Gabriel Brito, Redacción
Correio da Cidadania, 25-11-2016
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Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
¿Hay una ideologización del aparato de represión del Estado? ¿Hay un uso de la Policía Militar en favor de intereses y proyectos políticos específicos? Delante de acontecimientos recientes que ya entraron para la historia de la nación, Correio da Cidadania hizo esas preguntas a especialistas de áreas diversas. Se trata de una evaluación de la actuación del brazo duro del Estado y su posible uso político, en medio a un gobierno considerado ilegítimo por una gran parte de la población.
Y, más allá de un eventual uso político, casi nunca debatido luego de la redemocratización de los años 1980, los entrevistados ponen en jaque los procedimientos militaristas del Estado brasilero en las áreas más pobres, esto es, excluidas del mapa de políticas e inversiones públicas. Al final, las matanzas de Mogi das Cruzes y Cidade de Deus son apenas dos de una lista casi incontable.
A continuación, la reflexión de Pedro Serrano, Antônio Visconti, Pablo Ortellado, Christian Dunker, Guilherme Boulos, Alessandra Teixeira, Givanildo Manoel y Ana Vládia Holanda Cruz. (*)
-Cree que hay una ideologización del aparato de represión del Estado?
Pedro Estevam Serrano: Lo que existe en Brasil es un estado de excepción permanente que gobierna los territorios ocupados por la pobreza. Él es ejecutado por la PM (Policía Militar), más que tropa militar una fuerza de ocupación territorial, una fuerza autoritaria que suspende la fuerza de las personas, a título de combatir el enemigo, con finalidad político-ideológica. Enemigo en el caso es el bandido, a su vez, confundido en Brasil con la persona pobre. En esos territorios, toda la población, por ser pobre, tiene sus derechos suspendidos. Tal estado de excepción es gerenciado por el sistema judicial y la PM. Y buena parte de la sociedad apoya ese tipo de régimen violento en esos ambientes. Por otro lado, existen los territorios ocupados por los segmentos incluidos, donde se vive, de hecho, bajo el estado democrático de derecho. Últimamente, viene ocurriendo que en los territorios de este estado democrático de derecho, que incluye líderes políticos, militantes, activistas, además de la población que tiene condiciones de consumo en general, también se han visto medidas de excepción. Como dice Agamben, medidas de estado de guerra, que suspenden derechos y buscan atacar el enemigo, aplicadas en el campo interno. (1)
El impeachment fue una medida de ese tipo. Las protestas que criminalizan líderes de movimientos sociales también. Los procesos contra Lula son medidas de ese tipo. O sea, bajo apariencia de proceso judicial se realiza persecución política. No es el ciudadano que eventualmente se equivoca y recibe un proceso que respeta la legítima defensa. Son procesos de apariencia democrática con contenido antidemocrático, pues todo el mundo sabe de antemano el resultado.
Antônio Visconti: No sé si puedo decir que hay una ideologización de la Policía Militar. Indiscutiblemente si en los gobiernos militares, en especial a partir de la ampliación de la competencia de la Justicia Militar Estadual, que pasó a juzgar todos los crímenes de policías militares en servicio, hubo enorme condescendencia con la violencia, abarcando hasta el exterminio de marginales, reales o supuestos. Con el lema de bandido bueno es bandido muerto y la identificación de la lucha por derechos humanos con “protección a bandidos”, martillada continuamente en los medios, se tiene apoyo ostensivo o velado de la población a esa corriente de opinión.
