Arturo Alejandro Muñoz
Alguna vez, años ha, los chilenos sentían cierto oculto orgullo al saber que internacionalmente su país -en el contexto de la América Latina- era considerado un ejemplo de honestidad en la política, en el gobierno y en las funciones de las instituciones principales del Estado. Ello fue así hasta el mes de septiembre del año 1973, cuando todo comenzó a cambiar…para peor.
En Chile delinquen abiertamente hoy día: alcaldes, generales del ejército, generales de Carabineros, Director de la PDI, las Isapres, las AFP, los políticos de todas las tiendas, los empresarios…y la prensa, para cobijar y proteger a estos delincuentes, omite y miente porque puede hacerlo sin traba ninguna, ya que aquellos que delinquen son sus dueños.
En esta extensa nota presentaremos algunos de los casos más emblemáticos empapados por la corrupción, tanto estatal como de personas y empresas del ámbito privado. Se trata sólo de una especie de resumen de cada caso, ya que lo relevante es demostrar que la corrupción se ha enseñoreado de Chile inundando hoy inunda a la mayoría de las “instituciones “que funcionan”, aquellas que fueron parte de la histriónica defensa efectuada por el expresidente Ricardo Lagos.
Caso PENTA. Es el caso emblemático de la corrupción en Chile, y comenzó con mensajes anónimos recibidos por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a mediados del año 2014, los que apuntaban directamente a uno de los fiscalizadores de esta institución pública. El modus operandi era acceder clandestinamente a los archivos del SII para modificar las declaraciones de impuestos de los clientes de PENTA –que recibirían dinero del fisco– a cambio de una comisión.
Con este esquema se logró defraudar al Estado más de cuatro millones de dólares. En la investigación se descubrió que en Penta se utilizaron facturas falsas para alterar la contabilidad del holding y evadir impuestos. En su declaración, Hugo Bravo -exgerente general del Grupo PENTA- admitió su participación en la trama y reveló un plan de financiamiento ilegal a políticos chilenos de la UDI, como por ejemplo, a la exvocera del expresidente Sebastián Piñera, Ena von Baer; al exministro Laurence Golborne; y al precandidato presidencial Andrés Velasco, entre otros.
Caso ANFP/FIFA. Sergio Jadue, ex presidente del club de fútbol Unión La Calera llegó al poder en la ANFP (Asociación Nacional del Fútbol Profesional) casi de casualidad el año 2009.
En pocos años compró una casa en un barrio adinerado, un apartamento en Viña del Mar, otro en La Serena, una parcela en Quillota, un auto de lujo y una camioneta para su esposa, entre otros bienes que se detallan en un artículo publicado en el sitio CIPER de Chile.
En mayo de 2015, el FIFA Gate estalló cuando en Suiza se detuvieron a siete dirigentes por pedido de los Estados Unidos. El hecho ocurrió en la previa de la reelección de Joseph Blatter al frente de la Casa Madre del fútbol mundial
Ese mismo año, Jadue sabía que el tiempo se le agotaba porque empresarios y dirigentes empezaban a entregarse o a ser detenidos por el FBI en distintas partes del mundo.
El 17 de noviembre abordó un avión a los Estados Unidos y nunca regresó a su país, ya que se entregó al FBI y ante los tribunales de Nueva York se declaró culpable de haber cobrado 2,2 millones de dólares en sobornos
Actualmente se encuentra con prisión domiciliaria en Miami, en donde vive junto a sus hijos, Nicolás y Sabja, mientras espera la sentencia que se ha aplazado nueve veces.
Caso COLUSIÓN DEL PAPEL. El año 2015 la Fiscalía Nacional Económica denunció la existencia de un nuevo cartel que se coludió en el mercado chileno. En esa ocasión estaban involucradas empresas que vendían papel higiénico, servilletas y pañuelos desechables, entre otros.
Los dardos apuntaron a Papeles Industriales (PISA), que fue vendida por el ex ministro Gabriel Ruiz-Tagle a la compañía sueca Svenska Cellulosa Aktiebolaget, y CMPC Tissue, de la familia Matte y dueña de las marcas Elite, Confort, Nova y Noble.
Conocida la investigación iniciada por la fiscalía, CMPC habría pedido acceder a la delación compensada en marzo de 2016 reconociendo su participación, pero sin recibir multa. SCA habría pedido lo mismo, pero al ser la segunda en hacerlo sí tendría una sanción. De hecho, la fiscalía pidió para esta última compañía la mayor pena por este delito en Chile: 20 mil Unidades Tributarias Anuales, cerca de 15 millones de dólares.
