Las organizaciones ciudadanas, movimientos socioambientales, comunidades costeras y de pueblos originarios han llamado al gobierno chileno a presentar una queja diplomática al gobierno de Japón, instándolo a suspender el actual vertido de aguas residuales radioactivas en el océano Pacífico.
Columna de opinión
Juan Carlos Cárdenas Núñez, Director del Centro Ecocéanos
Publicada por El Desconcierto
20 de septiembre, 2023
La decisión de la administración japonesa de verter residuos radioactivos al océano Pacífico tendrá crecientes consecuencias políticas y comerciales, tanto a nivel local, tal como lo demuestran el rechazo de las comunidades costeras y de pescadores del norte de Japón, y los reclamos de China, Corea del Sur, y de los Estados insulares de la Cuenca del Pacífico.
El océano Pacífico constituye un espacio geográfico, político, económico y cultural compartido por una comunidad de 54 Estados independientes, los que representan al 50% de la población mundial. Por ello, la decisión de utilizarlo como vertedero de los residuos de la destruida central nuclear de Fukushima no puede expresar una decisión unilateral que sólo privilegie los intereses del Estado japonés y de la Tokio Electric Power (Tepco).
Este accionar de la dirigencia nipona no sólo trae amargos recuerdos del colonialista comportamiento de Japón en el Pacífico durante la primera mitad del siglo pasado, sino que además evidencia una escasa consideración del papel fundamental y valor ambiental del océano Pacífico, tanto en la mitigación de los graves impactos del cambio climático, así como de su importancia para la vida, salud, alimentación, comercio y subsistencia de 2.100 millones de personas en Asia y las Américas.
A pesar que las costas de Fukushima y Chile distan 17.000 km. de distancia, éstas se encuentran íntimamente vinculadas a través de los sistemas oceánicos de la cuenca del Pacífico, tal como lo evidenciaron los efectos en las costas sudamericanas del tsunami que afectó al noroeste de Japón el 11 de marzo del 2011.
Por las razones anteriores, el océano Pacifico no puede ser transformado en el campo de experimentación del gobierno japonés, y vertedero de los desechos radioactivos de la Tokio Electric Power durante los próximos 30 años. La estabilidad sanitaria y ambiental del océano Pacífico son claves para la existencia de la biodiversidad, economía, soberanía alimentaria, y las actividades pesqueras, acuícolas y de recolección de algas y crustáceos, las que representan el segundo sector de la economía chilena, posibilitando la existencia de 92 mil pescadores artesanales, 60 mil trabajadores industriales, y aproximadamente 500 comunidades costeras y de pueblos originarios que dependen para su subsistencia de los ecosistemas y la biodiversidad marina del Pacífico suroriental.
El vertido de agua radioactivas posee el riesgo potencial de incorporar isótopos en la cadena trófica marina, afectando especialmente a las especies altamente migratorias, lo cual amenaza a los consumidores finales, tanto humanos como animales. Importante es señalar que Chile es uno de los países con mayores desembarques de jurel (Trachurus murphyi), especie pelágica migratoria, a la que se suman diversas especies de atunes y de pez espadas (Xiphias gladius), las cuales en su ciclo de vida se desplazan fuera de las 200 millas de su Zona Económica Exclusiva.
Por sus características migratorias, estas especies podrían estar expuestas a situaciones de contaminación, consecuencia de la anunciada eliminación de 500.000 litros diarios de residuos radioactivos durante las próximas tres décadas. Desde el punto de vista comercial, esta anómala situación amenazaría la reputación sanitaria de los productos pesqueros del Pacífico latinoamericano, especialmente las de Chile y Perú, tal como les ha sucedido a los pescadores del norte de Japón.