Se consolidó la violencia oficial, el abuso de poder y el desprecio por la vida de sospechosos, con apoyo mayoritario de jueces, fiscales e incluso de abogados. Últimamente, asistimos al lamentable recrudecimiento de la mentalidad policiaca, infelizmente por acción del propio Ministerio Público, con el uso u abuso de encarcelamientos, muchas veces sin fundamentación y ahora con la moda de conducción coercitiva, largamente utilizada para llevar a la Policía o al Ministerio Público a sospechosos y hasta testigos, sin la necesaria vigilancia del Poder Judicial. El juez Moro fue endiosado y el rigor de los magistrados ya rigurosos aumentó, pues hoy la sociedad aplaude entusiasta esos procedimientos arbitrarios. De la delación premiada se usa y se abusa, quedando la fuerte sensación de que la Policía, Ministerio Público y Judicial, vía procedimientos arbitrarios, quieren arrancar de los dichos colaboradores aquello que pueda comprometer a los electos como corruptos. Se detiene, temporariamente y preventivamente, si no ven la delación, y se condena a los acusados a penal elevadas, forzando claramente la cooperación “voluntaria”.
En ese caldo de cultura, no espanta que la Policía Militar se exceda regularmente en el uso de la fuerza, para lo que también contribuyó el comportamiento de ciertos manifestantes, fácilmente manipulables por agentes provocadores. Es un panorama triste, sobre porque nadie, Poder Público o sociedad, se preocupa con los abusos represivos, como lo ilustra escandalosamente un sistema penintenciario deshumano y fomentador de la criminalidad, aceptándose con naturalidad que organizaciones criminales, nacidas dentro de los presidios, asuman el control de los mismos, cobrando obviamente un alto precio por la preservación del orden en las prisiones.
En fin, hay todo un contexto de violencia y tolerancia con la violencia, que evidentemente se reflejará en la represión a las manifestaciones. Se hace necesario buscar nuevas formas de protesta, que precisan ser obligatoriamente pacíficas, de modo de inhibir la represión policial violenta. Esperar que el Poder Público discipline a la Policía es ya una quimera, incluso porque no hay una cadena de mando dispuesta a respetar a las personas.
Pablo Ortellado: En lo tocante a la acción en protestas, en el estado de San Pablo por lo menos, no tengo ninguna duda de que la acción es políticamente dirigida. Eso ya era claro en el padrón de incumplimiento de los protocolos internacionales e incluso de los protocolos internos de la Policía Militar en las acciones en manifestaciones. Pero desde que comenzaron las manifestaciones pro-impeachment, que eran alineadas con los intereses del gobierno del estado, el doble padrón evidenció de forma definitiva el cariz político.
Cristian Dunker: Precisamos de una Policía sin Partido. La policía paulista todavía no aprendió a hablar, y el habla es la primera y el mejor sustituto simbólico de la violencia. Cuando interpretamos la violencia como ilegítima, se genera pérdida y no aumento de autoridad. Es lo que viene ocurriendo con nuestra policía: ella está perdiendo autoridad, por eso tiene que reaccionar con más y mayores manifestaciones de poder. Tal violencia es peligrosa, pues es practicada por quien siente que está perdiendo poder. Es la violencia de los cobardes y de los impotentes. Es la violencia que tranca puertas del metro para crear confusión y justificar violencia. Que detiene manifestantes usando golpes como pretexto. Que dispara para intimidar.
Es como el marido que llega borracho a la casa, no consigue mantener su potencia sexual y agrede a la mujer porque cree que ella lo está haciendo perder autoridad, ella que se ríe de él, ella que lo traiciona. Una policía que practica el desorden que aparentemente quiere combatir. Nuestra policía precisa dejar de ser la expresión viva de nuestro resentimiento social. El vehículo y el camino por el cual aquellos que un día fueron oprimidos tornándose opresores.
Guilherme Boulos: En verdad siempre existió. No es de hoy que el aparato represivo del Estado sirve a las finalidades políticas e ideológicas y más propiamente a finalidades de clase. La policía históricamente actúa de forma selectiva, dependiendo de la clase social y, sobre todo, para defender la propiedad. Lo que viene aconteciendo en el último período de una escalada represiva de las policías, es nada más que la intensificación de algo que siempre existió y está en la naturaleza de este modelo de seguridad.
