Escribe: Milcíades Ruiz
Si perder la memoria es un hecho dramático para la persona, con mayor razón cuando la dominación, borra de la memoria nacional, los hechos históricos. Lo hicieron con Túpac Amaru II, prohibiéndose todo indicio que haga recordar su gesta histórica. Encubiertamente lo hace la república omitiendo todo lo que haga recordar la gesta revolucionaria de Juan Velasco. Pero el 3 de octubre de 1968, es imborrable.
Ahora que la gestión del gobierno de Pedro Castillo nos trae a la memoria al “Feli-pillo”, de la conquista del Tahuantinsuyo, cuando abre las puertas de nuestra casa a la repudiable OEA, instrumento del dominador yanqui, desconoce la voluntad plebiscitaria en Ucrania para agradar al amo norteamericano y, tiende alfombras para los depredadores de nuestros recursos mineros que causan daño a la ecología campesina, traicionando su propia bandera electoral, salta a la vista la diferencia con el gobierno que emprendió Velasco.
En la década de 1960, el dominio de la oligarquía terrateniente que gobernaba el país, ya era incompatible con las aspiraciones nacionales de reforma agraria, nacionalización de los recursos naturales en manos extranjeras, política exterior independiente. Pero al igual que ahora, el poder legislativo estaba enfrentado al poder ejecutivo, por defender los intereses oligárquicos. Ambos poderes, recurrían a falsedades para evadir las reformas anheladas por el pueblo.
Frente a esta situación, siguiendo el ejemplo de la Revolución Cubana, surgió el movimiento guerrillero que, aunque fue debelado impactó en el ejército enviado a combatirlo. Eran tiempos revolucionarios en el que el debate político iba más allá de seguridad alimentaria. Se consideraba que no habría soberanía nacional si no éramos económicamente independientes. El concepto de seguridad nacional incluía la paz social y esta corriente de ideas llegó también al Centro de Altos Estudios Militares –CAEM. La alta oficialidad captó la idea.
Resultaba así, que los guerrilleros tenían razón en su lucha y que, el ejército no podía estar contra el pueblo por defenderá a la oligarquía. Los afanes revolucionarios continuaban y también el riesgo de comprometer a las fuerzas armadas. La seguridad nacional seguía en peligro y la única manera de evitarlo era tomar el poder, para desalojar la corrupción política y emprender un plan de gobierno al que se denominó “Plan Inca”.
Los líderes sociales y religiosos debatían sobre la concepción de desarrollo nacional, haciendo la diferencia que, no es lo mismo que, crecimiento económico. Que, para salir de nuestra condición de país primario exportador, era necesario tener industria propia sin tener que depender de importaciones subordinantes al poder de los países dominantes. La sustitución de importaciones era un ideal.
De todos estos planteamientos, se nutrió la conspiración de los oficiales del ejército que optaron por tomar el poder aquel 3 de octubre de 1068 y puso en marcha un proceso revolucionario que no solo era justiciero, sino también, tenían un horizonte, una filosofía, para el desarrollo nacional independiente. Un socialismo autogestionario, participativo, con desarrollo autónomo.
En ese afán, el ejército tomó las instalaciones de la International Petroleum Company- IPC, el 9 de octubre de aquel año, para iniciar la recuperación de los recursos naturales. La algarabía popular fue apoteósica y quedó la fecha establecida como el “Día de la Dignidad Nacional”. Todo esto ha quedado sepultado por la historia oficial.
Además de la Reforma Agraria que cambió la estructura de la propiedad de la tierra, a fin de que sea la fuente del bienestar de quienes la trabajan, se emprendieron reformas estructurales en todos los sectores de la economía nacional. Todo ello, dentro del diseño de una nueva sociedad, en la que el estado generaba condiciones para el empoderamiento nacional, como una misión patriótica.
