El reciente escándalo alrededor de Cambridge Analytica ha contribuido al arranque del –siempre aplazado– debate acerca del poder monopolístico, sus perniciosos efectos en la sociedad y el papel del gobierno a la hora de ponerle freno. Con implicaciones que van más allá de Facebook, se abre así una valiosa oportunidad para llevar a cabo una reforma estructural.

¿Cómo podemos aprovecharla? El propio Mark Zuckerberg ha dicho en entrevistas y durante su testimonio en el Congreso que la regulación podría ser necesaria. ¿Pero qué clase de regulación? ¿Repetimos los errores del pasado y lo aplazamos con autorregulaciones débiles que se atenúen con el tiempo? ¿O sometemos a Facebook a una supervisión pública real e implementamos medidas redistributivas?

Hasta ahora, las discusiones se han centrado mayoritariamente en la privacidad del usuario, lo cual es vital. Pero debemos considerar una visión más amplia y audaz acerca de qué deberes tiene Facebook para con la sociedad a cambio del increíble poder que le hemos permitido acumular —independientemente de que contengamos y aminoremos dicho poder—. Llegó el momento de un nuevo contrato social.

Este contrato debe afirmar el control público sobre los sistemas de comunicación. Debería proteger a los creadores de contenido y a los usuarios particulares (esto es, a aquellos que realmente producen el trabajo, la atención y los datos de los que Facebook obtiene beneficios) pero, lo más importante, debe privilegiar las necesidades democráticas de la sociedad por encima del objetivo único de Facebook de maximizar sus beneficios.

Hacer que Facebook pague por el periodismo

En el último año, Facebook ha sido acusado de mala gestión de los datos de los usuarios, de abusar de poder de mercado y de dar alas a la desinformación, todo mientras obtenía una ingente riqueza alrededor del globo. Facebook debería dar mucho más a cambio de sus beneficios y asumir una mayor responsabilidad por sus graves costos para la sociedad.

La dependencia del periodismo con respecto a los ingresos de la publicidad ha sido siempre sumamente problemática. Ahora el modelo comercial se ha desmoronado, teniendo ésto devastadoras consecuencias. Menos ingresos respaldan a menos periodistas, dejando las redacciones reducidas a cenizas y cerradas por todo el país. La industria del periodismo impreso ha visto reducirse a la mitad su mano de obra durante la pasada década. Regiones enteras y graves problemas sociales quedan al descubierto en las noticias. Los observadores veteranos han empezado a hablar abiertamente de un “futuro post-periódico”. Sin embargo, estas instituciones en apuros brindan la mayoría de la información original –ahora más importante que nunca– para el resto del sistema de medios de comunicación.

Si bien son diversos los factores que contribuyen a la desaparición de la publicidad en el periodismo, es trágicamente irónico que Facebook y Google estén haciendo que se mueran de hambre aquellas instituciones de las que se espera que luchen contra la desinformación. Para compensar tal daño, dichas empresas deberían financiar servicios públicos de comunicación como información local, periodismo de investigación e información sobre políticas –coberturas informativas que no siempre cosechan clics, pero necesarias para la democracia–.

Google se ha comprometido a dar 300 millones de dólares en tres años (menos de un 1% de sus ganancias en 2017 si calculamos el promedio anual) por su recién impulsada News Initiative, para combatir la desinformación y ayudar a los medios a monetizar sus contenidos. Facebook ha lanzado un “acelerador”periodístico de 3 millones de dólares (un 0,07% de sus ingresos en 2017) para ayudar a entre 10 y 15 organizaciones de noticias a armar sus suscripciones digitales empleando la plataforma de Facebook. Estos esfuerzos son deplorablemente insuficientes. Las pérdidas actuales exigen apoyo directo al periodismo que está siendo activamente socavado financieramente por Google y Facebook.

Estos dos problemas entrelazados –el poder monopolístico irresponsable y la pérdida del periodismo de servicio público– podrían abordarse mediante intervenciones políticas que controlaran Facebook y redistribuyeran las ganancias como parte de un nuevo sistema regulatorio de intervenciones contra el impacto negativo de los  “gigantes digitales” en la sociedad. Estas empresas deberían ayudar a financiar el contenido informativo del que se benefician y al que destripan.

La deuda de Facebook con la sociedad

Un “impuesto a los medios públicos” sobre las ganancias de Facebook y Google generaría recursos significativos para un fondo fiduciario periodístico. Un 1% de sus ganancias netas en 2017, algo que sin duda se pueden permitir estas empresas, generaría 159,34 millones de dólares de Facebook y 126,62 millones de Google/Alphabet –un total de 285,96 millones entre ambos–. Este dinero crearía una dotación financiera para el periodismo independiente, especialmente si se combina con otras contribuciones filantrópicas de fundaciones que se acumulan con el tiempo.

Protegido de los grandes intereses, este fondo fiduciario se mantendría bajo gestión pública y aislado de la influencia gubernamental. Asimismo, todas las donaciones tendrían que ser “limpiadas” de previas ataduras para asegurar la independencia de cualquier mecenas individual. Un servicio de periodismo nacional –y, en última instancia, internacional– dotado de recursos, ayudaría a garantizar el acceso universal a una información de calidad. También podría contribuir a financiar una red social pública alternativa (sin fines comerciales y sin ánimo de lucro) para competir directamente con Facebook –y quién sabe, si algún día, para reemplazarlo–.