Alessandra Teixeira: La Policía Militar fue creada en el período de mayor represión de la dictadura militar, en 1969, como una institución ambivalente para actuar en la entonces llamada “seguridad nacional”, o sea, en la represión política generalizada, y al mismo tiempo en la “seguridad pública”, en la represión al delito común. Ella sirvió de modo explícito desde su creación al proyecto de la dictadura, como el brazo armado, violento y necesario a un régimen autoritario. Con la redemocratización, el hecho de su no extinción y su incorporación al texto constitucional y reconocimiento como institución policial autónoma, trajo contradicciones profundas a la noción de seguridad pública en un orden democrático, cuyo padrón de violencia exacerbada, falta de transparencia y, lo más serio, la alta letalidad de civiles que ella promueve son las expresiones más dramáticas de esas contradicciones.
La cuestión es preguntar si una institución que ya nació para garantir un proyecto autoritario, como la PM, en algún momento estuvo exenta de esta “ideologización”, o sea, si en algún momento dejó de servir a fines políticos. Yo creo que la respuesta es no, sin embargo, esto es lo más serio y problemático, en la medida que tal proyecto político se distancie cada vez más de un Estado democrático.
De ese modo, el momento actual ha sido emblemático. Asistimos a la violación clara de las reglas democráticas a través de una especie de golpe parlamentario. El gobierno que se estableció, carente de legitimidad, recurre al aparato represor, en una concatenación entre el Ministerio de Justicia (gobierno federal) y las policías militares de los estados, para reprimir violentamente las manifestaciones populares de protesta. Esa represión atiende claramente a una nueva orientación de uso descontrolado e ilegal de la fuerza, además de técnicas también ilegales y bastante caras al régimen militar, como el uso del espionaje y de las detenciones en averiguación, práctica esa, además, que jamás encontró respaldo legal en nuestra historia jurídica.
Givanildo Manoel: La PM desde su fundación y configuración jurídica tuvo el claro propósito de imponer la ideología de la burguesía. Fruto de la Doctrina de la Seguridad Nacional, instituida como brazo auxiliar del ejército y receptora de la Doctrina del Enemigo Interno originaria de la Alemania nazista, la PM se constituyó como órgano político de control de la clase trabajadora, presente en los momentos que el régimen burgués necesita del uso de la fuerza, para amenazar, criminalizar y matar. Así, impone su hegemonía y garante que sus intereses no sean afectados.
No fue en vano que es su constitución jurídica (1969), la PM fue autorizada a matar, a través del subterfugio jurídico del auto de resistencia, justificativa utilizada desde entonces, hasta convertirse en la que más mata en el mundo. La violencia de la PM también fue encubierta por el manto de los intereses de la propia corporación, que pasó a ser responsable por los juzgamientos de los casos de violencia de sus miembros, lo que posibilitó el no responsabilizar los actos violentos practicados por los policías militares.
En los llamados años democráticos, no hubo reforma de la PM para remover de raíz tal doctrina y estructura, manteniendo toda la estructura autoritaria y, evidentemente, indicando que su acción violenta continuaría, a fin de impedir que la seguridad pública no se sometiese a los intereses de la mayoría y, sí, de una pequeña minoría. El hecho es que luego del proceso de “redemocratización”, la violencia practicada por a PM no se redujo ni finalizó, al contrario, aumentó de forma vertiginosa, asusta al mundo por su profundidad, lo que ha preocupado hasta la ONU, a punto de recomendar a Brasil la desmilitarización de la PM, considerada motivo de agravamiento de la violencia policial.
Ana Vládia Holanda Cruz: Si. La insistencia del Estado en responder con violencia a los diversos desdoblamientos de las contradicciones económico-sociales no es un hecho nuevo. De la condenación anticipada en la periferias, con record mundial de letalidad, la represión reduce las posibilidades de participación política, sobre todo por medio de la criminalización de las protestas; el uso de las fuerzas de seguridad ha sido una constante desde que las Policías Militares salieron de sus cuarteles y fueron lanzadas a las calles con el objetivo de hacer patrullaje ostensivo y mantener el orden público. Habría que preguntarse: ¿qué significa la “garantía de la ley y el orden” en una sociedad extremamente desigual?.
