Lucha Indígena, Perú
11 de Junio 2024
Por Carlos Bernales
Desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en que, como resultado de una conspiración reaccionaria, fue depuesto el profesor Pedro Castillo Terrones de su cargo de Presidente Constitucional del Perú, ha quedado abierto en el Perú un debate muy importante que compromete a todas la fuerzas políticas y sociales, tanto de derecha, de centro como de izquierda, obligándolas a encontrar las respuestas necesarias ante la inusitada y vasta movilización popular con proyección insurreccional que se autogeneró entonces, exigiendo cambios radicales e históricos, y que si bien ha sido atenuada por causas que explicaremos, aún no ha sido derrotada.
Este debate es, ante todo, una trascendental e histórica confrontación de ideas, pues abarca alrededor de medio milenio, aunque para una mejor precisión y actualidad hay que ubicar como referente el inicio de la República peruana, en 1821. Debe quedar claro que, en estos momentos, en la superficie de esta confrontación, aparece distorsionando la realidad por una oportunista táctica política electoral manipulada por la derecha en el poder, para comprometer la participación del pueblo y sus vanguardias en los procesos electorales que se avecinan en el Perú para el año 2026 o antes, desfigurando la perspectiva de lucha por nuestra verdadera y soberana emancipación.
Por ello, se hace imperativo enfocar la realidad del presente en el contexto histórico, pues ya es un axioma que un pueblo que ignora su pasado se condena a no avizorar su futuro.
Una historia racial y clasista
La trampa en la que hoy el pueblo peruano está atrapado tiene un componente histórico: la cada vez mayor apatía y desesperante indiferencia de la sociedad, que impulsan a su favor a las fuerzas políticas y sociales de la burguesía peruana, testaferra de las corporaciones neoliberales capitalistas-imperialistas, que, en un súbito momento de vulnerabilidad, descubre estupefacta y horrorizada que no es capaz de mantener la continuidad de su poder político, el mismo que se le escapaba de las manos con la protagónica presencia del profesor chotano, quien pese a haber transitado políticamente por el toledismo de Perú Posible, su candidatura se hacía, sin embargo, intolerable e inadmisible para el poder oligárquico.
Las fuerzas de la historia esta vez se hicieron presentes para socorrer a las viejas aristocracias criollas, haciendo vigente el viejo pacto que éstas hicieran con el general San Martín en tiempos de la “Independencia”, y que consistía en que esas oligarquías aceptarían la proclamación de independencia del “Libertador”, el 28 de julio de 1821, a cambio de mantener intacto el Estado colonial, esta vez en su forma republicana, la misma que al decir del gran José Faustino Sánchez Carrión, sólo cambiaba “mocos por babas”.
El pacto de los criollos oligarcas con San Martín se reducía a negar a “indios y negros inconformes”, toda posibilidad de tener acceso político y militar en el nuevo Estado. Era concluyente: “Ningún indio ni ningún negro podrán tener cargos públicos de poder, ningún tipo de gobernaduría: no prefectos, no alcaldes, no regidores, no senadores, no diputados”. ¿Presidente? ¡De ninguna manera! Esa prohibición incluía al Poder Judicial: ningún indio o negro podrá ser juez o tener cargo alguno en el sistema judicial en cualquier instancia. En lo militar, ningún indio y ningún negro podrán ser oficiales del Ejército, ni tener mando de tropa por mínima que esta fuere.
Armados doscientos años con estas proscripciones llenas de prejuicios raciales y clasistas, al sentirse amenazados por la candidatura de Castillo, que gana la primera vuelta y amenaza con ganar la segunda en las elecciones del Bicentenario en 2021, la burguesa oligarquía peruana apelará a todo tipo de trampas, calumnias y manipulaciones para impedir lo que ellos temían: que la victoria de Castillo se convirtiera en un triunfo popular con proyecciones para ellos igualmente inadmisibles e intolerables.