Caso SQM. Considerado entre los más complejos casos de corrupción en Chile, desde que existe la Reforma Procesal Penal (2000), el caso SQM estalló el año 2015. Desde entonces el Ministerio Público ha investigado los pagos ilegales a políticos de distintas tendencias (de derecha, centro e izquierda).
Se considera que la minera, controlada entonces directamente por el exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, pagó entre 2009 y 2014 más de 14 millones de dólares de manera ilegal a casi 300 personas vinculadas a la política. El objetivo: financiar campañas parlamentarias y presidenciales (Sebastián Piñera, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ME-O), además de financiar directamente a algunos partidos políticos.
La Fiscalía –que presentó inicialmente 14.609 documentos como pruebas (aunque después muchos fueron excluidos), 651 testigos y 52 peritos– llegó a investigar a 180 personas, pero la mayoría de los imputados fueron sobreseídos o suspendidas sus causas bajo “ciertas condiciones”.
Caso CORPESCA. Con el77% de su propiedad en poder del grupo Angelini, Corpesca S.A. es una de las principales empresas pesqueras del país.
Según determino el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, entre 2009 y 2013 la compañía sobornó tanto al senador Jaime Orpis como a Marta Isasi mediante pagos de 209 millones de pesos y 11 millones, respectivamente. Orpis defendió en el Senado los intereses de la compañía durante la tramitación de la Ley de Pesca (conocida como “Ley Longueira”).
Muy pronto quedó constancia que Jaime Orpis recibía comunicaciones enviadas por Corpesca en las que se le indicaba qué y cómo debía votar en la cámara alta durante la tramitación de las leyes atingentes a la pesca.
Caso CAVAL. Este caso se conoce en febrero de 2015, tras una publicación de revista Qué Pasa, que expone que la empresa Caval, propiedad de Natalia Compagnon (cónyuge de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet), había recibido un crédito del Banco de Chile para la compra de terrenos, destapando así una serie de delitos tributarios, tráfico de influencias, causas por estafa, demandas por deudas impagas, entre otros delitos.
Todo parte en octubre de 2012, cuando el Concejo Municipal de Machalí, aprobó un estudio de modificación de uso de suelo, que permitió que los terrenos que Caval quería comprar pasaran de rurales a urbanos, aumentando considerablemente su valor.
Casi un año después, el 6 de noviembre de 2013, Compagnon junto a Dávalos, se reunieron con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, para solicitar un préstamo de $6.500 millones para comprar dichos terrenos. Y un mes después, el 17 de enero de 2014, se concretó la compra de los tres terrenos en Machalí (fundos Santa Elena, San Diego y Santa Cecilia) a la familia Weisner, mediante el síndico de quiebras Herman Chadwick.
Tiempo después, en noviembre de ese año, el asesor de Caval, Sergio Bustos, interpuso una demanda contra la empresa por no pago de sueldo y bonos, que ascendían a la suma de $230 millones por haber gestionado la operación de venta de los terrenos en Machalí.
Unos meses después, en febrero de 2015, Caval y el empresario Hugo Silva, firman un contrato de compraventa de los predios por $9.500 millones. Así, Caval obtiene una ganancia de $3.000 millones. Sin embargo, al día siguiente, se destapa el caso a raíz del reportaje en Qué Pasa.
Caso PACOGATE. Sobre este asunto, dice www.wikipedia: Pacogate es un caso de corrupción ocurrido en Chile, específicamente de malversación de caudales públicos, realizado por miembros de Carabineros de Chile, la principal fuerza policial del país. El caso comenzó a ser investigado en 2016, mientras que los hechos investigados se llevaron a cabo entre 2006 y 2017.
A comienzos del año 2020, el monto total fue avaluado en más de 35 mil millones de pesos, siendo señalado hasta dicha fecha como el mayor fraude la historia de Chile y como el «caso más grande de corrupción» ocurrido durante la vigencia del sistema procesal penal, iniciado en el año 2000.
En total, 132 personas han sido formalizadas por el caso, tanto civiles como miembros de la institución, incluyendo a altos mandos como el exgeneral director de Carabineros Eduardo Gordon.
