por Isaac Bigio
La cancillería peruana rompió las relaciones diplomáticas con México a raíz de que la embajada de este último país en Lima asilara a Betssy Chávez, la última primera ministra del gobierno de Pedro Castillo.
Chávez es la mujer más joven en haber llegado a la presidencia del consejo de ministros peruanos, algo que lo logró al tener la edad de Cristo (33 años). Acusada de haber coorganizado un golpe de estado para cerrar el congreso, pasó dos años en la cárcel donde tuvo que hacer una huelga de hambre cuestionando constantes agresiones. Tras ver que el presidente constitucional electo Castillo no puede salir del penal pese a no tener ninguna sentencia firme, que la fiscalía le ha pedido 25 años de cárcel y que su excompañero de bancada y precandidato presidencial Guillermo Bermejo ha entrado al penal para cumplir 15 años encerrado, ella decidió asilarse en la embajada azteca de Lima.
Este incidente mancha mucho a la imagen internacional del Perú. Mientras al autócrata Alberto Fujimori el Tribunal Constitucional le excarceló y a su hija Keiko Fujimori le ha liberado del caso por lavados de activos, y la justicia perdona a corruptos y violadores de derechos humanos, se hostiliza a políticos de izquierda.
A Castillo y Chávez se les quieren imponer drásticas condenas acusándolos de golpistas, pese a que ninguno de ellos causo ninguna muerte o herido. El error de Castillo fue haber inaugurado su presidencia el 28 de julio del 2021 sin haber llegado con una fuerte movilización de masas para anunciar la restitución de la constitución de 1979 y llamar a una nueva constituyente. Luego dudaban en organizar grandes marchas por el cierre del congreso y contra el golpe. Al final el parlamento fujimorista modificó tanto la carta magna que hizo una nueva mediante la cual era imposible adelantar elecciones legislativas. Cuando el 7 de diciembre del 2021 Castillo anunció tal paso lo hizo sin movilizar a las calles y sin ninguna clase de respaldo militar, fue un hara-kiri.
En cambio, el Congreso está liderado por quienes realizaron el golpe fujimorista del 5 de abril de 1992, el cual si mandó tanques para intervenir los poderes legislativo y judicial. La constitución que rige al país fue impuesta tras dicho golpe y mediante dictadura.
México ha mantenido su tradición histórica de otorgar asilo. Al romper relaciones, Perú se golpea así mismo su participación en la «Alianza del Pacífico» (en la que está junto con México, Colombia y Chile, republicas que han cuestionado su régimen de derechos humanos), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad Económica de Latino América y el Caribe (CELAC). Su imagen va a aparecer muy quebrantada a escala internacional.
El nuevo presidente Jose Jerí, además, ordenó la expulsión de Karla Ormelas, la encargada de la embajada mexicana en Lima. De ahora en adelante solo ha de haber un consulado mexicano en Lima y uno peruano en la capital azteca. No es seguro que le vayan a dar un salvoconducto de salida a Betssy. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa intervino en la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex-vicepresidente Jorge Las, quien estaba asilado en dicha sede.
Romper relaciones y echar a la cabeza de una embajada es algo que no lo han hecho otros gobiernos peruanos previos. No lo hizo Alberto Fujimori cuando Colombia le dio asilo a Alan García en 1992 (como antes ese país había refugiado al jefe aprista Víctor Raúl Haya de la Torre). Tampoco se dio ello ante otros asilos, como cuando Fujimori, siendo dictador renunciante, se refugió en Japón o cuando la ex-primera dama Eliana Karp de Toledo se estableció en Israel. Ni siquiera Dina Boluarte sancionó a México por asilar a la esposa e hijos de Pedro Castillo o al Brasil cuando en abril la ex-primera dama Nadie Heredia de Humala se asiló en su embajada en Lima. Reino Unido no cerro la embajada ecuatoriana en Londres soportando que allí viviera 7 años Julian Assange.
Lo que ha hecho Jerií es una muestra de debilidad. Mientras Claudia Sheinbaum es la presidenta más votada en la historia de la hispanidad (llegó a la presidencia mexicana con más de 36 millones de votos y en su primer año de gobierno mantenía el apoyo de 4 de cada 5 compatriotas), Jerií es el menor votado en todo el mundo de habla castellana (solo obtuvo 11,000 votos en el 2021, y no fue electo congresista, sino suplente de un partido -Somos Perú- que quedó en puesto 12 y con poco más del 1% de los votos a nivel nacional). Mientras la mandataria azteca es quien dirige a su república, Jerií es apenas un títere de quienes perdieron las elecciones pasadas.
A Chávez se le cuestiona del porqué no se lanzó como candidata (a la presidencia o al senado) por Juntos Por el Perú, aunque sea pasando a la clandestinidad, tal y cuál lo ha hecho Vladímir Cerrón. La diferencia es que el propietario de Perú Libre lleva más de dos años como «fugitivo» pues lleva la protección de los dos gobiernos de turnos, a los cuales él ha apoyado o apoya.
Es evidente que en el Perú se rigen a todos con dos varas. A quienes son parte de las mafias que gobiernan se les permite postular (como pasa con Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, el prófugo Vladímir Cerrón o el sancionado expresidente Pedro Pablo Kuczynski), pero a quienes estas argollas no aceptan se les ponen peros. El partido del ex-maoísta Duberlí Rodríguez no puede ser legalizado y el expresidente Martín Vizcarra (favorito en alguna encuestas) no tiene garantías que podría permanecer en carrera electoral.
La cuna de los imperios inca y azteca siempre tuvieron buenas relaciones, algo que hoy destruye un gobierno impopular cuyo primer ministro acusa los jóvenes que protestan como «terroristas» del MRTA.
Isaac Bigio. Politólogo economista e historiador con grados y postgrados en la London School of Economics.