Los medios
Teniendo como descomunal arma ideológica el control de más del 90% de los medios de comunicación, la campaña para destruir la candidatura de Castillo se puso en marcha. El “terruqueo”, que funcionara con perfección en ocasiones anteriores, esta vez no tuvo éxito. La adhesión a Castillo crecía pueblo tras pueblo, especialmente en las regiones del secularmente aplastado y humillado surandino: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Puno, Cusco, cuya toma de Lima hizo posible la proclamación del maestro chotano como Presidente de la República. Por ello no es casual que precisamente esos lugares estallaran a partir del 7 de diciembre de 2022, lo que desató una criminal represión para anclar a la usurpadora Dina asesina en el Gobierno, generando un momento político-social casi insurreccional, que quedó a medias y hoy casi sofocado a causa de la carencia de dirección política, y de una izquierda que hace décadas funciona como sostén del sistema al que, en última instancia, sólo propone maquillar para darle “rostro humano”.
Métodos burocráticos
La proclamación de Castillo nunca hubiera sido posible de no ser por la contundente movilización que se desplegó desde las provincias hacia Lima amenazando con una insurrección popular, lo que se expresó abiertamente por los principales portavoces del candidato elegido, entre los cuales destacan las declaraciones ampliamente difundidas por todos los medios del abogado personal de Castillo, doctor Aníbal Torres Vázquez. Esta voluntad de las masas, que finalmente se impuso, no tuvo como contraparte una decidida acción del ya electo presidente para asumir la representación y las responsabilidades que el pueblo le había conferido para que gobierne en su nombre.
Carente de voluntad de cambio, Castillo se comportó como un simple burócrata sindical que presupone haber sido elegido para obrar por su cuenta. Durante largas semanas, el pueblo esperó que desde su Gobierno surjan las medidas con que se concreten sus esperanzas tan largamente anheladas como postergadas. Pero fue en vano. Castillo optó por la componenda, se fue entregando a la derecha nombrando gabinetes con enemigos del pueblo y, finalmente, en una absurda proclama entregó la excusa para que fuera defenestrado del Gobierno e inicie la desmovilización popular. Estos son los innegables hechos.
Preso, casi incomunicado, humillado cotidianamente, hoy se torna muy difícil, por no decir imposible, la excarcelación y restitución al cargo del Presidente Castillo, como aún siguen exigiendo las masas en cada movilización por mínima que fuere, quien está ahora totalmente sujeto a la determinación de un Poder Judicial corrupto que actúa bajo las órdenes de los intereses mafiosos del Congreso y de la usurpadora Dina Boluarte, a su vez digitados por la CONFIEP, por los partidos de derecha y la Embajada yanqui.
Así, es de prever que proseguirá la continuidad mafiosa del poder que sojuzga a nuestro pueblo, bajo un sistema que desde el Congreso impone sus delincuenciales reglas, pese a estar todos ellos repudiados por la gran mayoría, como demuestran todas las encuestas, en las que casi el 95% de la población peruana los detesta; haciendo estos mismos personajes detestados, por el contrario y descaradamente, todo cuanto sea posible para mantenerse en el poder hasta las elecciones de 2026, para las que ya lo tienen todo controlado y seguir perpetuando su sistema de dominación y oprobio contra los peruanos.
El sueño electoral
De cara al año 2026, algunos partidos de la izquierda con ADN electorero, esa izquierda que complace a la derecha, ya empezaron la carrera por la repartija de votos: Partido Perú Libre, Juntos por el Perú, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (ANTAURO) y demás organizaciones políticas que se justifican con llegar al Gobierno para desde allí, supuestamente, hacer algunas reformas o permitir algunos paliativos al pueblo sin luchar por el poder.
Pese a las nefastas experiencias precedentes, esas tendencias de «izquierda» insisten en las promesas de solucionar los grandes problemas del pueblo peruano mediante las elecciones. En verdad, su máxima aspiración es obtener sus curules congresales y administrar algunos ministerios para dar trabajo a sus adherentes, aprovechándose del Estado burgués y manteniéndolo incólume en nombre de la «gobernabilidad». Es decir, gobernar como salvavidas del capitalismo, cambiando algo circunstancial e intrascendente para que, en última instancia, lo esencial y monstruoso de este sistema siga gozando de “buena salud” en medio de sus inevitables y cada vez peores crisis.