La función conservadora o de control social, que se suma a las funciones formalizadas en la Constitución de 1988 para los órganos de seguridad, corresponde a la producción y utilización de conocimientos, tácticas y estrategias para la construcción de la hegemonía y para la sumisión forzada de aquellos que no se integran a la ideología y a los proyectos políticos dominantes.
-Considera que hay un uso de la Policía Militar en favor de intereses y proyectos políticos específicos?
Pedro Estevam Serrano: Creo que existe acción en favor del interés dominante de Brasil, que puede o no identificarse con partidos, lo que en este caso no interesa. Hablo del interés de una elite que directa o indirectamente vive del rentismo y, para mantener sus privilegios de elite (mucho mayores de que cualquier elite europea o norteamericana), precisa mantener a la población pobre bajo control. Y el control más brutal y medieval posible: físico.
Se mantiene a la población incluida bajo control simbólico, de modo que aquel que se rebela contra el estado de cosas por un sentimiento de solidaridad o causa de género tiene la imagen destruida; en cuanto a la población pobre es físicamente destruida se contesta o se rebela. La PM es la encargada del control físico, cuya finalidad es obviamente política e ideológica, de mantenimiento del status quo, en el caso la dominación del capital financiero sobre la sociedad, inclusive sobre el capital productivo.
Antônio Visconti: No tengo elementos para afirmar que hay una manipulación de la Policía Militar por ocupantes del poder, no obstante, ahí está la articulación del impeachment de la ex presidenta para mostrar una conjugación de poder político, económico y mediático, con decisiva cooperación de gente del Ministerio Público y del Poder Judicial. Por tanto, todo es posible. Lo peor es la fuente de corrupción de un Legislativo desmoralizado y productor de una mentalidad peligrosamente desligada de la actividad política, vista como ejercicio de corrupción, lo que promueva la abstención electoral y el consiguiente agravamiento de la pésima calidad de la representación, en la medida que deja el campo abierto para aventureros y oportunistas.
En fin, tenemos una larga y ardua batalla por delante y la reforma política que al menos disminuya esos problemas es una necesidad permanente. Hay que encontrar caminos para restablecer de alguna manera la representación, sobre todo en el Legislativo, porque los representantes son elegidos sin ningún criterio por los electores, que no le perciben la importancia.
Pablo Ortellado: En las manifestaciones, que contrarían el interés del Estado, la acción de la policía siempre oscila entre tres comportamientos: una acción represiva muy violenta, cuando el gobierno juzga que es necesario asustar o simplemente castigar un determinado movimiento de protesta; una acción muy republicana, siguiendo todos los protocolos, con la vigilancia a distancia o con policías desarmados, normalmente después que una acción violenta tuvo mala repercusión pública; y, desde las protestas secundaristas, otra forma de acción, que es la vigilancia sin represión violencia inmediata, pero con una presencia agresiva y ostensiva durante todo el trayecto, para generar tensión, cansancio y desestimular la continuidad del movimiento.
Esos tres padrones obviamente contrastan con la acción en manifestaciones alineadas con el gobierno, donde el padrón es una vigilancia discreta y a distancia.
Christian Dunker: La acción de la policía, desde el conteo de participantes en manifestaciones hasta las muertes de negros, adolescentes de periferia, ha sido parcial y tendenciosa. La formación de los policías precisa ser revisada. El maleficio heredado por su militarización histórica, nunca fue realmente modificada para los nuevos tiempos. Hoy ella se reduce a obedecer silenciosamente el poder jerárquico de los superiores, que ejercen con tiranía y gusto por la humillación. ¿Qué otra práctica podría esperarse sino una desautorización de sí misma?
