DECLARACIÓN PÚBLICA
El próximo 7 de mayo de 2023 se realizará la elección de 50 consejeros para la conformación de un
Consejo Constitucional, órgano que deberá formular una Reforma Constitucional generada a través de
una propuesta realizada por 24 expertos, elegidos por el parlamento, a espaldas de la ciudadanía. El
grupo de 50 consejeros será elegido por votación popular de listas propuestas exclusivamente por los
partidos políticos, y en un proceso que se realizará en plazos breves y perentorios, impidiendo
cualquier articulación o comparecencia de la voluntad y soberanía popular.
Desde fines de los 90’, en Chile, hemos sufrido un proceso de eliminación de derechos civiles y
sociales, junto con un aumento de la sobre explotación; lo que llevó a un creciente malestar social que
desembocó en la insurrección popular de octubre de 2019.
La tremenda presión generada por este malestar masivo, expresado hasta extremos violentos en
muchos casos, fue impulsando un proceso constituyente para cambiar las reglas fundamentales de
nuestra sociedad; obligando al poder constituido a formalizar este proceso y llamar a un plebiscito que
definiera, en primer lugar, el contenido y la forma en que debía hacerse esta nueva Constitución;
traicionando de paso el proceso constituyente (Ley 21.200).
Como resultado de un plebiscito acordado en el Congreso Nacional, el 25 de octubre del 2020, el 80%
de la población generó un mandato de tres condiciones para redactar la nueva Constitución:
- Que debía partir de una “hoja en blanco”, es decir sin límites previos a su contenido,
- Que debía ser escrita por una Asamblea de convencionales elegidos 100% por voto universal,
- Que la composición de esta Asamblea debía ser paritaria, con escaños reservados para
pueblos originarios y debía permitir la postulación en listas independientes.
Sin embargo, durante todo este proceso y hasta hoy, los grupos dominantes, preocupados por esta
tendencia democratizadora, han conspirado con su inmenso poder, generando acuerdos espurios con
los partidos de la institucionalidad política para detener el proceso (acuerdos del 15 de noviembre 2019
y 12 de diciembre 2022) e –incluso- para profundizar las condiciones de sobreexplotación aumentando
los precios de los insumos y servicios básicos, endureciendo la represión política y generando una
gigantesca campaña del miedo; todo esto a través de una desatada presión mediática contra cualquier
intención democratizadora.
Concurren hoy el re-empoderamiento de los grupos dominadores y la corrupción interna de un sector
de movilizados por los cambios, quienes focalizan sus esfuerzos por participar de las instituciones del
poder constituido. Estas por su naturaleza no permiten construir soberanía desde el ejercicio
deliberativo de las organizaciones sociales y comunitarias para dar vida a una democracia participativa
y vinculante, como demandaran las diversas voces de la revuelta de 2019.
Ante tal situación Proyecto La Comuna llama a:
→ Repudiar y denunciar el proceso fraudulento de violación de la voluntad y soberanía
popular, mandato del 25 de octubre del 2020, fraude que violenta los tres puntos básicos
antedichos.
→ Anular el voto marcando a todos los candidatos y agregar las letras AC (Asamblea
Constituyente).
Y, sobre todo, llama a
− Trabajar para consolidar a las Organizaciones Sociales existentes y para generar nuevas
organizaciones, resistentes a las actuales condiciones de sometimiento;
− No renunciar a la gestación de una Asamblea Constituyente.
Mientras exista voluntad de gestionar los vínculos entre quienes aspiramos a una democracia
participativa y vinculante, habrá posibilidades para la construcción de formas de vida más
armónicas y justas.
Proyecto La Comuna (Abril de 2023)