La otra contaminación: Desconfianza y pérdida de la credibilidad internacional
Como respuesta al cuestionamiento internacional, la administración japonesa del primer ministro Fumio Kishida está implementando una campaña comunicacional para convencer a la opinión pública que el vertido de agua tritiada al océano Pacífico constituye un hecho “inevitable” al ser la “única solución”, mientras asegura que los residuos líquidos tratados han filtrado la mayoría de los isótopos radioactivos peligrosos, -tales como el cesio 137, estroncio 90, cobalto 60, o yodo 131-, exceptuando al tritio, situación que no afectaría la salud humana y animal, al estar presente en bajas cantidades.
Según Thimothy Mosseau, profesor de Ciencias Biológicas de la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos, el tritio ha sido objeto de pocas investigaciones, no estando claras las transformaciones genéticas y mutaciones que pudiera provocar en la biodiversidad marina. Desde el 2000, Mosseau, que investiga los efectos de la radiación ionizante en Chernobyl, Fukushima y otras regiones radiactivas del planeta, afirma que indicios preliminares indican que el tritio podría ser tan peligroso como los otros elementos radiactivos más conocidos.
Frente a las aseveraciones del gobierno japonés que el agua radioactiva tratada de Fukushima cumpliría con los estándares de inocuidad y seguridad para el medio ambiente y la salud humana, cabe preguntarse ¿por qué Japón no utiliza el 1,3 millón de toneladas de agua en sus actividades agrícolas, acuícolas, mineras, o en los servicios domiciliarios?, o ¿por qué las familias del primer ministro de Japón y miembros de su gabinete no la consumen, para demostrar su inocuidad a su propio pueblo, y a los países de la Cuenca del Pacífico?
En este contexto es paradojal saber que los propios consumidores y pescadores de Fukushima evidencian desconfianza frente a la información entregada por los funcionarios gubernamentales, políticos y empresarios nipones, por lo cual realizan sus propias mediciones de radioactividad para asegurar la inocuidad de sus alimentos y proteger a sus familias.
Por su parte, los países miembros del Foro del Pacífico (FP) han criticado la falta de transparencia e incumplimiento de Japón de los acuerdos de la Cumbre de Alto Nivel del 2011, debido a que este país no ha cooperado para que los miembros del FP accedan a todas las pruebas científicas independientes para verificar la información oficial entregada antes del vertido en el océano Pacífico.
Fukushima y la “política exterior turquesa” chilena
El gobierno del presidente Gabriel Boric ha señalado que la denominada “política exterior turquesa” (verde y azul) contempla objetivos y prioridades que posicionan a Chile como un actor internacional relevante en la mitigación del cambio climático, la defensa y promoción de los derechos humanos, la defensa de la paz, la protección del medio ambiente, Antártica y los océanos, en una perspectiva de avance hacia un modelo de
desarrollo sostenible.
Considerando esta declaración de principios que guía a la Cancillería chilena, las organizaciones ciudadanas, movimientos socioambientales, comunidades costeras y de pueblos originarios han llamado al gobierno chileno a presentar una queja diplomática al gobierno de Japón, instándolo a suspender el actual vertido de aguas residuales radioactivas en el océano Pacífico.
De forma complementaria, solicitan que Chile impulse iniciativas multilaterales en el Pacífico latinoamericano para enfrentar regionalmente este cuestionable comportamiento político y ambiental de Japón, el que amenaza la paz regional, ya que incrementa las tensiones en un contexto de creciente inestabilidad política en la Cuenca del Pacífico, a la vez que suma una nueva amenaza para el medio ambiente oceánico, la salud, la seguridad alimentaria y los intereses de los pueblos y comunidades costeras.
Finalmente, las organizaciones ciudadanas le recuerdan al gobierno de Japón que el 7 de noviembre de 1996 el instrumento de ratificación del protocolo relativo al Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos. Por esta razón, le solicitan que aplique el criterio precautorio y el enfoque ecosistémico en el manejo de sus residuos nucleares y su administración oceánica, y que tenga la gentileza de escuchar y considerar las legítimas y razonables preocupaciones de las ciudadanas y ciudadanos chilenos y latinoamericanos, japoneses, chinos, coreanos, y de los Estados insulares de la Cuenca del Pacifico.