El contexto internacional
Todo un sueño reformista que, de acuerdo a las experiencias mundiales de la historia, sólo ha servido para abrir las puertas a Gobiernos de ultraderecha aún más sangrientamente represivos; tan claro como que Correa tiene su continuidad en Noboa, Lula la tuvo en Bolsonaro, y así podríamos enumerar una larga lista entre la que se encontraría Allende, cuyo reformismo derivó en Pinochet. Hoy esta fatalidad se cumple, por ejemplo, en Argentina, donde el Gobierno progresista del peronismo abrió las puertas para que ingrese Milei.
Todo esto en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, además de la invasión del terrorista-fascista Estado de Israel contra el territorio palestino de la Franja de Gaza, que ya ha causado alrededor de 40 mil muertos asesinados, de los cuales más del 40% son niños y mujeres, lo que constituye un genocidio que ya califica como criminal de guerra al gobernante israelí Benjamín Netanyahu, acusado así por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Asimismo, estamos presenciando otros conatos violentistas, como el que enfrenta Taiwán contra China, con el auspicio y la provocación directa de Estados Unidos, confrontaciones que dan la vuelta al mundo y amenazan con despliegues atómicos, cuyas aterradoras consecuencias no se pueden soslayar. La guerra Rusia-Ucrania ha elevado el costo del gas y los hidrocarburos, además de los granos y fertilizantes. Las amenazas a China ponen en riesgo sus inversiones cuando tenemos que en Perú aquellas ya sobrepasan las inversiones europeas y estadounidenses. Sin duda, el armamentismo forzará a las economías de todos los países a engrosar sus arsenales en esa demencial carrera que se excusa en que “hay que armarse para preservar la paz”.
A esta situación ya muy crítica, se debe agregar, y no como de segunda importancia, la lucha por la preservación del planeta hoy amenazado por la contaminación y el calentamiento global, poniendo en peligro la existencia misma de la humanidad y de todos los seres vivientes, por lo que debemos luchar con absoluta decisión bajo las banderas del Ecosocialismo, el mismo que felizmente ya está siendo comprendido y va constituyéndose en una bandera de lucha alrededor y en defensa de nuestro planeta.
Llegar al Gobierno no es lo mismo que tomar el Poder
El progresismo reformista no entiende que llegar al Gobierno es arribar a la administración del Estado burgués, que su «poder alcanzado» tiene un límite, pues estarán incapacitados para hacer grandes transformaciones que colisionen con el poder político y económico de los capitalistas, propietarios de las grandes corporaciones, de las empresas transnacionales, de los bancos usureros. Son los empresarios corruptos y testaferros que no invierten en el desarrollo industrial y tecnológico del país, mucho menos están y seguirán estando interesados en el bienestar de la población, a la que en el fondo detestan bajo consideraciones raciales. Esta es, como todas las burguesías, la burguesía peruana, testaferra y parasitaria, como la calificó el Amauta José Carlos Mariátegui. Llegar a la administración del Estado burgués es, haciendo un paralelo, como llegar por vía de las elecciones a la administración de la mafia de Al Capone.
También debemos debatir con aquellos grupos o personajes que, rechazando las vías electorales, al mismo tiempo que se manifiestan decepcionados de la «izquierda» a la que rechazan frontalmente, incluyendo sus estrategias electoreras, han caído, sin embargo, en dejar el futuro de lado y apuntan sólo a las reivindicaciones inmediatas, como si la estrategia de movilizar a las masas por esas plataformas hiciera posible la toma de conciencia de la necesidad del cambio estructural. Organizan movilizaciones que pueden ser masivas, pero dejan intacta la consciencia de los movilizados, quienes luego del esfuerzo siguen como antes, sin cuestionar el poder.
Al no organizar la lucha por el poder, que se debe forjar mediante las Asambleas Populares, que por ello debe trascender a las necesidades populares inmediatas, tales grupos terminan en la ilusión de que nuestras reivindicaciones históricas se podrán conseguir en el marco del capitalismo neoliberal.
En el fondo, tanto la izquierda «progresista» como la no electorera, que rechaza vincular las necesidades inmediatas del pueblo a la lucha por el poder, terminan pareciéndose y complementándose, pues no proyectan sus acciones inmediatas al futuro, el mismo que debe tener como objetivo el cambio que reclamaba Mariátegui hace casi un siglo: la Revolución Socialista Peruana como parte de la Revolución Socialista Mundial.
El rechazo a luchar contra el poder del Estado burgués y contra la propiedad de los medios de producción que la burguesía peruana detenta para su exclusivo beneficio, así como su inmenso poder civil y militar que nos sojuzga, va en contra de las aspiraciones de nuestro pueblo, lo que las regiones del sur entienden perfectamente cuando se explica la necesidad de recuperar la Pachamama, arrebatada por los conquistadores luego del golpe de Estado que dieran esas fuerzas invasoras contra el gobernante Atahualpa en 1534. La Pachamama, cuyas riquezas hoy detenta la burguesía peruana entregadas sumisamente a las corporaciones imperialistas, es lo que les da el inconmensurable poder que detentan.
Sin tomar el poder, la lucha reivindicativa se hará interminable
La resistencia a explicar que las reivindicaciones sólo serán transitorias y efímeras por mucho que se conquisten con la lucha —pues quienes detentan el poder se encargan de burlar cada mejora, por lo que hay que tener siempre en perspectiva la lucha por el poder—, es lo que nubla la conciencia del pueblo peruano y lo aleja de la victoria popular revolucionaria. Esa resistencia persiste en la medida en que, en el fondo, hay una subestimación de la autoorganización popular, que se viene dando con las Asambleas Populares y los Frentes de Defensa, que al día de hoy funcionan especialmente en las regiones del sur peruano, y que el CONALREP, el CONULP y demás colectivos que hoy intentan representarnos a los explotados, hombres y mujeres de la ciudad, el campo y pueblos originarios, deben tener como el enfoque principal y orientador de todas sus actividades.
El CONALREP, así como el CONULP y demás organizaciones que se reclaman tahuantinsuyanas, no constituyen partidos políticos —hoy convertidos en entidades llenas de desprestigio—, pero como organizaciones que aspiran a la más amplia y legítima representación popular, deben mantenerse firmes en su decisión de no convertirse en frentes electoreros o simplemente de lucha por aquellas reivindicaciones solamente transitorias y efímeras, sino de lucha por las exigencias que abarquen la totalidad de nuestras aspiraciones económicas, sociales y políticas. De no ser así —independientemente de las numerosas buenas voluntades de dirigentes y activistas—, quedaremos atados a un proceso electoral, ya sea de 2026 o antes, en el que desde ya se puede advertir que ningún candidato de “izquierda” del bando que fuese, podrá ganar. Y en caso de que apareciera un outsider, como algunos sueñan, nada nos garantiza que este luchará para lograr las grandes transformaciones que necesita el país. Recordemos por ello, compañeras y compañeros, al outsider Fujimori.
La derecha y el poder político ya han copado casi todas las instancias de los poderes del Estado, pues además del Legislativo, Ejecutivo y Judicial ya casi controlan el JNE, el RENIEC, la ONPE, de tal manera que el fraude contra cualquier candidato del sector popular ya está planificado. Por ello, no tiene sentido desgastarse en grandes esfuerzos en favor de una candidatura que va a perder, sino enfilar contra la ya iniciada campaña electoral, cuando el bloqueo a una candidatura de izquierda o del progresismo ya está decidido, mucho menos si este llamado «campo popular» está más dividido que nunca, y lo peor, cuando ahora nada impide que el ladrón y genocida Alberto Kenya Fujimori pretenda lanzarse a la presidencia.
Aun así, existen sectores que afirman que las fuerzas populares deben participar obligatoriamente en todos los procesos electorales. Cuando ya existe demasiada experiencia en la que partidos de izquierda electorales han terminado en segunda vuelta apoyando a candidatos de la derecha, como sucedió en el caso del apoyo a Pedro Pablo Kuczinski, con el supuesto de votar por el mal menor, un camino al abismo que desconoce el voto nulo o viciado, que también es un recurso en la lucha política contra el Estado burgués. ¿Acaso el voto por Kuczinski no creó las condiciones para la hegemonía fujimorista que hoy detenta el poder en el Perú?
En todo caso, si de participar en la lucha electoral se trata, ésta debe tener objetivos muy claros. Explicar a las masas que se tiene que luchar por el poder, por la democracia de los trabajadores, por el poder de las Asambleas Populares para hacer realidad los cambios estructurales del país, comenzando por la recuperación total, plena y soberana de la Pachamama con todas sus riquezas para todas y todos.
El Poder Popular en las Asambleas Populares
El Gobierno de las Asambleas Comunales o Populares como funcionan en Puno es en realidad un germen del nuevo poder que entra en competencia frontal con los organismos del poder estatal burgués. La prueba está en que, ante las órdenes que emanan del poder central que buscan impedir cualquier tipo de movilización, las disposiciones de las Asambleas Comunales o Populares, ya existentes por ejemplo en Puno, se transmiten barrio por barrio, y son acatadas previo diálogo. Lo que indica que en estas organizaciones de base ya empiezan a brotar un poder político que se orienta decididamente al poder económico y político cuando han enfrentado y enfrentan los Decretos del Ejecutivo, por ejemplo, en el caso de la privatización del litio.
La Asamblea Popular de Chetilla, con la participación de sus 5,000 pobladores y de otros caseríos, aprobaron democráticamente la lucha por recuperar sus Recursos Naturales como el agua. Asimismo, en Quillabamba, las Asambleas Populares decidieron luchar contra la privatización del agua. En Cajamarca, en una Audiencia Popular —Asamblea Popular—, más de 5,000 pobladores en el cerro Colpayoc decidieron oponerse al proyecto aurífero de Colpayoc, y dieron un plazo de 6 días para que se retiren todas las máquinas de la empresa minera.
En Ayacucho, en una Asamblea Popular, el FREDEPA y las comunidades aprobaron la revocatoria del «wayki» Oscorima, por actos de corrupción. En el Valle del Tambo y los distritos de Cochamarca, Mejía y otros distritos en la provincia de Islay, en Arequipa, los pobladores en Asambleas Populares se opusieron al proyecto minero de cobre que debería explotarse en Tía María y La Tapada, cuyo operador es la Southern Perú Cooper Corporation.
En Cajamarca, los pobladores y los ronderos de Celendín y Cajamarca, en Asambleas Populares se opusieron al proyecto minero aurífero Conga, que contemplaba la construcción de dos tajos ubicados en una laguna entre las provincias de Celendín y Cajamarca en contra de la operadora minera Yanacocha.
La gran meta: Asamblea Popular Nacional
Las Asambleas Populares están abriéndose paso en la mentalidad de nuestro pueblo, generando muchas ideas auténticamente transformadoras, que agrandan la conciencia de todas y todos los trabajadores de la ciudad y el campo y pueblos originarios. Por ejemplo, en momentos que todos exigimos una Nueva Constitución, no podemos pedir a las instituciones de nuestros enemigos que hagan esa convocatoria. La Asamblea Popular Nacional tendría suficiente autoridad moral y la representatividad de todo el pueblo para redactar la Nueva Constitución que, como Artículo Primero debería consagrar la recuperación de la Pachamama con todas sus riquezas en la Amazonía, en los Andes, en la Costa y en el Mar de Grau, arrancándosela a los parásitos burgueses que hoy se apropian de todos esos recursos con los cuales nos sojuzgan, dejando hambre y miseria para nuestros pueblos.
La Asamblea Popular Nacional no sólo debe restituir la verdadera y plena democracia, sino también iniciar la planificación económica para alcanzar el anhelado bienestar y el futuro digno para nuestras actuales y próximas generaciones.
La lucha por la renuncia de la usurpadora asesina Dina Boluarte, el cierre del Congreso mafioso, la liberación de los presos políticos, entre los cuales está el Presidente Castillo, y una Nueva Constitución, son demandas que no tienen objeciones y son asumidas por un vasto sector de la población a nivel nacional. Sin embargo, es imprescindible involucrar activamente a todos los sectores de la población trabajadora. Consideramos que las siguientes consignas reivindicativas, de carácter inmediato e histórico, atraerían a la lucha a más y mayores sectores de la población trabajadora, y que la ASAMBLEA POPULAR NACIONAL debiera discutir y si lo decide, asumir como propias:
- Contra toda privatización, por la recuperación de la Pachamamacon todas sus riquezas naturales de subsuelo, superficie, atmósfera, del agua que la contiene, de la riqueza que produce la fuerza de trabajo de sus hijos.
2. La desaparición de la tercerización, es decir de las «sérvices».
3. La reposición de los Pliegos Únicos.
4. La Escala Móvil de Salarios.
5. La Escala Móvil de Horas de Trabajo, sin pérdidas de salarios.
6. Nueva Reforma Agraria.
7. La estatización de la Banca privada y del sistema de créditos, para apoyar a los pequeños negocios, hoy atormentados por intereses usureros que favorecen a los ladrones banqueros.
8. La constitución de Comités de Resistencia para hacer frente a las bandas neofascistas, como aquella certeramente llamada La Pestilencia, y para enfrentar la represión policial que la encubre y protege.
9. La inmediata habilitación de territorios para la creación de Urbanizaciones Populares, debidamente diseñadas y estructuradas, con servicios de agua, electricidad y gas a domicilio, viviendas dignas que no pueden gestionarse como negocios, sino como parte de los derechos humanos.
10. De la misma manera, la Educación debe ser gratuita y de calidad, desde la cuna maternal hasta las Universidades, que deberán ser de calidad e ingreso libre, dignificando a la vez al Magisterio.
11. La Salud no debe ser un negocio, sino un derecho que debe alcanzar gratuitamente a toda la población sin excepciones, y debe brindarse salarios de calidad para el personal que en más de una vez, como en el caso de la reciente pandemia del Covid, ha ofrendado sus vidas para salvar las nuestras.
12.- Debe ser mandatorio el derecho a la consulta a los pueblos originarios, los únicos que pueden decidir si se explotan o no sus recursos territoriales.Estas y todas las reivindicaciones que el pueblo demande, deben ser banderas de lucha y formar parte del debate por una Nueva Constitución, la misma que no será posible mediante las farsas electorales que hoy organiza el enemigo de clase.
¿Podemos imaginar cómo sería si en todo el Perú se reprodujera ese poder naciente en Puno, cuna del Tahuantinsuyo? ¿Podemos imaginar, además, que este movimiento forme parte de un movimiento mundial que luche por la liberación de toda la humanidad, hoy sometida al capitalismo neoliberal imperialista, el mismo que está amenazando con la desaparición de la vida humana y biológica del planeta Tierra?
Hoy, más que nunca, debemos reforzar la lucha de resistencia que tienen nuestros pueblos frente a la dictadura congresal Boluarte-Soto Reyes, planteando y defendiendo el poder de las Asambleas Populares. Y el hecho de que estas aún no aparecen en todo el país no debe significar que debamos esperar perezosamente, con los brazos cruzados, a que estas aparezcan por arte de magia.
Región que aún no tenga la organización de las Asambleas Populares, debe ser objeto de debates y movilización para que estas se hagan realidad, para que así se vaya procesando y construyendo la Asamblea Popular Nacional, la misma que en cuanto se consolide debe asumir y construir la gran tarea verdaderamente histórica de tomar el poder político y económico del país. Esta es la tarea que conscientemente debemos asumir y construir desde las organizaciones populares de bases y de masas, luchando no por el Gobierno, sino por el Poder Popular.
¡EL PRESENTE ES DE LUCHA Y EL FUTURO ES DE LOS PUEBLOS, DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES DE LA CIUDAD, EL CAMPO Y NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡TODO EL PODER PARA LAS ASAMBLEAS POPULARES!
