por Franco Machiavelo
El gobierno de José Antonio Kast se presenta a sí mismo como un proyecto de orden, crecimiento y estabilidad. Sin embargo, cuando se examinan sus prioridades reales —las reformas que impulsa, los sectores que protege y los costos que distribuye— emerge una pregunta incómoda pero inevitable: ¿quién gana realmente?
La respuesta no está en el discurso, sino en la estructura. Ganan quienes ya concentran poder económico: los grandes grupos empresariales, los sectores financieros, las élites que históricamente han moldeado las reglas del juego. No se trata solo de decisiones aisladas, sino de una lógica coherente donde el Estado deja de ser un espacio de mediación social para transformarse en un garante de la acumulación privada.
En este esquema, la política pública deja de orientarse al bienestar colectivo y pasa a operar como una herramienta de aseguramiento: reducción de impuestos a los más ricos, debilitamiento de derechos laborales, priorización de la inversión por sobre la redistribución. Todo se justifica bajo la promesa de que el crecimiento “derramará” hacia abajo. Pero esa promesa, repetida una y otra vez, rara vez se cumple en la práctica. Lo que sí se consolida es una estructura donde las ganancias se concentran y los costos se socializan.
Aquí aparece la dimensión más profunda del problema: no es solo económico, es también cultural e ideológico. Se instala la idea de que no hay alternativa, de que cualquier intento de redistribución es irresponsable o peligroso. Así, se limita el horizonte de lo posible. La desigualdad deja de ser un problema político y pasa a ser presentada como una consecuencia natural del orden económico.
Al mismo tiempo, se refuerzan mecanismos de control social. Se endurecen discursos sobre seguridad, se criminaliza la protesta y se desplaza el foco desde las causas estructurales de la desigualdad hacia sus efectos visibles. El conflicto social no se aborda; se contiene. Y al contenerlo, se protege precisamente el modelo que lo produce.
Pero un gobierno no solo se define por a quién beneficia, sino también por a quién deja atrás. En este caso, pierden los trabajadores precarizados, las comunidades marginadas, los territorios explotados sin compensación real. Pierden quienes dependen de servicios públicos debilitados. Pierden quienes no tienen acceso a los espacios donde se toman las decisiones.
Por eso, hablar de un “gobierno excluyente” no es una consigna vacía: es una descripción estructural. Es un modelo donde la inclusión es selectiva y el poder se concentra, donde la democracia se reduce a su forma más mínima mientras el contenido real se desplaza hacia intereses particulares.
La pregunta inicial —quién gana— no solo apunta a identificar beneficiarios, sino a desnudar una lógica de poder. Porque entender quién gana es, en el fondo, entender quién decide… y quién queda fuera de esa decisión.
