pretende derogarse, favoreció a cientos de miles de inmigrantes que lograron regularizar su estatus en el país con un mecanismo legal y acorde a todas las convenciones internacionales.
Esto ocurre en medio de un panorama oscuro y peligroso. Los grupos extremistas nunca han dejado de amenazar a las personas y a las organizaciones que cuestionan la legalidad de la sentencia 168-13. El pasado 21 de marzo de 2018, agentes del Estado reprimieron a quienes se manifestaban conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Agredieron a artistas, y se intentó impedir el derecho a la libre expresión y libre reunión.
Hoy, en República Dominicana, cunden las amenazas de muerte e insultos de toda índole en las redes sociales. Los llamamientos al linchamiento contra dirigentes, activistas y la población inmigrante, como ocurrió en el municipio de Pedernales, agitan la división y los enfrentamientos fanatizados.
Por otra parte, autoridades provinciales y municipales han intentado prohibir ilegalmente manifestaciones culturales y artísticas tradicionales, que señalan como «peligrosas» por su raigambre popular y por su influencia de la inmigración afrocaribeña y haitiana.
Reina la más absoluta impunidad.
CLACSO expresa su profunda preocupación con esta situación.
En el mundo crecen y se expanden el racismo, los nacionalismos totalitarios y la xenofobia en un contexto de fragilidad e inestabilidad democrática. Defensores, líderes y activistas de derechos humanos son asesinados o desaparecidos en países como Brasil, México, Colombia y Honduras. República Dominicana transita un camino del cual será muy difícil regresar. Más allá de las maniobras y de los artificios jurídicos, por detrás de esta ofensiva no hay otra cosa que un inaceptable acto de racismo y de discriminación contra la población dominicana más pobre y contra los inmigrantes haitianos que hace décadas viven pacíficamente en el país.
El gobierno y las instituciones dominicanas deben asegurar la vigencia plena de las garantías democráticas. Deben garantizar el pleno ejercicio de las libertades civiles y políticas, y deben asegurar que nadie pueda promover el odio, la discriminación e incitar a la violencia. Asimismo, se debe bloquear todo intento por imponer, mediante la manipulación del orden jurídico, leyes y sentencias que anulen los derechos fundamentales y promuevan políticas de discriminación y segregación racial.
Expresamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional a las organizaciones y movimientos que luchan por hacer de República Dominica una tierra generosa, justa y diversa, democrática y acogedora. Una República Dominicana libre de las políticas de odio y racismo que han llevado a negar derechos fundamentales a miles de sus ciudadanos y ciudadanas.
Comité Directivo
Secretaría Ejecutiva
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO
