Escribe: Milciades Ruiz, Perú
La alienación es el principal instrumento de todo sistema de dominación social. La domesticación constante hace que, actuemos a conveniencia de los dominadores, que manejan nuestras reacciones por reflejo condicionado. De este modo, aunque nos llega la noticia de que la empresa Petroperú está en estado de quiebra, la alienación nos hace ver como un asunto ajeno. ¿Lo es?
Uno de los tantos asuntos en los que la alienación nos tiene fuera de sí, es el de la propiedad social. Es que la propiedad privada ha pasado a ser el eje de nuestras vidas, en todos los aspectos. Ni siquiera objetamos el manejo ajeno de lo más esencial de la vida humana y muchos se sorprenderán si les pregunto: ¿De quién es el agua? Respóndanse a ustedes mismos por favor.
La alienación, nos ha hecho perder el rastro de los conceptos primigenios. En las sociedades andinas pre hispánicas, a nadie se le hubiera ocurrido hacer semejante pregunta. Los recursos naturales eran de todos. La administración de estos recursos, era social. Pero ahora que impera la propiedad privada absoluta, les pregunto: ¿De quiénes son los hidrocarburos del subsuelo peruano?
Si estos recursos naturales son de la comunidad peruana, su valor constituye nuestro patrimonio nacional. Es una propiedad social. No es patrimonio del gobierno, ni del estado. Ese patrimonio o riqueza con la cuenta el país, es de toda la sociedad peruana. Pero, quienes detentan el poder en representación de la sociedad peruana, dispone de ella, sin consulta previa y nosotros no hacemos nada por impedir este procedimiento, porque estamos sumidos en la alienación.
“Dejar hacer, dejar pasar”, es la campanilla del liberalismo económico que, por reflejo condicionado, nos acostumbra a segregar la idea de que el estado no debe intervenir en el mercado, dejando a la empresa privada sea la que maneje la economía nacional. Si una empresa estatal o empresa de nuestra propiedad social, posee un rubro apetecido por inversionistas privados, dejamos que los gobernantes, parcializados con la inversión privada, tramen su caída y pase a manos privadas.
Esto es lo que está sucediendo con nuestra empresa Petroperú, sobreviviente del patrimonio social que dejó el gobierno de Velasco Alvarado, como muchas otras empresas públicas que eran orgullo nacional. En la misma época, China separó para sí, sus recursos naturales estratégicos e impulsó sus empresas públicas.
China tiene ahora 117 empresas públicas, incluyendo grandes corporaciones transnacionales como Baosteel Group Corporation, cofco, cits Group Corporation y China National Offshore Oil Corporation (cnooc). Varias empresas chinas operan en nuestro país. Todas estas empresas públicas, están bajo supervisión estatal como tenemos acá la superintendencia de la banca y seguros. Vigila los activos de 96 empresas gigantes, 60 de las cuales se encuentran entre las 500 de empresas más grandes del mundo; tres de ellas en el Top de las 10 primeras.
Ya nadie discute que China es una potencia mundial, eliminando brechas de pobreza y acumulando capital comunitario. Esto, hecha por tierra el reflejo condicionado del liberalismo económico de que, “el estado es mal administrador de empresas” y que, no debe intervenir en el mercado. Pero la verdad es que, el empoderamiento económico estatal es clave para la justicia social, ya que la rentabilidad favorece la distribución social equitativa. Por eso, el neoliberalismo estableció en nuestra constitución, que el estado, solo debe ser subsidiario y, crear programas sociales tapar las desigualdades que genera la propiedad privada.
En la misma ruta que China, iba el proyecto del gobierno de Velasco cuya concepción militar era que, el desarrollo económico estaba íntimamente ligado a la idea de seguridad nacional. Entonces, los rubros estratégicos, como el caso del petróleo, no podían estar en manos extranjeras. Lo primero que hizo fue tomar militarmente los yacimientos petrolíferos de Talara, en manos de la empresa yanqui, International Petroleum Company- IPC, pasando luego este patrimonio a la empresa estatal Petroperú.
Bajo esta misma política, se continuó con otras expropiaciones estratégicas, nacionalizando la minera Cerro de Pasco Corporation y, los yacimientos mineros que poseía en Morococha, Casapalca, San Cristóbal, La Oroya, Cobriza y Yauricocha. Inclusive su refinería de la Oroya y, el ferrocarril de Cerro de Pasco a la Oroya. El patrimonio expropiado pasó a CENTROMIN. También fue expropiada Marcona Mining Company que, pasó a HIERROPERÚ y, se creó MINEROPERÚ para la exportación mineral. Se nacionalizó el ferrocarril del centro y en otros rubros, fueron surgiendo empresas estatales como PESCAPERÚ, AEROPERÚ, INDUPERÚ para la generación de empresas públicas industriales, además de establecer las comunidades de trabajadores en cada fábrica. Peruanizó la banca extranjera. El imperialismo, se la tenía jurada.
La participación del sector público en el PBI aumentó entonces de 10,6% en 1967 a 21,4% en 1975, el empleo del sector público en la PEA aumentó de 5% en 1968 a 13% en 1975 y, la inversión fija del sector público aumentó del 3,4% del PBI en 1967, a 7,7% en 1975. Con esto, la importancia del capital extranjero disminuyó del 21% del PBI antes de las reformas, a 8% hacia mediados de los años 70.
Pero también, se salió del rebaño norteamericano y, el Perú se integró al bloque de los países «no alineados»; restableció las relaciones diplomáticas con Cuba; se acercó a Chile de Allende (Unidad Popular) y, estableció relaciones con los países socialistas. Esto, aumentó el odio de la dominación internacional, que, acabó con el proyecto, manejando la bisagra de Morales Bermúdez para retornar a la república tradicional que nos agobia.
Con el advenimiento de Fujimori al poder y la implantación del neoliberalismo, entre 1990 y el 2,000 se realizaron 228 privatizaciones de empresas estatales mediante la venta subvaluada, concesiones onerosas y liquidación de nuestras empresas públicas en minería, manufactura, hidrocarburos, electricidad y agricultura. Petroperú pudo salvarse de la depredación neoliberal.
Así, la naviera Trans Oceánica, fue vendida en 1993 a GLEINPOINT ENTERPRISE INC. La empresa tenía cuatro buques tanques de 25,000 TM., un buque de gas de 7,500 TM. y un remolcador. El valor de adquisición de estas naves era de US$85.6 millones y tenía contrato con Petroperú. Pero, para privatizarla se valorizó toda la empresa, en $ 21 millones. La refinería La Pampilla, se vendió en $180 millones, cuando en 1994, la empresa había generado ingresos por $657 millones y utilidades operativas de $ 85 millones.
Todas estas empresas privatizadas siendo rentables significaron una gran pérdida para nosotros porque todo ese patrimonio pertenecía a la sociedad peruana en su conjunto. Pero por la alienación, no lo asumimos como un robo de nuestro patrimonio, sino “dejamos hacer, dejamos pasar”. Ahora estamos nuevamente en manos extranjeras que nos imponen las tarifas en nuestro consumo de electricidad y otros servicios, con exoneraciones tributarias y otros privilegios.
Este procedimiento nos afecta considerablemente, como nos afectará la privatización de Petroperú y, la privatización del agua, que está en la cartera neoliberal. Pero, ¿Cuál es la posición de los movimientos políticos populares al respecto? Vaya uno a saber. La enajenación nos afecta a todos en mayor o, menor grado, aunque lo neguemos. ¿Podremos sacudirnos de esta fatalidad? Dejo la respuesta a vuestra consciencia. Disculpen.
Septiembre 13, 2024.
