por Franco Machiavelo
En Chile, el debate sobre la apertura de las cuentas bancarias secretas ha quedado sepultado bajo un manto de silencio parlamentario, opacidad institucional y férrea resistencia política. Especialmente desde los sectores conservadores y neoliberales del Congreso —particularmente la derecha política— se han levantado objeciones y trabas sistemáticas cada vez que se propone transparentar el sistema financiero a nivel legislativo. Pero, ¿a qué le temen realmente?
La explicación oficial suele escudarse en argumentos como la “protección de la privacidad”, la “seguridad jurídica” o la “estabilidad económica”. Pero estas justificaciones, al ser analizadas críticamente, no resisten el mínimo escrutinio ético. El verdadero núcleo de esta oposición radica en el temor de que la apertura de estas cuentas exponga un sistema corrupto, profundamente entrelazado con el poder económico, el narcotráfico y los favores políticos cruzados.
Abrir las cuentas bancarias secretas sería un golpe directo a la red de financiamiento irregular que ha operado durante décadas desde las sombras. Se teme que salgan a la luz depósitos millonarios que no pueden ser justificados con ingresos legales, que se identifiquen vínculos con grandes grupos empresariales que han financiado campañas políticas a cambio de leyes favorables, y aún más alarmante: que se detecten flujos de dinero provenientes del narcotráfico y otras actividades delictuales que han infiltrado incluso a sectores de la política chilena.
La clase política tradicional —y no solo la derecha, sino también sectores del centro— teme el colapso de su propio relato de “institucionalidad” si se destapa esta caja de Pandora. ¿Qué ocurriría si se demuestra que parte de las decisiones legislativas que afectan millones de vidas han sido financiadas por intereses espurios? ¿Qué pasaría si se comprueba que tras algunas fortunas parlamentarias o ministeriales hay dinero sucio disfrazado de inversión privada?
La corrupción no es solo un hecho aislado en Chile, sino un patrón estructural. Y este patrón se oculta en parte gracias a la opacidad bancaria, amparada por leyes que protegen más a los evasores y corruptos que al ciudadano común. La resistencia a abrir las cuentas es, en el fondo, una defensa del status quo: del pacto implícito entre las élites políticas y económicas para protegerse mutuamente del escrutinio público.
Por ello, no es exagerado afirmar que el rechazo a transparentar las cuentas bancarias secretas no es un simple desacuerdo técnico o jurídico: es una manifestación clara de complicidad con la corrupción, una negación deliberada del derecho de la ciudadanía a conocer cómo opera realmente el poder en Chile.
Si se quiere combatir la impunidad, avanzar hacia una democracia genuina y poner fin a la captura del Estado por intereses privados —legales o ilegales—, abrir estas cuentas no es una opción: es una urgencia ética, política y social. Lo contrario es seguir alimentando la cultura del secreto, la desconfianza institucional y la desigualdad ante la ley.