En los estudios sufragados por el BCR para la elaboración del compendio de historia económica del Perú- Tomo V, se lee:
“Con el régimen del general Velasco, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones se consolida y alcanza su cénit, a la vez que la estrategia de industrialización se hizo más intensa, tanto en relación con el grado de protección del mercado interno como del grado de intervención del Estado en la economía. La nacionalización de una fracción sustancial de la inversión extranjera y la estatización de una parte de los activos privados domésticos permitieron constituir un fuerte sector de empresas públicas, que llegó a controlar más del 30% del PBI. De esa manera, el Estado se hizo responsable de las tres cuartas partes de las exportaciones, la mitad de las importaciones, más de la mitad de la inversión fija, dos terceras partes del crédito bancario y una tercera parte de todo el empleo en el sector empresarial (Fitzgerald 1985)”.
(…)
“El rol del Estado como empresario fue considerado crucial por el Gobierno para la transformación de las estructuras económicas y sociales. Una de las medidas más importantes fue la expropiación de varias empresas. La primera fue la de la International Petroleum Company (IPC), que, fusionada con la Empresa Petrolera Fiscal (EPF), pasó a ser PetroPerú. Además, se expropiaron los depósitos de cobre de Cerro Verde de la Southern Peru Copper Corporation para crear Mineroperú en 1972; de la Cerro de Pasco Corporation, para crear Centromín en 1973; y de Marcona Mining Company, para fundar Hierroperú en 1975. Además, la refinación y comercialización externa pasaron al control de Mineroperú”.
“En el caso del sector financiero, el Gobierno tomó control de tres bancos extranjeros (el Banco Comercial, el Banco Internacional y el Banco del Progreso), expropió el Banco Popular y forzó a los dueños italianos del Banco de Crédito a vender sus acciones a inversionistas peruanos. Otras expropiaciones incluyeron la de ITT en 1969 y el Chase Manhattan Bank en 1970”.
“Hacia 1975, el Estado desempeñaba un papel central en la minería, el petróleo, la pesca, la electricidad y los ferrocarriles, y tuvo una gran injerencia en el sector financiero y la comercialización de exportaciones. La participación del sector público en el PBI aumentó entonces de 10,6% en 1967 a 21,4% en 1975, el empleo del sector público en la PEA aumentó de 5% en 1968 a 13% en 1975 y la inversión fija del sector público aumentó del 3,4% del PBI en 1967 a 7,7% en 1975”.
“Los primeros años del gobierno militar se caracterizaron por el crecimiento significativo del gasto público. El Gobierno aplicó una política fiscal expansiva con el fin de dinamizar la demanda interna, elevar la rentabilidad de las empresas y contribuir al mantenimiento de la base social del Gobierno a través de mayores salarios y empleo. En el caso del Gobierno central, el crecimiento del gasto se produjo sobre todo en lo referente a la inversión pública. En soles constantes de 1994, la inversión pública creció en 19% en 1969, luego de caer sucesivamente en 1967 y 1968. Luego, creció en 20% en 1970, 16% en 1971, 9% en 1972, 18% en 1973, 57% en 1974”
“Entre 1968 y 1974, la inversión bruta fija creció en 15,3% por año, debido sobre todo al crecimiento de la inversión pública: creció en 22% por año en el mismo período, mientras que la inversión privada lo hizo en 13% por año. En particular, entre 1973 y 1975, la inversión pública mostró una tasa de crecimiento bastante alta. En estos años, la inversión privada también creció a tasas altas, pese a las reformas de la propiedad en diversos sectores y a la mayor participación de los trabajadores en el manejo y las utilidades de las empresas”.
Todos estos hechos han sido ocultados por la dominación actual. Los detractores del gobierno de Velasco, omiten referirse a las bondades de su gestión. Se dice que la reforma agraria fracasó cuando en realidad esta reforma se frustró en el inicio y no llegaron a ejecutarse las etapas siguientes. No se puede decir que la construcción de un edificio fracasó, si cuando se estaban poniendo los cimientos se paralizó.
En el apéndice estadístico del “Compendio de Historia Económica del Perú”. Tomo V, se consigna el siguiente cuadro demostrativo de los beneficios económicos de la reforma agraria en extensión sembrada y rendimientos obtenidos.
Entonces pues, sobran argumentos para rendir homenaje a un acontecimiento que la dominación pasa por alto. ¿No les parece?
Octubre 2- 2022
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