Caso MILICOGATE. El milicogate es un caso de corrupción, específicamente de fraude y desviación de fondos públicos de la la Ley Reservada del Cobre, perpetrado por miembros del Ejército de Chile. El caso fue dado a conocer por el diario The Clinic en el año 2015, en una serie de reportajes firmados por el periodista Mauricio Weibel.
El autor del libro «Traición a la patria» (Mauricio Weibel) explicó que «solo los últimos 2 excomandantes en jefe del ejército (Fuente-Alba y Oviedo) habrían desfalcado $7.500 millones». Si se suma al Milicogate y al fraude en Carabineros, «estamos hablando sobre los $50 mil millones. Es una cifra gigantesca».
Weibel explicó que «todos los años, los comandantes en Jefe del Ejército disponen de 2.500 millones pesos en gastos reservados anuales. En cuatro años que dura su gestión son 10 mil millones de pesos, los pueden gastar sin rendir cuentas».
«Lo que está acusando la Fiscalía es que Fuente-Alba habría desviado anualmente unos 750 millones de pesos de gastos reservados, y eso explicaría la enorme fortuna que logró construir», agregó.
También acusó que «hay cosas que son impresentables, por ejemplo, que los ex comandantes en Jefe tenían una mesada de 800 mil pesos de por vida que se sacaban desde los gastos reservados (…) Recordemos que las jubilaciones de los generales fluctúan entre los 3,5 millones y 4 millones de pesos mensuales. Incluso hay uno que tiene una jubilación mensual de 10 millones de pesos».
Caso HERMOSILLA/PDI. Peritajes realizados al celular del abogado Luis Hermosilla en el marco del Caso Audios dieron pie a que la fiscalía pidiera autorizar allanamientos a la casa y oficina del director de la PDI, Sergio Muñoz.
Luis Hermosilla fue abogado del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, de quien Muñoz es considerado cercano. La formalización sería a raíz de que, en el examen del celular de Hermosilla, imputado por presunto soborno del caso audios, se encontraron antecedentes sobre el caso del ex director de la PDI, Héctor Espinosa, formalizado por lavado de activos el 2021.
Y como colofón, podemos agregar sucintamente las estafas apropiaciones indebidas, fraudes, etc., efectuados por mediáticos alcaldes, como por ejemplo:
Raúl Torrealba. El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, está acusado de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.
Los delitos las habría cometido durante su gestión en la Municipalidad de Vitacura, la que comenzó en 1996 y terminó en 2021. El proceso judicial surgió luego que la nueva alcaldesa de la comuna, la Evópoli y también de derecha, Camila Merino, realizara una auditoría a los programas Vita.
De este modo, se pudo conocer que Torrealba recibía dinero en efectivo desde dichas organizaciones, el que era entregado en sobres al exjefe comunal. Además, según la imputación, utilizaba a funcionarios municipales para realizar depósitos de dineros hacia sus cuentas personales.
Raúl Torrealba, reconoció la mayoría de los delitos que se le imputan e incluso reveló otros hechos que se desconocían y que también constituyen ilícitos, los cuales están siendo investigados y comprometen a nuevos personajes.
Cathy Barriga. Es sin duda el caso judicial más mediático del momento: Cathy Barriga (50), ex modelo, ex bailarina, ex estrella de la TV, psicóloga, empresaria y ex alcaldesa de la comuna santiaguina de Maipú, fue formalizada junto a otros seis ex funcionarios por malversar las arcas municipales en unos USD 33 millones, convirtiéndose de inmediato en el caso de corrupción municipal más grande en la historia de Chile.
El juez Hugo Salgado decretó el jueves arresto domiciliario total para la ex edil. Durante la audiencia de formalización en su contra, la persecutora Lorena Parra aseguró que como fiscalía demostrarán durante los meses que dure el juicio cómo Barriga habría instalado un verdadero “mecanismo defraudatorio” en el municipio, durante su gestión entre los años 2016 y 2021.
Termino esta extensa nota transcribiendo un comentario publicado por el diario virtual El Desconcierto, comentario que hago mío en toda su extensión:
<<Hoy en Chile nuestra institucionalidad está dando la señal que existen más incentivos y reconocimientos a los negocios que recurren a la corrupción y a los negocios de especulación que a los emprendimientos con fortaleza en Investigación, Desarrollo e Innovación, a pesar que todos los expertos señalan que son estos últimos – los extremistas- y no los primeros – los corruptos- los que podrían hacer que Chile se encamine al desarrollo>>.