Regulando Facebook

El apoyo financiero al periodismo es sólo un beneficio potencial para poner a los gigantes digitales bajo un mayor control público. Más allá de salvaguardar la privacidad de los usuarios, las regulaciones progresivas podrían incluir interoperabilidad obligatoria y portabilidad de datos; prohibir la publicidad de las organizaciones de “dinero-oscuro”^[1]; hacer valer una transparencia radical y la supervisión pública de los algoritmos y de la recopilación de datos –quizá incluso una nueva agencia reguladora de redes sociales–.

Regular Facebook requerirá una caja de herramientas de políticas públicas. Las recientes reformas incluyeron una excepción a la sección 230 de la “Communications Decency Act” [“Ley de Decencia en las Comunicaciones”] que protege a las páginas web de responsabilidad legal y el acuerdo de Facebook para cooperar con investigadores que puedan estudiar efectos adversos. Se necesita mucha más supervisión pública.

Pero cualquier acuerdo normativo no ha de limitarse a consolidar el poder de Facebook y preservar el statu quo. La redistribución de las ganancias de Facebook no debería excluir medidas antimonopolísticas como la desinversión en WhatsApp, Messenger e Instagram y la prevención de futuras adquisiciones. Además, una investigación antimonopolio debería explorar cómo Facebook aprovecha su control sobre los datos para dominar el mercado publicitario.

Los precedentes históricos y la economía dominante justifican la regulación agresiva de los monopolios, especialmente de las redes en tanto sistemas de comunicación para los cuales es socialmente óptimo que una empresa mantenga servicios e infraestructuras esenciales. En lugar de dividir esas empresas –lo cual, junto con nacionalizarlas, nunca debería quedar excluido–, los incentivos y las sanciones pueden evitar que exploten su dominio de mercado y que se involucren en un comportamiento lucrativo perjudicial para la sociedad. Facebook, hasta ahora, se las ha ingeniado para escapar a tales restricciones.

Reformulando el debate

Las libertades individuales y los derechos del consumidor definen a menudo el discurso político estadounidense. Un paradigma más socialdemócrata expande esta empobrecida manera de ver las noticias y la información, para verlos en su lugar como bienes públicos que no deben abandonarse solamente a los imperativos comerciales de monopolios no regulados.

Menos esclavos del fundamentalismo de mercado, los europeos están por delante de los Estados Unidos en lo que a confrontar a los gigantes digitales se refiere. Más allá de las multas ya impuestas y los impuestos propuestos sobre Facebook y Google, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés) de la Unión Europea garantiza que los usuarios de Internet de los 28 países de la UE comprendan y consientan cómo se recopilan sus datos, y les permite moverlos a otros lugares. EL GDPR garantiza el “derecho al olvido” para que los ciudadanos de la UE puedan eliminar permanentemente su información personal disponible en línea.

En los Estados Unidos ha surgido el movimiento #DeleteFacebook, así como llamamientos a crear redes sociales alternativas. Aunque encomiables, estos esfuerzos son poco susceptibles de generar cambios institucionales, por lo menos a corto plazo. Muchos de los 2,2 mil millones de usuarios de Facebook en todo el mundo lo necesitan para sus comunicaciones básicas, lo que genera tremendos “efectos de red” (el valor de la red crece con su tamaño) que hacen extremadamente difícil cualquier salida masiva. Mientras continúe la expansión de Facebook, debemos dirigir la acción colectiva hacia las intervenciones políticas.

El dominio de Facebook no deriva del genio del mercado o de la tecnología mágica sino de deficiencias políticas como la aplicación laxa de las leyes antimonopolio. Demasiados fueron seducidos por el espíritu “move fast and break things” [muévete rápido y rompe cosas] de Silicon Valley. Demasiados callaron cuando se les dijo que Internet no requería regulación, que era intrínsecamente democrático y que las benevolentes corporaciones eran sus mejores guardianes. Las decisiones políticas y las indecisiones acarrean consecuencias. Ahora cosechamos lo que se sembró.

Pero todavía estamos a tiempo de arreglar las cosas. Los algoritmos son una creación humana –como se ha demostrado recientemente cuando Facebook ajustó sus algoritmos para privilegiar las publicaciones de amigos y familiares por encima de las de los editores de noticias–. Facebook no es una especie de Frankenstein que escapa al control social. Los humanos pueden y deben intervenir. Facebook podría permitirse contratar legiones de evaluadores, editores y tecnólogos para evitar la propagación de la desinformación y garantizar prácticas éticas.

Al final, sin embargo, esto no es un simple problema de Facebook a solventar. La gobernanza sobre las infraestructuras de comunicación es una decisión política que todas las sociedades deben encarar, y deben decidir sobre las obligaciones de Facebook y sobre cómo se las hacen cumplir –todo ello a la par que se evita el exceso de intervención gubernamental y se garantiza la participación democrática–. Los grupos de defensa internacionales y las instituciones de vigilancia independientes también deberían ayudar a monitorizar las acciones de Facebook y exigir responsabilidad. Deberán ser consideradas, no obstante, aquellas intervenciones que rompen, regulan y crean alternativas públicas.

Sencillamente, Facebook tiene demasiado control sobre los medios y la política mundial, y este poder debe ser controlado. Un nuevo contrato social puede ayudar a financiar la infraestructura pública que requiere la democracia, especialmente el periodismo que se centra en cuestiones locales y que tiene (como Facebook) poder concentrado del que rendir cuentas. Debemos recuperar Internet de monopolios irresponsables.