Guilherme Boulos: Claro que hay. Si pensamos en la coyuntura del país, y se precisa ver a largo plazo, basta con mirar la forma como la PM, particularmente aquí en San Pablo, trató las manifestaciones por el impeachment de Dilma y la forma en como trata las manifestaciones de los sectores populares y de los movimientos sociales. Hay un abismo. En una de ellas el espectáculo de la democracia, el show, y la tropa de choque tomándose fotos con los manifestantes; en la otra los tiros, la bombas lacrimógena, los golpes.
Eso tiene que ver, evidentemente, con quien gobierna, quien comanda, en el caso del gobierno estadual y las preferencias políticas del gobernador. En el último período, eso se agravó todavía más con la llegada de Alexandre de Moraes al Ministerio de Justicia. Desde allí él comanda a la policía del estado San Pablo.
Alessandra Teixeira: En el caso de la violencia policial en las protestas, es clara la actuación de la PM según una orientación política precisa. A partir del 31 de agosto, cuando el impeachment se confirmó, la PM cambia su estrategia de actuación en las protestas, pasando a la acción de modo activo (y no reactivo) contra los manifestantes, recurriendo a las armas y técnicas de investida bélica contra la población civil. Su accionar en San Pablo, sobre todo en los días 31 de agosto a 4 de setiembre, comprueban las afirmaciones, y fueron ampliamente documentadas por ciudadanos y divulgadas en redes y medios sociales, que están, con todo, al margen de los grandes medios que cubren tales violaciones.
En esas grabaciones se muestra la investida de diferentes PMs contra manifestantes que caminan pacíficamente, sin armas o piedras, y esa investida ocurre no apenas por el uso de armas llamadas “no letales”, que venían siendo utilizadas comúnmente en esas ocasiones (bala de goma, gas pimienta, bastones, gas lacrimógeno), sino de granadas que al explotar disparan fragmentos cortantes, promoviendo un gran número de heridos gravísimos (como la universitaria que perdió la visión) y graves, y todos ellos con cortes en el rostro (como la jueza Kenarik Boujikan, herida en el superciliar por fragmentos de una granada lanzada a más de 200 metros) o miembros superiores e inferiores. Los atropellamientos con autos y motos de la PM a individuos que corrían desarmados también fueron registrados.
El Ministerio Público, órgano encargado de realizar el control externo de las policías por la Constitución de 1988, además de ser el único competente para proponer acción penal, jamás asumió ese papel, como bien se ha demostrado, ha tenido una completa condescendencia con la violencia policial. Esa condescendencia equivale, a mi entender, a los actos institucionales de suspensión de derechos y garantías constitucionales emitidos por el régimen militar (sobre todo el Acta Institucional-5), comprometiendo el ejercicio de derecho y garantías fundamentales como la libertad, la libre manifestación y hasta la vida de los ciudadanos, estrategia bastante cara y necesaria en regímenes dictatoriales.
La novedad, en tanto, es que no precisan recurrir a instrumentos que suspenden o interrumpen de modo expreso el orden democrático.
Givanildo Manoel: Pienso que no es solo la actuación de la PM. Desde el fin de los años ’90, tal proceso está asociado a la estructuración de la violencia de Estado, frente a la posibilidad de que la clase trabajadora se organice contra la ofensiva que le quita derechos, prevista en el recetario neoliberal, lo que va desde el ataque a los derechos laborales y previsionales hasta el proceso de privatización y precarización de las políticas sociales, como educación, salud y asistencia social.
La primera acción del Estado fue en 1999, con la reorganización del aparato de información, a través de la institución del Sisbin (Sistema Brasilero de Inteligencia), que articula 37 órganos del gobierno federal, unifica las informaciones, trae elementos de la Garantía de la Ley y del Orden y la asimilación de las doctrinas de seguridad pública estadunidense de guerra al terror. De allí se originan la política de seguridad de “tolerancia cero”, la creación de la Fuerza de Seguridad Nacional y, por fin, la ley antiterrorista, que en su subjetividad posibilita que haga una libre interpretación del terrorismo.
Tales acciones del Estado convirtieron imprescindible el operador cotidiano, que es la PM, que ya domina lo cotidiano, estructuró una red que facilita su actuación. Su red va desde actores que no hacen parte del Estado hasta la utilización de personas infiltradas, en movimientos y manifestaciones, espiando la libre asociación y el derecho a la manifestación.
Ha sido así, no existe el debate democrático, ya que a un sector expresivo de la población le fue impedido expresar la totalidad de la dimensión de su contrariedad con lo que viene ocurriendo en los últimos años, pues ha sido espiado, criminalizado y ha sufrido la violencia del Estado. Además de saber las acciones de los movimientos, lo que legalmente no debería saber, pues viola el derecho a la manifestación política, el Estado también ha sido el agente provocador de la violencia.
Lo que podemos concluir es que es Estado no atiende los intereses de la mayoría de la población y para eso ha creado leyes que estimulan la acción cada vez más violenta de los aparatos de represión, como la PM. Por tanto, podemos afirmar que, sí, la PM tiene en su estructura la jerarquización y el adoctrinamiento militar y es un instrumento de afirmación de un proyecto una clase en el capitalismo.
Ana Vládia Holanda Cruz: El entrenamiento de las PMs no está enfocado en la garantía de derechos. Muy por el contrario, la cultura institucional es guidada por una lógica de guerra que transforma las calles en campos de batalla, criminaliza la condición de pobreza y los movimientos sociales y transforma cuestiones de salud, como el consumo y la dependencia de drogas, en asunto militar.
En una perspectiva macro-sociológica, se puede afirmar que el intenso proceso de militarización de la seguridad (sentida en el recrudecimiento de los mecanismos de represión, hiperencarcelamiento, ampliación de las penas, llamados a la reducción de mayoridad penal y el armamento de las guardias municipales, para citar algunos ejemplos) compone la lógica de gestión penal de la desigualdad, en sintonía con otros órganos de la política criminal (incluido el sistema judicial).
Preocupante, todavía, el crecimiento de la llamada “bancada de la bala” (2), con sus discursos de odio que disputan el imaginario social por medio de la apelación punitiva, que cuentan con fuerte y peligrosa contribución de los programas policíacos en horas pico de la TV abierta, una narrativa racista e higienista para lidiar con la conflictividad social.
* Los especialistas consultados:
Pedro Serrano, abogado, masters y doctor en Derecho del Estado;
Antonio Visconti, procurador del Estado jubilado;
Pablo Ortellado, filósofo y profesor de la USP (Universidad de San Pablo), autor del libro 20 centavos: la lucha contra el aumento;
Christian Dunker, sicoanalista es autor de Mal-estar, sufrimiento y síntoma: la sicopatología de Brasil entre muros;
Guilherme Boulos, coordinador del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST);
Alessandra Teixeira, abogada y socióloga.
Givanildo Manoel, activista de derechos humanos y miembro del Tribunal Popular-el Estado en el banquillo de reos, es editor del libro Desmilitarización de la Policía y de la Política-Una Respuesta que Vendrá de las calles;
Ana Vládia Holanda Cruz, doctora y masters en Sicología Social, actuando en Derechos Humanos y Sicología en la Interface con la Justicia.
Notas de Correspondencia de Prensa
1) Giorgio Agamben, Estado de excepción (Ada Hidalgo editora, Buenos Aires, 2004)
2) Conformada por ex militares, torturadores, comisarios policiales y parlamentarios ultraderechistas. Promueve el “derecho natural” a la “autodefensa individual” como forma de preservar la vida propia y ejercer “el derecho constitucional en defensa del hogar y la familia”. El diputado Jair Messias Bolsonaro (Partido Progresista), electo por Río de Janeiro, es el principal exponente de esta “bancada de la bala”.
